La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitará al gobierno de Guatemala autorización para ejecutar una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su probable responsabilidad en delitos electorales durante su administración.
Se trata de una orden de arresto que un juez federal en México concedió desde hace más de un año, pero que no se pudo ejecutar durante el proceso de extradición de Duarte desde Guatemala, país en el que fue detenido por agentes federales en abril de 2017.
Autoridades de la FEPADE explicaron a Animal Político que las cláusulas del tratado de extradición entre Guatemala y México indican que una persona solo puede ser extraditada por hechos que sean delitos entre ambos países; dado que los delitos electorales no están tipificados en el país centroamericano, no se pudo finiquitar en ese momento el trámite.
“Sí se había solicitado la orden de extradición por parte de Fiscalía, pero cuál es el problema, que el delito por el que se solicitó no existía en Guatemala. Ese fue un problema técnico. Y por eso los tipos penales no se ajustaron”, indicó un funcionario.
Pero la orden de aprehensión no quedó cancelada. La FEPADE indicó que luego de dicha negativa se recurrió a un grupo de expertos para hacer una valoración del caso, y preparar una nueva solicitud a Guatemala que se ajuste al marco constitucional de dicho país, y de esta forma haya luz verde a esta orden de aprehensión.
De acuerdo con los fiscales, la solicitud se estará presentando en breve a través de la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que el gobierno guatemalteco valore si es procedente o no. En caso de que la respuesta sea negativa, la orden de aprehensión tendrá que archivarse de forma definitiva.
Fue el 8 de marzo de 2017 cuando la FEPADE dio a conocer que un juez había concedido una orden de arresto en contra del exgobernador de Veracruz, ante su presunta responsabilidad en hechos tipificados como ilícitos.
En concreto la investigación del Ministerio Público consignada al juez apunta que Duarte es responsable de haber obstaculizado sistemáticamente la transferencia integral de los recursos económicos, de origen federal, que correspondían al órgano electoral del estado, y que la Secretaría de Finanzas de su gobierno recibió.
Este tipo de hechos marcados como delitos en diversas fracciones del artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales pusieron en riesgo el correcto desarrollo de comicios electorales locales, desarrollados en 2015 en la entidad, y pudieron incluso haber generado una afectación.
Además de la orden de aprehensión pendiente por delitos electorales existe una segunda orden girada contra Duarte que tampoco se ha ejecutado, y que fue concedida a principios de junio pasado por un juez de Veracruz, a petición de la fiscalía de esa entidad. En este caso el delito que le imputa es el de desaparición forzada.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el exgobernador supo de una serie de desapariciones sistemáticas que cometió la policía estatal que estaba bajo su mando y que fueron encubiertas por la fiscalía de la entidad. Por este caso ya hay más de una veintena de exfuncionarios duartistas procesados, incluyendo al exfiscal y exjefe de la policía en aquel gobierno.
Al igual que sucede con el tema de delitos electorales, esta orden no puede ejecutarse sin la autorización de Guatemala, debido a la cláusula de especialidad del tratado de extradición, que indica que una persona extraditada no puede ser procesada más que por los delitos por los cuales se pidió su entrega.
Lo que la Fiscalía de Veracruz buscará a través de la PGR es que Guatemala otorgue una autorización especial debido a la gravedad del delito de desaparición forzada considerado de lesa humanidad.
De acuerdo con autoridades con conocimiento de este caso, la Fiscalía ya entregó a PGR toda la documentación necesaria para que se lleve a cabo la petición formal a Guatemala por lo que ahora solo resta que el trámite se realice a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Hace un mes Javier Duarte promovió una demanda de amparo con la que intenta que se frene el cumplimiento de la nueva orden de aprehensión, girada por desaparición forzada. De inicio sus abogados buscaban que se suspendiera el trámite ya mencionado, sin embargo, el pasado 25 de julio el juez rechazó concederle la suspensión definitiva en contra de ese procedimiento.
“El juez federal señala que la PGR y la SRE no tienen impedimento para seguir adelante en el proceso de petición formulado por la fiscal, para que Guatemala autorice la ampliación de posibles imputaciones y ejecuciones de órdenes de aprehensión contra JDO, en atención al principio de especialidad del tratado que nos une”, dijo un funcionario ligado al caso.
Desde hace un año Javier Duarte se encuentra preso de forma preventiva en el Reclusorio Preventivo Norte. Su encarcelamiento obedece a tres procesos penales promovidos en su contra, a los que eventualmente se sumarían los relacionados con las dos órdenes de aprehensión ya mencionadas, si es que Guatemala da su aval para ello.
El caso con el mayor progreso en cuanto a tiempo es el que promovió en su contra la Procuraduría General de la República (PGR), por delincuencia organizada y lavado de dinero. Aquí se responsabiliza a Duarte de encabezar una red delictiva que a través de empresas fantasma y compra de terrenos subvaluados logró desviar recursos públicos.
Por este caso el exgobernador fue vinculado a proceso desde el año pasado, sin embargo, tanto la PGR como la defensa solicitaron plazos de investigación complementaria, los cuales vencerán mañana martes 31 de julio.
Lo que seguirá después de vencido este plazo, de acuerdo con las reglas que estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales, es una audiencia intermedia (con fecha aún por definir) en la que ambas partes expondrán las pruebas que desean llevar a juicio, y se resolverá cuáles son procedentes y cuáles no.
En esta fase del proceso también puede presentarse alguna solución alterna para evitar el juicio, en caso de que PGR y la defensa de Duarte lleguen a un acuerdo por una pena reducida. No obstante, ello requeriría que el exgobernador se declare culpable.
Otro escenario es que la PGR determine que las pruebas que reunió no son suficientes para presumir que Duarte cometió un delito, y decida desistirse del caso.
Si no se da ninguna de estas dos opciones, entonces el juez enviará el proceso a un tribunal de juicio oral para que se fije fecha de audiencia de juicio, la cual se prevé que pueda ocurrir dentro de dos meses por lo menos.
Los otros dos procesos abiertos contra el exgobernador son casos promovidos por la Fiscalía de Veracruz, que lo acusa de desviar recursos destinados para obras hidráulicas y de haber usado ilegalmente un helicóptero oficial luego de haber pedido licencia al cargo en octubre de 2016.
Por estas dos acusaciones un juez de Ciudad de México determinó vincular a proceso a Javier Duarte el pasado 20 de mayo y concedió – a petición de la defensa – seis meses de investigación complementaria previa a la audiencia intermedia, plazo que vence a finales de noviembre próximo.
