La Asamblea Nacional de Francia rechazó hoy dos mociones de censura presentadas por la oposición para obtener la dimisión del gobierno de Emmanuel Macron por un escándalo de abusos del guardaespaldas del presidente.

La moción presentada por el ala derechista de la cámara baja contra el partido gubernamental La República en Marcha (LREM) obtuvo solamente 143 votos de los 289 que necesitaba para “derrocar” al ejecutivo.

La otra moción presentada por los partidos de izquierda fue apoyada por 74 diputados, reportó el presidente de la Asamblea Nacional, François de Rugy, por lo que fue rechazada al igual que la presentada por las formaciones conservadoras.

La moción de censura es un instrumento que se presenta ante el Parlamento francés y que puede provocar la caída del gobierno.

Pero ninguna de las dos mociones presentadas esta tarde ante la cámara de diputados tenía posibilidades de prosperar debido a que el partido del presidente Macron tiene la mayoría absoluta en la Asamblea.

Las mociones fueron presentadas para atacar al gobierno por el caso del guardaespaldas del presidente francés, Alexandre Benalla, quien participó ilegalmente como granadero en una manifestación en la que agredió a varios de los participantes.

El caso, revelado hace dos semanas, provocó la mayor crisis de gobierno de Macron desde su llegada al poder, en mayo del año pasado, y la apertura de una comisión de investigación en la cámara de diputados, que ha interrogado a varios ministros en los últimos días.

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Luiz Fux, aseguró hoy que un candidato condenado en segunda instancia está inhabilitado, en una referencia velada a la situación de Luiz Inacio Lula da Silva, encarcelado por corrupción pero líder en los sondeos electoral.

“A nuestro modo de ver un candidato condenado en segunda instancia ya es inelegible. Es un candidato cuya situación jurídica ya está definida. No puede participar (en los comicios) un candidato que no puede ser elegido”, afirmó Fux, quien también es magistrado de la Corte Suprema.

Aunque Fux, que ya había señalado esta posición en el pasado, dijo que no “quisiera personalizar” esta cuestión, su comentario está vinculado a la situación de Lula da Silva, encarcelado desde el 7 de abril por corrupción y lavado de dinero, pero líder en los sondeos con cerca del 30 por ciento de la intención de voto en las elecciones de octubre.

La Ley de Ficha Limpia –firmada por el propio Lula da Silva en su segundo mandato presidencial- establece que, con el fin de combatir la corrupción, los condenados por tribunales colegiados de segunda instancia quedan inhabilitados por un período de ocho años.

Sin embargo, el plazo de cierre para las candidaturas para los comicios brasileños de octubre es a mediados de agosto, y no está claro si Lula da Silva podrá o no registrarse como candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para intentar un tercer mandato presidencial.

Los abogados del expresidente, que denuncia una persecución judicial con tintes políticos, aseguran que pueden suspender la “inelegibilidad” de Lula da Silva judicialmente porque hubo, según ellos, irregularidades en el proceso de apelación en el que fue condenado a 12 años y un mes de prisión.

Sin embargo, analistas y fuentes del propio TSE indican que Lula da Silva podría incluso tener prohibido exhibir imágenes propias en la propaganda electoral televisiva del PT si es inhabilitado.

A poco más de dos meses de la primera ronda de los comicios (7 de octubre), el exsindicalista sigue liderando en solitario las encuestas, con cerca de un tercio del apoyo del electorado, lo que generó gran incertidumbre sobre cuál será el desenlace de las primeras elecciones generales de Brasil tras el juicio político a Dilma Rousseff.

Legisladores estadunidenses pidieron hoy al gobierno del presidente Donald Trump extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes de Nicaragua, ante la crisis política y el clima de violencia que enfrenta ese país centroamericano.

En una rueda de prensa, los congresistas de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz Balart pidieron además negar el visado para ingresar a Estados Unidos a los simpatizantes del presidente nicaragüense Daniel Ortega y congelar sus bienes en este país, entre otras medidas.

“Esto es la realidad de Nicaragua hoy, igual que lo pasamos nosotros en Cuba e igual que lo están pasando en Venezuela”, manifestó Lehtinen, de origen cubano.

“La solución no es una solución pequeña, ni temporal, al cáncer hay que eliminarlo”, señaló a su vez Díaz Balart sobre el gobierno de Ortega.

Díaz Balart indicó que, ante la violencia que se vive en Nicaragua, “no se puede (…) eliminar el TPS y devolver a esos nicaragüenses a un país donde estas cosas están sucediendo, eso no es aceptable”.

Las protestas antigubernamentales contra el gobierno de Ortega, que estallaron el 18 de abril pasado, han dejado ya más de 300 muertos, de acuerdo con cifras de organismos de derechos humanos.

Lehtinen y Díaz Balart se reunieron en Miami con activistas nicaragüenses, quienes les han planteado su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en su país.

“Hay que hacer justicia, los crímenes no pueden quedar impunes. Nicaragua no puede ser la finca de alguien, donde se viene a matar a quien se le dé la gana y de repente estas gentes andan libres y millonarios rodando el mundo”, señaló en declaraciones a la prensa el cantante nicaragüense Luis Enrique.

“Nicaragua ya está harto de esto y creo que justamente lo que el pueblo esta pidiendo es justicia”, agregó el cantautor de éxitos como «Yo no sé mañana».

Lehtinen dijo que también planean denunciar a personajes nicaragüenses que ya se encuentran en Estados Unidos y que han formado parte de la violencia y del problema que vive el país centroamericano.

Según datos del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, el TPS para los nicaragüenses finalizará el 5 de enero de 2019, por lo que hasta cinco mil personas podrían ser obligados a regresar a a su país para esa fecha.