La reforma constitucional que elimina el llamado pase automático del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a primer Fiscal General de la República sumó el voto número 17 de los congresos estatales.
Con esta mayoría, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hará la declaratoria constitucional y se podrá iniciar en el Senado la discusión sobre la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General y el proceso para nombrar al nuevo fiscal.
La aprobación de la Ley Orgánica para la Fiscalía General queda en manos de Morena por ser mayoría absoluta en el Senado.
De acuerdo con lo que establece la Constitución, será hasta que se apruebe la legislación cuando la PGR podrá realizar la transición para convertirse en Fiscalía General de la República.
Los estados que avalaron la reforma constitucional para eliminar el pase automático fueron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Ricardo Monreal, próximo coordinador de Morena en el Senado, declaró en días pasados que el nuevo fiscal será un perfil “incorruptible”
DAN ADIÓS A PASE AUTOMÁTICO
El titular de la PGR no podrá ser el nuevo fiscal general; la reforma tardó 8 meses en concretarse
Con el aval del Congreso de Chiapas, la reforma constitucional que elimina el llamado pase automático del titular de la PGR a primer fiscal general de la República es prácticamente un hecho, al sumar el voto positivo de 17 Congresos estatales, por lo cual el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hará la declaratoria constitucional mañana miércoles.
Los congresos estatales que respaldaron esta reforma constitucional son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
A diferencia de la reforma constitucional política-electoral del 2014, que dio origen a la transformación de la Procuraduría en Fiscalía y que llevó un mes en su recorrido por los Congresos estatales, que se convierten en Constituyente Permanente, esta reforma para eliminar el pase automático consumió ocho meses, ya que salió del Senado el pasado 14 de diciembre del año pasado y su concreción abre la puerta a la discusión en torno a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General y al proceso de nombramiento del nuevo fiscal General, que corre a cargo del Senado de la República.
La reforma para eliminar el llamado pase automático fue producto de una disputa política entre el expresidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI, a raíz de que se publicó que el panista hizo un supuesto negocio ventajoso con una bodega industrial, que le permitió obtener millones de pesos y que involucró al chofer de uno de sus amigos, convertido en accionista.
Esa disputa generó un encono que duró meses, porque Anaya culpó al entonces procurador general de la República, Raúl Cervantes, de ser el responsable de la filtración de los datos en torno a ese negocio; la tensión llegó al grado de generar una campaña en contra de lo que el panista llamó “fiscal carnal” y paralizó la instalación del tercer año de trabajo de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados; la garantía de que el Congreso de la Unión iba a eliminar el llamado pase automático destrabó la crisis registrada el año pasado.
Hace unos días, Ricardo Monreal, próximo coordinador de Morena en el Senado, que será la fuerza mayoritaria en el Senado, que es la instancia encargada del nombramiento del fiscal, adelantó que el perfil será de una persona “incorruptible” y aclaró que el gobierno de López Obrador no usará al Ministerio Público para generar persecuciones políticas.
Mediante un comunicado de prensa difundido hace unos días, Ricardo Monreal aseguró que Morena escuchará al resto de las fuerzas políticas, cuya presencia es minoritaria, así como a las organizaciones sociales que han insistido en la necesidad de una fiscalía independiente.
Recordó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está convencido de la existencia de una Fiscalía Anticorrupción autónoma, y está convencido de otorgarle instrumentos de inmediato, ya que piensa en instituciones que le permitan al país fijar bases para el cambio de régimen.
Aseguró que, por consecuencia, la autoridad tendrá libertad para poder integrar las investigaciones que sean pertinentes, ya que López Obrador respetará el Poder Judicial y si hay evidencias que revelen anomalías, irregularidades o corrupción, dejará que se actúe.
No habrá una actitud personal de poner a funcionar todos los instrumentos jurídicos para generar persecución política alguna”, dijo Monreal.
FALTA LEY
La Constitución establece que la PGR se transformará en Fiscalía General de la República hasta que se apruebe su Ley Orgánica.
Desde diciembre del 2014, el Senado tiene en comisiones la minuta de la Cámara de Diputados de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, pero en enero del 2015 PAN y PRD la frenaron por considerarla insuficiente para garantizar la autonomía plena del Ministerio Público.
La decisión de aprobar la Ley Orgánica será de Morena, ya que a partir del 1 de septiembre será la fuerza absoluta del Senado.
