En Veracruz, solo 19.4 por ciento de las investigaciones ministeriales llegan a una solución definitiva, en tanto que más de 76 por ciento van al «archivo temporal»; es una facultad del Ministerio Público cuando no hay suficientes datos que puedan servir para establecer líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos.
El documento «Hallazgos 2017. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México», realizado por la organización México Evalúa, alerta que se trata de una decisión temporal, pues implica únicamente «ponerle pausa» a la investigación, pero el uso indiscriminado de esta medida pone en evidencia la incapacidad institucional de policías y ministerios públicos para realizar la investigación.
Al analizar la actuación del Poder Judicial, también se alerta que en Veracruz apenas 15.2 por ciento de los casos tiene una resolución judicial. «Un porcentaje bajo de asuntos resueltos constituye un foco rojo, debido al impacto negativo que la acumulación de asuntos puede tener en la eficiencia del sistema de justicia y, en última instancia, en el acceso a ella por parte de los ciudadanos», señala el análisis.
El documento, que hace un seguimiento en los estados sobre los avances en el sistema de justicia penal implementado desde 2008, revela que Veracruz se ubica en los niveles más bajos del ranking nacional, de los 600 puntos de meta, la entidad apenas ha alcanzado 176 puntos.
Ninguna de las entidades alcanzó el estándar establecido para 2017 y ni siquiera el que había sido definido para 2016. «Es posible que, a partir del avance que mostraron algunas entidades federativas en el último año, de continuar con los esfuerzos, alcancen el estándar ideal en menos de nueve años.»
El análisis se centra en la evaluación de 13 indicadores entre los que se encuentran: porcentaje de carpetas de investigación abiertas, índice de sentencias condenatoria, tasa de internamiento de imputados en prisión preventiva, entre otros.
Señala que Veracruz «tiene varias áreas de oportunidad», sobre todo, con desarrollo de sistemas de seguimiento y evaluación homogéneos y compartidos, así como con el fortalecimiento de la ejecución de los planes integrales y la mejora de los mecanismos de coordinación institucional.
También observa que aun cuando en Veracruz existe la Dirección General de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos, adscrita a la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos de la Secretaría de Gobierno del Estado –que entre sus atribuciones se encuentra impulsar la consolidación del nuevo SJP en el estado, además de medir y evaluar los resultados de la implementación y operación del nuevo SJP–, no cuentan aún con el desarrollo institucional que le permita realizar el seguimiento y la evaluación del sistema de justicia de manera integral.
El documento también alerta que a nivel nacional existe una disminución en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones de justicia. Los niveles de denuncia presentan una tendencia negativa desde 2010 a la fecha, Veracruz es un caso, pues apenas se denuncia 20.3 por ciento de los delitos que se cometen.
La reforma penal de 2008 estableció una nueva figura judicial: los jueces de control, quienes tienen la responsabilidad de determinar la legalidad de las detenciones durante la audiencia inicial. De esta manera, el Poder Judicial ejerce un control directo sobre el desempeño de las autoridades que realizaron la detención.
En este caso Veracruz es una de las entidades con el menor número de detenciones ilegales con un porcentaje menor del uno por ciento.
