Xalapa, Ver.-
Contrario al caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien podría dejar el Reclusorio Norte luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) reconfiguró los delitos que le imputan, al menos seis diputados federales que perderán el fuero el próximo 31 de agosto, podrían enfrentar la ley por algunas denuncias interpuestas por autoridades fiscalizadoras, por el desvió de fondos públicos en la administración estatal del 2010-2016.
En los casos de los legisladores federales Antonio Tarek Abdalá, representante de Cosamaloapan y Alberto Silva Ramos, de Tuxpan, ya no contarán con el respaldo de la mayoría en la Cámara federal para mantener la protección legal y no atender las denuncias que se integraron en la Fiscalía General del Estado y en la PGR.
Contra el ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz, Tarek Abdalá, existen cuatro carpetas de investigación por actuar de manera omisa y dolosa en la administración, y desvíos de fondos estatales y federales por un monto de 23 mil 156 millones de pesos.
La mayoría de los recursos públicos desviados corresponden a las partidas de Salud, afirmó el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler en entrevista el 26 de enero del 2017, cuando acudió al Congreso de la Unión a presentar la solicitud formal para retirarle el fuero.
La comisión Instructora de la Cámara federal no dictaminó la solicitud con el argumento que el legislador contaba con un amparo, por lo que se negaron a revisar la petición del abogado de los veracruzanos.
El 13 de julio de ese mismo año, la Fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero de Alberto Silva Ramos, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el objeto de proceder en su contra por irregularidades administrativas.
Silva Ramos fungió como coordinador de Comunicación Social durante la administración de Javier Duarte, y es junto a la también ex vocera Gina Domínguez, probable responsable del desvío de recursos públicos de 12 dependencias estatales.
A diferencia de Alberto Silva, Gina Domínguez Colío, la ex Coordinadora de Comunicación Social, fue vinculada a proceso -en mayo del 2017- por los delitos de coalición, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad en agravio del gobierno de Veracruz causándole un daño patrimonial de 5 mil 43 millones de pesos del erario estatal, a la fecha sigue recluida en el penal de Pacho Viejo.
Otro que tiene algunas investigaciones pendientes es el diputado federal Edgar Spinoso Carrera, por el delito de peculado en los años 2014 y 2015, cuando se desempeñó como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones por el desvió de más de 2 mil millones de pesos, que se dejaron de pagar a proveedores y contratistas de la Secretaría de Educación.
En abril de 2016, la Auditoría Superior de la Federación interpuso 34 denuncias ante la Procuraduría General contra funcionarios estatales, 19 por delito de peculado. Las querellas alcanzaban al Tesorero duartista, Tarek Abdalá Saad, al entonces titular de la SEV, Adolfo Mota Hernández; a Mauricio Audirac que fue Contralor General y Secretario de Finanzas, al Tesorero Carlos Aguirre, el titular de SIOP y de Finanzas, Tomás Ruíz González, Gabriel Deantes, Secretario del Trabajo y Edgar Spinoso Carrera, Oficial Mayor de la SEV.
Jorge Carvallo Delfín, representante de San Andrés Tuxtla, quien participó en la administración de Fidel Herrera y Javier Duarte, no contaba con denuncias penales, sin embargo, en mayo de este año, se filtró a medios que la Fiscalía General habría iniciado una investigación sobre el propietario del rancho El Azafrán, ubicado en el municipio de Jilotepec.
El inmueble -que colinda con el rancho la Cartuja, propiedad de Arturo Bermúdez, que fue confiscado por el Estado, se presume es propiedad del diputado federal.
En el caso de la diputada Noemí Guzmán Lagunes, quien fue titular de la Secretaría de Protección Civil, declaró recientemente que a la fecha no ha sido notificada de alguna investigación en su contra, a pesar de que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), presentó la denuncia penal 261/2’16 por el desvío de 940 millones de pesos, que se pagaron desde la secretaría de Finanzas y Planeación, dependencia en la que estuvo a cargo hasta 2015.
Aunque la denuncia se presentó en el año 2016 el monto fue desviado en otros ejercicios fiscales, la querella derivó de la investigación periodística que reveló la red de empresas fantasmas que operaban funcionarios y socios del ex gobernador.
En mayo del 2015 se informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó seis “denuncias de hechos” contra funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz, entre ellos, Adolfo Mota por “simular” el ingreso de recursos a la Federación para después “sacarlos de las cuentas bancarias” y darles otro destino.
En la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), la Auditoría Superior de la Federación auditó el manejo de 18 mil 343 millones, 87 mil pesos. En la revisión del manejo de los fondos se detectó que el 17 de enero de 2012 se autorizó, que la cuenta 6550255805 de la SEV, se retiraran 124 millones 414 mil pesos, para otros fines.
En el caso del diputado Erick Lagos, quien fue secretario de Gobierno, podría ser llamado a cuentas a raíz de la denuncia 365/2017, que presentó el Orfis, luego de que se encontró una cuenta del Banco Mercantil del Norte, en el que se manejaron más de 237 millones de pesos, sin registro oficial.
