Esto permitirá tener el primer comparativo histórico nacional de este sector de la población, para el diseño e implementación de programas y políticas públicas para su debida atención.

La LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Acuerdo por el cual se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a que instruya lo conducente para considerar nuevos reactivos y sus correspondientes variables para generar información estadística en materia del trastorno del espectro autista, a efecto de tener el primer comparativo histórico nacional de este sector de la población, para el diseño e implementación de programas y políticas públicas para su debida atención.

Este documento, resultado del anteproyecto que presentó el pasado 28 de mayo el diputado del PAN, Gregorio Murillo Uscanga, señala que las personas con discapacidad en México siguen conformando uno de los grupos sociales más desprotegidos, vulnerables y discriminados que no disfrutan de la totalidad de sus derechos civiles, políticos, económicos, culturales y lingüísticos, al ser relegados del bienestar y desarrollo nacional.

-Llama Congreso al Senado a firmar tratado relativo al trabajo doméstico-

En la sesión, tercera del segundo receso, las diputadas y diputados aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) por el cual se exhorta al Senado de la República para que ratifique el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, número 189, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Este Acuerdo, resultado del anteproyecto presentado el pasado 28 de agosto por la diputada Miriam Judith González Sheridan, señala que en México,  alrededor del 60 por ciento de la población económicamente activa se ubica en la informalidad.

Entre los empleos informales está el trabajo doméstico que son quienes registran una mayor vulnerabilidad, porque es infravalorado y en muchas ocasiones pesa la condición migratoria o el grupo étnico de la persona que lo presta para que se abuse de ella en su relación laboral.

-Órganos autónomos y Ayuntamientos deberán fortalecer sus contralorías-

Las y los diputados también aprobaron el Acuerdo por el cual se exhorta a los titulares de los Organismos Autónomos del Estado y a los ayuntamientos de la Entidad a dotar a sus órganos internos de control de autonomía técnica, de gestión y presupuestal.

Lo anterior, mediante la creación de una unidad presupuestal específica, cuyo titular tenga el nivel de director general o su equivalente y cuente, como mínimo, con áreas de auditoría, substanciación y de autoridad investigadora, así como con el personal necesario para el cumplimiento de sus atribuciones, mismo que será designado por el titular del órgano interno de control.

Durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente del Congreso Local, el diputado Ernesto Cuevas Hernández, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Juntos por Veracruz”, planteó que se etiqueten en el presupuesto general del estado los recursos para el combate a la corrupción.

Ello al presentar su iniciativa de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas; se reforma la fracción I del artículo 84 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.

Se reforma la fracción II del artículo 27 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; se reforma la fracción VI del artículo 8 y la fracción VIII del artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, todas del Estado de Veracruz.

En tribuna, Cuevas Hernández dijo que además de aprobar el marco jurídico del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se debe garantizar que se destinan los recursos necesarios y suficientes para que las autoridades encargadas de la fiscalización y contraloría tengan la posibilidad de cumplir su mandato legal.

“Por ello, es importante que todo recurso que aprobemos en el Congreso de Veracruz y que tenga como destino combatir la corrupción, sea etiquetado en el presupuesto de egresos de cada año”, recordó.

Insistió que al etiquetar todo recurso que se destine al combate de la corrupción con recurso estatal, se podrá analizar los resultados que se obtienen a partir del presupuesto que se asigna a esta tarea.

“Etiquetar los recursos destinados al Sistema Estatal Anticorrupción nos dará información para la toma de decisiones y facilitará analizar el costo-beneficio de este Sistema”, abundó.

El Senador Julen Rementería del Puerto, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto adicionar un artículo 54 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para castigar como “fallo grave” la simulación de reintegro de recursos, dicha conducta que se ha vuelto recurrente en algunos Estados, y garantizar con ello un verdadero estado de derecho en nuestro país.

En su particicipación, explicó que la incorporación de esta conducta como falta grave que se actualiza cuando el servidor público ordena, autoriza o realiza el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de determinados recursos financieros, con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar observaciones, estos se desvíen nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban destinadas por disposición legal.

Mencionó que al tiempo que las normas secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción eran expedidas, la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe General de la Cuenta Pública 2015, hizo del conocimiento público la existencia de diversas denuncias contra servidores públicos de varios estados de la república, como Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, por la comisión de una conducta conocida como “simulación de reintegro de recursos”.

“Misma conducta que en pleno marco del Sistema Nacional Anticorrupción, se omitió incorporar a la legislación. Es lamentable que la simulación de reintegros se esté convirtiendo en una práctica común por parte de los gobiernos estatales. Es fácil para los estados hacer un depósito, reportar ante la Auditoría Superior de la Federación que devolvieron el dinero del que se señaló un presunto mal uso, pero días después lo retiran”, resaltó.

Añadió que los Estados dependen fuertemente de las transferencias federales, condicionadas y no condicionadas, en específico, de los recursos presupuestales sobre los Fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Destacó el ejemplo en el caso de Veracruz, donde se observó la simulación de reintegros de recursos hasta por un monto de 4,770.2 mdp (cuatro mil setecientos setenta millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.).

Dicha conducta consistió, en que posterior a que la Auditoría Superior de la Federación hiciera diversas observaciones al gobierno estatal veracruzano, referentes a los recursos que fueron utilizados sin justificación alguna para fines distintos a los establecidos por la ley, el gobierno local reintegró las cantidades observadas por la auditoría.

Sin embargo, una vez que la Auditoría Superior de la Federación determinó como solventada la observación, el Gobierno de Veracruz volvió a retirar tales recursos destinándolos a un uso que en muchos casos se desconoció.

Exhortó a la mesa directiva y a los grupos parlamentarios a tomar en cuenta la experiencia vivida por el pueblo de Veracruz, y de otros estados, que en los últimos años sufrieron la aplicación ilegal, por parte de las autoridades gubernamentales, de los recursos destinados a salud, educación y seguridad pública, mediante la incorporación de tal conducta como grave dentro de la ley general de responsabilidades administrativas.

“Lo anterior, porque no podemos permitir que este tipo de prácticas se conviertan en meras observaciones administrativas, sin la consecuencia de castigos más severos, a fin de que el servidor púbico piense dos veces antes de cometer esta conducta” remarcó el senador veracruzano.

Rementería del Puerto, dijo que también se generará responsabilidad y calidad en el ejercicio del gasto, ya que en la medida en que eviten tal conducta, serán mejores los resultados del gasto público en los estados y menores las observaciones en las revisiones de las cuentas públicas.

El senador señaló que la corrupción es un factor que incide de manera negativa en el crecimiento social, cultural, económico y político del Estado, genera pérdida de confianza en las instituciones, demora en la solución de los problemas sociales y la lucha contra la desigualdad.

Están relacionados con las sesiones foráneas del Congreso, las declaraciones de servidores públicos y la agilización de las reformas a la Carta Magna del Estado.

La LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, a través de su Diputación Permanente, declaró aprobados en lo general tres decretos de reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz relacionados con las sesiones foráneas de este Poder, las declaraciones patrimoniales que recibirá el Congreso sólo será de sus servidores públicos y los Ayuntamientos tendrán que crear sus contralorías internas y el relacionas con la agilización de las reformas a la Carta Magna.

Lo anterior tras la lectura de los informes, remitidos por la Secretaría General de este Congreso del Estado.

En primera instancia fue informado que el decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política del Estado, relativo a que las sesiones foráneas se podrán realizar únicamente por acuerdo de las dos terceras partes del total de los diputados presentes, fue respaldado por 161 ayuntamientos; de estos 43 fueron por Cabildos que mandaron su acta a favor y en los 118 restantes se configuró la figura de “Afirmativa Ficta”.

Por otra parte el Decreto que reforma la fracción XVII del artículo 33, la fracción IX del artículo 71 y el segundo párrafo del artículo 76 de la Constitución Política del Estado registró el respaldo de 163 Ayuntamientos; de estos 45 fueron por Cabildos que enviaron su acta en sentido positivo y en los 118 restantes se configuró la “Afirmativa Ficta”.

Este decreto señala que el Poder Legislativo de Veracruz recibirá únicamente las declaraciones patrimoniales de sus servidores públicos y en tanto los Ayuntamientos deberán establecer sus propios órganos internos de control autónomos, los cuales deberán llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales.

Por último, el Decreto que reforma el artículo 84, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado fue avalado por 153 Ayuntamientos; de estos 43 fueron por Cabildos que mandaron su acta en sentido positivo y los 110 restantes fueron por la figura de “Afirmativa Ficta”.

Este Decreto tiene como propósito agilizar los procesos relacionados con las reformas constitucionales.

Tras ser declarados aprobados en lo General por el Congreso de Veracruz, estos decretos serán enviados al Poder Ejecutivo Estatal a fin que sean publicados en la Gaceta Oficial del Estado y por ende su entrada en vigencia.

La Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Veracruz Norte, acercó los servicios de salud integral a los trabajadores del Grupo de gasolineras ‘‘Ferche Gas”, con el objetivo de promover las acciones de salud del programa PrevenIMSS en las Empresas, declaró el delegado Israel García Íñiguez.

Durante la jornada fueron beneficiados 276 trabajadores, en  la cual se invitó a los derechohabientes a tener conciencia sobre la importancia de la prevención y detección oportuna de enfermedades crónicas degenerativas, además de disminuir las muertes por complicaciones derivadas de diabetes mellitus e hipertensión.

Asimismo, con la finalidad de detectar padecimientos, se instalaron módulos para detectar cáncer de mama y cervicouterino, hipertensión arterial y diabetes mellitus; también se realizaron tomas de peso, talla y cintura para prevenir el sobrepeso y la obesidad.

De igual manera, se llevaron a cabo acciones como la aplicación de vacunas, pláticas de estomatología preventiva; planificación familiar y salud reproductiva, de afiliación y vigencia, trabajo social e información sobre el plato del Buen Comer y la Jarra del Buen Beber, para mantener una alimentación sana y balanceada.

Como invitados especiales estuvieron presentes el jefe de Prestaciones Médicas, doctor Vicente Espinosa Rico; el director general de Ferche Gas, Justo Félix Fernández Chedraui; el director de la UMF No. 10, Artemio Hernández Torres y la directora de la UMF No. 66, Elizabeth del Rosario Rojas Acosta.