El saqueo a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Rosario Robles, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, no terminó en las 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios, ya que de los mil 900 millones de pesos del erario público asignados por esas secretarías, más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo a diez domicilios.

A través de una triangulación de depósitos y mediante el servicio de Tameme, Cometra y Panamericano, el dinero en efectivo fue repartido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017.

En febrero pasado, la ASF dio a conocer que tanto Sedesol como Sedatu simularon contratos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI), la Televisora de Hermosillo (Telherm) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) para operar el desvío millonario.

Lo que no se había revelado es que el dinero público siguió una ruta para llegar en efectivo a una decena de casas.

De acuerdo con registros obtenidos por la ASF, 6 de los proveedores subcontratados para prestar servicios a Sedesol y Sedatu, y otras 9 empresas emitieron las órdenes de transferencia.

Servicios Empresariales Helte, fue uno de los destinatarios, con una oficina supuestamente ubicada en Sócrates 128-3 en Polanco.

Sin embargo, de acuerdo con el personal que trabaja en el edificio, nunca ha tenido su domicilio en ese lugar.

Helte aparece como una subsidiaria contratada por un sistema de televisión estatal que debe cumplir con un servicio y también aparece como receptora del efectivo en el último eslabón de la cadena.

Entre el 7 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2017, personal de Tameme y del Servicio Panamericano entregó 493.7 millones de pesos en las supuestas oficinas de Helte de Polanco.

Los 708.2 millones de pesos repartidos en billetes representan 37 por ciento del total del monto desviado conforme la indagación de la ASF.

Reforma visitó los domicilios a donde presuntamente se envió el efectivo. El de Helte, es el consultorio de una psicóloga; otro es una casa-habitación abandonada, otro es un consultorio de rehabilitación; y uno más es un despacho de fiscalistas.

En Playa del Carmen se entregó el dinero a una casa de cambio; en Cancún se llevó a una oficina de ADO y en Villahermosa a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

Tres de los domicilios donde supuestamente el personal de las empresas de traslado de valores entregó el dinero no existen.

En la ficha de la empresa Transportes Blindados Tameme, el personal registró el 26 de abril de 2016 una orden de envío de cinco envases de billetes que en su conjunto sumaban 22 millones de pesos.

La carga, que aparentemente fue enviada a las 17:08 horas, tenía como destino la calle de Sócrates 128, en Polanco, y debía ser entregada a la empresa Servicios Empresariales Helte S.A. de C.V.

Ese día, pero con otra orden de envío, aparentemente el personal de traslado de valores también entregó en la misma dirección otros siete envases con 20 millones de pesos.

De acuerdo con información recabada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la que Reforma tuvo acceso, los envíos del dinero en efectivo tuvieron su origen en depósitos que dos compañías hicieron a la cuenta de Tameme a través de cheques de BBVA Bancomer.

Servicios Fiscales en Administración SiC S.A. de C.V. depositó los 22 millones pesos que se empaquetaron en los cinco envases, en tanto que Compu Draz Comercializadora S.A. de C.V. transfirió los 20 millones de pesos en billetes y colocados en siete envases.

Además del destino y el destinatario, las dos empresas depositantes tenían algo más en común: el dinero convertido en circulante les había sido transferido por otras compañías que, a su vez, lo habían recibido de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) que, a su vez, lo había recibido de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Un camino similar siguieron los recursos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu) pagó al Servicio Quintanarroense de Comunicación Social y a la Televisora de Hermosillo. Estas entidades, al igual que RTH, subcontrataron empresas que convirtieron los recursos de manera directa o lo hicieron a través de otras compañías.

MÉXICO.- La bancada del PAN en el Senado propondrá este martes una reforma para que el nuevo Fiscal General de la República dure en su cargo solo seis años y no nueve como se establece actualmente en la Constitución.

De acuerdo con el documento, firmado por el coordinador panista, Damián Zepeda, también se plantea que la remoción del Fiscal no solo pueda ser solicitada por el Presidente de la República sino también por la tercera parte de la Cámara alta, es decir, 43 legisladores.

Además, se propone otorgar al Senado la facultad de aprobar la decisión y no solamente de objetar la remoción propuesta por el Ejecutivo federal.

“El Fiscal General podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, por las causas que establezca la ley y previa solicitud del Ejecutivo federal o del equivalente el 33 por ciento de los integrantes del Senado”, se refiere en la propuesta.

En este sentido, en la iniciativa se contempla que el Senado quede facultado para nombrar y remover a los titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, combate a la corrupción, derechos humanos, el inspector general de la institución y los integrantes del Consejo Consultivo.

En la actualidad, en aras de otorgar autonomía al Fiscal, está facultado para nombrar a los titulares de las fiscalías especializadas.

Además, se establecen ciertos candados para que el próximo titular de la Fiscalía no haya ejercido ningún cargo de carácter político en los seis años anteriores a su designación.

El personal de la Fiscalía tampoco podrá haber desempeñado un cargo de dirección o representación de algún partido político en los cuatro años anteriores a su designación.

Los fiscales especiales podrán permanecer en su cargo durante cinco años.

En medio de la exigencia de organizaciones de la sociedad civil para evitar llamado “pase automático” entre todo el personal de la PGR y la nueva Fiscalía, el PAN propone algunos cambios constitucionales.

De acuerdo con la iniciativa, se establece desde la Carta Magna que el ingreso, reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas del personal se regulará de acuerdo al sistema de Servicio Profesional de Carrera.

La población de adultos con obesidad en México pasó de 20.5 millones en 2012 a 24.3 millones en 2016, según el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018” presentado en la sede de la FAO.

El reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacó que la obesidad entre adultos ha empeorado principalmente en Norteamérica y el problema afecta a una de cada ocho personas en el planeta.

El reporte, según el cual el hambre ha aumentado a causa del cambio climático y crisis económicas y afecta a 821 millones de personas en el mundo, dijo que la obesidad es también un resultado de la inseguridad alimentaria.

Indicó que el vínculo entre la inseguridad alimentaria y el sobrepeso y la obesidad pasa a través de la dieta, que se ve afectada por el costo de los alimentos.

En ese sentido, resaltó que los alimentos nutritivos y frescos tienden a ser costosos.

“Por lo tanto, cuando comienzan a escasear los recursos de los hogares destinados a la alimentación, las personas eligen alimentos menos costosos que, a menudo, tienen una alta densidad calórica y un bajo contenido de nutrientes”, explicó.

Dijo que, en el contexto de los mercados de alimentos globalizados, donde el costo relativo de los alimentos con un alto contenido de grasas y azúcares es bajo en comparación con los productos frescos, el establecimiento de prioridades de costos para las familias que padecen inseguridad alimentaria puede dar lugar a dietas con un alto contenido calórico, escasa diversidad y bajo contenido de nutrientes y fibra.

Señaló que las personas que padecen inseguridad alimentaria tienen menos probabilidades de tener acceso físico a los mercados donde poder comprar alimentos nutritivos y saludables a precios asequibles, especialmente en los países de ingresos altos.

Según el informe, también existe una ruta psicosocial que va desde la inseguridad alimentaria hasta la obesidad.

En ese sentido, explicó que la experiencia de no tener acceso a determinados alimentos, o un acceso adecuado, a menudo genera sensaciones de ansiedad, estrés y depresión, que a su vez pueden conducir a comportamientos que aumentan el riesgo de padecer sobrepeso y obesidad.

Entre estos pueden incluirse patrones de ingesta compulsiva (atracones) o sobrealimentación cuando hay alimentos disponibles (y la disponibilidad continua es incierta) o bien la elección de “alimentos placenteros” de bajo costo, hipercalóricos y ricos en grasas, azúcares y sal.

“Se ha determinado que esos alimentos tienen efectos psicológicos que reducen el estrés a corto plazo”, dijo.

El reporte dijo que el estrés que ocasiona vivir con inseguridad alimentariatambién puede tener un efecto negativo en la lactancia materna y las prácticas de alimentación de los niños pequeños, lo que a su vez aumenta el riesgo de los niños de padecer obesidad en la edad adulta.

Además, indicó que los cambios metabólicos que ocasionan los trastornos en los patrones de alimentación y la privación de alimentos son otro de los componentes de la trayectoria obesogénica de la inseguridad alimentaria a la malnutrición.

Según el informe, las adaptaciones psicológicas en respuesta a los ciclos de “festín y hambruna” se han asociado con un aumento de la grasa corporal, una disminución de la masa muscular magra y un aumento de peso más rápido cuando hay abundantes alimentos.

Igualmente, la privación de alimentos de la madre y el lactante o el niño puede dar lugar a la “programación metabólica” del feto y el niño pequeño, lo que aumenta el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la dieta en las etapas posteriores de la vida.

La desnutrición, así como el sobrepeso de la madre, ocasionados por la falta de acceso estable a una alimentación adecuada puede programar funciones metabólicas, psicológicas y neuroendocrinas en su descendencia, lo que alimenta un ciclo intergeneracional de malnutrición, dijo.

El informe también apuntó que el número de personas subalimentadas en México disminuyó de seis millones en el periodo 2004-2006 a 4.8 millones en el lapso 2015-2017.

No obstante, dijo que en 2017 el número de personas en situación de inseguridad alimentaria grave en el país era de 11.3 millones.

México.- Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que las autoridades electorales locales de Chiapas deben iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de los que resulten responsables por obligar a 67 mujeres a renunciar a los cargos para los que fueron postuladas.

Además, indicó la consejera Dania Ravel, el INE trabajará de manera coordinada con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas con el objetivo de que se salvaguarden los derechos políticos de dichas mujeres y que esos cargos para los que fueron electas, que fueron regidurías y diputaciones plurinominales, queden en manos femeninas.

Es decir, precisó, preservar que esos lugares sean ocupados por mujeres, aunque no sea específicamente la mujer que pretendía renunciar.

En un encuentro que este lunes sostuvieron consejeras del INE con autoridades electorales locales y miembros de organizaciones de la sociedad civil, Ravel detalló que, aunque inicialmente eran 30 mujeres a las que se les estaba apremiando a renunciar para que esos cargos fueran ocupados por hombres, hasta este lunes la cifra ya es de 67.

“Eso no podemos pasarlo por alto. Se tiene que iniciar desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas procedimientos sancionatorios en contra de las personas que puedan tener alguna responsabilidad”, indicó Ravel, presidenta de la Comisión temporal para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación.

“Eso es con independencia de que a la mejor nosotros velemos porque esos lugares sean ocupados por mujeres y se cumpla con el principio de paridad”.

La consejera Ravel expuso que, además, se debe investigar la forma en la que se obligó a esas mujeres a renunciar y analizar dar vista a la Secretaría de Gobernación para que les ofrezca protección ante posibles actos de violencia política en su contra.

“Desde luego que, si en este caso estamos viendo la probabilidad que se cometan actos de violencia política contra las mujeres por razón de género, se tiene que dar vista a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos tome medidas de protección para estas mujeres”, subrayó.

Por su parte, en el evento realizado en Chiapas, la consejera Pamela San Martín aseveró que en la entidad no se puede dar pasos atrás respecto a los derechos de las mujeres, mientras que la consejera Claudia Zavala aseguró que el INE trabajará en soluciones para proteger los derechos de las chiapanecas.

La consejera Adriana Favela agregó que es indispensable concientizar a las mujeres sobre cuáles son sus derechos y visibilizar toda la violencia política de la que pudieran ser víctimas.