A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el Senador Julen Rementería del Puerto, presentó el Punto de Acuerdo, donde exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, acelerar el uso de la plataforma para la presentación de declaración patrimonial, mejor conocido como 3de3.
El senador veracruzano, pide acelerar la puesta en marcha de la nueva plataforma y que sea aplicable a partir del día primero de diciembre del presente año y no hasta el 30 de abril de 2019 como lo aprobaron recientemente.

Esta acción es para que los servidores públicos salientes presenten sus declaraciones, así como los entrantes de la próxima transición del Poder Ejecutivo el próximo, y no hasta abril de 2019.
“Gracias a la coordinación del INAI, la sociedad civil organizada y la Comisión Nacional del Sistema Anticorrupción, se logró a que se diera forma a un nuevo formato para declaración patrimonial y de intereses y que entrará en vigor en el mes de mayo, pero cuatro meses después se tomó el acuerdo para permitir que dichas declaraciones conocidas como 3de3 ser llevadas hasta el 30 de abril”, remarcó.
Rementería del Puerto, señaló que se están -abriendo las puertas- con el formato “novedoso” para que los ciudadanos no puedan conocer el 3de3 de los servidores públicos y con esta ampliación permitirán que los que se van y los que llegan no tengan la obligación de dar a conocer a la ciudadanía sus declaraciones patrimoniales.

Exhortó a los legisladores actuar de acuerdo a sus promesas de campaña “Lo que la gente pidió el primero de julio, fue un cambio y que ese cambio fuera para mejorar, que pudiéramos tener un gobierno que cambiara las prácticas que hoy son obsoletas”.
Acción Nacional, solicita que este esfuerzo que se ha hecho para aprobar el Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, debe tener como uno de sus puntos culminantes el ponerlos a prueba en la transición de gobierno federal, que permita recabar información tanto de quienes dejarán sus cargos, como de quienes los asumen.
Así también tener información confiable de la situación patrimonial de los servidores públicos, que permita detectar variaciones significativas en sus bienes personales, que conlleve a investigar presumibles conductas fuera de la ley.

Luego de condenar la sentencia de 9 años que logró el exgobernador Javier Duarte de Ochoa al declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo que “indigna y lástima la conciencia del pueblo de Veracruz” que se haya perdonado a un delincuente que ha causado mucho daño a los veracruzanos.

“Más que castigo, la lectura popular es que se ha perdonado a un delincuente que causó un grave daño a los veracruzanos”, lamentó.

Dijo que Duarte no encabezó un gobierno, “sino una banda de delincuentes que se dedicó a saquear el dinero del pueblo de Veracruz”.

En un mensaje desde el patio central del palacio de gobierno, recordó que su antecedente es un delincuente confeso y sentenciado que “reconoció ante un Juez formar parte de una organización delictiva dedicada a robar y lavar dinero de los veracruzanos”.

Ante dicha sentencia, Yunes Linares fijó la postura del Gobierno de Veracruz:

“No estamos de acuerdo con la sentencia; reitero, nos parece más que sentencia, un perdón a un delincuente. Exigimos que los 41 bienes inmuebles que han sido decomisados el día de ayer a esta banda delictiva que tienen un valor de casi 800 millones de pesos, reitero, un valor de casi 800 millones de pesos, sean entregados de inmediato al Gobierno del Estado de Veracruz, para que se integren al patrimonio de los veracruzanos. El mismo día de hoy enviaré la solicitud al Procurador General de la República con quien he mantenido comunicación al respecto y aprecio su atención sobre este tema.

Demandamos que se obtengan órdenes de aprehensión en contra de los demás integrantes de la banda. Recordemos que Duarte ha sido condenado el día de ayer, sentenciado, por asociación delictuosa; es decir, es un delito que cometió acompañado de varios más, con la complicidad de varios más. Demandamos que se obtengan órdenes de aprehensión en contra de los demás integrantes de la banda, basadas en las diversas denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y otras denuncias que presenté antes de ser Gobernador, que fueron atraídas por la Procuraduría General de la República.

Conminamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que acelere el proceso de extradición para que sea presentada ante los jueces veracruzanos Karime Macías de Duarte, contra quien pesa una orden de aprehensión por fraude y respecto de quien ya existe Alerta Migratoria y Ficha Roja publicada por la INTERPOL con el número A-5541/5-2018.

Igualmente demandamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que acelere el trámite iniciado desde el pasado mes de mayo; de tal manera, que el Gobierno de la República de Guatemala autorice proceder contra Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, con base en la excepción a la Regla de Especialidad prevista en el Artículo 15 del Tratado de Extradición suscrito con ese país”.

Yunes Linares recordó que la Fiscalía General del Estado cuenta con órdenes de aprehensióno contra Duarte por los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias, además se espera que el gobierno de Guatemala incluya una más por el delito de desaparición forzada.

“Cuando Duarte obtenga su libertad en lo que se refiere a los delitos del fuero federal tendrá que venir a Veracruz para enfrentar las acusaciones antes referidas, particularmente la gravísima acusación de desaparición forzada de personas.

Estoy seguro de que la justicia veracruzana será implacable”.

VERACRUZ
COMUNICADO

En el marco de las visitas a las entidades públicas que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, los Magistrados, así como el personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, participaron hoy en la presentación sobre tareas, alcances y perspectivas de la implementación de actividades del Sistema Estatal Anticorrupción y la encuesta diagnóstico anticorrupción que el Comité de Participación Ciudadana de Veracruz comenzó a aplicar esta semana a entes públicos del Estado.

En aras de coadyuvar de manera estrecha y poder brindar la atención necesaria, mayor información en relación con esta y otras actividades que en su momento se desarrollen en colaboración con este Organismo y con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados por el Sistema Estatal Anticorrupción, el Presidente del TEJAV, Pedro José María García Montañez, dio la bienvenida a los integrantes del Comité mencionando:

“Nos da mucho gusto recibirlos en esta, su casa. Siempre hemos creído firmemente en el Sistema Anticorrupción y así lo demostramos desde el primer momento. Sean bienvenidos a este Tribunal en donde labora gente con compromiso y profesionalismo, tienen permanentemente las puertas abiertas”

Además, comentó que el Pleno de este Tribunal mediante acuerdo tomado el pasado 24 de septiembre, estableció que el TEJAV, al regirse bajo los principios de transparencia, objetividad, profesionalismo, excelencia y vocación de servicio, recibirá y otorgará las facilidades debidas a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, para el desarrollo de su visita.

Por parte del Comité de Participación Ciudadana, acudieron el C.P.C. Sergio Vázquez Jiménez, el L.E. José Emilio Cárdenas Escobosa, la Mtra. Alma Delia Hernández Sánchez, el Mtro. Jesús Antonio Muñoz De Cote Sampiery y la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.

Fueron recibidos por los Magistrados del TEJAV, el Mtro. Pedro José María García Montañez, la Mtra. Luisa Samaniego Ramírez, el Mtro. Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez y la Dra. Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez.

Después de una plática impartida por la Mtra. Alma Delia Hernández Sánchez para explicar los antecedentes del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, así como los alcances y funciones del Comité de Participación Ciudadana, se aplicó una encuesta, herramienta que servirá para presentar un informe a las autoridades y contribuirá en la creación de mejores políticas públicas en materia anticorrupción.

Al finalizar la aplicación al personal administrativo y jurisdiccional, y después de agradecer la participación voluntaria de todos los colaboradores del TEJAV, el Comité recorrió las instalaciones, acompañados por el Magistrado Presidente Pedro José María García Montañez.

En su mensaje de despedida, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, el C.P.C. Sergio Vázquez Jiménez, agradeció el recibimiento por parte del TEJAV, y la disposición de participar en esta actividad con el fin de cumplir los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.

Los recursos del financiamiento a contratar serán destinados, también, para refinanciar o reestructurar la deuda pública municipal.

Durante el Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias, correspondiente el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, fueron aprobados diversos dictámenes de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal por los que se autoriza a los ayuntamientos de Chicontepec, Nanchital, y Saltabarranca, la contratación de créditos.

Esto, por conducto de sus representantes legalmente facultados, para que realicen, bajo las mejores condiciones del mercado, la  contratación de préstamos, con cualquier institución integrante del sistema nacional financiero.

Los recursos del financiamiento a contratar serán destinados para llevar a cabo inversiones público productivas y refinanciar o reestructurar la deuda pública municipal. Los tres dictámenes fueron aprobados por mayoría calificada.

A seis años de que se modificó la Constitución para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley, se han entregado 11 propuestas y sólo una se ha concretado, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Se trata de la Ley 3de3, que es la única que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación; es la iniciativa ciudadana que establece la obligación los funcionarios de hacer públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

De acuerdo con el informe, otras tres iniciativas permanecen pendientes de dictaminar en comisiones y el resto tuvieron una respuesta negativa de los legisladores o se retiraron.

Seis de estas propuestas se presentaron en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados; dos durante la LXII Legislatura, en 2013 y 2014, y nueve en la Legislatura LXIII, tres en 2016 y seis en 2017, indica el informe La iniciativa legislativa ciudadana en México. Estudio de casos.

Estas propuestas tocan temas como acceso libre a internet, segunda vuelta electoral y revocación de mandato, matrimonio y familia, reducción del precio de gasolinas y diésel, reforma educativa y eliminación de privilegios a funcionarios públicos, entre otros.

El 9 de agosto se cumplieron seis años de la entrada en vigor de la reforma para establecer en su artículo 71 el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas siempre y cuando tengan el respaldo del 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, lo que, hasta el 3 de julio, equivalía a 11 mil 27 firmas avaladas por la autoridad electoral.

Al no dictaminar una iniciativa ciudadana en los plazos que señala la Ley Orgánica del Congreso, este incurre en omisión, de acuerdo con la sentencia SUP-JDC-470/2017 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Según el documento del instituto, que hace un comparativo con otros países de América Latina, estas iniciativas sirven más para influir en la agenda legislativa que para lograr un cambio político.

“De ahí que su utilidad práctica se relacione más con una forma de cabildeo y de impulsar una agenda legislativa que con el relativo éxito que pudieran tener las propuestas”, indica el informe.

En Paraguay y Perú, por ejemplo, hay un apoyo económico para los ciudadanos que patrocinaron las iniciativas, según el Instituto Belisario Domínguez.

l La comisión de Salud en el Senado, una de las piezas clave para el próximo sexenio, estará encabezada por el morenista Miguel Ángel Navarro.

Este día el Tribunal Superior de Justicia en coordinación con la Secretaría de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana y el Heroico Cuerpo de Bomberos realizó un simulacro de evacuación en los inmuebles que albergan los 21 distritos judiciales de todo el Estado.

Simultáneamente 6 mil 887 personas, con el apoyo de 240 brigadistas, se congregaron en los puntos de seguridad de manera ordenada y siguiendo los protocolos de atención en casos de siniestro.

Luego de verificarse las condiciones materiales de los inmuebles por parte de Protección Civil y brigadistas, se autorizó el regreso del personal y visitantes a los centros de trabajo.

Al respecto, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Humberto Álvarez Peña, agradeció a las instituciones participantes y expresó su reconocimiento a los servidores públicos del Poder Judicial que, paralelamente a su labor, desempeñan tareas como voluntarios y brigadistas ante situaciones de emergencia.

Dijo que este tipo de ejercicios permiten fortalecer las acciones de protección civil y generan conciencia tanto en el personal como en los visitantes, que acuden a realizar trámites en las ciudades judiciales.

Por su parte, el Maestro Mauricio Duck Núñez, Consejero de la Judicatura y Presidente de la Unidad de Protección Civil del Poder Judicial, informó que es la primera ocasión en que de manera simultánea se realiza este simulacro en los 21 Distritos Judiciales, tras destacar que en menos de dos minutos se evacuó a un total de 6 mil 887 personas:

“Quiero decirles que no se registró ningún incidente durante el simulacro; ya que poco a poco la cultura de protección civil ha ido mejorando y esta tiene que ser cada vez más generalizada”.

En el simulacro participaron Magistradas, Magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura, jueces, así como personal de los órganos jurisdiccionales y administrativos de la institución.

Xalapa, Ver.-

El exdiputado federal Tarek Abdalá fue la pieza clave en la audiencia intermedia contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aportando en su calidad de testigo protegido (que solicitó en 2017), 10 mil documentos contra el acusado.

De acuerdo con el periodista Víctor Hugo Artega, Premio Nacional de Periodismo por su investigación en conjunto con su compañero Arturo Ángel, sobre el caso Duarte, detalló que en la audiencia intermedia, como ya se había anunciado, la Procuraduría General de la República (PGR) se valió de datos de prueba que incluyeron testimonios de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad, y Xóchitl Tress, quien fue vinculada sentimentalmente con Duarte de Ochoa.

Sin embargo, el dato de prueba número 20, correspondiente al extesorero de Veracruz fue “la joya de la corona” durante la audiencia, pues de acuerdo con fuentes cercanas al caso, Abdalá Saad entregó alrededor de 10 mil documentos durante su administración como director en el DIF Veracruz –donde iniciaron los desvíos a empresas fantasma- y posteriormente como Tesorero en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Estos documentos, habrían ayudado a la PGR la ubicación de 41 bienes inmuebles con un valor estimado en los mil millones de pesos, y que son los datos de prueba principales que logró recabar para el caso.