Los nueve periodistas asesinados durante 2018 en México lo convierten en la nación sin conflicto armado más peligrosa del planeta para el ejercicio de la profesión, dijo el martes la organización Reporteros sin Fronteras (RSF).

La organización con sede en Francia señaló que México sólo fue superado por los 15 periodistas asesinados en Afganistán y los 11 en Siria, ambos escenarios de cruentos conflictos.

El informe señaló que la protección brindada por las autoridades mexicanas a los periodistas amenazados es insuficiente pese a que los comunicadores dedicados a escribir sobre corrupción y crimen organizado son con frecuencia blanco de ataques.

RSF contabilizó 80 periodistas asesinados en el cumplimiento de sus labores, 348 presos, 60 secuestrados y tres desaparecidos durante 2018, el año que ha resultado más peligroso para los comunicadores del planeta.

La violencia contra periodistas ha alcanzado niveles sin precedentes y la situación es crítica”, dijo el secretario general de RSF, Christophe Deloire.

El odio a los periodistas que se expresa, y a veces se proclama, muy abiertamente por políticos inescrupulosos, líderes religiosos y empresarios tiene trágicas consecuencias”.

El conteo también incluyó a dos periodistas ecuatorianos y su chofer asesinados en la frontera con Colombia mientras realizaban un reportaje sobre los disidentes de la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarais de Colombia (FARC) en marzo.

Estados Unidos se ubicó por primera vez entre los cinco países con más decesos.

Un hombre armado ingresó en junio a la redacción del diario Capital Gazette en Maryland y asesinó a balazos a cuatro periodistas.

Un presentador televisivo y su camarógrafo fallecieron en mayo por la caída de un árbol mientras cubrían la tormenta tropical Alberto en Carolina del Norte.

Los decesos de 2018 elevaron a 702 los periodistas asesinados durante la última década.

Tal como el año previo, más de la mitad de los periodistas en prisión se encuentran en China, Irán, Arabia Saudita, Egipto y Turquía. Los secuestrados -excepto uno- están en Siria, Irak y Yemen.

Los tres desaparecidos incluyen al mexicano Agustín Silva Vásquez, un reportero del diario regional El Sol del Istmo en Oaxaca cuyo paradero se desconoce desde enero, y al foto periodista haitiano Vladimir Legagneur.

Apenas ayer, la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC) difundió otro informe en donde señala que México y Afganistán figuran como los países más peligrosos para informar.

Según PEC, en México, que ya encabezó la lista de periodistas asesinados en 2017, murieron este año 17 informadores, los mismos que en Afganistán (que duplicó sus cifras de 2017), mientras que Siria se colocó en tercer lugar con 11 fallecidos de forma violenta y le siguieron Yemen y la India con 8 muertos cada uno.

La cancelación del aeropuerto en Texcoco puede ser una enseñanza para Andrés Manuel López Obrador de que el hágase presidencial  tiene límites, como se confirma en la lucha que está dando el Poder Judicial vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última contención, el último contrapeso.

Desde sus días de presidente electo, canceló el proyecto denunciando corrupción, especulación, derroche y falta de transparencia en la obra.

En Tercer Grado confirmó: el aeropuerto de Texcoco está muerto y destacó las bondades de Santa Lucía-Benito Juárez-Toluca, a pesar de no contar con proyectos ejecutivos, planes de impacto ambiental y menos estudio de precios y presupuesto.

Lo que no pensó, porque, insisto, nadie se lo dijo, eran los compromisos financieros internacionales, los seis mil millones de dólares en bonos, los mil 600 millones de dólares de la Fibra, más los centenares de medianas y pequeñas empresas que tienen contratos y acciones legales por incumplimiento.

Y así, el hágase presidencial ha sido imposible y peor: la decisión de continuar la obra del aeropuerto de Texcoco, ya no es del presidente López Obrador, sino de un pequeña, pero poderosa expresión de la mafia del poder, una minoría rapaz extranjera, formada por tenedores y ahora acreedores de esos bonos por seis mil millones de dólares, y es la que tiene la decisión del NAIM, pues si paran la obra vendrán las demandas y cobranzas.

Y por eso se sigue construyendo el aeropuerto que no se va a construir y del que las cuentas documentan que será más caro cancelarlo que terminarlo.

Yo espero que la frase que dejó el martes por la tarde en la Cámara de Diputados, Carlos Urzúa, sea una señal: Lo único seguro es que se va a ampliar el aeropuerto de Toluca. Santa Lucía se está analizando.

Aún confío que en algún momento la realidad ilumine a López Obrador y entienda que la mejor opción es la que dio por muerta y no ha muerto: Texcoco.

• AGANDALLE.- Los legisladores de Morena tomaron el Zócalo de estacionamiento y dobles filas para asistir a la reunión en Palacio con el presidente. Hizo bien Claudia Sheinbaum en mandar las grúas y multarlos. Igualitos  al prianismo;
• RECORTE.- Llega el recorte para mil 444 mandos militares, de coroneles a generales de división que ganan más de los presidenciables 108 mil pesos mensuales. Ya veremos, porque hay malestar. A los generales se les irá a la mitad y existe inconformidad porque de eso depende su pensión; y
• PEF.- Carlos Urzúa entrega mañana a los Diputados los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019. Se sabrá a quiénes recortan el sueldo. Y en comisiones del Senado escuchan a los tres aspirantes a ocupar la vacante once en la Corte para sacarlo la semana que viene.

Los integrantes de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE aprobaron el proyecto de acuerdo para el nuevo modelo de credencial de elector, más segura, infalsificable, que sirva para identificar a los ciudadanos en México y el extranjero.

En sesión extraordinaria, se avaló este acuerdo que será presentado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo miércoles 19 de diciembre, y propone incluir elementos para fortalecerla contra riesgos de falsificación, alteración, duplicación, diversificación y simulación.

El secretario técnico de la comisión, Rene Miranda, señaló que la primera novedad es la incorporación de los códigos bidimencionales de alta intensidad para el almacenamiento y acceso rápido, denominados QR, que brindan un control de información acotadas para tener la posibilidad de verificar la autenticidad de los datos asentados en las credenciales.

Se aumentó el número de los caracteres para los nombres y apellidos de los titulares de la credencial; reubicación de la firma digitalizada, pasarla del anverso debajo de la fotografía; se resalta la sección electoral, más clara su ubicación y se define un término de vigencia, que incluye las fechas de expedición y vencimiento de la credencial.

Miranda Jaimes resaltó que estos ajustes tienen el propósito de fortalecer la credencial, en un futuro inmediato y mediano plazo, como un instrumento confiable, ya que incorpora medidas que puedan ser verificadas por cualquier persona que lo requiera.

En la discusión, la consejera Dania Ravel hizo la observación de que en este nuevo modelo se hace visible el sexo de la persona a quien se expide, por lo que propuso que, debido a la demanda de diversos grupos, como la comunidad trans, este dato también se incluya en el código QR o que se le plantee al titular la opción de elegir si aparece o no su sexo.

En su oportunidad, el consejero Enrique Andrade informó que los mexicanos residentes en el extranjero, sobre todo los que viven en Estados Unidos, le han solicitado que en la credencial no aparezca la leyenda “para votar desde el extranjero” porque les genera discriminación, por lo que propuso que quede dentro del código QR, ya que es un documento válido para identificarse tanto en este país como en el vecino del norte.

Dio a conocer que, desde febrero de 2016, los migrantes mexicanos han tramitado esta credencial y se han entregado aproximadamente 600 mil.

Por otra parte, se entregaron los informes para el reemplazo de credenciales que perderán su vigencia el próximo año, que a finales de octubre sumaban 6.6 millones, de las cuales 4.8 millones son aquellas que tienen el número 18, y 1.8 millones que indican la vigencia de los 10 años, pues se denominan credenciales con vigencia 2008.

Finalmente, se aprobó presentar un acuerdo para extender la vigencia de estas credenciales para que puedan ser utilizadas en los procesos electorales locales que se efectuarán en 2019.

Comerciantes informales marchan este martes sobre Paseo de la Reforma, en la zona centro de la CDMX, para exigir trabajo con el lema: ‘Trabajar no es un delito’.

Desde las 9 de la mañana, los manifestantes se concentraron en el Ángel de la Independencia y poco después iniciaron la marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México, a través de Paseo de la Reforma hasta Avenida Juárez y Avenida 5 de Mayo.

En las mantas que lleva el contingente se lee que piden el reconocimiento del derecho al autoempleo en la vía pública. Ya cerca del Palacio de Bellas Artes sumaban alrededor de 2 mil personas.

Recomiendan usar las avenidas Chapultepec, San Cosme, y los Ejes 1 y 2 Norte como alternativas viales.

Alrededor de las 11:30 de la mañana, los manifestantes ya habían avanzado hasta Avenida Juárez, a unas cuadras del Zócalo CDMX.

El el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la economía informal representó en México el 22,7 % del producto interno bruto (PIB) en 2017 y fue generada por el 57,1 % de la población ocupada.

El sector formal genera 77,3 % del PIB con el 42,9 % de la población ocupada formal”, indicó el organismo en su informe “Medición de la Economía Informal 2017 Base 2013”.

Estas estadísticas reflejaron que 22,7 % del PIB era informal en 2017 y lo generó el 57,1 % de la población ocupada en condiciones de informalidad.

De esta manera, por cada 100 pesos generados de PIB del país, 77 lo generan el 43 % de ocupados formales, mientras que casi 23 pesos los generan el 57 % de ocupados en informalidad.

En 2016, 43,6 % de la población -53,4 millones- vivía en la pobreza, según el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En 2016, la participación de la economía informal en el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una ligera baja, al ubicarse en 22.6 por ciento frente al 22.9 por ciento del 2015, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 2009 alcanzó su nivel más alto, de 24.4 por ciento.

Un 40% de los jóvenes latinoamericanos no forman parte del sector formal de la economía, una cifra que se incrementa hasta el 60% en el caso de las mujeres jóvenes, quienes, al empezar su vida laboral de forma irregular, ven luego serias dificultades para incorporarse al mercado legal.

Esa es una de las conclusiones del informe “Perspectivas económicas de América Latina 2017”, presentado en la Casa de América de Madrid, donde se señaló a la informalidad laboral, las malas perspectivas macroeconómicas y la falta de acceso a programas de capacitación como los principales retos para este colectivo.

Según el economista jefe para América Latina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Melguizo, la informalidad en el mercado laboral es “una trampa que dura y afecta en el tiempo”.

Los jóvenes de entre 15 y 29 años de la región suman más de 163 millones, el equivalente a una cuarta parte de la población, una cifra que evidencia que “los jóvenes son el futuro”, según afirmó el director para Europa del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Guillermo Fernández de Soto.

Un grupo armado asesinó al juez y a un agente del Ministerio Público, ambos a cargo del caso del asesinato de la española María del Pilar Garrido Santamans. El incidente ocurrió la noche del lunes al sur de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.

De acuerdo con autoridades estatales, el incidente ocurrió a las 22:50 h en el cruce de las calles Mariano G. Sela y República de Chile, en el Fraccionamiento Haciendas del Santuario. Las víctimas fueron identificadas como el juez Abelardo Ibarra Torres y la fiscal Erika Dolores Granados Torres.

Los cuerpos del juez y la fiscal fueron descubiertos al interior de un Mini Cooper.

Los cuerpos sin vida se encontraban al interior de un Mini Cooper y presentaban varios impactos de bala.

Sobre estos hechos, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas señaló que abrieron una investigación por homicidio con arma de fuego, además de que “se va a dar recompensa a quien dé información que conduzca a la identificación y localización del autor del homicidio de la Ministerio Público y del Juez de Control”.

Mientras tanto, el abogado del esposo de Pilar Garrido, acusado de la muerte de esta, descartó que el caso tenga algo que ver con esta investigación. Añadió que tenían una audiencia programada este lunes, con lo cual se llegaba al cierre del juicio, que quedará suspendido hasta el 8 de enero.

Pilar Garrido desapareció en julio de 2017 cuando viajaba con su esposo e hijo hacia la capital tamaulipeca; su cuerpo fue descubierto a finales del mismo mes e identificado por medio del ADN. Su esposo fue detenido en agosto de ese año por supuestas contradicciones en sus declaraciones.

En la semana que concluyó el 14 de diciembre, el saldo de la reserva internacional alcanzó 174 mil 081 millones de dólares, lo que representó una reducción de 37 millones de dólares, con lo que revierte el avance registrado la semana pasada, informó el Banco de México (Banxico).

Explicó que dicha variación semanal fue resultado principalmente del cambio en la evaluación de los activos internacionales del propio instituto central.

Con ello, las reservas internacionales registran un crecimiento acumulado de mil 279 millones de dólares respecto al cierre de 2017, cuando se ubicaron en 172 mil 802 millones, añadió el Banxico en el boletín semanal sobre el estado de cuenta.

Al 14 de diciembre, la base monetaria (billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México) aumentó 41 mil 702 millones de pesos, alcanzando un saldo de un billón 641 mil 186 millones de pesos, cifra que implicó una variación anual de 9.9 por ciento.

La cifra alcanzada por la base monetaria representó un incremento de 148 mil 123 millones de pesos respecto a igual fecha del año pasado, indicó.

En la semana de referencia, el Banxico realizó operaciones de mercado abierto con instituciones bancarias para compensar una contracción neta de la liquidez por 221 mil 400 millones de pesos.

Ello como resultado de una expansión, debido al retiro de recursos de la cuenta de la Tesorería de la Federación y otras operaciones por 263 mil 102 millones de pesos y por una contracción por 41 mil 702 millones de pesos, debido a la mayor demanda por billetes y monedas por parte del público.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2019 propuesta por el Ejecutivo Federal, el cual será turnado hoy mismo al pleno para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

Con 20 votos a favor y 10 en contra, la comisión legislativa, presidida por la panista Patricia Terrazas, avaló en lo general dicho dictamen y acordó llevar al pleno de la Cámara de Diputados la discusión de los artículos reservados en lo particular.

De acuerdo con el dictamen aprobado, en la iniciativa de LIF 2019 el Ejecutivo Federal estima obtener un total de cinco billones 814 mil 291.7 millones de pesos por concepto de ingresos.

En los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de LIF 2019 se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) registre un crecimiento económico anual de entre 1.5 y 2.5 por ciento, con una proyección puntual de 2.0 por ciento, para efectos de las estimaciones de finanzas públicas.

Además, una inflación de 3.4 por ciento, un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, una plataforma de producción de petróleo crudo en un millón 847 mil barriles diarios y una estimación del precio de petróleo crudo de exportación de 55 dólares por barril, entre otros supuestos macroeconómicos.

En la sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, los diputados de oposición (PRI, PAN y Movimiento Ciudadano) votaron en contra, en lo general y en lo particular el dictamen de la LIF 2019, argumentando que no estaba suficientemente discutido y afirmaron “daremos la batalla” en la discusión en lo particular en el pleno.

La Comisión de Justicia del Senado de la República avaló el dictamen que declara idónea la terna que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió para elegir a la o el candidato que ocupará la vacante por retiro del ministro José Ramón Cossío en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con ocho de 15 firmas de senadores de los partidos Morena y del Trabajo (PT), así como la ausencia de rúbricas de legisladores del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), se publicó el dictamen que será puesto a consideración del pleno en las próximas horas, en el que se expone que Juan Luis González Alcántara Carrancá, Celia Maya García y Loretta Ortiz Ahlf son elegibles para ocupar esta vacante.

En el documento publicado en la página de la Comisión de Justicia se destaca que los tres candidatos cumplen con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministro de la Corte.

Cabe destacar que como se estableció en el acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, el dictamen se publicó en la Gaceta del Senado 24 horas antes de la sesión en la que será sometido a la consideración del pleno.

El o la candidata a ocupar la vacante del ministro José Ramón Cossío tendrá que ser electo por mayoría calificada, es decir, por las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes en la sesión del pleno legislativo.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer versión pública de la averiguación previa del caso Tlatlaya SEIDO/UEITA/174BIS/14, y del expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar el asunto ante el pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que los organismos garantes de transparencia, como el INAI, deben asumirse como corresponsables de los procesos de justicia transicional.

«Debemos ejercer nuestras atribuciones para garantizar la disponibilidad de información pública, para que tanto autoridades como población estén informados, tengan un lenguaje común, confíen entre ellos y muestren disposición para sentarse a la mesa de diálogo a pesar de las tensiones y antagonismos.

«El INAI debe resolver cuando un sujeto obligado de la administración pública federal, como en este caso que expongo, interpretan erróneamente la excepción a la reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos», enfatizó.

Destacó que ante un proceso de justicia transicional y, de acuerdo con sus atribuciones, el INAI debe, entre otros, emitir criterios para la debida protección de datos personales, tanto de actores gubernamentales involucrados, como de las víctimas, así como generar información de transparencia proactiva e interés público en plataformas accesibles para las víctimas, sus familias y la población en general, como el proyecto Memoria y Verdad.

«La apertura de información para detonar procesos de justicia transicional es una oportunidad para construir un México justo, es decir, para transformar y rescribir la historia del país, una en la que la seguridad y el Estado de derecho se cumplen, donde no hay corrupción ni impunidad», aseveró.

Por su sensibilidad e importancia, deben ser implementados con tal cuidado, que no abonen aún más al desencanto y la desconfianza. México ya no puede asumir un costo tan alto. En lo que toca al acceso a la información pública y la protección de datos personales, el INAI hará su parte, externó el comisionado.

En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Salas Suárez, se determinó que no le resultaba aplicable ninguna causal de reserva, ya que la averiguación previa y expediente de seguimiento del caso Tlatlaya es información relacionada con violaciones graves de derechos humanos, y sólo se actualizaba la confidencialidad de los nombres y firmas de personas.

El pleno del INAI, por unanimidad, instruyó a la PGR a modificar su respuesta y dar a conocer la versión pública de la averiguación previa sobre el caso Tlatlaya SEIDO/UEITA/174BIS/14, así como el expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la CNDH, en los que sólo se podrán testar nombre y firma correspondientes a testigos, víctimas, ofendidos, imputados asesores jurídicos y peritos.

Por el contrario, deberá dar nombre, firma y cargo de los servidores públicos a quienes se le siguieron procedimientos penales administrativos en su contra, derivados o no de la recomendación de la CNDH, y que ya fueron resueltos de manera firme, es decir, con sanción administrativa o penal.