El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos por los que se puede aplicar la extinción de dominio en casos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos y robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Con mayoría calificada, los diputados dieron «luz verde» a las reformas constituciones que amplían el catálogo para aplicar la extinción de dominio, mismo que se turnó a los congresos locales para sus efectos constitucionales.
«Tenemos 394 votos a favor, cero abstenciones, 68 votos en contra, por lo que tenemos mayoría calificada», indicó la diputada secretaria.
Por lo anterior, la diputada presidente, Dolores Padierna, señaló: «Aprobado en lo general y en lo particular, el artículo 22 reservado, por 394 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22, la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en materia de extinción de dominio.»
Al presentar el dictamen, Miroslava Carrillo Martínez, señaló que «la colegisladora deja claro que al aplicar la extinción de dominio se instituye que el negocio del crimen no es opción para nadie. De igual manera, aunado a lo que el Estado puede hacerse de recursos económicos, se reduce la inseguridad y, sobre todo, se apoya a las víctimas de un delito».
En ese sentido dijo que coinciden con la legisladora porque establece la facultad del Congreso para que, además de expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar, lo haga en materia de legislación sobre extinción de dominio, en los términos del artículo 22 de la Constitución, lo que también da certeza y seguridad jurídica a los actos del Poder Legislativo.
En conclusión, agregó, se aprecian coincidencias y fortalezas en los documentos legislativos de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en el sentido de rediseñar y hacer eficaz la extinción de dominio como un procedimiento autónomo de la materia penal.
Procedimiento que, además, dijo, no considera decomiso la aplicación de bienes a favor del Estado cuando sea para el pago de multas, impuesto o cuando sea decretada por una autoridad para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un ilícito, entre otras.
Por el PRI, María Alemán Muñoz Castillo dijo que la extinción de dominio es un paso firme en la lucha contra la corrupción, contra el lavado de dinero y contra el crimen organizado en México.
“Hoy le decimos a los mexicanos que a través de la extinción de dominio el Estado mexicano podrá incautar bienes muebles e inmuebles derivados de actos de corrupción y actividades ilícitas, como el huachicoleo y otros delitos graves para regresarlos a las arcas públicas y utilizarlos en beneficio de los mexicanos”, subrayó.
Agregó que el gobierno tendrá herramientas verdaderas, eficaces, eficientes para retener los bienes cuya legítima procedencia no se pueda acreditar y estén relacionados con corrupción, delincuencia organizada, trata de personas, extorsión, entre otros.
Por su parte, el panista Iván Arturo Rodríguez Rivera señaló que están convencidos de aprobar el instrumento jurídico, sin embargo, consideran que los avances para hacer más ágil y eficiente la extinción de dominio retroceden con la minuta enviada por la colegisladora.
Indicó que a la fecha esa figura no ha funcionado como debería porque sólo ha sido aplicada para ciertos delitos y puntualizó que lo que se buscaba era convertir a este instrumento en autónomo y propone se regrese al punto de lo penal, no separándolo, aunque pidió que su postura no se tome como una oposición al instrumento sino como una aportación para que se perfeccione.
En tanto, el perredista, Javier Salinas Narváez, adelantó el voto a favor y sostuvo que la extinción de dominio es la figura más idónea para la recuperación de activos derivados de los hechos de corrupción o actividades ilícitas.
“Estamos ciertos de que la buena instrumentación de esta figura la convertirá en una herramienta indispensable para el combate de los terribles flagelos del crimen organizado y de la corrupción”, aseveró.
Al fijar la postura del Partido Verde, Marcó Antonio Gómez Alcantar, avaló el dictamen y afirmó que la incorporación de los hechos de corrupción al catálogo de delitos va a permitir al Estado mexicano recuperar aquellos bienes que hayan sido obtenidos por esta vía y devolverlos al dominio de la nación.
Resaltó que igualmente es novedoso que los bienes adquiridos por quienes se dedican al robo de hidrocarburos también puedan ser sujetos de extinción de dominio, pues es de todos conocido que se trata de una actividad en franco crecimiento por la falta de elementos suficientes para su combate y erradicación.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina Ortiz, dijo que su bancada apoya esta reforma, que si bien es perfectible en algunos sentidos, sin duda es mejor en todos los sentidos a la opción de no hacer nada.
A su vez, la legisladora del PT, Mary Carmen Bernal Martínez, respaldó la reformas y sostuvo que la extinción de dominio está prevista en nuestra Norma Fundamental y tiene el propósito de desposeer al delincuente de los bienes muebles o inmuebles que haya adquirido con el producto de su actividad ilícita.
Por su parte, el diputado de Morena, Miguel Ángel Chico Herrera, sostuvo que su bancada quiere dar un claro mensaje de que no habrá más impunidad ni se solapará el enriquecimiento ilegítimo por actos de corrupción.
“Buscamos dar el ejemplo y demostrarle a la ciudadanía que vamos a combatir la delincuencia donde más le duele, es decir la parte económica.
Les vamos a retirar los bienes y riquezas que indebidamente han obtenido”, sentenció.
