CHIAPAS.-Ya habíamos visto al Operativo Enjambre en acción y ahora hay nuevas noticias desde el sureste nacional. El Congreso de Chiapas aprobó el desafuero de la alcaldesa de Jiquipilas, Blanca Yaneth Chiu López por presuntos actos de corrupción. Vamos allá.
¿Por qué detuvieron a una alcaldesa de Chiapas?
“A toda la ciudadanía, hace algunas horas hemos solicitado como Fiscalía General del Estado, dos peticiones de declaratoria de procedencia para ejercer acción penal en contra de servidores públicos municipales. Se ha solicitado al Congreso del estado de la presidenta municipal de Jiquipilas”, indicó Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado.
Asimismo, informó que también ejecutaron una orden de aprehensión en contra de la directora de obras públicas municipales por los delitos de extorsión agravada.
Sobre este crimen, Abarca comentó que la directora le exigió a la víctima 1 millón de pesos para poder establecer una empresa dentro del territorio de Jiquipilas, pero eso no es todo.
“Así también se ha solicitado la declaratoria de procedencia y por ende el desafuero de 6 servidores públicos de Ocozocoautla, que son: la síndica municipal, dos regidoras y tres regidores. Estos 6 están siendo investigados por el delito de extorsión agravada”, comentó Abarca.
Sobre este tema, subrayó que estos 6 funcionarios le solicitaban diversas cantidades a la presidenta municipal para poder hacer las obras en beneficio del pueblo.
¿Qué es el desafuero y para qué sirve?
El desafuero, según Mexicanos Contra la Corrupción, es el proceso mediante el cual se le retira el fuero constitucional, también llamado inmunidad procesal, a ciertos funcionarios públicos en México para que puedan ser investigados y juzgados penalmente.
De acuerdo con el artículo, el fuero no fue creado para garantizar impunidad, sino como una herramienta de protección institucional. Su objetivo es evitar que gobiernos o fiscalías utilicen acusaciones penales para perseguir políticamente a legisladores, gobernadores u otros funcionarios incómodos para el poder.
El proceso funciona así: una fiscalía presenta una solicitud ante la Cámara de Diputados; después, la Sección Instructora analiza el caso y emite un dictamen. Finalmente, el pleno de la Cámara vota si existen elementos suficientes para retirar la inmunidad. Si se aprueba, el funcionario puede ser sometido a proceso penal como cualquier ciudadano.
Ahora ya sabes que le quitaron el fuero y detuvieron a una alcaldesa de Chiapas así como también a otros funcionarios por el delito de extorsión.
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