Veracruz, Ver.— “Somos gente de la maña”, fue lo que dijo a través de llamada telefónica un hombre que intentó extorsionar a una ciudadana de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.

Desde el número de teléfono 228 571 9235, la mañana de este sábado 16 de agosto, el interlocutor marcó a una mujer, quien pidió el anonimato. El caso fue grabado y compartido a e-consulta Veracruz.

Al responder la llamada, la ciudadana oyó una voz femenina que le dijo encontrarse en peligro. En la pantalla del teléfono, aparecía el número con un ícono de “spam”, lo que le generó sospechas.

“¡Mamá, ayúdame!”, se escuchaba del otro lado de la bocina. Entre gritos y sollozos, la persona al teléfono decía haber sido privada de la libertad.

La víctima de intento de extorsión se dio cuenta de que el llamado era falsa y “siguió el juego”. Entonces, la voz al otro lado del teléfono cambió a la de un hombre, quien dijo ser el responsable de un supuesto “levantón”.

“Pero dígame, ¿Dónde está mi hija?”, expresó la ciudadana a modo de continuar con la llamada.

“Escúchame, madre, la traigo aquí conmigo (a la supuesta hija), lo que pasa es que hubo aquí un problema. Lo que pasa es que mis muchachos la levantaron, se equivocaron”, señaló el estafador.

En un tono más agresivo, el hombre al teléfono le advirtió que llevaba junto a él a la supuesta hija de la ciudadana.

“La traigo aquí conmigo, madre, te quiero explicar lo que está pasando. Nosotros somos gente de la maña, lo que pasa es que íbamos a ejecutar a unas personas”, refirió.

El extorsionador, tras percatarse que la ciudadana “no cayó” en el engaño, decidió colgar la llamada. Antes de hacerlo, el sujeto ofendió a la víctima.

¿Qué hacer en estos casos?

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Veracruz mantiene activa una campaña para alertar a la ciudadanía sobre las llamadas de extorsión.

De acuerdo con la dependencia, las extorsiones telefónicas se manifiestan de diferentes formas: familiar secuestrado, secuestro virtual, amenaza por daño y cobro de piso.

En este tipo de casos, la SSP recomienda tres pasos:

1.- Desconfiar y colgar la llamada

2.- Llamar a tu familiar y verificar que se encuentra bien

3.- Reportar de inmediato a los teléfonos 911 y 089

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La Fiscalía General del Estado (FGE), bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns, perdió el caso por fraude específico en agravio del DIF de Veracruz por cerca de 114 millones de pesos, vinculado a la gestión de Karime Macías, exesposa del exgobernador Javier Duarte.

La Fiscalía no presentó en juicio los contratos simulados mediante los cuales se desviaron los recursos, lo que derivó en la absolución de exfuncionarios procesados en el Proceso Penal 45/2022 y en el Toca Penal 145/2023 de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

La Sala concluyó que “el material probatorio no es apto, ni suficiente para justificar la existencia del ilícito de fraude específico”, previsto en los artículos 216 y 217 del Código Penal de Veracruz.

Por ello revocó la sentencia condenatoria que había impuesto años de prisión, multa, reparación del daño y suspensión de derechos civiles y políticos a dos excolaboradores de Macías.

NO PROBÓ SIMULACIÓN

El fallo estableció que la Fiscalía no probó la simulación de contratos. Los magistrados señalaron que “no se acreditó fehacientemente que los inculpados hubieran simulado actos jurídicos que generaran un perjuicio patrimonial en detrimento de la institución agraviada”.

La resolución absolutoria fue aprobada por unanimidad por las magistradas Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, ponente; María del Socorro Hernández Cadena, presidenta de Sala; y Patricia Molina Gimbernat, secretaria de Estudio y Cuenta.

El caso se originó con el amparo que concedió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver que “las pruebas documentales valoradas por la juzgadora de primera instancia no cumplían con los requisitos establecidos en el numeral 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

La resolución advirtió que la omisión constituía una violación al artículo 20 constitucional.

En la reposición del procedimiento se integraron testimonios de notarios, peritos, ex empleados administrativos y policías ministeriales. Un notario declaró que únicamente dio fe de la constitución de una empresa y “reafirmó que el acusado compareció ante él únicamente para la firma, que dicho documento quedó inscrito en el Registro Público”.

Una perito de criminalística expuso que visitó los domicilios de varias empresas y “no pudo encontrar rótulos en ninguno de ellos”. En tanto, un auxiliar de almacén del DIF sostuvo: “Nosotros no firmábamos ningún papel, únicamente recogíamos y llevábamos a oficinas centrales lo que pedían”. Otro empleado añadió que “el memorándum debía ir acompañado de la factura, el contrato, la fianza o los pedidos; también refirió que quien autorizaba esos memorándums de pagos era el titular de la dirección administrativa”.

“NO EXISTIÓ” FRAUDE

Los policías ministeriales reportaron que en más de una decena de domicilios “eran domicilios particulares o terrenos baldíos, es decir, no se encontraban las empresas”. Un perito contable de la Fiscalía señaló que cotejó contratos y estados de cuenta para establecer el daño patrimonial, pero la Sala descartó su dictamen: “El perito reconoció expresamente que no tuvo a la vista documentos de entrega de bienes o prestación de servicios, ni evidencia de recepción de mercancía”.

En la sentencia, la Sala apuntó que “los dictámenes contables carecen de sustento directo en evidencia documental fehaciente, y se basan únicamente en una presunción técnica, que no satisface el estándar penal de prueba más allá de toda duda razonable”.

Incluso citó jurisprudencia federal que señala: “Prueba insuficiente en materia penal. La mayor o menor exigencia de datos probatorios para tener por demostrado un hecho delictuoso (…) depende de que, siendo cierto el hecho delictivo, el órgano de acusación cumpla con su deber de aportar pruebas; si estas no se allegaron, ello puede obedecer a que el hecho no existió”.

La absolución se conecta con el proceso de Karime Macías, cuya extradición fue frenada en el Reino Unido por enfrentar procedimientos distintos al que dio origen a la solicitud de México.

La acusación de la FGE había planteado que “a partir de la toma de protesta del C. Javier Duarte de Ochoa como Gobernador del Estado de Veracruz (…) la C. Karime Macías Tubillas y/o Karime Macías de Duarte, toma la Presidencia del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (…) por órdenes directas de la C. Karime Macías (…) creó un esquema sistemático para desviar fondos públicos, en contubernio con los hoy acusados”.

Finalmente, el TSJE dictó: “Se revoca la sentencia condenatoria (…) Se dicta sentencia absolutoria (…) ordenándose su libertad absoluta”. Con ello, el proceso por el presunto fraude de 114 millones de pesos se derrumbó al no acreditarse las pruebas en juicio.

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La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ha efectuado la clausura temporal de 6 estaciones de gasolina en el Estado de Veracruz, en lo que va del presente año.

Ello, como parte de las acciones de la presidenta presidenta Claudia Sheinbaum para constatar que las estaciones de servicio del país cumplan con la normativa operativa y ambiental.

De igual forma se hacen acompañar de personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para verificar que ofrezcan precios justos de los combustibles.

Como resultado, las brigadas tanto de la ASEA como de la Profeco inmovilizaron 38 instrumentos en total debido a inconsistencias en los registros electrónicos y a que incumplieron con la prueba de retener información en pantalla cinco minutos después de quedarse sin energía eléctrica.

En el municipio de Veracruz se verificaron tres estaciones de servicio: Súper Servicio Costa Verde, S.A. de C.V., Hidrocarburos Imosa, S.A. de C.V., y Servicios Intercolonias, S.A. de C.V.

La cuarta gasolinera visitada, Operadora Adrimont, S.A. de C.V, se localiza en Boca del Río, y las dos restantes, con misma razón social, Gasolinería Medellín, S.A. de C.V., se ubican en el municipio de Medellín de Bravo.

A todas las estaciones de servicio revisadas se les impuso clausura temporal total por no presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) actualizada.

La Profeco y la ASEA continuarán con las acciones de verificación a lo largo y ancho del país para garantizar los derechos de las personas consumidoras, al vigilar la calidad del combustible en las gasolineras, que vendan litros completos por debajo de los 24 pesos y cumplan con las medidas de seguridad operativa y ambiental, en beneficio de las familias mexicanas.

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El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó el recuento total de votos en la elección municipal de Poza Rica, tras resolver de manera incidental la apertura de los paquetes electorales faltantes.

De acuerdo con el TEV, la apertura de los paquetes obedece a la necesidad de dar certeza a las y los ciudadanos pozarricenses, al tiempo que se sustenta en criterios electorales cuyo fin es transparentar, legitimar y reducir cualquier duda sobre el proceso.

El alcalde electo, Emilio Olvera Andrade, de Movimiento Ciudadano señaló la intromisión de autoridades estatales en este proceso.

“Aceptando sin conceder, aunque se recontara de nuevo, aunque se repita la elección, volveremos a ganar porque tenemos el apoyo y respaldo de Poza Rica”, subrayó Olvera Andrade.

La decisión fue considerada por la candidata de Morena, Adanely Rodríguez, como un acto de transparencia e imparcialidad en defensa de la voluntad ciudadana.

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Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó revocar la constancia de mayoría como magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado (PJEV) a Jonathan Máximo Lozano Ordóñez.

Por mayoría de votos se determinó que ahora la constancia deberá ser entregada a Adriana Morales, la segunda persona más votada.

¿Cuáles fueron los argumentos?

El TEV constató irregularidades que vulneraron principios fundamentales como la imparcialidad, la democracia y la paridad flexible, mismos denunciados por René Augusto Sosa Enríquez y Adriana Morales García, quienes competían también y perdieron en las urnas.

Entre los elementos considerados se encuentra conflicto de interés entre María Fernanda Sánchez Rubio, consejera del Organismo Público Electoral del Estado (OPLE), y el candidato electo, por ser esposos, lo que llevó a los magistrados a revocar el acuerdo y ordenar la reasignación de la constancia.

El TEV no encontró elementos suficientes para declarar la nulidad total del proceso electoral, pero sí consideró probado el conflicto de interés.

Esta situación, según los magistrados, comprometía la transparencia y equidad del procedimiento, por lo que se determinó que Lozano Ordóñez no podía asumir el cargo para el que había sido electo.

En consecuencia, el Tribunal Electoral de Veracruz ordenó al OPLE reasignar la constancia de mayoría a Adriana Morales García, quien se posicionó como la segunda candidata más votada en la elección para la magistratura de la Sala Constitucional.

Aunque se dio esta determinación jurídica por procedimiento, el caso puede discutirse en tribunales electorales federales, cuyo fallo será definitivo.

Morales García, quien ahora asumirá la magistratura el próximo 1 de septiembre, es abogada con trayectoria en el ámbito judicial y es reconocida por su trabajo en defensa de los derechos humanos y la equidad de género. Obtuvo un total de 234 mil 891 votos, cifra que la coloca como la nueva magistrada electa.

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En medio de las críticas a la 4T por viajes de lujo y tras hechos violentos en Veracruz, el subsecretario de Finanzas del estado, Eric Domínguez, y la diputada local morenista Miriam García Guzmán, fueron exhibidos en un vuelo a Miami.

De acuerdo con los reportes, el funcionario y la legisladora habrían abordado este sábado un vuelo de Viva Aerobús para llegar a su destino.

En redes sociales circulan fotografías de Domínguez y García al interior del avión, y otras que los muestran mientras esperaban sus maletas en la banda de equipaje.

El viaje de los funcionarios se presenta mientras Veracruz sufre una ola de violencia generalizada, con enfrentamientos armados tan recientes como el que ayer se registró en el Barrio Canapa, del Municipio Sayula de Alemán, que resultó en la muerte de un presunto delincuente y un policía herido.

El mismo viernes, al interior del Penal de Tuxpan, se lanzaron dos supuestos explosivos desde un dron que sobrevoló la zona.

Además, el miércoles se dio a conocer el asesinato de René Vergara, director del Centro de Reinserción Social (Cereso) conocido como «La Toma», en Amatlán de los Reyes.

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La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que su administración interpuso una denuncia formal en contra del exsecretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) y su hermana, por la presunta renta irregular de bodegas propiedad del Gobierno del Estado.

Los inmuebles en cuestión se encuentran ubicados en la Central de Abasto de la Ciudad de México, y habrían sido arrendados sin apego a los procedimientos legales, de acuerdo con la mandataria estatal.

Nahle García señaló que se trata de un acto de corrupción que no será tolerado y aseguró que su gobierno continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y proceder conforme a derecho.

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Este día se dio a conocer que fueron relevados del cargo el director general y la administradora del Hospital de Alta Especialidad de la ciudad de Veracruz (HAEV), respectivamente, Fermín Martínez de Jesús y Marcela Yáñez Tapia.

Ambos apenas tenían tres meses de haber asumido la titularidad y la administración del hospital, pero este viernes 15 de agosto fueron notificados por el secretario de Salud, Valentín Herrera Alor sobre la separación de sus cargos.

La destitución de estos funcionarios ocurre luego de denuncias y quejas presentadas en su contra tanto por parte del personal hospitalario, así como de pacientes.

Asumió la dirección del HAEV la doctora Imelda Victoria Pérez Prior, ex titular del Hospital General de Tarimoya, en la ciudad de Veracruz.

En tanto que se dio a conocer al personal que la administración del hospital estará a cargo de Hugo Eduardo Serrano Trinidad.

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