Elementos de la Policía Municipal de Córdoba protestan; denuncian irregularidades laborales

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Elementos de la policía municipal de Córdoba realizaron un paro de brazos caídos en las instalaciones del Mando Único como medida de protesta ante lo que calificaron como una serie de irregularidades laborales que afectan sus condiciones de trabajo, entre ellas descuentos aplicados a sus salarios, bajos ingresos y presunto acoso por parte de mandos de la corporación.
De acuerdo con testimonios proporcionados de manera anónima por algunos de los uniformados, la inconformidad se ha acumulado desde el inicio de la actual administración municipal debido a la falta de atención a diversas solicitudes relacionadas con mejoras laborales y operativas.
Los policías señalaron que una de las principales molestias está relacionada con descuentos aplicados a sus nóminas, los cuales, afirmaron, oscilan entre los 200 y los 500 pesos por supuestas faltas al reglamento interno.
«Hay compañeros a quienes les descuentan cantidades importantes de su salario sin que exista una explicación clara o un procedimiento que nos permita defendernos; eso ha generado mucha inconformidad entre el personal», señalaron algunos de los elementos que participaron en la protesta.
DENUNCIAN BAJOS SALARIOS Y PRESIÓN LABORAL
Los inconformes indicaron que además de los descuentos salariales, enfrentan condiciones laborales que consideran insuficientes para desempeñar sus funciones, situación que ha provocado malestar entre gran parte de la corporación.
Explicaron que durante los últimos años han solicitado mejoras en diversos aspectos relacionados con su trabajo, pero no han obtenido respuestas satisfactorias por parte de las autoridades responsables. Los policías también manifestaron su inconformidad con el actual encargado de la corporación, David Flores Cervantes, oficial con licencia de la Secretaría de Marina, a quien acusaron de mantener un trato inadecuado hacia algunos integrantes de la corporación.
Según los testimonios recabados, los elementos consideran que existe un ambiente de presión constante que afecta el desempeño de sus actividades y la relación entre mandos y personal operativo.
«Lo que pedimos es respeto y condiciones dignas para realizar nuestro trabajo. Nosotros salimos diariamente a brindar seguridad a la ciudadanía y también merecemos ser escuchados», expresaron.
PIDEN DIÁLOGO Y SOLUCIONES A SUS DEMANDAS
La protesta se desarrolló al interior de las instalaciones policiales y, de acuerdo con los propios elementos, se prolongó durante aproximadamente dos horas, periodo en el que las actividades operativas se vieron limitadas mientras esperaban una respuesta por parte de las autoridades. Los inconformes señalaron que su intención no es afectar a la población, sino visibilizar problemáticas que, aseguran, han permanecido sin solución durante varios meses.
Entre las demandas planteadas destacan la revisión de los descuentos aplicados a la nómina, mejores condiciones laborales, respeto a los derechos de los trabajadores y una evaluación del desempeño de los mandos responsables de la corporación.
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Policías bajo ataque: revelan los estados con más agentes asesinados durante 2026

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Un total de 156 agentes de seguridad han sido asesinados en lo que va de 2026, de acuerdo con un reporte ofrecido por la organización ciudadana Causa en Común. Asimismo, revelaron cuáles son los estados donde más oficiales han fallecido en cumplimiento de su deber.
Los estados más peligrosos para los policías
Causa en Común determinó cuáles son los estados con más casos de policías asesinados durante 2026:
• Jalisco: 33 casos.
• Sinaloa: 19 casos.
• Michoacán: 19 casos.
• Morelos: 13 casos.
• Estado de México: 13 casos.
• Guanajuato: 10 casos.
• Guerrero: 6 casos.
Acorde a los datos de la misma fuente, en la Ciudad de México han asesinado a cuatro policías. Mientras que los estados que no presentan ningún caso son: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Yucatán. Las edades de los fallecidos van de los 25 a los 66 años.
El estudio también determinó cuántos elementos fallecieron por corporación o institución: 68 eran policías municipales; 35 pertenecían a la Guardia Nacional (GN); 43 policías estatales; nueve elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y un policía federal.
Las muertes de policías son un 17.02 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2025, cuando fueron 188 casos, de acuerdo con los datos de dicha organización y que fueron compartidos por Michelle Rivera, periodista y colaboradora de Radio Fórmula en su espacio informativo.
A lo largo de todo 2025 se presentaron 348 casos de policías asesinados; mientras que en 2024 fueron 320 casos. En la actual administración federal, entre el 1 de octubre de 2024 y el 4 de abril abril de 2026, se reportó el homicidio de 598 agentes.
Y los casos se ‘atoran’ en las Fiscalías
Susana Camacho, coordinadora nacional del Programa de Justicia de México Evalúa, reveló que hasta 2.6 millones de casos permanecen sin avances en las fiscalías de todo el país; además de que hasta un tercio de las carpetas terminan en el archivo. Lo anterior durante una entrevista con Michelle Rivera.
La coordinadora de México Evalúa hizo una analogía entre la labor de las fiscalías y el Mundial: “Es como si las fiscalías tuvieran un delantero que, en vez de tirar a gol, se la pasa con el balón en el medio campo. Y que realmente nunca haga el pase para meter gol”.
Hay muy pocos casos que llegan ante los jueces, que se condenan a las personas responsables de un delito. Y en buena medida es porque la Fiscalía no tiene buena comunicación con las policías y tampoco logra llevar con éxito los casos ante los jueces», agregó Susana Camacho.
Camacho afirmó que las fiscalías estatales no son autónomas, sino que siguen instrucciones de los poderes ejecutivos. La falta de autonomía, según la coordinadora, se refleja en investigaciones menos objetivas y que no ‘tocan’ a las mismas autoridades en caso de ser responsables de un ilícito.
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CNTE mantiene huelga nacional tras consulta cerrada en Oaxaca

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene vigente su huelga nacional y movilizaciones, luego de que la Sección 22 de Oaxaca rechazó entrar en un receso del paro tras una consulta entre las bases. Tal decisión resulta clave porque este contingente es uno de los de mayor peso dentro del movimiento magisterial.
De acuerdo con los resultados difundidos, 6 mil 337 docentes votaron por continuar con las acciones, mientras que 6 mil 162 se pronunciaron a favor de hacer una pausa, una diferencia de apenas 175 sufragios. La consulta fue realizada entre sus bases movilizadas de Oaxaca y los resultados serán llevados ante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), instancia encargada de definir el rumbo del paro a nivel nacional.
Oaxaca inclina la balanza por mantener la protesta
La secretaria general de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez Martínez, informó durante la Asamblea Estatal Permanente que, tras el ejercicio de consulta, la determinación de las bases fue continuar con la huelga nacional de la CNTE. La dirigencia oaxaqueña también llamó a reorganizar la estrategia del movimiento y fortalecer la participación de delegaciones sindicales y centros de trabajo.
Aunque la decisión de Oaxaca todavía debe pasar por la definición nacional de la CNTE, su postura tiene una influencia relevante dentro del movimiento. La Sección 22 ha sido uno de los contingentes con mayor presencia en las movilizaciones y, según los reportes, sus protestas comenzaron desde el 25 de mayo, antes de que otros grupos se sumaran al paro nacional.
La CNTE sostiene que sus demandas centrales siguen sin respuesta satisfactoria por parte de las autoridades. Entre sus principales exigencias se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de cuentas individuales y Afores, la construcción de un esquema solidario de pensiones, la abrogación de la reforma educativa de 2019, aumento salarial y democracia sindical.
Retiro parcial en CDMX no significa fin del paro
En la Ciudad de México, algunas calles del Centro Histórico comenzaron a ser liberadas por integrantes de la CNTE, pero los propios manifestantes han señalado que el retiro parcial no representa el fin de la huelga, sino parte de una reorganización para mantener las acciones de protesta en la capital y en otros estados.
Tras la desocupación de algunos espacios, la Autoridad del Centro Histórico inició labores de limpieza, mantenimiento y recuperación urbana en calles y plazas que permanecieron ocupadas por el plantón. Las brigadas realizan lavado profundo de vialidades, recolección de residuos, limpieza de mobiliario urbano y revisión de infraestructura.
La autoridad capitalina indicó que estas acciones buscan reanimar la actividad económica de negocios establecidos en la zona; además de preservar condiciones de limpieza, seguridad e imagen urbana en beneficio de comerciantes, trabajadores, residentes y visitantes. Cabe recordar que comerciantes del Centro Histórico, tanto formales como informales, habían protestado previamente para exigir el retiro del plantón, al señalar afectaciones a sus actividades.
Por ahora, la CNTE queda a la espera de que la ANR procese los resultados de las consultas y defina los siguientes pasos del movimiento. Mientras tanto, la postura de Oaxaca apunta a mantener la presión política y sindical, en una huelga que continúa abierta pese al estrecho margen interno entre quienes querían hacer una pausa y quienes optaron por seguir en las calles.
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Avanza privatización de la electricidad

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País.-El Gobierno de Claudia Sheinbaum dio un paso significativo hacia una mayor participación de capital privado en el sector eléctrico mexicano al autorizar una nueva generación de proyectos energéticos desarrollados conjuntamente entre empresas particulares y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una decisión que marca un cambio respecto a la política aplicada durante el sexenio anterior y que, para algunos especialistas, representa una nueva fase de apertura que acerca nuevamente al país a esquemas de privatización parcial de la generación eléctrica.
De acuerdo con información publicada por El País, la Secretaría de Energía avaló esta semana 37 proyectos impulsados por 31 desarrolladores privados que, en conjunto, aportarán 7 mil 411 megavatios de capacidad de generación hacia el final de la actual administración federal. Del total autorizado, más de 6 mil 700 megavatios corresponderán a plantas fotovoltaicas, mientras que el resto será generado mediante proyectos eólicos.
La aprobación de estos proyectos pone fin a un periodo de aproximadamente seis años en el que las inversiones privadas en generación eléctrica enfrentaron importantes restricciones.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se privilegió el fortalecimiento de las empresas estatales, particularmente la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), reduciendo los espacios para la inversión privada y promoviendo una mayor participación gubernamental en sectores considerados estratégicos.
Uno de los símbolos de aquella política fue la adquisición por parte del Gobierno federal de 13 plantas eléctricas de la empresa española Iberdrola en 2023 por alrededor de 6 mil 200 millones de dólares, una operación presentada entonces como parte de la recuperación de la soberanía energética nacional.
Aunque la administración de Sheinbaum mantuvo el principio de fortalecer a la CFE mediante la promulgación de nuevas leyes eléctricas en 2025, la estrategia actual incorpora mecanismos de asociación con empresas privadas. La legislación vigente establece que la empresa estatal deberá conservar el control del 54 por ciento de la generación eléctrica nacional, mientras que el 46 por ciento restante podrá estar en manos de particulares.
La mayoría de los nuevos proyectos aprobados se localizarán en regiones con alto potencial para el desarrollo de energías renovables, particularmente en el noreste del país y en la península de Yucatán. Entre las empresas participantes figuran Cúbico Sustainable Investments, Thermion Energy, Eléctrica Aselco, Fisterra Energy, Oak Creek y Terralia. Los estados beneficiados incluyen Sonora, Tamaulipas, Baja California Sur, Nuevo León y Yucatán.
El esquema aprobado contempla la creación de sociedades mixtas o joint ventures entre la CFE y los inversionistas privados. Según explicó al diario El País el exsubsecretario de Electricidad César Hernández, los particulares aportarán el capital inicial, el financiamiento, la construcción, operación y mantenimiento de las centrales, mientras que la empresa estatal garantizará la compra del 70 por ciento de la energía producida mediante contratos de largo plazo.
De acuerdo con este modelo, una vez que los inversionistas recuperen la tasa de retorno previamente establecida, la propiedad de las instalaciones pasará a manos de la CFE. Para los defensores del esquema, esto permite aprovechar recursos privados sin que el Estado pierda el control estratégico de la infraestructura energética.
No obstante, el mecanismo también ha sido interpretado por diversos analistas como una forma de reintroducir la participación privada en un sector que durante años fue presentado por el discurso oficial como reservado prioritariamente al Estado. Aunque jurídicamente las centrales terminarían bajo control de la CFE, la inversión, el riesgo financiero y buena parte de la operación inicial recaerán en empresas privadas.
El especialista Ramsés Pech estimó que si todos los proyectos autorizados llegan a concretarse, la inversión total podría alcanzar alrededor de 7 mil 400 millones de dólares. Sin embargo, advirtió que el éxito de las nuevas plantas dependerá también de inversiones adicionales en redes de transmisión y distribución eléctrica, así como de la capacidad del Centro Nacional de Control de Energía para garantizar las condiciones técnicas necesarias para su interconexión.
La apuesta gubernamental responde a una realidad cada vez más evidente: el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica nacional. Tan sólo para este verano, las autoridades prevén un consumo máximo cercano a los 54 mil megavatios. Aunque la capacidad instalada supera los 90 mil megavatios, una parte importante corresponde a fuentes intermitentes como la solar y la eólica, además de que persisten limitaciones en las redes de transmisión.
La decisión también refleja las presiones económicas que enfrenta el país. En un contexto de desaceleración económica y necesidad de nuevas inversiones productivas, más de 200 proyectos fueron presentados originalmente ante la Secretaría de Energía, evidencia del interés empresarial por participar nuevamente en el mercado eléctrico mexicano.
Así, mientras el Gobierno sostiene que se trata de asociaciones estratégicas que fortalecen a la CFE y aceleran la transición hacia energías limpias, los críticos consideran que la apertura a inversionistas privados representa un cambio de rumbo respecto a la política energética defendida durante el sexenio anterior. En los hechos, la generación eléctrica vuelve a abrir espacios relevantes al capital privado, aunque ahora bajo fórmulas que buscan mantener la rectoría formal del Estado sobre el sistema eléctrico nacional.
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FGR atrae caso Roxana Guzmán, periodista secuestrada al sur de Veracruz

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La Fiscalía General de la República (FGR), en atención a su facultad de atracción, recibió de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, la carpeta de investigación iniciada el 02 de junio pasado derivado de la privación de la libertad de una comunicadora y directora de un sitio de noticias en dicha entidad.
Esta persona fue sustraída de su domicilio, en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, la madrugada de ese mismo 02 de junio. De este hecho, un video del día del evento en el que se observa a hombres armados ingresando por la fuerza a un domicilio, fue difundido por diversos medios de comunicación y la carpeta de investigación correspondiente fue iniciada por la Fiscalía Regional Zona Sur Coatzacoalcos.
A partir de la información proporcionada por la Fiscalía de Veracruz, la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), como la autoridad federal encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen sus derechos a la información, de libertad de prensa, y expresión, ejerció la facultad de atracción del caso para continuar su integración bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
Cabe recordar que, conforme a lo previsto por los artículos 73, fracción XXI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la FEADLE puede ejercer su facultad de atracción para perseguir delitos del fuero común cometidos contra personas periodistas o comunicadoras cuando estos tengan conexidad con delitos federales o afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
La Fiscalía General de la República a través de la FEADLE, continuará con el trabajo de manera coordinada con las diversas autoridades que participan en el seguimiento del caso para investigar los hechos.
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Cae en Xalapa exfuncionario del SAT acusado de enriquecimiento ilícito

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Xalapa, Ver.- Un exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a quien se señala por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, fue detenido por personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en la ciudad de Xalapa.
De acuerdo con investigaciones federales, Héctor N se desempeñó como administrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT entre 2011 y 2018. Las indagatorias apuntan a un incremento patrimonial que no habría podido justificar durante ese periodo.
La carpeta de investigación señala que la empresa Arrendadora Franllutti presuntamente le entregó una residencia ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, en Ciudad de México. La propiedad tiene un valor superior a los 15 millones de pesos.
Según la fiscalía, el inmueble habría sido entregado como pago por un supuesto contrato de prestación de servicios que nunca se realizó.
Las autoridades federales indicaron que la investigación se fortaleció a partir de reportes de una institución financiera que detectó movimientos patrimoniales considerados inusuales, así como la adquisición del inmueble sin una justificación económica clara.
Con esos elementos, la Agencia de Investigación Criminal integró la información y la presentó ante un juez federal, quien autorizó la orden de captura.
Tras labores de inteligencia y vigilancia, agentes federales ubicaron al exfuncionario en un domicilio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Xalapa. En coordinación con autoridades del gabinete de seguridad, se desplegó un operativo para cumplimentar la orden de aprehensión.
Luego de su detención, fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.
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Veracruz, el Estado Más Letal para la Prensa Mexicana; Dos Asesinados y Un Desaparecido en el 2026

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La violencia contra periodistas en Veracruz se agravó durante 2026, colocando al estado en el centro de las alertas nacionales por las agresiones contra la libertad de expresión.
En los primeros seis meses del año, la entidad registra dos periodistas asesinados y una comunicadora desaparecida, hechos ocurridos durante la administración de la gobernadora morenista Rocío Nahle García, lo que ha provocado reclamos de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y exigencias para garantizar condiciones de seguridad para los comunicadores
La organización en defensa de la libertad de prensa, Artículo 19, ha condenado las crisis en contra de periodistas en el estado. Los casos se concentran principalmente en periodistas dedicados a la cobertura policiaca y de seguridad que han sido víctimas de ataques, amenazas y agresiones.
Enero: asesinan a Carlos Castro en Poza Rica
El primer caso ocurrió el 8 de enero de 2026, cuando fue asesinado Carlos Leonardo Ramírez Castro, periodista y director del portal Código Norte Veracruz, en el municipio de Poza Rica.
El comunicador, de 26 años, fue atacado por sujetos armados dentro de un restaurante familiar ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre. Castro se especializaba en la cobertura de seguridad pública y nota roja, además de haber colaborado con distintos medios regionales.
Organizaciones de libertad de expresión señalaron que una de las líneas de investigación contempla posibles amenazas previas relacionadas con su trabajo periodístico, particularmente por publicaciones sobre presuntos abusos policiales.
El crimen encendió las alertas en la región, especialmente después de que familiares y personas cercanas al periodista también reportaran situaciones de riesgo.
Junio: el mes con mayor violencia
Secuestro de Roxana Guzmán
La violencia contra la prensa volvió a cobrar fuerza en junio. El 2 de junio, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue sustraída de su domicilio en Nanchital por sujetos armados.
Los agresores irrumpieron violentamente en su vivienda y se la llevaron por la fuerza. Tras varios días sin avances, la Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Asesinato a Luis Ángel López
Días después, el 11 de junio, fue asesinado el reportero policiaco Luis Ángel López Valdez, quien trabajaba para Vanguardia de Veracruz y dirigía el medio Reportaje Policiaco Veracruzano.
El comunicador fue atacado en Poza Rica mientras conducía un taxi, actividad que realizaba ante la precariedad económica que enfrenta parte del gremio periodístico. La Fiscalía estatal informó que recibió múltiples impactos de arma de fuego.
López Valdez contaba con medidas cautelares de protección desde febrero de 2026, luego de denunciar amenazas y presuntos actos de hostigamiento.
El caso de “Lafita” León: periodista acusado de terrorismo
Otro episodio que generó polémica fue la detención del periodista veracruzano Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, ocurrida en diciembre de 2025.
El comunicador fue detenido por policías ministeriales en Coatzacoalcos y acusado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz de delitos como terrorismo, encubrimiento y ataques contra instituciones de seguridad.
La acusación provocó críticas de organizaciones como ARTICLE 19, que señalaron un posible intento de criminalizar la labor periodística debido a sus coberturas sobre violencia y presunta corrupción policial.
Tras la presión pública, un juez descartó el delito de terrorismo y posteriormente un juez federal otorgó un amparo que permitió su liberación.
El caso también generó cuestionamientos sobre la actuación del gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle, quien inicialmente defendió el proceso legal y posteriormente afirmó que “no hay terrorismo en Veracruz ni en México”.
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Sancionarán a ayuntamientos de Veracruz que no destinen a obras los ahorros de la bursatilización

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XALAPA, VER.- Los municipios que se adhieran al programa estatal para liquidar anticipadamente la deuda derivada de la bursatilización contratada en 2008 deberán destinar los recursos que ahorren exclusivamente a obra pública, informó el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila.
El legislador explicó que, de no cumplir con esa condición, los ayuntamientos podrían perder los beneficios del esquema impulsado por el Gobierno del Estado y regresar al modelo original de pago de la deuda.
Este 12 de junio, la gobernadora Rocío Nahle García envió al Congreso local la iniciativa del Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero, mediante el cual se busca apoyar a 199 ayuntamientos para liquidar de manera anticipada la deuda bursátil. La propuesta deberá ser analizada y votada por los diputados locales.
El decreto establece que los municipios deberán permitir que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) supervise el destino de los recursos que se liberen una vez canceladas dichas obligaciones financieras.
En entrevista, Díaz Ávila recordó que, mediante la bursatilización, los municipios recibieron alrededor de mil 200 millones de pesos. Sin embargo, pese a que ya han pagado más de 2 mil 500 millones, aún mantienen una deuda estimada en 2 mil 200 millones de pesos debido a los costos financieros acumulados.
El legislador explicó que el Estado, que fungió como aval solidario de esa obligación, plantea liquidar anticipadamente el adeudo y sustituirlo por un esquema de recuperación menos oneroso para los municipios.
«Va a servir para que los municipios puedan hacer obra. El Estado va a sanear sus finanzas y los ayuntamientos pagarán mucho menos de lo que tendrían que seguir cubriendo hasta 2036», afirmó.
Detalló que la administración estatal prevé cubrir el adeudo con recursos provenientes de la recaudación, ingresos de libre disposición y participaciones derivadas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin afectar recursos destinados a otros programas o dependencias.
Como parte del nuevo mecanismo, los municipios dejarían de cubrir las cantidades actualmente comprometidas por la bursatilización y aportarían al Estado alrededor del 20 por ciento de lo que hoy destinan al servicio de la deuda.
A cambio, los ayuntamientos dispondrán de mayores recursos para inversión pública; sin embargo, esos fondos deberán aplicarse exclusivamente en infraestructura y obra pública.
«El dinero que se ahorren tiene que ir a obra pública. Si un ayuntamiento no cumple con ese compromiso, podría regresar al esquema normal de la deuda», advirtió.
Díaz Ávila señaló que esta condición busca impedir que los recursos se destinen a gasto corriente o a fines distintos a la inversión en beneficio de la población.
Asimismo, comentó que varios ayuntamientos ya comenzaron a aprobar en Cabildo su adhesión al programa y aseguró que no existen observaciones legales, ya que se trata de convenios voluntarios entre los municipios y el Gobierno del Estado.
Indicó que la intención es que los pasivos queden liquidados antes de concluir las actuales administraciones municipales. Incluso, dijo, se planteó a los alcaldes la posibilidad de adelantar pagos para concluir el proceso en diciembre de 2029.
No obstante, aclaró que aquellos municipios que no puedan anticipar pagos no serán sancionados.
Según el legislador, el objetivo principal del programa es liberar recursos para obra pública, reducir el costo financiero que enfrentan los ayuntamientos y evitar que continúen pagando una deuda que, bajo las condiciones actuales, se extendería hasta 2036.
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Dan de baja a hija de diputada de Morena tras comprobarse nepotismo

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La dirección de Recursos Humanos del Congreso de Veracruz dio de baja a Nayeli Moreno Gutiérrez, hija de la diputada local de Morena Victoria Gutiérrez Pérez, tras confirmarse una situación de nepotismo que fue denunciada por el diputado Héctor Yunes Landa. La decisión fue confirmada este viernes por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Hernández Bautista.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Hernández Bautista, informó que Recursos Humanos actuó luego de que se señalara que Nayeli Moreno Gutiérrez formaba parte de la nómina legislativa mientras su madre, Victoria Gutiérrez Pérez, ocupaba una curul en el Congreso local.
“Ese tema ya quedó aclarado, Recursos Humanos tomó cartas en el asunto, ya no hay tema que discutir”, declaró el legislador.
Al ser cuestionado sobre si la medida implicó el despido de Nayeli Moreno, respondió: “Es correcto; va a cobrar su sueldo hasta el 30 de junio, pero la compañera que colaboraba ahí, ya no lo hará”.
Hernández Bautista señaló que el asunto fue abordado durante una reunión de la Junta de Coordinación Política para advertir a los coordinadores parlamentarios sobre la presencia de familiares en la nómina legislativa.
Explicó que el mensaje fue dirigido a representantes de Morena, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, con el fin de que revisen posibles vínculos familiares entre legisladores y personal contratado.
“Si tienen familiares en la nómina nos vamos a ver mal diciéndoles hasta aquí llegó, mejor tomen sus precauciones”, expresó.
El presidente de la Jucopo explicó que las diputadas y diputados cuentan con recursos para incorporar personal de apoyo y asesores, cuyos pagos se gestionan a través del área de Recursos Humanos del Congreso.
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Veracruz registra una toma clandestina de combustible cada 36 horas: IGAVIM

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El robo de combustibles mediante perforaciones ilegales en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa siendo una problemática vigente en Veracruz, donde durante los primeros tres meses de 2026 fueron ubicadas 60 tomas clandestinas, equivalente a una detección aproximadamente cada 36 horas.
Datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación de los Municipios (Igavim), elaborados con información proporcionada por Pemex mediante solicitudes de transparencia, indican que la entidad registró un aumento del 3.45 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 58 puntos de extracción ilegal.
Aunque Veracruz se encuentra entre los estados con mayor incidencia de robo de Gas LP, ocupando la tercera posición nacional, en el caso del robo de combustibles líquidos como gasolina y diésel se ubica en el lugar número 11 del país.
El análisis del observatorio ciudadano señala que el fenómeno del “huachicol” mantiene sus principales focos en la región centro-occidente de México.
En este estado es donde se encabeza la lista
Hidalgo encabeza la lista nacional con 731 tomas clandestinas, lo que representa una perforación detectada cada tres horas; le siguen Jalisco con 578 casos y el Estado de México con 189.
Mientras entidades como Coahuila y Tamaulipas lograron disminuir de manera considerable este delito, con reducciones superiores al 60 por ciento, Veracruz mantiene una tendencia estable, sin una baja significativa en los registros de extracción ilegal de hidrocarburos.
A nivel nacional, las cifras muestran un incremento del 4.87 por ciento en este ilícito durante el primer trimestre de 2026, al acumularse 2 mil 563 tomas clandestinas en la red de ductos de Pemex.
Este escenario refleja la dimensión del problema en el país, donde en promedio se detecta una nueva toma ilegal cada 51 minutos y 27 segundos, situación que representa un reto permanente para las autoridades encargadas de proteger la infraestructura energética nacional.
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