La nueva depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas ha abierto una crisis de credibilidad que expone fallas estructurales en el Estado mexicano, particularmente en las fiscalías.
Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, la reducción de cifras oficiales –de más de 130 mil casos acumulados a poco más de 43 mil considerados “confirmados”– ha sido interpretada por colectivos y especialistas como un intento de minimizar una tragedia humanitaria que, lejos de resolverse, evidencia años de negligencia institucional.
De acuerdo con El País, el propio Gobierno reconoce que existen más de 80 mil registros con inconsistencias, derivadas en gran medida de errores, omisiones o contradicciones generadas por autoridades encargadas de documentar e investigar los casos, lo que ha alimentado la desconfianza social.
Uno de los datos más contundentes revela la dimensión del problema: de más de 43 mil desapariciones consideradas plenamente registradas, apenas 3 mil 869 cuentan con una carpeta de investigación abierta. Esto implica que en cerca de 40 mil casos las fiscalías –principalmente estatales– no iniciaron indagatorias formales.
Esta omisión confirma una denuncia reiterada por años por familiares de víctimas: la falta de acción, interés o capacidad de las autoridades para investigar desapariciones. La negligencia no solo limita el acceso a la justicia, sino que condena a miles de familias a emprender búsquedas por cuenta propia en un contexto de alto riesgo.
El nuevo desglose presentado por el Gobierno también exhibe graves deficiencias en la construcción de la base de datos. Más de 46 mil registros carecen de información básica para la búsqueda –como nombre completo, edad o sexo–, lo que para colectivos no es un problema de origen ciudadano, sino institucional.
Familiares y activistas cuestionan que estas omisiones sean utilizadas como argumento para depurar cifras, en lugar de corregir los errores. Además, señalan inconsistencias en la clasificación de más de 40 mil personas que, pese a aparecer como desaparecidas, registraron alguna actividad posterior, lo que podría explicarse por suplantación de identidad o fallas en los sistemas.
El fenómeno de las desapariciones en México se ha desarrollado en paralelo al crecimiento del crimen organizado y a la participación de agentes del Estado en algunos casos. En este contexto, la falta de investigaciones sólidas ha perpetuado la impunidad.
Durante años, el país careció incluso de un registro confiable, y aunque en 2019 se avanzó con la creación de una base nacional, los problemas de fondo persistieron. Intentos previos de depuración, como el realizado en 2023, ya habían generado polémica al reducir cifras de manera cuestionada.
Mientras el Gobierno presenta ajustes estadísticos, en el terreno la realidad es otra. Colectivos de búsqueda continúan localizando restos humanos en fosas clandestinas y denunciando que las cifras oficiales no reflejan la magnitud del problema.
Las buscadoras acusan que el enfoque gubernamental se ha centrado en “limpiar” números más que en diseñar estrategias efectivas de búsqueda. Para ellas, reducir la cifra a 43 mil desaparecidos no solo es inexacto, sino una forma de invisibilizar a miles de víctimas.
La indignación crece ante lo que consideran un “fracaso institucionalizado”, donde las fiscalías no investigan, los registros fallan y las familias quedan solas frente a una de las crisis más profundas del país.
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