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El impuesto que paga el huésped… ¿y decide el poder?
Por Miguel Ángel Cristiani G.
La democracia no se mide solo en urnas ni en discursos bien intencionados. Se mide, sobre todo, en la disposición del poder a escuchar cuando toma decisiones que afectan intereses legítimos, recursos públicos y actividades económicas que sostienen miles de empleos. Y en Veracruz, el debate sobre el destino del Impuesto sobre el Hospedaje vuelve a poner a prueba esa voluntad política.
La petición de los empresarios hoteleros del puerto y la región no es un capricho ni una rebeldía corporativa. Es una exigencia elemental de diálogo. Piden sentarse con la gobernadora Rocío Nahle García para hablar del fideicomiso del 2 por ciento al hospedaje, luego de que un decreto enviado al Congreso eliminó el voto del sector empresarial en el órgano que administra ese recurso. Nada más y nada menos que eso: diálogo.
Conviene recordar un dato básico que a veces se pierde en la narrativa oficial. El impuesto lo paga el huésped, sí, pero en la práctica muchas veces lo absorbe el hotelero para no encarecer tarifas en un mercado turístico altamente competitivo. Es decir, el sector no solo recauda: también amortigua. Por eso, excluirlo de la toma de decisiones no es solo políticamente torpe, sino democráticamente cuestionable.
La gobernadora ha sido clara en su diagnóstico: durante años, el impuesto al hospedaje se “desvirtuó” y terminó financiando viajes al extranjero, ferias, giras y —en palabras coloquiales— una vida de reyes para algunos. Si eso ocurrió, es correcto señalarlo. La opacidad y el uso discrecional de recursos públicos deben denunciarse y corregirse. Nadie sensato puede defender el despilfarro ni la simulación.
Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿el remedio justifica eliminar la voz de quienes generan ese recurso? ¿Corregir abusos implica concentrar decisiones en el poder ejecutivo sin contrapesos ni participación del sector involucrado?
El fideicomiso del impuesto al hospedaje nació, precisamente, como un mecanismo mixto: gobierno y empresarios decidiendo juntos la promoción turística. ¿Funcionó siempre bien? Evidentemente no. ¿Hubo excesos? Todo indica que sí. Pero la solución democrática no es cancelar el modelo participativo, sino corregirlo, transparentarlo, auditarlo y sancionar a quienes abusaron.
Eliminar el voto empresarial y centralizar la administración del recurso puede ser legal, pero no necesariamente legítimo desde una perspectiva cívica. La ley no agota la ética pública. Gobernar no es solo mandar; es convencer, escuchar y construir acuerdos.
Los hoteleros, representados por voces como la de María Xóchitl Guzmán Segundo, no han salido a confrontar ni a descalificar. Al contrario: han tendido la mano. Reconocen la autoridad de la gobernadora, admiten que hubo desviaciones y expresan disposición a sumar esfuerzos. “Si le va bien al estado, nos va bien a todos”, dicen. Ese no es un discurso de privilegio, es uno de corresponsabilidad.
Y aquí está el punto neurálgico: el turismo no se promueve desde un escritorio ni se desarrolla por decreto. Se construye con infraestructura, sí, pero también con estrategia, conocimiento del mercado, experiencia operativa y diálogo permanente con quienes están en la primera línea: hoteles, restaurantes, prestadores de servicios, operadores turísticos.
Destinar parte del recurso a una escuelita de formación turística puede sonar bien en el discurso. Nadie se opone a la capacitación. Pero usar ese argumento sin discutir prioridades, sin presentar un plan integral y sin escuchar al sector, abre más dudas que certezas. La política pública no se diseña en solitario ni se legitima a golpe de decreto.
Veracruz arrastra décadas de rezago turístico, a pesar de su riqueza natural, cultural y gastronómica. No es por falta de impuestos, sino por exceso de improvisación, corrupción y decisiones tomadas de espaldas a la realidad. Repetir ese patrón, aunque con distinto signo político, sería un error histórico.
La gobernadora tiene una oportunidad que no debe desperdiciar: demostrar que el cambio no es solo de discurso, sino de método. Sentarse con los hoteleros no la debilita; la fortalece. Escuchar no es claudicar. Dialogar no es ceder el control, sino compartir responsabilidad.
Porque al final, el impuesto al hospedaje no es del gobierno ni de los empresarios: es un recurso público que debe servir al interés general. Y ese interés se defiende mejor con transparencia, participación y rendición de cuentas, no con decisiones unilaterales.
En política, como en el turismo, la confianza se construye, no se impone. Y sin confianza, ningún destino prospera.
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