México.-Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, ha señalado que la Administración Trump pondrá en marcha una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado.
La ofensiva podría ir más allá de la revocación de visados e incluir acusaciones federales contra políticos mexicanos.
Estados Unidos ya ha revocado los visados de algunos dirigentes mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con los cárteles.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, viajó la semana pasada al noroeste del estado de Sinaloa para lo que parecía una ceremonia rutinaria: la inauguración de las obras de una fábrica cerca de la ciudad de Los Mochis.
Pero sus comentarios forman parte de una agenda más amplia y provocadora, según fuentes familiarizadas con la relación bilateral. Marcan el inicio, según las fuentes, de una amplia campaña anticorrupción de la administración Trump dirigida contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.
Una ofensiva de este tipo podría sacudir las relaciones bilaterales en un momento crucial, ya que los negociadores de Estados Unidos, México y Canadá se están reuniendo para revisar el tratado de libre comercio de América del Norte —un pilar fundamental de la economía mexicana, dependiente de las exportaciones—.
El evento del jueves tenía como objetivo celebrar la construcción de una fábrica de metanol de mil millones de dólares, una de las mayores inversiones privadas estadounidenses en México de la historia reciente.
Dirigiéndose a una reunión de ejecutivos de la empresa, inversores y funcionarios estatales en la ciudad de Los Mochis, en la costa del Pacífico, Johnson comenzó su intervención elogiando el proyecto y destacando la importancia de las relaciones entre Estados Unidos y México.
“El proyecto Pacifico Mexinol representa una inversión de 3.300 millones de dólares durante su construcción y desarrollo”, dijo Johnson. “Se convertirá en la mayor planta de metanol con emisiones ultrabajas del mundo”.
Pero a continuación Johnson pasó a hablar de la corrupción, un tema delicado en México.
“La corrupción no solo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas”, dijo Johnson. “Y es un obstáculo directo para el crecimiento, la equidad, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como este”.
A continuación, el embajador lanzó un mensaje nada sutil: México debe hacer algo al respecto de su epidemia de gobernanza corrupta —desde los policías de calle hasta los alcaldes y gobernadores locales, pasando por los legisladores federales, todos en nómina de los cárteles— si los líderes quieren garantizar la estabilidad financiera de este país de 133 millones de habitantes. Dejó claro que Estados Unidos iba a perseguir a los políticos mexicanos presuntamente corruptos.
“La inversión es como el agua”, dijo Johnson. “Fluye cuando las condiciones son adecuadas y se seca cuando no lo son”.
El pacto comercial entre Estados Unidos y México “exige a nuestros gobiernos que tipifiquen como delito el soborno y la corrupción y que hagan cumplir los códigos de conducta para los funcionarios públicos”, señaló el embajador al concluir sus comentarios. “Es posible que pronto veamos medidas significativas en este frente. Así que, permanezcan atentos”.
Las contundentes declaraciones reflejaban la magnitud de la iniciativa anticorrupción. Se espera que la campaña vaya mucho más allá de la sanción tradicional: la cancelación de visados para quienes se sospeche que están en connivencia con los cárteles.
Esta vez, la ofensiva podría incluir acusaciones contra políticos mexicanos en tribunales federales de EE. UU., incluidos miembros del partido gobernante Morena, un movimiento político fundado sobre una plataforma de “no corrupción”. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos.
Las respuestas oficiales a las declaraciones de Johnson fueron discretas.
Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Johnson el viernes en su rueda de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se rió. “Eso es exactamente en lo que estamos trabajando”, dijo, refiriéndose a las directrices anticorrupción del embajador. “Estados Unidos debería hacer lo mismo”.
Los fiscales estadounidenses que lleven a cabo una iniciativa de este tipo podrían recurrir a una amplia reserva de posibles informantes.
Decenas de antiguos miembros de los cárteles —incluidos los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el legendario fundador de la mafia de Sinaloa— languidecen bajo custodia estadounidense. Se cree que muchos están deseosos de convertirse en “soplones” contra antiguos cómplices, entre ellos políticos y policías corruptos.
Para transmitir su mensaje, Johnson eligió el estado de Sinaloa —la base del cártel de Sinaloa, uno de los conglomerados de narcotraficantes más notorios del mundo—.
Al igual que otras organizaciones criminales, el cártel lleva mucho tiempo engrasando los engranajes de la corrupción con sobornos. Cientos, quizá miles, de políticos y agentes de la ley están en la nómina del cártel, según los expertos.
El mensaje de que Washington ya no aceptará que todo siga igual fue una severa advertencia para Sheinbaum, una académica de larga trayectoria y científica formada en Estados Unidos que, según todas las fuentes, está libre de la mancha de la corrupción. Pero no se puede decir lo mismo de su dominante bloque de Morena, aquí en Sinaloa y en todo el país.
Sheinbaum, conocida por su hábil manejo de Trump, debe caminar por la cuerda floja entre apaciguar a Trump y resistir la presión de su base política de Morena —especialmente si políticos prominentes se ven arrastrados por un torbellino anticorrupción impulsado por Estados Unidos.
El Departamento de Estado ya ha revocado los visados de varios legisladores de Morena, incluido el gobernador de Baja California.
Entre aquellos a quienes se les ha revocado el visado estadounidense, según las fuentes, se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un incondicional de Morena que ha negado repetidamente tener vínculos con los cárteles. Se le canceló el año pasado.
El gobernador septuagenario ha logrado sobrevivir a diversos escándalos políticos, según observadores mexicanos, gracias a un hecho clave: su larga amistad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, predecesor y mentor de Sheinbaum.
Rocha Moya es uno de los numerosos políticos de alto rango considerados protegidos por su relación con López Obrador.
Entre las principales amenazas para la supervivencia política de Rocha Moya se encontraba la indignación por el asesinato a tiros en 2024 de su antiguo rival político principal, Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado y rector universitario.
El crimen sigue sin resolverse. Los fiscales federales mexicanos concluyeron que la investigación estatal sobre el tiroteo fue una farsa. Entre las inconsistencias, según los fiscales: los investigadores estatales montaron un vídeo falso destinado a ocultar dónde, cuándo y cómo fue asesinada la víctima.
El revuelo resultante obligó a la dimisión de la fiscal general de Sinaloa. Pero Rocha Moya, su jefe, permaneció en el cargo a pesar de los llamamientos para que dimitiera. Él negó cualquier vínculo con la muerte de Cuén Ojeda.
El jueves, Rocha Moya tenía previsto pronunciar unas palabras junto al embajador de EE. UU. en el acto de inauguración.
Pero antes de que Johnson pudiera llegar, los manifestantes se congregaron en el lugar del evento denunciando al gobernador, que ya había llegado, como “corrupto”. “Estoy de su lado”, aseguró Rocha Moya a los manifestantes, añadiendo que se quedaría para hablar con ellos en lugar de asistir a la ceremonia, que se trasladó debido a la protesta.
Para la ceremonia se utilizó una sala de conferencias de un hotel en Los Mochis, preparada a toda prisa. Allí fue donde Johnson, hablando tanto en español como en inglés, pronunció sus breves palabras.
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