Por Miguel Ángel Cristiani
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de 36 mil 114 millones de pesos para financiar su operación ordinaria, el proceso electoral federal y local de 2027 y una eventual consulta popular. La cifra, por sí sola, ha encendido el debate nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en expresar su desacuerdo. Consideró exagerada la propuesta al recordar que la elección presidencial de 2024, con la renovación del Congreso de la Unión y la elección de la titular del Poder Ejecutivo Federal, costó considerablemente menos. Su argumento es sencillo: si el proceso de 2027 es similar, el incremento debería corresponder únicamente a la inflación acumulada y no representar un aumento de alrededor de 15 mil millones de pesos.
Más allá del inevitable choque entre el Ejecutivo y el árbitro electoral, la discusión de fondo pertenece a los ciudadanos, que son quienes finalmente financian ambos presupuestos.
La pregunta no es si la democracia cuesta. Claro que cuesta. Organizar elecciones confiables, instalar casillas, capacitar funcionarios, producir documentación electoral y garantizar certeza jurídica tiene un precio. Lo verdaderamente importante es determinar si cada peso solicitado está plenamente justificado.
Y es precisamente ahí donde el debate apenas comienza.
Mientras el INE ya puso sobre la mesa su petición presupuestal, en Veracruz todavía no se conoce públicamente cuál será el monto que solicitará el Organismo Público Local Electoral para organizar los comicios concurrentes de 2027. Lo lógico sería que ese proyecto se presente con el mismo nivel de detalle y apertura, explicando cuánto se destinará a la organización electoral y cuánto al funcionamiento administrativo del organismo.
También sería pertinente conocer cuánto se ejercerá en campañas de comunicación social. En meses recientes, el OPLE destinó recursos para difundir la convocatoria y posteriormente los resultados de una consulta dirigida a niñas, niños y adolescentes, ejercicio que sin duda tiene un propósito formativo, pero cuya relación costo-beneficio merece ser evaluada por la ciudadanía. La pregunta no es si esas actividades deben realizarse, sino si el gasto destinado a ellas es proporcional y prioritario frente a las responsabilidades esenciales del organismo.
La exigencia de transparencia no puede dirigirse únicamente a los gobiernos. Los organismos constitucionales autónomos administran recursos públicos y, por esa razón, también deben explicar con claridad cómo y por qué los ejercen.
En 2025, el propio OPLE aprobó un proyecto de presupuesto para 2026 que contemplaba recursos para el fortalecimiento institucional, el proceso electoral, prerrogativas a partidos políticos y la elección judicial; posteriormente realizó ajustes para adecuarlo a las necesidades del ejercicio fiscal.
La sociedad no espera elecciones más baratas a costa de su credibilidad. Lo que exige son elecciones eficientes, instituciones sobrias y administraciones responsables.
Porque la democracia no se mide únicamente por la limpieza de las urnas.
También se mide por la limpieza con que se administra el dinero de los ciudadanos.
Y si el INE debe explicar por qué necesita 36 mil millones de pesos, el OPLE Veracruz también tendrá que responder, con la misma transparencia, cuánto costará organizar las elecciones en el estado y en qué piensa gastar cada peso.
La confianza en las instituciones electorales no solo se construye contando votos. También se fortalece cuando quienes administran recursos públicos aceptan que la rendición de cuentas es parte inseparable de la democracia que están llamados a proteger.
Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño, pregunta:
«¿La democracia se fortalece con más presupuesto… o con más confianza ciudadana en quienes administran ese presupuesto?»
