ESCUCHA LA NOTA
Rendir cuentas, sustento de la vida democrática
Por Miguel Ángel Cristiani
En tiempos donde la corrupción parece haberse vuelto una práctica casi institucionalizada, resulta excepcional —y por eso mismo digno de subrayarse— el caso de un funcionario que no solo enfrenta la fiscalización, sino que la supera con documentos en mano y cuentas limpias. El exalcalde de Teocelo, Mario Antonio Chama Díaz, recibió recientemente del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) las constancias que liberan las cuentas públicas de su administración correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021. En un país donde la rendición de cuentas suele ser simulacro y discurso, el hecho no es menor.
Porque rendir cuentas no es un acto de cortesía política, sino una obligación constitucional y, sobre todo, moral. Lo es más aún en Veracruz, donde durante décadas los desvíos de recursos, las observaciones no solventadas y las complicidades administrativas han hundido a los municipios en deudas, rezagos y descrédito. De ahí la importancia del mensaje que este hecho envía: sí es posible gobernar con decencia, sin robar, sin desviar y sin esconder los números bajo la alfombra.
El ORFIS, encabezado por Delia González Cobos, entregó a Chama Díaz las constancias de liberación tras constatar que no hubo daño patrimonial ni observaciones pendientes. La frase institucional del órgano —“Rendir cuentas sustenta nuestra vida democrática”— se vuelve aquí una declaración de principios más que un eslogan burocrático. En tiempos de descrédito generalizado hacia los políticos, cada cuenta pública liberada con transparencia es un pequeño triunfo de la ciudadanía sobre la corrupción estructural.
El caso de Teocelo es significativo no solo por el exonerado, sino por el contexto. En esa pequeña localidad, conocida como la “Tierra del Dios Tigre”, el cambio de administración suele venir acompañado de acusaciones, denuncias y auditorías interminables. Chama Díaz asumió la presidencia municipal el primero de enero de 2018 con un compromiso —no una promesa, como él mismo subrayó— de manejar los recursos públicos con honestidad y transparencia. Cuatro años después, los resultados de la fiscalización lo respaldan.
Durante su gestión, el exalcalde afirma haber corregido irregularidades heredadas: pagos atrasados al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y hasta propiedades embargadas por falta de cumplimiento fiscal. Lo documentado por el ORFIS confirma que su administración saldó deudas por más de un millón de pesos con el IPE, firmando un convenio con la entonces titular, Daniela Griego Ceballos, hoy alcaldesa electa de Xalapa, para evitar que futuras administraciones desviaran cuotas de los trabajadores.
También se resolvieron adeudos con el SAT y se recuperaron bienes municipales embargados, gracias a juicios de caducidad. Es decir, no solo se evitó el daño patrimonial, sino que se recuperó lo que administraciones anteriores habían perdido por negligencia o corrupción.
El exalcalde Chama, periodista y empresario, recordó que su padre le inculcó tres principios: verdad, honestidad y sencillez. Tres virtudes que deberían ser comunes en el servicio público, pero que hoy son excepción. Y con razón expresó: “Dimos cachetada con guante blanco, tapamos muchas bocas”. No se trata de soberbia, sino de reivindicación. En un país donde basta una publicación malintencionada o un rumor en redes para destruir reputaciones, la exoneración institucional tiene un peso moral incuestionable.
Sin embargo, el episodio deja otra lección. Chama Díaz anunció que analiza emprender acciones legales por daño moral contra quienes lo difamaron, incluido el actual alcalde, Isaac Anell, quien lo acusó de haber dejado vacías las arcas municipales. En efecto, el exalcalde explicó que no podía —ni debía— dejar recursos disponibles, pues el presupuesto para la siguiente administración fue asignado directamente por el Congreso del Estado. Lo que sí dejó, afirma, fueron cuatro millones de pesos por cobrar del ISR, recursos que el SAT devolvería al municipio.
En otras palabras: no hubo desvío, sino responsabilidad fiscal. Lo contrario habría constituido daño patrimonial.
Más allá de la anécdota local, el caso de Teocelo plantea una reflexión nacional: ¿por qué seguimos considerando excepcional que un funcionario cumpla con la ley? La respuesta es amarga: porque en México se ha normalizado el abuso del poder. Los alcaldes que roban se justifican; los que rinden cuentas, se defienden. Hemos invertido el sentido ético de la administración pública.
La rendición de cuentas, decía el propio ORFIS, “sustenta nuestra vida democrática”. Pero sin ciudadanos vigilantes y sin medios críticos, esa frase queda vacía. Rendir cuentas no solo compete a los gobernantes, sino también a la sociedad que los elige, a los congresos que los fiscalizan y a la prensa que los escruta.
El caso de Mario Antonio Chama Díaz demuestra que la honestidad no es una utopía ni una estrategia electoral, sino una forma de gobernar posible. Y también que la transparencia, cuando se practica con rigor, no necesita discursos: se acredita con documentos.
En un estado marcado por los escándalos de corrupción, Teocelo ofrece un respiro y una lección. Rendir cuentas no es un acto heroico; es un deber. Pero en estos tiempos, cumplir con el deber ya es, por sí mismo, un acto de valentía.
Porque la democracia no se sostiene con discursos, sino con hechos.
https://whatsapp.com/channel/0029VaBNLZD96H4IpWaXm11P
👆Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe toda la información ¡Es gratis!
