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Detienen a escoltas, reportero y editora de periódico en Poza Rica

Poza Rica.-Fuerte operativo policiaco se desplegó en el estacionamiento de una plaza comercial en Poza Rica en donde fueron detenidos al menos tres escoltas federales, un reportero y una editora del periódico “Presente”.

Aunque no se ha emitido un informe oficial trascendió que entre los detenidos se encuentran escoltas federales, un reportero y una editora del medio de comunicación regional.

Los escoltas, señalan, son de los asignados por autoridades para protección a trabajadores ante atentados que se han registrado anteriormente.

Este operativo policiaco llamó la atención de ciudadanos y personal de la plaza comercial por la movilización de los cuerpos de seguridad pública estatal, municipal y la secretaría de marina.

Trascendió que el operativo se desplegó luego de que elementos policiacos habrían recibido el reporte de detonación de arma de fuego en el estacionamiento de la plaza comercial ubicada a un costado del bulevar Lázaro Cárdenas.

«Soy inocente», dice Bermúdez Requena en una carta desde prisión; acusa persecución

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Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, rompió el silencio que había mantenido hasta ahora para declararse inocente de los delitos que se le imputan, esto a través de una carta manuscrita fechada el pasado 3 de agosto y difundida anoche por el periodista Víctor Hugo Arteaga en su portal Xpectro FM.

“Yo soy inocente porque nunca participé en los hechos que se me acusan”, aseveró en el escrito publicado a casi un año de su captura en Paraguay.

En la misiva, dirigida a la opinión pública, el exfuncionario identificado como líder de La Barredora acusó que existe una persecución política y mediática en su contra que ha vulnerado su reputación, por lo que pidió que su proceso sea llevado en estricto apego a derecho y bajo el principio de igualdad procesal. Además, cuestionó que pudieran existir acusaciones obtenidas a cambio de beneficios procesales.

Bermúdez Requena también apeló a su trayectoria de más de cuatro décadas en el servicio público y privado, así como a su paso por los gobiernos de seis mandatarios tabasqueños. Asimismo, defendió la “reputación limpia” que mantuvo durante toda su vida, razón por la que a sus 73 años carece de antecedentes penales.

“Esta trayectoria es el resultado de décadas de esfuerzo y trabajo en el sector público y privado; así como de la formación continua en la carrera policial, con compromiso institucional probado al haber servido con lealtad, disciplina y resultados a seis gobernadores de nuestro estado (Manuel Gurría, Roberto Madrazo, Enrique Priego, Manuel Andrade, Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino), alcanzando la máxima responsabilidad al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana», indicó.

En la misiva compartida por el medio, el exsecretario sostuvo que su desempeño «jamás fue improvisado» y que siempre estuvo sujeto al orden legal, a la coordinación institucional con las fuerzas federales reflejada en la mesa de seguridad, y a «la confianza que el Estado depositó en mí”.

Además, denunció que, a partir de su captura en septiembre de 2025, su imagen y reputación se han sido visto atropelladas por algunos medios de comunicación, lo que, dijo, ha vulnerado su presunción de inocencia y el debido proceso.

«Medios a los que cuestiono por sostener una sola línea informativa debido a la condición actual en la que me encuentro, privado de mi libertad en el Penal de Máxima Seguridad No. 1 de Almoloya de Juárez, Estado de México», reprochó y dio a conocer que pronto ejercerá su derecho de réplica con firmeza.

Finalmente, expresó su confianza en la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación (PJF) y en que éste «no permitirá que el juicio legal se sustituya por una persecución política o mediática». En ese sentido, pidió garantizar los principios fundamentales del sistema penal acusatorio, entre los que enumeró: la presunción de inocencia como regla de tratamiento y juicio, que la carga de la prueba corresponde estrictamente a quien acusa, con elementos sólidos, contundentes, claros, objetivos y precisos; y recalcó que «sin estas pruebas indispensables, no existe delito».

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#PCMunicipal | Ante un sismo, saber cómo actuar puede hacer la diferencia.

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Desde el H. Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla y Protección Civil Municipal, compartimos estas recomendaciones para mantenernos seguros en el hogar: conserva la calma, evita correr o empujar y ubícate en una zona de menor riesgo.
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¡Cada vez faltan menos días!

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Fortalecen en Catemaco a mujeres del sector pesquero con taller de sororidad

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Catemaco .-A través de nuestro Instituto Municipal de la Mujer, y en coordinación con Fomento Agropecuario, llevamos a cabo el taller “Tejiendo redes de sororidad”, dirigido a mujeres del sector pesquero, donde compartimos herramientas para prevenir la violencia, fortalecer la sororidad y trabajar en equipo.

Además, mujeres del Centro LIBRE de San Andrés realizaron el registro de las participantes al programa “Mujeres Tejedoras de la Patria”, que les brindará acceso a cursos para fortalecer sus habilidades y contribuir a la economía de sus familias.
#InstitutoMunicipalDeLaMujer
#EnMovimiento
#ElCorazónMágicoDeVeracruz

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Catemaco implementa operativos contra quienes apartan lugares en la vía pública

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Catemaco .-En coordinación con la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial, el gobierno de Catemaco puso en marcha operativos permanentes para retirar objetos que particulares utilizan para apartar lugares de estacionamiento u obstruir espacios de la vía pública.
Seguimos trabajando por un Catemaco con calles más ordenadas, seguras y accesibles para todas y todos.
#Catemaco #EnMovimiento #ElCorazónMágicoDeVeracruz

 

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EEUU mantiene alerta de no viajar a Michoacán pese a reanudar actividades oficiales

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MICHOACÁN.-Ocho días después de suspender todas sus operaciones en Michoacán por una amenaza contra su personal, la Embajada de Estados Unidos en México confirmó este jueves el restablecimiento total de las actividades del gobierno estadounidense en el estado.

La decisión se tomó tras la suspensión decretada el 5 de agosto por una amenaza contra intereses estadounidenses en la entidad, lo que paralizó las inspecciones del Departamento de Agricultura (USDA) necesarias para exportar aguacate al mercado norteamericano.

A pesar de la reanudación de operaciones, la Embajada recordó que Michoacán mantiene la designación de Nivel 4 “No Viajar” en la alerta de viaje del Departamento de Estado. Esta clasificación es la más restrictiva del sistema de alertas estadounidense y refleja las condiciones de seguridad que persisten en el estado.

Bajo este contexto, la alerta vigente detalla cinco advertencias principales, entre las que se encuentran:

La alerta de seguridad publicada este jueves incluye cinco instrucciones concretas para los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el estado:

Monitorear los medios de comunicación locales para mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones de seguridad.

Mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y redes sociales.

Inscribirse en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), que permite a la Embajada localizar y contactar a sus ciudadanos en caso de emergencia.

Llamar al 911 ante cualquier emergencia, sin excepción.

Comunicarse directamente con la Embajada a través del formulario de contacto oficial, desde México al (55) 2579-2000, desde Estados Unidos al 011-52-(55)-2579-2000 o al 301-985-8843, y con la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado al +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444.

Ronald Johnson atribuye la reapertura a la cooperación bilateral
El embajador Ronald Johnson atribuyó la reanudación a las medidas de seguridad desplegadas por el gobierno mexicano y a una evaluación propia de las condiciones sobre el terreno.

“Reconozco al Gobierno de México, particularmente a su Gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente”, escribió Johnson en sus redes sociales.

El diplomático dejó claro que la vigilancia no cesa. “Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad y ajustando nuestras operaciones según corresponda. Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán”, añadió.

El embajador presentó el episodio como evidencia del valor de la relación bilateral. “Este es otro resultado tangible de la cooperación impulsada por el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum”, apuntó, y agregó que trabajar en conjunto permite proteger la producción de alimentos, las cadenas de suministro y el comercio legítimo de ambos países.

La paralización afectó de manera directa las inspecciones del Departamento de Agricultura (USDA), indispensables para que el aguacate michoacano pueda exportarse al mercado estadounidense, con todo lo que eso implica para productores y cadenas de suministro de ambos países.

La reanudación fue posible, según la representación diplomática, gracias a las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Con ello, Washington evaluó las condiciones en el terreno y determinó restablecer las operaciones de forma integral.

El origen de la crisis: la captura que encendió Michoacán
La alerta Nivel 4 del Departamento de Estado no nació con la suspensión de actividades del 5 de agosto. Su antecedente inmediato fue la detención, el 1 de agosto, de Alfonso Fernández Magallón, alias “El Poncho” o “La Quiringua”, identificado por las autoridades mexicanas como líder del Cártel de Los Reyes.

El arresto, ejecutado por el Ejército Mexicano, desató una ola de narcobloqueos e incendios de vehículos en los municipios de Los Reyes y Peribán, atribuida a integrantes de esa organización criminal. En uno de los accesos a Peribán se reportó la quema de un camión de pasajeros.

La representación diplomática estadounidense emitió entonces una alerta que pedía a sus ciudadanos evitar zonas con presencia de fuerzas del orden, reducir desplazamientos al mínimo indispensable y buscar refugio ante cualquier señal de disturbios.

“Poncho” enfrentaba cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Por eso, el gobierno estadounidense ofrecía hasta USD 5 millones por información que condujera a su captura, y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) lo tenía en la mira como jefe de la organización.

La noche del operativo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención desde su cuenta de X. En ese mismo contexto se reportó también la presunta captura de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”, señalado por autoridades estadounidenses como uno de los líderes de Cárteles Unidos, aunque esa información no fue confirmada de forma oficial.

Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y una escalada de violencia que las autoridades locales no lograron contener de inmediato: ese fue el escenario que llevó a Washington a suspender cuatro días después toda actividad oficial en el estado.

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Denuncian Penalmente a Dorheny García Cayetano «La Mocha Sueldos»

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**Con número de expediente 539/2026, nos informan que quedó formalizada la denuncia penal.
**La denuncia llegó a la Fiscalía Anticorrupción, luego de que un ex colaborador señalara cobro de “moches” a trabajadores.

Xalapa, Ver.- La diputada de Morena, Dorheny García Cayetano, fue denunciada penalmente este miércoles 12 de agosto por el delito de abuso de autoridad. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía Estatal (FGE), donde se inicio la carpeta de investigación 539/2026.

La querella se interpuso tras la denuncia de que la legisladora de Morena, media hermana del exgobernadora Cuitláhuac García Jiménez, cobraba “moches” a trabajadores dados de alta en la nómina del Congreso de Veracruz y adscritos a su oficina.

El 7 de agosto, un ex colaborador de la diputada local, José Alberto Flores Hernández, denunció públicamente un presunto esquema de cobro de “moches” dentro de la oficina legislativa de la morenista, mediante el cual aseguró se le exigía entregar 14 mil 700 pesos mensuales de su salario, para él quedarse con 5 mil pesos al mes.

Flores Hernández denunció en redes sociales que, durante el tiempo que trabajó para la legisladora, el dinero debía ser entregado a una asistente cercana a García Cayetano, bajo el argumento de que esos recursos eran utilizados para pagar a personas que laboraban en la oficina, pero que no aparecían en la nómina oficial del Congreso de Veracruz.

El denunciante sostuvo que la práctica no habría sido exclusiva de su caso y afirmó que otros integrantes del equipo también estaban obligados a entregar parte de sus percepciones.

Ante la queja pública, la gobernadora Rocío Nahle García pidió al extrabajador de la diputada local que presentara una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y aportara las pruebas que sustentaran sus señalamientos, hecho que se formalizó el mismo martes.

En su conferencia de prensa, la mandataria estatal afirmó que una acusación de esa naturaleza debe acompañarse de evidencia, pues, de lo contrario, solo queda en el terreno mediático.

Nahle sostuvo que prácticas como el cobro de un porcentaje del salario a trabajadores no deben ocurrir en Morena ni en ningún otro partido político.

“No debe de ser eso, ni de Morena ni de ninguno. Me he encontrado también esos comentarios con otros personajes, de otros partidos; no debe de ser de nadie y todos deben ser sancionados”, señaló.

La gobernadora insistió en que cualquier persona que afirme haber sido víctima de esa práctica debe acudir ante las autoridades competentes y presentar los elementos que acrediten la denuncia.

“A quien sea que esté sufriendo eso, lo invito a que ponga una denuncia. Que la presente en la Fiscalía Anticorrupción. Es muy fácil: aquí está mi recibo, a mí me pagan tanto, esta persona me pidió que le diera tanto, aquí está la grabación, aquí está el mensaje. Compruébese”, comentó.

La diputada local por el distrito de Xalapa es la segunda legisladora de Morena señalada por presuntamente cobrar “moches” a ex trabajadores. Antes, la diputada Victoria Gutiérrez Pérez fue acusada públicamente por una ex colaboradora de exigirle parte de su salario.

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Cae Carlos Alberto Medina, ex colaborador de ‘Alito’ Moreno, por malversar $36 millones

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Campeche, Camp., Carlos Alberto Medina Hernández, quien se desempeñó de director de la Unidad de Comunicación Social del gobierno estatal durante la administración del priísta Alejandro Moreno Cárdenas (2015-2019), fue detenido el martes en la ciudad de Campeche por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

El ex funcionario es señalado como cómplice de Luis Antonio Espinosa Campos, quien prestó servicios de contaduría, por medio de su despacho, a Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del ex mandatario Alejandro Moreno. Ambos habrían empleado empresas que facturan operaciones simuladas para el desvío de 36 millones de pesos.

Medina Hernández fue trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén y ayer compareció ante un juez de control, quien definirá en breve si le dicta prisión preventiva o le otorga libertad bajo fianza.

La audiencia, que se realizó a puerta cerrada, comenzó alrededor de las 2 de la tarde.

Medina Hernández compareció ayer en la audiencia inicial ante un juez de control y solicitó la ampliación del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, por lo que la diligencia fue reprogramada para el próximo lunes.

Tras dicha petición, el juez lo sujetó a la medida cautelar anticipada, por lo que fue enviado al penal de San Francisco Kobén tan pronto concluyó la audiencia, la cual duró ocho horas y media.

Las investigaciones contra quien fue vocero de Alito Moreno Cárdenas durante la parte final de su gobierno fueron integradas por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.

En tanto, Luis Antonio Espinosa fue detenido el lunes en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a petición de la fiscalía especializada, y también fue trasladado al penal de San Francisco Kobén. Es investigado, además, por presuntamente haber realizado pagos irregulares por 97 millones de pesos a la televisora Mayavisión durante la gestión de Moreno Cárdenas.

En suspenso, las órdenes sobre la prisión preventiva
El pasado martes se realizó la audiencia inicial para determinar la situación jurídica de Espinosa Campos, pero, luego de seis horas, el juez la aplazó para el próximo sábado; en tanto, permanecerá en prisión preventiva.

Carlos Alberto Medina también ocupó el cargo de vocero durante los dos años del interinato de Carlos Miguel Aysa González, este último nombrado luego de que Alejandro Moreno dejó la gubernatura en 2019 para ocupar la dirigencia nacional del PRI.

Tras el arresto de Medina Hernández se han difundido publicaciones de periodistas y activistas que abogan por su libertad, pues lo consideran un hombre honesto y aseguran que no habría tenido responsabilidad en las presuntas triangulaciones para desviar recursos públicos.

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Nidia Fabiola cuestiona protección de Morena a Cuauhtémoc Blanco: ‘¿Hasta cuándo?’

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México.-Nidia Fabiola Blanco Fernández cuestionó el respaldo de Morena a su medio hermano, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco, y pidió a la dirigencia del partido tomar acciones ante las acusaciones que presentó por presunta agresión sexual.

En una carta dirigida a la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y compartida con Latinus, Blanco Fernández contrastó los principios que promueve el partido con la manera en que, según afirmó, se ha atendido su caso.

Nidia Fabiola reclama respaldo de Morena a Cuauhtémoc Blanco
En la misiva, la media hermana del exgobernador de Morelos cuestionó que Morena haya respaldado públicamente a Blanco y recordó que la Cámara de Diputados votó para mantener su fuero.

“¿Hasta cuándo el partido Morena seguirá protegiendo a un exgobernador?”, cuestionó en el documento, en el que también hizo referencia a Ulises Bravo Molina.

Blanco Fernández sostuvo que su caso no ha recibido la atención que esperaba y señaló que, en lugar de sentirse respaldada, ha observado muestras de apoyo hacia el diputado.

Cuestiona principios de Morena
Nidia Fabiola también confrontó los principios de Morena con su experiencia y cuestionó el significado de postulados como “no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo”.

Además, pidió al partido impulsar capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de género y humanismo mexicano para sus integrantes.

La también denunciante cuestionó que la llamada Cuarta Transformación pueda llegar a los hogares mientras, desde su perspectiva, el partido mantiene su respaldo a una persona señalada por violencia contra mujeres.

“¿Cómo le hago para llegar con ustedes?”
En otro de los pasajes de la carta, Blanco Fernández retomó el mensaje de Morena de que con Claudia Sheinbaum “llegamos todas” y preguntó por qué ella no se siente incluida.

“¿Cómo le hago para llegar con ustedes?”, planteó.
La carta fue fechada el 1 de junio y está dirigida a la dirigencia nacional de Morena. En ella, Nidia Fabiola Blanco Fernández reclama una respuesta política ante su caso y cuestiona la permanencia del respaldo partidista a Cuauhtémoc Blanco.

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Bitácora Política

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Radiografía del OPLE Veracruz

¿En qué se gasta el dinero?

Por Miguel Ángel Cristiani G.

En la primera entrega de esta serie pusimos los números generales sobre la mesa: el Organismo Público Local Electoral de Veracruz maneja cientos de millones de pesos cada año y su presupuesto cambia considerablemente de acuerdo con el calendario electoral.
Pero conocer cuánto dinero recibe el OPLE es apenas la mitad de la historia.
La verdadera pregunta comienza después:
¿En qué se gasta?
Porque cuando se habla del presupuesto de un organismo electoral, fácilmente se puede caer en una confusión: pensar que todo el dinero corresponde a oficinas, salarios, vehículos, viáticos y operación administrativa.
No es así.
Una parte considerable corresponde al financiamiento público de los partidos políticos y otra se destina a organizar los procesos electorales. Por eso resulta indispensable separar las bolsas y mirar cada capítulo de gasto.
Y cuando se hace, aparecen datos que merecen una revisión mucho más detallada.
En 2024, por ejemplo, el presupuesto autorizado del OPLE contempló cuatro grandes capítulos: 327.14 millones de pesos para servicios personales; 150.96 millones para materiales y suministros; 486.42 millones para servicios generales, y 285.87 millones para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. La suma fue de 1,250.4 millones de pesos.
Pero hay una diferencia importante entre presupuestar y ejercer.
El informe correspondiente al cierre de 2024 muestra que solamente en materiales y suministros el gasto acumulado llegó a 243.67 millones de pesos. De esa cantidad, 220.29 millones correspondieron a materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales; 12.72 millones a alimentos y utensilios; 4.84 millones a materiales y artículos de construcción; 4.30 millones a combustibles, lubricantes y aditivos, además de otros conceptos.
Aquí aparece una primera llamada de atención periodística.
Los documentos presupuestales nos muestran que no basta con mirar el monto global de un capítulo. Hay que bajar hasta el concepto específico.
Porque decir que el OPLE gastó determinada cantidad en “materiales y suministros” dice muy poco.
Lo verdaderamente revelador es saber qué materiales, para qué actividad, mediante qué procedimiento de contratación y con qué proveedor fueron adquiridos.
Y ahí comienza una investigación que todavía tenemos pendiente.
2025: el año de la elección municipal
En 2025 el escenario cambió sustancialmente.
El presupuesto autorizado fue de 1,400 millones de pesos. De acuerdo con el informe financiero del OPLE, la distribución inicial contempló 365.96 millones para servicios personales, 330.47 millones para materiales y suministros, 416.71 millones para servicios generales y 285.87 millones para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Es particularmente interesante observar el salto en materiales y suministros.
De los 150.96 millones presupuestados en el documento de referencia de 2024, el capítulo llegó a 330.47 millones en el presupuesto autorizado de 2025.
¿Por qué?
La respuesta tiene una explicación evidente: 2025 fue año de elección de los ayuntamientos de Veracruz y eso implica una enorme cantidad de documentación electoral, materiales, logística y operación.
Pero que exista una explicación lógica no significa que debamos dejar de preguntar.
Al contrario.
Una elección puede justificar un mayor gasto; no justifica automáticamente cualquier gasto.
Ésa debe ser la regla.
En el mismo presupuesto de 2025, los servicios generales representaron 416.71 millones de pesos, mientras que los servicios personales alcanzaron 365.96 millones.
Por eso resulta necesario abrir esos dos grandes capítulos.
¿Qué hay dentro de los servicios generales?
Arrendamientos, servicios profesionales, mantenimiento, servicios básicos, comunicación, traslado y viáticos, entre muchos otros conceptos.
¿Y dentro de servicios personales?
Sueldos, compensaciones, prestaciones y demás remuneraciones.
La suma de ambos representa una cantidad suficientemente importante como para que la ciudadanía conozca con precisión cómo se integra.
2026: el presupuesto se aprieta
El panorama cambió nuevamente para 2026.
El OPLE había planteado originalmente un presupuesto de 734.48 millones de pesos, incluyendo 258.80 millones para servicios personales, 166.32 millones para servicios generales, 45.45 millones para materiales y suministros y 263.91 millones para prerrogativas de los partidos políticos.
Pero el presupuesto finalmente quedó en 665.73 millones de pesos.
Y posteriormente el propio organismo aprobó una redistribución.
El ajuste dejó 250.37 millones de pesos para servicios personales, 29.35 millones para materiales y suministros y 121.98 millones para servicios generales. Además, se contemplaron 264.04 millones para prerrogativas a partidos políticos.
La diferencia no es menor.
El propio OPLE informó que la redistribución implicó una reducción cercana al 50 por ciento en 104 partidas correspondientes a servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.
Y aquí aparece una de las preguntas más interesantes de toda nuestra investigación:
Si en 2026 se puede operar con una reducción tan importante en más de un centenar de partidas, ¿qué explica que esas mismas partidas hayan requerido cantidades sustancialmente mayores en ejercicios anteriores?
No estamos afirmando que exista un gasto indebido.
Estamos haciendo una pregunta que cualquier ciudadano tiene derecho a formular.
Porque el presupuesto público no pertenece al organismo que lo administra.
Pertenece a los ciudadanos.
El dinero de los partidos es otra historia
Hay otro punto que debemos separar desde ahora.
Las prerrogativas de los partidos políticos aparecen dentro del presupuesto del OPLE, pero no son recursos que el organismo pueda disponer libremente para su propia operación.
En 2026 se destinaron 264.04 millones de pesos a prerrogativas de partidos políticos, equivalentes al 39.66 por ciento del presupuesto redistribuido.
Eso significa que casi cuatro de cada diez pesos del presupuesto de ese ejercicio tienen un destino específico relacionado con el financiamiento político.
Por eso, cuando alguien afirma que “el OPLE cuesta 665 millones de pesos”, la afirmación necesita una precisión.
Una parte importante de ese dinero no se queda en el OPLE.
Se transfiere a los partidos políticos conforme a las reglas de financiamiento público.
Y esa distinción será precisamente el tema de nuestra siguiente entrega.
La pregunta incómoda
Después de revisar estas cifras, queda claro que hablar simplemente de “el presupuesto del OPLE” resulta insuficiente.
Hay que hablar de:
lo que cuesta mantener al organismo;
lo que cuesta organizar una elección;
lo que se entrega a los partidos;
y lo que se compra con recursos públicos.
Cada una de esas bolsas merece una investigación diferente.
Y hay algo más.
Los documentos oficiales nos permiten saber cuánto se presupuestó y cuánto se ejerció, pero todavía tenemos que ir más abajo: contrato por contrato, proveedor por proveedor y partida por partida.
Ahí puede estar la verdadera historia.
Porque una democracia necesita elecciones.
Pero también necesita transparencia.
Y cuando se trata de dinero público, preguntar “¿en qué se gastó?” no es atacar a la democracia.
Es precisamente ejercerla.
Continuará.

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