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MÉXICO.- El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, responsabilizó a los gobiernos del PRI y del PAN desde el año 2000, por la baja cobertura en la segunda dosis de vacunación contra el sarampión que ahora, en medio del brote mundial, mantiene a varios grupos etarios con bajos niveles de inmunidad, de hasta 50%.

En cambio, agregó que en el 2021, ya en el primer gobierno de Morena, se implementó un nuevo esquema de vacunación que mantiene a los niños de entre cero y ocho años como los “más protegidos”. Sin embargo, las cifras oficiales de la Secretaría de Salud federal (SSA) demuestran lo contrario.

La mañana de este miércoles, en la conferencia presidencial en Palacio Nacional, el funcionario presentó los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). La encuesta fue en materia de protección inmunológica contra el sarampión y consistió en una muestra de 12 mil visitas domiciliarias y más de tres mil muestras de sangre.

Los hallazgos, dijo, permiten identificar el nivel de inmunidad por grupos de edad y evaluar los efectos de los esquemas de vacunación aplicados en distintos periodos, lo que permite determinar la presencia de anticuerpos y, por lo tanto, el nivel de protección alcanzado por la población.

El director general del IMSS, Zoe Robledo, destacó que un estudio en la revista Vaccine -del cual no precisó la fecha- basado en los datos de seroprevalencia de la Ensanut, concluye que “la probabilidad de brotes en adultos jóvenes responde directamente a la baja cobertura de segundas dosis en años anteriores”.

Destacó que la primera dosis de la vacuna contra el sarampión protege “muy bien” y ofrece niveles de inmunidad de 93% a 95%, mientras que la segunda dosis eleva la protección hasta 99% y la sostiene a largo plazo. Por ello, insistió en la importancia de contar con esquemas completos.

Luego, el exlegislador morenista repartió las culpas al asegurar que los niveles de inmunidad disminuyen conforme aumenta la edad, debido principalmente a la “falta de aplicación de la segunda dosis de refuerzo en años anteriores” del 2021, cuando se implementó el nuevo esquema de vacunación universal.

Según dijo, la cobertura entre 11 y 15 años se reduce a 78%, mientras que entre 16 y 20 años es de 68%. “La segunda dosis se debe haber aplicado justamente entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y (Felipe) Calderón”, dijo.

Agregó que, en el caso del grupo de 21 a 25 años la cobertura baja a 55%, “su segunda dosis debieron de haber ocurrido justamente entre el 2006 y el 2012, el gobierno de Felipe Calderón”.

El funcionario añadió que, para la población de 26 a 30 años la cobertura es de 47%, “la segunda dosis se debió de haber aplicado justamente en el gobierno de Vicente Fox, entre el 2000, 2001 —digamos, que es el año completo— y el 2006”.

Y finalmente, las personas de 31 años o más presentan coberturas cercanas al 50%, “las cuales combinan periodos de Fox y de Ernesto Zedillo”.

Detalló que, en los grupos de mayor edad, “las coberturas a mayor edad son más altas, entre otras cosas, porque antes había más circulación de la propia enfermedad. Entonces, había una protección natural cuando el virus está circulando más”.

Nuevo esquema y otros datos

Después de sus señalamientos, el director del IMSS afirmó que, para evitar las deserciones históricas entre la primera aplicación, a los 12 meses, y la segunda, a los seis años, en el 2021, a mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se implementó un nuevo Programa de Vacunación Universal, que establece la aplicación de la primera dosis al cumplir un año de edad y la segunda a los 18 meses.

Por ello, celebró, “los niños más pequeñitos afortunadamente son los más protegidos”, pues, según la encuesta, los infantes de cero a 10 años son actualmente “el grupo más protegido”, con coberturas de entre 82% y 83%.

Sin embargo, el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión en México de la Dirección General de Epidemiología de la SSA, del 11 de febrero, tiene otros datos.

De los nueve mil 187 casos confirmados acumulados, los primeros tres lugares con más afectados son:

-De 1 a 4 años, con mil 351 casos, equivalente a 14.7%
-De 5 a 9 años, con mil 122 casos, equivalente a 13.5%. El total de estos dos grupos, -de 1 a 9 años- equivale a 28.2%, es decir, casi la tercera parte de los casos.
-De 25 a 29 años, con mil 21 casos, equivalente a 11.1%

Además, entre las 28 personas fallecidas, cuyos datos se han hecho públicos por reportes periodísticos, pues el reporte oficial los omite, se conoce el de un niño de año y medio en Tlaxcala, aunque era proveniente de Puebla; así como una menor de 14 años en la Ciudad de México que se confirmó este miércoles 11, aunque murió a finales de 2025.

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MÉXICO.-El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen de reforma constitucional de jornada laboral para disminuir a 40 horas el tiempo de trabajo, así como para establecer un nuevo límite máximo al tiempo extraordinario y prohibir este último a personas menores de 18 años.

Las modificaciones al apartado A del artículo 123 constitucional buscan impulsar un modelo de justicia social y salud pública desde el derecho laboral, de esta manera se establece que el nuevo límite máximo de trabajo será de 40 horas semanales. Además se puntualiza que la reducción de tiempo no implicará una reducción en los salarios de las personas trabajadoras.

«Trabajar menos horas no es producir menos, sino vivir mejor”, puntualizó, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social durante la presentación del dictamen. Subrayó que la aprobación de la reducción de la jornada es necesario para “devolver tiempo a las personas, tiempo para la familia, para el descanso, para la salud”.

Reconoció que el bienestar de las personas trabajadoras no sólo puede existir en términos económicos, sino debe traducirse en calidad de vida. “El trabajo no es por una mercancía, es una actividad fundamental para el desarrollo individual y colectivo”, resaltó.

La senadora Geovanna Bañuelos recordó que de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las jornadas laborales prolongadas se asocian con mayores niveles de fatiga, estrés, enfermedades físicas y mentales, además de disminuir el rendimiento laboral. “Trabajar más de 55 horas semanales incrementa el riesgo de accidentes cardiovasculares y tiempo de muerte por cáncer de páncreas”.

“Trabajamos más, descansamos menos y la productividad no crece en proporción”. Resaltó la importancia de actualizar la legislación laboral en línea con el marco internacional mediante “una ingeniería laboral ordenada que considere las capacidades de los sectores productivos y permita una transición viable”.

En línea con los límites máximos, se fija también un nuevo tope de tiempo de trabajo extraordinario, el periodo se extiende a 12 horas semanales, las cuales se distribuirán en un máximo de cuatro horas diarias y hasta por cuatro días a la semana, y en ningún caso, las personas menores de 18 años podrán ser empleadas en jornadas extraordinarias.

Respecto al pago de este tiempo extraordinario, aplicará un 100% adicional para el permitido que será de hasta 12 horas semanales; sin embargo, si el periodo excede dicho límite, la persona empleadora estará obligada a pagar un 200% más del salario ordinario.

¿Cuándo entran en vigor la jornada laboral de 40 horas
Aunque el pleno del Senado ya aprobó la reforma constitucional, lo jornada aún no se reducirá, el dictamen continuará su proceso legislativo en la Cámara de Diputados, una vez discutido y aprobado se enviará al Ejecutivo para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Si bien, la reforma constitucional está cerca de ver la luz, el Congreso de la Unión aún tendrá pendiente aprobar las modifciaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual establecerá el plazo de preparación para los empleadores, el esquema en cómo incrementarán las horas extra y la obligación patronal de contar con un registro electrónico.

Oposición advierte letra chiquita
Aunque la reducción de jornada laboral tuvo consenso en términos generales, legisladores de oposición manifestaron su preocupación de no establecer en la reforma cinco días de trabajo por dos de descanso.

“Trabajar 6 días no es descanso. Siguen siendo seis traslados, seis camiones, seis metros, seis comidas, seis días fuera de casa, seis días donde miles de mujeres, hombres, jóvenes, adultos, mayores se la rifan todos los días para sacar a su familia del hambre”, apuntó la senadora Cristina Ruiz Sandoval (PRI).

Para el senador Clemente Castañeda (MC), al no contemplarse incrementar el descanso semanal desde la Constitución el cambio es insuficiente para mejorar la calidad de vida, salud y dignidad de los trabajadores.

“La exigencia de una jornada laboral de 40 horas con dos días de descanso es una lucha por la libertad de las personas, por su derecho a vivir y disfrutar y por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Es una causa de justicia social a la cual no podemos renunciar”, expresó.

Lo anterior especialmente porque con el tiempo extraordinario podría abaratarse la jornada. Coincidieron en que ampliar a 12 horas el límite extraordinario permitido con un pago de 100% más del salario es un retroceso. “Está dejando al trabajador más cansado y con menos paga… Lo ideal sería incentivar la contratación de más personal”, afirmó la senadora del PRI, Karla Toledo Zamora.

Agregaron que el aumento de tiempo extraordinario puede convertirse en hasta 56 horas de trabajo, las cuales superarían las 48 actualmente vigentes.

El senador Marko Cortés (PAN) calificó la reforma constitucional como una “justicia a medias”, aunque reconoció que la reducción de jornada laboral tiene beneficios en salud, puntualizó que el cambio no será para todos. puntualizó que la aprobación de la diminución de la jornada laboral es un acto de justicia social que ayudará a reducir problemas de salud mental y físicos e incluso los riesgos de trabajo, sin embargo, no es aplicable para todos. “El 55% de los trabajadores está en informalidad, o sea, a más trabajadores no les va a beneficiar absolutamente en nada”.

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MÉXICO.-México ha recuperado 1,126 concesiones mineras que abarcan 889.502 hectáreas como parte de su política de revisión del sector extractivo, informaron este jueves autoridades de la Secretaría de Economía (SE).

“Al día de hoy hemos recuperado 1.126 concesiones mineras que representan 889.502 hectáreas”, señaló José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE.

Durante su participación en la conferencia presidencial, Aboitiz subrayó que una parte relevante de la superficie recuperada corresponde a zonas protegidas “dentro de estas concesiones se han recuperado casi 250,000 hectáreas en áreas naturales protegidas”.

De acuerdo con el responsable de la coordinación del sector extractivo, las cancelaciones se han sustentado principalmente en incumplimientos legales por parte de concesionarios.

“Fundamentalmente las razones por las cuales se han estado haciendo estas cancelaciones es por falta de derechos de pagos”, explicó, al detallar que la legislación contempla la revocación en caso de atrasos prolongados.

“Si hay un retraso de dos años en el pago de derechos es objeto de cancelación y en las omisiones de informes y estadísticos y de obras”, precisó.

Según describió, estos informes son esenciales para acreditar actividad en los proyectos.

“Si no hay este tipo de informes, quiere decir que estos bienes están ‘ociosos’ y que solo sirven para la especulación”, apuntó.
El funcionario añadió que también ha habido devoluciones voluntarias en el marco del diálogo con la industria minera.
“Adicional a esto también ha habido un diálogo con la industria para que voluntariamente, en un acuerdo de partes, se devuelvan también concesiones”, dijo, aunque matizó que estas representan “un número menor este volumen total”.

En cuanto a la distribución territorial, explicó que las cancelaciones se han realizado en todo el país.

“Se ha hecho un trabajo pues casi en todo la República Mexicana, exceptuando Campeche, Quintana Roo y Tabasco (todas en el sureste del país), que virtualmente son estados que no tienen absolutamente nada de minería”, detalló.

Finalmente, indicó que las mayores reducciones de concesiones se concentran en entidades tradicionalmente mineras como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco, que han sido los lugares “donde más reducción de concesiones ha habido”, concluyó.

Las revisiones forman parte de la política minera impulsada en los últimos años por el Gobierno mexicano, que ha priorizado el control administrativo de concesiones, la protección ambiental y el combate a la especulación sobre terrenos concesionados sin actividad productiva.

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