Redacción/Zona Roja Cdmx..- La aplicación de la llamada “Ley IA” en San Luis Potosí provocó una nueva controversia luego de que organizaciones defensoras de la libertad de expresión denunciaran la detención de periodistas, comunicadores y creadores de contenido bajo acusaciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial y manipulación digital.
Organismos como ARTICLE 19 México y Centroamérica y el Committee to Protect Journalists alertaron sobre lo que consideran un patrón de criminalización contra periodistas críticos del poder público en la entidad.
De acuerdo con la denuncia pública difundida por ARTICLE 19, en menos de 48 horas fueron detenidas tres personas vinculadas a medios de comunicación y plataformas digitales, además de que existen órdenes de aprehensión contra al menos ocho personas más.
Entre las personas señaladas se encuentran Christian Herrera, creador de contenido de la página de Facebook “Código Rojo”, en Ciudad Valles; Eréndira Reyes Aguillón, comunicadora digital; y Alejandra Hermosillo, funcionaria pública.
Además, organizaciones reportaron que también existe una orden de aprehensión contra Anahí Torres González, periodista y directora de distintos medios de comunicación en San Luis Potosí.
Según información de medios locales, atribuida a la Fiscalía General del Estado, Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo son investigadas por el delito contra la identidad de las personas.
Las autoridades las acusan presuntamente de utilizar “estructuras visuales, narrativas y gráficas” para generar una percepción de autenticidad mediante manipulación ilícita de imagen e identidad digital.
De acuerdo con ARTICLE 19, las investigaciones estarían relacionadas con la difusión de un video publicado en redes sociales donde supuestos integrantes del crimen organizado señalaban al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y a la Guardia Civil Estatal de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el caso de Christian Herrera, ARTICLE 19 aseguró que incluso se desconoce oficialmente el motivo específico de su detención.
LA LEY IA
La llamada “Ley IA” corresponde a reformas aprobadas en 2025 en San Luis Potosí para regular el uso de inteligencia artificial, manipulación digital, identidad virtual y contenidos generados artificialmente.
El objetivo oficial de la legislación era prevenir fraudes digitales, suplantación de identidad y uso malicioso de herramientas de inteligencia artificial.
Sin embargo, desde su discusión, periodistas, organizaciones civiles y especialistas advirtieron que la redacción de la norma era ambigua y podía permitir interpretaciones amplias para perseguir expresiones críticas o contenidos incómodos para autoridades.
ARTICLE 19 sostiene que el problema principal radica en que el tipo penal utilizado permite a las autoridades determinar de manera discrecional qué contenidos podrían considerarse manipulaciones ilícitas.
Las organizaciones consideran que esto abre la puerta a investigaciones penales contra periodistas, activistas o ciudadanos por publicaciones relacionadas con asuntos de interés público.
En un pronunciamiento conjunto difundido este 27 de mayo, organizaciones nacionales e internacionales acusaron que el uso de esta legislación representa “una grave señal de deterioro democrático”.
La organización señaló en redes sociales:
“En menos de 48 horas se documentó la detención de tres comunicadores y órdenes de aprehensión contra al menos 8 personas más, bajo procesos opacos y violaciones al debido proceso”.
ARTICLE 19 afirmó que las detenciones arbitrarias y procesos judiciales bajo esta legislación podrían generar un “efecto inhibitorio” sobre periodistas y medios de comunicación.
Según la organización, la incertidumbre jurídica provoca temor entre comunicadores respecto a qué publicaciones podrían derivar en investigaciones, órdenes de aprehensión o procesos penales.
El organismo recordó además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que normas ambiguas y discrecionales son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.
El pronunciamiento fue respaldado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas:
Reporteros Sin Fronteras
Fundar
Red en Defensa de los Derechos Digitales
Propuesta Cívica
Alianza de Medios MX
Red Nacional de Periodistas
Las organizaciones advirtieron que regular tecnologías emergentes no puede convertirse en un mecanismo para restringir libertades fundamentales.
También señalaron que el derecho penal no debe utilizarse para castigar discursos incómodos o críticos contra funcionarios públicos.
Esto es lo que exigen ARTICLE 19 y organizaciones civiles
En la carta pública dirigida al Poder Judicial, al Congreso local y a la Fiscalía General de San Luis Potosí, las organizaciones pidieron:
Al Poder Judicial
Garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia
Aplicar estándares de protección a la libertad de prensa
Evitar procesos penales que inhiban el ejercicio periodístico
Determinar la no vinculación a proceso de las personas detenidas
A la Fiscalía General del Estado
Cesar el uso expansivo del derecho penal
No criminalizar actividades periodísticas o críticas
Evitar detenciones arbitrarias e intimidación contra periodistas
Garantizar investigaciones con apego a derechos humanos
Al Congreso de San Luis Potosí
Abrir un Parlamento Abierto sobre la regulación de inteligencia artificial
Revisar integralmente la legislación cuestionada
Evitar normas ambiguas que permitan censura indirecta
Las organizaciones concluyeron que San Luis Potosí necesita instituciones que protejan el debate público y no mecanismos legales que puedan utilizarse para criminalizar la crítica.
Debate sobre inteligencia artificial y libertad de expresión crece en México
El caso ocurre en medio del creciente debate sobre el uso de inteligencia artificial y la necesidad de establecer regulaciones para contenidos digitales, imágenes manipuladas y desinformación.
No obstante, especialistas han advertido que las leyes relacionadas con IA deben redactarse con claridad para evitar afectaciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión, el trabajo periodístico y el acceso a la información.
Hasta ahora, autoridades de San Luis Potosí no han respondido públicamente a las acusaciones de persecución política formuladas por organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos.
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