Buscadoras del colectivo Sabuesos Guerreras, AC, de Culiacán. Foto: Facebook

Proceso.- A las 8:20 horas del 27 de febrero último, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, de Mazatlán, Sinaloa, acudieron a la vivienda de Rubí Patricia Gómez Tagle, después de que la habían esperado 50 minutos en las instalaciones regionales de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, punto de encuentro para acudir a la comunidad El Verde, municipio de Concordia, donde las mujeres del grupo acudirían a realizar acciones de búsqueda de personas desaparecidas.

El retraso de Rubí, madre de Édgar Daniel Gómez Tagle, desaparecido el 29 de mayo de 2025, era inexplicable para sus compañeras, que el día anterior habían realizado con ella búsquedas en campo, y más aún porque ese viernes tenían programado reunirse con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumercindo, para trabajar en las fosas encontradas en El Verde.

“No atendía mensajes ni llamadas y decidimos pedir apoyo para ir a su casa. Entramos y me tocó ver a Rubí sin vida”, cuenta en entrevista Laura Ivonne Valdez Ramírez, consternada aún por el feminicidio de su compañera, al ser ella quien la encontró sin vida.
“La muerte de Rubí nos muestra que como mujeres buscadoras nos estamos enfrentado a mucho más que los miedos, ahora al feminicidio de una de nosotras, y desgraciadamente es la segunda integrante del colectivo que nos han arrancado en menos de un año”, advierte Laura Ivonne, quien busca a su tío Ricardo Ramírez Uribe, desaparecido el 27 de junio de 2010.
“Nos matan por buscar”

El 14 de octubre del año pasado, hombres armados privaron de la libertad a María de los Ángeles Valenzuela, quien buscaba a su papá Manuel Valenzuela Osuna, y su primo Mario Cristóbal Valenzuela Méndez, desaparecidos el 15 de noviembre de 2024 y el 12 de febrero de 2025, respectivamente. Hasta ahora no se sabe nada de la buscadora.

“Con Rubí pasó lo mismo que con María de los Ángeles, no había presentado ninguna señal de que estuviera en peligro. Es mucha coincidencia que vamos a salir a búsqueda y le pasa algo a una de las compañeras”, cuenta.

Laura Ivonne señala que el feminicidio de Rubí provocó mucho miedo, frustración e impotencia entre las buscadoras.

“Nos están matando tan sólo por el hecho de buscar. Queremos que ese miedo llegue a oídos de Claudia (Sheinbaum), de la presidenta, que tenga empatía por nosotras; somos mujeres y no le hacemos daño a nadie. Simplemente andamos buscando lo que nosotros necesitamos en nuestra casa, porque tenemos una silla vacía”, lamenta Laura Ivonne Ramírez.

El feminicidio de Rubí Patricia ocurrió el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió a Mazatlán para hablar de la supuesta disminución de delitos en la entidad, sumida en la “guerra” entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, desatada tras el traslado de Ismael Mayo Zambada a Estados Unidos, en agosto de 2024.

Rubí Patricia se convirtió en la persona buscadora número 35 asesinada desde 2010, de esas 35, 25 han sido ejecutadas durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, de acuerdo con un registro llevado por la organización Artículo 19.

La organización incluyó en su base de datos a ocho personas buscadoras que han sido víctimas de desaparición desde 2010, siete de los casos ocurridos durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Los estados con mayores índices de violencia son Guanajuato con 11; Sinaloa y Jalisco con 4 cada uno; Michoacán, Sonora y Veracruz con 3 en cada entidad; y Guerrero, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas con 2 agresiones letales en cada entidad.

Del registro se advierte que las mujeres buscadoras son las más agraviadas en los últimos 16 años, acentuándose el riesgo durante los últimos siete años. Así, del total de víctimas mortales, 21 son mujeres, 17 de ellas asesinadas durante los sexenios de la 4T, 12 con López Obrador y cinco con Claudia Sheinbaum.

De las ocho desapariciones de personas buscadoras desaparecidas desde 2010, siete ocurrieron durante los gobiernos de Morena, tres de ellas mujeres. Cabe destacar que, de esas siete, durante el actual gobierno de Sheinbaum desaparecieron seis buscadores, dos son mujeres.

Malos pronósticos
Jessica Alcázar, coordinadora de Prevención de Artículo 19, alerta que el sexenio de la primera mujer presidenta se vislumbra como “uno de los más letales para las personas buscadoras, de hecho, el 2025 cerró así, con 11 casos, siete asesinados y cuatro desapariciones”. De las 11 víctimas, cinco fueron mujeres, cuatro ejecutadas y una desaparecida.

Del análisis, Alcázar resalta que es preocupante que “a partir de la desaparición de Lorenza Cano, el 15 de enero de 2024, empezaron las desapariciones contra las buscadoras, no sólo el asesinato, desapariciones que se dan obviamente con lujo de violencia, pero donde también pueden asesinar o al momento de sustraerlas de sus espacios o de los lugares en donde ellas están haciendo su labor de búsqueda; pueden asesinar a sus familiares, tanto hijos como a sus esposos o parejas”.

Alcázar destaca que mientras las personas defensoras, y de manera particular las mujeres, están corriendo riesgos en la búsqueda de sus familiares, labor que no hace el Estado. El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación no les da protección, pasando por alto la recomendación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) de que las personas buscadoras son defensoras de derechos humanos.

“De manera sistemática, el Mecanismo lo que ha hecho es negarles las medidas de protección, porque dicen que la labor de las buscadoras o el riesgo que corren no es por su labor, sino por su condición de víctima. Esto es muy grave, porque es una revictimización de las compañeras buscadoras”, apunta Alcázar.

En un escenario en el que prevalece “una impunidad total”, tanto en casos de desapariciones como de asesinatos de personas buscadoras, Jessica Alcázar advierte que lo que se busca con esas agresiones es “inhibir” la búsqueda de personas desaparecidas por parte de los colectivos a los que pertenecía la mayoría de las víctimas.

“El fenómeno está aumentando. No hay voluntad política para protegerlas, no hay voluntad política para buscar, pero sí hay voluntad política para inhibir, para rasurar el registro de personas desaparecidas, para aligerar el fenómeno. En realidad lo que estamos viendo es que no hay medidas que garanticen la seguridad de las personas buscadoras”, advierte Jessica Alcázar.

En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Micaela González Heras, integrante del colectivo Brigada Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, reconoce que para este sector es un día en el que saldrán a las calles a manifestarse.

“Para nosotros también es una jornada de protesta, una jornada de visibilización ante esta violencia estructural que existe”, dice la madre buscadora de Antonio de Jesús y Christian Geovany Lozoya, víctimas de desaparición forzada, ocurrida el 27 de noviembre de 2012.

Mensaje a Sheinbaum
“Este mensaje debe ser muy claro para la presidenta, porque en una gira presidencial donde estábamos viviendo el contexto de la localización de unas fosas clandestinas que estaban ligadas a la desaparición de unos mineros, justamente ese día se da el asesinato de una compañera buscadora. Ella no se manifestó de ninguna manera, no tocó el tema, no se acercó a las familias, total insensibilidad, ajena a lo que estaba sucediendo, al dolor de las familias y lo que estaban enfrentando”, destaca la buscadora.

Micaela reprocha que ante el feminicidio de Rubí Patricia se está filtrando en redes sociales que fue un “crimen pasional”, como un mecanismo de restar importancia a su labor de mujer buscadora víctima de feminicidio.

“Nosotros lo vemos como esos mensajes claves que utilizan, como decir ya cállense, ya no busquen, ya no hagan tan visible esta problemática, y lamentablemente no contamos con las medidas de seguridad que deberían de existir”, destaca la buscadora.

Tras recordar que si las buscadoras logran conseguir protección federal, no es suficiente, pues por lo general consiste en un botón de pánico que no funciona en zonas despobladas donde buscan, o bien son vigiladas por corporaciones policiales municipales o estatales, que en ocasiones suelen ser perpetradores de desapariciones.

“Yo creo que el feminicidio es una vida más, en este país es una herida dolorosa, fuerte, de parte de nosotras las buscadoras, pues nosotras vamos a ir con pala en mano, con el corazón roto, destrozado, y con mucho miedo, pero firmes, porque el amor que tenemos por los familiares desaparecidos es más grande que el mismo miedo”, sostiene Micaela González Heras.

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MCCI.-El dinero ilegal en las campañas políticas es el problema principal del sistema electoral mexicano. El caso de Diego Rivera Navarro —exalcalde de MORENA en Tequila, Jalisco, detenido recientemente bajo acusaciones de delincuencia organizada y sus probables vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, es un ejemplo perfecto de los vicios, vacíos y simulaciones en el modelo actual de fiscalización, mismos que la iniciativa de reforma electoral de Claudia Sheinbaum no atiende.

De acuerdo con la información oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), la campaña de Diego Rivera en 2024 para la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, tuvo un costo total de 158 mil 484 pesos. Este gasto fue incluso austero: de los 242 mil pesos que era posible gastar en ese municipio, Diego Rivera reportó haberse limitado a usar solo 65% del tope de gastos de campaña. ¿Son creíbles estas cifras? De ninguna manera.

En la investigación que hicimos para el libro Dinero Bajo la Mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, mostramos que el gasto real de los candidatos era, en promedio, 15 veces más que los montos reportados oficialmente en las elecciones de 2018. Siguiendo ese hallazgo, la campaña de Diego Rivera pudo haber costado, cuando menos, 2.3 millones de pesos. Y ese cálculo puede que se haya quedado corto.

Sabemos que hubo más dinero que los 158 mil pesos reportados porque hay un señalamiento oficial de que hubo financiamiento ilegal en esa elección. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el CJNG financió parte de la campaña de 2024 y también participó en el secuestro de dos candidatos de Morena que fueron obligados a renunciar para dejarle cancha libre a Diego Rivera en las elecciones de 2021.

¿Cuánto dinero dio el crimen organizado? Es incierto, pero podemos imaginar que al menos varias veces más de lo reportado al contrastar con los “beneficios” en esa plaza electoral: múltiples denuncias públicas muestran que la extorsión y cobro de piso que encabezaba Diego Rivera generaba ingresos por hasta 7 millones de pesos cada mes. Igualmente, diversos actores locales han denunciado un acuerdo para entregar 40 millones de pesos del presupuesto municipal al CJNG. Si esta última cifra fuera una aproximación de lo que “invirtieron” los criminales en esa elección, estamos hablando de un gasto 252 veces superior a lo reportado por el candidato, mucho más que nuestra estimación inicial.

Ingresos y gastos reportados por la campaña de Diego Rivera en Tequila, Jalisco, 2024.

Si bien no tenemos certeza de cuánto dinero dio el crimen organizado, sí sabemos que quedaron completamente fuera de los registros públicos. Por ley, cada peso de ingreso o gasto de campaña que no se reporta a las autoridades es dinero ilegal. Sería ingenuo pensar que los candidatos van a reportar todo el dinero que les dan empresarios o criminales por debajo de la mesa, pero justamente los problemas del modelo de fiscalización se encuentran en lo irreal e intrascendente de que los candidatos reporten información que solo está diseñada para cuadrar las cuentas y simular el cumplimiento de sus obligaciones.

En el reporte de contabilidad de la campaña de Diego Rivera, sus ingresos declarados provienen únicamente de tres fuentes: 22 mil pesos que el candidato puso de su propia bolsa, 92 mil que vinieron de las cuentas concentradoras de los partidos de la coalición y 43 mil pesos más de aportaciones de personas físicas.

Ingresos reportados por la campaña de Diego Rivera en Tequila, Jalisco, 2024

Si bien no tenemos certeza de cuánto dinero dio el crimen organizado, sí sabemos que quedaron completamente fuera de los registros públicos. Por ley, cada peso de ingreso o gasto de campaña que no se reporta a las autoridades es dinero ilegal. Sería ingenuo pensar que los candidatos van a reportar todo el dinero que les dan empresarios o criminales por debajo de la mesa, pero justamente los problemas del modelo de fiscalización se encuentran en lo irreal e intrascendente de que los candidatos reporten información que solo está diseñada para cuadrar las cuentas y simular el cumplimiento de sus obligaciones.

En el reporte de contabilidad de la campaña de Diego Rivera, sus ingresos declarados provienen únicamente de tres fuentes: 22 mil pesos que el candidato puso de su propia bolsa, 92 mil que vinieron de las cuentas concentradoras de los partidos de la coalición y 43 mil pesos más de aportaciones de personas físicas.

Ingresos reportados por la campaña de Diego Rivera en Tequila, Jalisco, 2024

El día de la elección, hubo testimonios de que en el municipio de Tequila se estaban pagando 500 pesos por voto en favor del candidato. Quienes intentaron grabar los episodios incluso fueron golpeados. Con los 158 mil pesos de gasto que reportó Diego Rivera, hubiera sido posible pagar únicamente 316 votos. La coalición “Sigamos Haciendo Historia” obtuvo 7,490 sufragios en esa contienda municipal. Este gasto no fue reportado, naturalmente, pero da muestra de las dimensiones que pudo adquirir el financiamiento ilegal real alrededor de esa elección.

Y a pesar de que la contabilidad presentada por Diego Rivera ya escondía los gastos ilegales no reportados, que la información ahí presentada no hubiera levantado sospechas también es un indicador de las fallas en el sistema de fiscalización. De acuerdo con su reporte, el rubro principal de gasto fue la propaganda (donde se incluyen gastos como pinta de bardas, volantes, pendones, pancartas y demás), el gasto operativo (donde la mayor parte son los 43 mil pesos del único vehículo que supuestamente se usó en la campaña) y el gasto en propaganda utilitaria (playeras, mochilas, gorras, etc.).

Gastos reportados por la campaña de Diego Rivera en Tequila, Jalisco, 2024.

La gran mayoría de estos gastos fueron cubiertos por los partidos de la coalición (MORENA, PT, PVEM, Hagamos y Futuro) y solo se reportó que el candidato celebró un contrato de 68 mil 440 pesos para propaganda y la compra de artículos utilitarios con la empresa Marketing Global Jolidyn.

Esta compañía, creada en mayo de 2021, aparece en el Padrón de Contratistas del municipio de Juanacatlán, Jalisco (de donde Diego Rivera Navarro fue funcionario público con anterioridad), en los años 2022 y 2023. En la constitución de Marketing Global Jolidyn se identifica el nombramiento de Sandra Nohely Álvarez Sánchez como Gerente Administrativo. Esto es significativo porque esa misma persona fue señalada desde 2023 por El Diario NTR Guadalajara y Pie de Página por formar parte de la “Red Peña”, un grupo de empresas vinculadas a José Rigoberto Peña Rubio, exdirector general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el municipio de El Salto, Jalisco, y que recibieron 61 contratos por 109 millones de pesos. Juanacatlán y El Salto son municipios vecinos.

Los señalamientos de los vínculos de Diego Rivera Navarro con el crimen organizado vienen, cuando menos, desde el secuestro de sus compañeros y rivales de partido desde 2021. A pesar de ello, el candidato fue respaldado públicamente por la propia Claudia Sheinbaum en un mensaje promocional. Igualmente, los reportes presentados mostraron un nivel de gasto muy distante de la realidad, que nunca fue cuestionado ni investigado por las autoridades.

El modelo actual de fiscalización electoral se ha concentrado casi exclusivamente en verificar que los candidatos no rebasen los topes de gasto de campaña y en revisar la información contable que ellos mismos presentan. El problema es que ese sistema parte de una ficción: que los candidatos reportan de buena fe todos sus ingresos y gastos. En la práctica, esto ha convertido la fiscalización en un ejercicio contable diseñado para cuadrar números, no para descubrir el dinero que deliberadamente se oculta.

Tampoco nos ha importado mucho la opacidad de la información electoral, pues como reportamos la semana pasada, Morena también fue omisa con 3 de las 4 obligaciones de transparencia que debió haber cumplido en la candidatura de Diego Rivera. En la Plataforma Nacional de Transparencia no es posible encontrar toda la documentación que podría ayudarnos a desentrañar cómo es posible que un candidato asociado con el crimen organizado pudiera llegar a la boleta sin ningún problema. La simulación en el cumplimiento de la ley, sin consecuencias para los que lo hacen, es lo que ha permitido que el problema del financiamiento ilegal y la penetración del crimen organizado avance.

La Constitución establece que una elección puede anularse si se rebasa el tope de gasto de campaña en más de 5%. Por eso prácticamente ningún candidato reporta cifras cercanas al límite. Pero el mismo artículo 41 también señala otra causal de nulidad mucho más relevante: el uso de recursos de procedencia ilícita. A pesar de ello, el sistema electoral mexicano sigue sin construir mecanismos reales para detectar ese dinero ilegal.

La reforma electoral propuesta por el gobierno tampoco aborda este problema de fondo, pues se limita a agregar un párrafo para explicitar que “queda prohibido […] financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas”, lo cual solo es una reiteración de algo que ya está estipulado en la ley y sin mecanismos reales de vigilancia, implementación o sanción. El caso de Tequila muestra con claridad por qué la fiscalización y las consecuencias del dinero ilícito en las elecciones debería ser el centro de discusión de una reforma que de verdad quiera romper el vínculo entre el crimen organizado y la política, antes que pensar en alterar el sistema político mexicano con una reforma del poder para el poder.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/la-austera-campana-electoral-de-158-mil-pesos-de-diego-rivera-en-tequila-jalisco/

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