Sinaloa tiene una nueva gobernadora. El Congreso del Estado norteño ha nombrado este sábado a Yeraldine Bonilla, hasta ahora secretaria de Gobierno, como mandataria interina. La número dos de Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia temporal el viernes, acorralado después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa, asumirá inmediatamente el cargo de su exjefe.
Bonilla toma las riendas del Estado en un momento de estrés extremo. El hasta ahora gobernador morenista ha decidido hacerse a un lado mientras la Fiscalía General de la República (FGR) pone la lupa sobre su gestión y su campaña, ambas manchadas por la acusación de Estados Unidos. Esta semana, en un hecho sin precedentes en las relaciones entre Ciudad de México y Washington, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló formalmente a Rocha Moya y nueve funcionarios de la región de estar coludidos con el narcotráfico, concretamente con la facción de Los Chapitos.
La designación de Bonilla al frente del Gobierno de Sinaloa será temporal, no mayor a 30 días, a menos que el Congreso local decida ampliar el periodo en el que se desempeñará como gobernadora sustituta. La ahora gobernadora ha sido diputada local en dos ocasiones, la primera vez por la vía plurinominal y la segunda por elección popular. En esta última asumió además la presidencia de la mesa directiva del Congreso, pero más tarde dejó el cargo para convertirse en secretaria general de Gobierno. Este último cargo la catapultó como gobernadora interina, según lo establece la Constitución Política del Estado.
Irma Moreno Ovalles, líder del PRI en el Congreso de Sinaloa, ha señalado que la aprobación de la licencia a Rocha Moya ha demorado, ya que las acusaciones del Gobierno estadounidense ponen en contexto la crisis interna del Estado. “Es triste decirlo, pero estamos frente a un hecho histórico en el peor sentido. La separación del gobernador del cargo es insuficiente, llega tarde por la crisis”, expresó ante los legisladores, asegurando que “la licencia no resuelve todo, porque lo que sigue es claro, el juicio de procedencia para no evadir la ley”.
Al explicar la crisis, la legisladora recordó que en 20 meses se han registrado al menos 2.645 homicidios; 3.688 personas desaparecidas; el asesinato de 108 niñas, niños y adolescentes; y 333 menores desaparecidos. También han sido asesinadas 174 mujeres; al menos 3.000 familias han sido desplazadas; más de 30.000 empleos se han perdido, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 4.569 negocios han cerrado; 13.000 automóviles han sido robados. Todo esto ha marcado una notable caída económica en la región estimada en más de 70.000 millones de pesos. “Aprobar a Yeraldine Bonilla es mantener el gobierno de Rocha Moya en el poder”, ha afirmado la legisladora priista.
Por su parte, la diputada priista Paola Gárate ha asegurado que la licencia a Rocha Moya es el resultado de la presión social, que desde enero de 2025 ha salido a las calles en diversas manifestaciones con expresiones como “Fuera Rocha” y “Rocha Narcogobernador”. “La licencia no borra los años de sospechas”, ha mencionado Gárate, recordando que el morenista ganó las elecciones el 6 de junio de 2021 tras un operativo criminal en el que fueron desaparecidos más de 50 operadores priistas. De ese registro hay hasta ocho denuncias penales, pero ninguna ha sido resuelta.
“Nuestra postura debe ser clara: sí a la separación del cargo, pero no a la simulación, no a la licencia como refugio, no a la impunidad disfrazada de trámite parlamentario. Lo que Sinaloa exige no es que se vayan unos días sino una investigación seria, que se investigue realmente a fondo, que se coopere con las autoridades competentes. Ningún partido, ningún movimiento y ningún gobernante puede estar por encima del derecho de las familias a vivir sin miedo. Esta licencia no cierra la crisis. Apenas la confirma”, ha añadido la legisladora del PRI.
Como defensa, la diputada morenista Juana Minerva Vázquez González ha señalado que la designación de Bonilla Valverde es una decisión consensuada, que busca garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo y dar certeza a la vida pública de Sinaloa. “Este acto debe de leerse desde una óptica de preservar el republicanismo y preservar las instituciones por encima de todo”, ha afirmado la diputada, “este Congreso no emite juicios, no sustituye ni invade autoridad”.
La aprobación se dio por la mayoría necesaria, aunque la oposición –que fue reducida desde las elecciones locales de 2023–, rechazó que Bonilla Valverde pueda ser un cambio que pueda resolver, al menos de manera temporal, la crisis de violencia en Sinaloa.
