Por: Edgar Hernández
Deantes y Vicente Benítez, primeros en ir a la cárcel
“De cien… es solo una cosa que sale mal”, Duarte
Los saqueadores del agonizante régimen andan preocupados. Les urge ser diputados, renunciar… o salir del país.
Saben que ni Héctor ni Miguel Angel se la perdonarán.
Son muchos miles de millones de pesos los que han saqueado como para que se vayan impunes o pasen de largo de cara a un nuevo gobierno que requiere legitimarse.
Gabriel Deantes, quiere ser diputado por Zongolica y Vicente Benítez por los Tuxtlas. Son las cabezas de playa de una escalada de al menos 23 depredadores del erario público que irán a juicio a partir del primero de diciembre de este año.
Y es que son 115 mil millones de pesos los que están en duda… y en deuda ya que presuntamente fueron objeto de desvíos dejando a Veracruz totalmente empobrecido y comprometido para los siguientes 30 años.
Para los arriba citados al igual que para Tomás Ruíz, Arturo Bermúdez, Fernando Benítez, Adolfo Mota, Erick Lagos, Jorge Carvallo, Tarek Abdalá, Mauricio Audirac, Fernando Charleston, Iván López Fernández, Salvador Manzur, Marcelo Montiel y Carlos Aguirre, entre otros, la guillotina pende de sus cabezas.
El virtual candidato al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa ya tiene sobre su escritorio el expediente de la Auditoria Superior de la Federación en donde se da cuenta que tan solo en el 2011 las irregularidades fueron por 12 mil millones de pesos, en el 2012 por 7 mil 740 millones de pesos y en el 2013 por 28 mil millones de pesos en números redondos, en donde si bien se registraron devoluciones, se volvió a caer en el ilícito al supuestamente realizarse transferencias equivocadas.
Todo ello amén de lo que sucedió en el 2014 y 2015 en donde asoman saqueos y fortunas inexplicables.
De momento dos casos llaman la atención.
Gabriel Deantes tendrá que explicar ante la autoridad dónde salió el dinero para construir edificios, como el “Orizaba” en Xalapa, negocios varios y una lista de casas y propiedades que hace unos días hizo pública “Sociedad 3.0” que encabeza el empresario Carlos Luna.
1.- Una casa ubicada en la calle Netzahualcóyotl # 23 (lote 26), del fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa, adquirida en el año 2006 y con valor cercano a los 3 millones de pesos.
2.- Un departamento ubicado en la Torre Marigalante # 97, departamento número 2 en la ciudad de Boca del Río, adquirido a principios del 2010 y con valor aproximado de 2 millones de pesos.
3.- Un terreno ubicado en la calle Netzahualcóyotl (lote 27), del fraccionamiento Las Ánimas en la ciudad de Xalapa adquirido en el año 2008 y con valor cercano al millón de pesos.
4.- Un terreno en la calle Itzcóatl # 33 del fraccionamiento Anáhuac Ánimas, adquirido en septiembre de 2010 con valor cercano a los 600 mil pesos.
5.- Una casa y terreno en la calle Amado Nervo # 18, ubicado en la localidad Cuauhtémoc, municipio de Pueblo Viejo, Veracruz que tiene una superficie de 460 metros cuadrados y apenas 95 metros cuadrados de construcción y,
6.- Un terreno en la calle Netzahualcóyotl (lote 28), del fraccionamiento Las Ánimas, adquirido en el año 2011 y con valor cercano al millón de pesos.
Las inversiones del ahora Secretario del Trabajo de Veracruz, se manejan en instituciones como Banorte, HSBC, First National City Bank así como documentos mercantiles que superan los 43 millones de pesos.
Eso es lo que se ha hecho público, ya que en el centro de operaciones electorales del edificio Orizaba, en Xalapa hay una inversión de al menos 500 mil dólares en maquinaria y equipo electoral, asociado con otra empresa, también destinada a la falsificación de boletas electorales ubicada a un lado de “Autozone” en la Orduña, a la entrada de Coatepec.
El caso Benítez… ¡es otro caso!
Vicente Benítez González, hoy señalado por millonarios desvíos, es el mismo que cobró fama pública como el “Señor de las maletas voladoras” cuando en infausto episodio en enero del 2012, el entonces tesorero de la Secretaría de Finanzas, debió renunciar a su cargo, luego de que la PGR detuvo dos de sus colaboradores por transportar en efectivo 25 millones de pesos, sin poder acreditar –en el momento- su origen y destino.
Como premio a sus servicios prestados y por haber sido sacrificado sería nombrado Oficial Mayor de la SEV dependencia que maneja anualmente 33 mil millones de pesos parte de los cuales ha derivado a la compra de ranchos, constructoras e inversiones millonarias escondidas en prestanombres.
El suertudo funcionario carga con un negro historial.
Su padre Gabriel Benítez ha enfrentado problemas judiciales por robo y su abuelo, Guillermo González, conocido como “El Ronco”, por años regenteó los más importante prostíbulos de Los Tuxtlas, conocidos como “Foco Rojo” y los hermanos de su mamá, Guillermina, Alicia y Cesáreo González Romero han sido señalados como prestanombres en constructoras que facturan al gobierno del estado bajo el membrete de “Las Méridas”.
“Café Benitez” es otro de sus negocios y una de sus apoderadas legales de sus empresas, es su familiar de nombre Reyna Carmen González Martínez, quien representa a “Soluciones en Ingeniería Global Avanzada S.A. de C.V”, constructora en obra pública municipal.
Su esposa Mariela Muñoz Rodríguez también está metida en el ajo al igual que Beatriz del Toro, secretaria privada del gobernador, quien es su socia. Todas estas revelaciones con crédito a la periodista Claudia Guerrero.
Por estos días Benítez es objeto de una nueva embestida.
En el presunto desfalco a 2 mil profesores de la Sección 56 del SNTE fue involucrado legalmente hace un par de días.
El abogado Juan José Llanes Gil del Ángel del corporativo jurídico “Viades, Llanes y Asociados” aseguró que el funcionario se encuentra denunciado penalmente por la posible comisión de delitos como abuso de poder y uso indebido de funciones.
Refirió que Benítez González forma parte del fraude cometido a dichos maestros al permitir el desvío de 12 millones de pesos que ocasionarían un daño patrimonial de alrededor de 70 millones de pesos.
Pero lo de Gabriel Deantes y Vicente Benítez es apenas la punta de iceberg ya que la lista de irregularidades y saqueos al erario pública no tiene fin.
En la Secretaría de Seguridad Pública en 2012, según documento de la Auditoria Superior de la Federación, en poder de este reportero, no se encontraron en bancos 258 millones 251 mil pesos, ni se comprobaron 58. 5 millones de pesos, mientras que para el 2013 se detectaron que no se invirtieron 348 millones.
En el caso de la Secretaría de Finanzas, la ASF detectó en 2011 y 2012 el jineteo de los réditos bancarios por retención de pago de nómina, así como pagos tardíos o a destiempo, mientras que para el 2013 las auditorías arrojaron el desvío de 843 millones del Fondo de Aportaciones Múltiples. Escandalo similar se detectó por pagos tardíos y réditos bancarios en las participaciones federales destinadas a los 212 municipios.
El informe general de la ASF es muy extenso y complejo.
Queda sin embargo muy nítido que por tercer año consecutivo se dispuso de manera irregular tan solo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por un monto de 4 mil 273.8 millones de pesos. Tendrán que declarar el administrativo de José Antonio Nemi, Pedro Solís y el ex secretario de Salud, Pablo Anaya Ribera.
Asimismo se tomaron fondos federales del Seguro Popular en el 2012 por 300 millones de pesos y 900 millones de pesos para el 2013. Ya hay denuncia penal contra el ex director Leonel Bustos Solís.
Asimismo hay reclamo judicial al 31 de diciembre del 2013, contra Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz y Fernando Charleston Hernández, quienes de acuerdo a las reglas del Fondo debieron administrar las aportaciones federales que no fueron ministradas a la dependencia ejecutora de Salud.
De ese tamaño son las raterías.
Tiempo al tiempo.
