México, D.F.
Lo que empezó como un pleito entre vecinos y empresarios por la construcción de 122 departamentos en Rubén Darío 225, en Polanco, ya llegó a lo penal, esto debido a una acusación de extorsión.
De acuerdo a fuentes formales, María Asunción Aramburuzabala, propietaria del desarrollo inmobiliario Abilia, denunció que, a través de su abogado, Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, pidió 5 millones de dólares, a cambio de no parar la obra.
Entonces, en la denuncia, radicada en la fiscalía de Miguel Hidalgo bajo el número CI-FMH/MH-5/UI- 3 S/D/00427/08-2015, de la que da cuenta el mencionado rotativo.
La demanda también incluye a Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo, así como sus abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans.
«Llevaron a cabo diversas conductas en contra de mi mandante al haber solicitado en reiteradas ocasiones un beneficio económico en diversas formas, hasta llegar al absurdo de solicitar la cantidad de $5’000,000.00 (CINCO MILLONES DE DÓLARES) para que diversas autoridades del Distrito Federal dejaran sin efectos los procedimientos que se habían instaurado previamente», señala la denuncia que se presentó el 14 de agosto.
Se destaca que al ratificarse, en la demanda, en la cual incluye un video, supuestamente grabado el 16 de junio en las oficinas de Abilia, en el que Becerra Pocoroba exige el dinero a nombre de Pérez Romo y los demás condóminos.
“En pocas palabras, quieren dinero, cabrón”, dice el abogado.
Y el representante de la inmobiliaria Abilia cuestiona: “¿A eso se resume?”
Becerra Pocoroba dice: “a eso se resume, aunque se oiga así de brusco. No hubiera querido yo venir a decírtelo nunca, y a eso se redujo: quieren dinero. ¿Cuánto quieren? Quieren 5 millones de dólares”.
En dicho material, que tiene como duración de 45 minutos, la acompañante de Becerra Pocoroba, Erika Mendoza Bergmans, dice que sus representados ven este monto como una ‘compensación’ por la pérdida de plusvalía de su edificio.
“Un factor es el tiempo y otro factor es ponerlo en pesos y centavos. Igual y no es así, suena feo decirlo así, pero tampoco nosotros tenemos mucho margen, entre lo que ellos nos piden y lo que ellos nos dicen porque por eso venimos con toda la honestidad del mundo a decirles cómo están las cosas”, afirma.
Becerra Pocoroba pidió al representante de la inmobiliaria una base para negociar con los vecinos, entre quienes se encuentra, además de Pérez Romo, la coordinadora del Comité Ciudadano de Bosques de Chapultepec, Gabriela Torres.
El mencionado rotativo subraya que además de los 5 millones de dólares para los vecinos, el abogado tasó en 600 mil dólares el pago de sus honorarios por la supuesta prestación de servicios profesionales.
Recuerda que la exigencia de los colonos fue precedida de tres verificaciones del GDF para suspender la obra, en una de las cuales se detuvo a 100 trabajadores.
La última acción fue un juicio de lesividad, promovida en junio por la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino, con el que pretende revocar los permisos ya otorgados.
Se ve en el video a Pocoroba mencionando que una vez llegado a un acuerdo se sentarán con el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para pedirle que se desista.
A lo que el representante de la inmobiliaria contesta que ellos han cumplido con toda la normatividad para hacer su desarrollo y que lo solicitado les parece una extorsión.
Según la nota firmada por Lorena Morales y Rolando Herrera, en la denuncia promovida por Aramburuzabala se acusa que el hostigamiento ha sido realizado por la influencia que tiene López Dóriga con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.
«Está plenamente acreditado que existió la amenaza de que si no se cumplía con dichas solicitudes económicas por parte de mi mandante, el propio Gobierno del Distrito Federal demandaría un Juicio de Lesividad, amenaza que fue cumplida (…) siempre haciendo alusión a la fuerza periodística del señor Joaquín López Dóriga y haciendo mención de la estrecha relación que se tenía con diversos funcionarios», dice la denuncia.
