El exembajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria, ha afirmado a ABC que el enfrentamiento entre bandas militares por el control de drogas y el contrabando es la causa del cierre de la frontera venezolana en el Táchira y del estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro.

La medida del cierre fronterizo se generó por un atentado perpetrado contra los oficiales del Ejército venezolano Daniel Veloz Santaella, Alexis Rodríguez Arria y el cabo Miguel Nuñez Martínez que fueron emboscados en San Antonio del Táchira el 19 de agosto. Los tres se encuentran hospitalizados, gravemente heridos.

Hace dos días entró en vigencia el estado de excepción que ha causado la expulsión masiva de colombianos con una cifra que supera las 800 personas. Los deportados han denunciado que los soldados bolivarianos los humillan y atropellan, saquean los bienes y destruyen las viviendas, manosean y abusan de las mujeres y marcan las casas con las letras «R» de revisión y «D» para demoler.

El exembajador Arria sostiene que las bandas militares ya no solo se pelean por el control de la droga sino por el contrabando de gasolina y los productos regulados. El control solo de la droga ya no es rentable. Ahora manejan también el contrabando de gasolina, que venden 5 veces más cara en los países fronterizos.

El exembajador también afirma que las autoridades de Colombia y los militares son cómplices del contrabando de extracción que se realiza desde Venezuela. «Pasan cientos de gandolas diariamente para Colombia y Brasil. Eso explica que las estaciones de gasolina muchas veces no están abastecidas en Venezuela».

Guerra de cárteles

ABC tuvo acceso al siguiente informe en el que se detalla paso a paso el incidente que encendió la chispa de la frontera:

El día 17 de agosto de 2015 una comisión del Ejército integrada por el Teniente (Ej.) Daniel Veloz Santaella y el Teniente (Ej.) Alexis Rodríguez Arias y otros efectivos del Ejército ambos plazas del GAC Vásquez ubicado en San Cristóbal detuvo en las inmediaciones de la alcabala de Peracal una camioneta tripulada por dos efectivos de la GN. Al ser requeridos en identificación, los funcionarios de la GN [Guardia Nacional Bolivariana] lo hicieron pero se negaron a dejarse registrar el vehículo, pidiendo la presencia de un fiscal del Ministerio Público.

En virtud a que el incidente fue escalando, inmediatamente hizo acto de presencia el Comandante del Destacamento de la GN [Guardia Nacional Bolivariana] en San Antonio del Táchira, y ya había sido alertado también el Comandante del GAC [Grupo de Acciones de la Guardia Nacional Bolivariana] Vásquez quien también estaba presente y el general de división (Ej. ) Efraín Velasco Lugo de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Andes. A esta altura del incidente los funcionarios de la GN pedían la presencia de un fiscal del MP para poder abrir la camioneta. El vehículo fue abierto en presencia de un fiscal del Ministerio Público con competencia nacional y se incautaron drogas y dinero en efectivo en una cantidad cercana a los 47 millones de bolívares fuertes y tres millones de dólares, pertenecientes (Según la versión de los funcionarios de la GN) al Comandante del Regional de la GN [Guardia Nacional Bolivariana] en Táchira.

El día 19 de agosto de 2015 el Tte. (Ej.) Daniel Veloz Santaella y el Tte. (Ej. ) Alexis Rodríguez Arias y el Cabo primero Miguel Núñez Martínez son emboscados por un motorizado durante la realización de una comisión de inteligencia en el área urbana, barrio Simón Bolívar de San Antonio del Táchira. Inmediatamente y con base a un informe presentado por el MG (Ej.) Velasco Lugo, el Presidente decretó el cierre de la frontera por 3 días mientras se controlaba la situación de orden público en la zona.

El 21 de agosto de 2015 a las 8 pm, el Presidente Nicolás Maduro decreta un estado de excepción en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia del estado Táchira por un lapso de 60 días con base a un informe de inteligencia presentado por el GJ (Ej.) Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa.

Los comentarios de los actores militares que conocen toda la verdad de lo ocurrido indican que esta es una guerra de cárteles militares de la droga. Al cerrar la frontera con Colombia en el estado Táchira por recomendación del Mayor General (Ej.) Velasco Lugo y luego por presión del GJ (Ej.) Vladimir Padrino para llevarlo al nivel de estado de excepción en los municipios comentados, los narcóticos bajo jurisdicción de la Guardia Nacional, y en particular del MG (GN) Reverol son afectados en un territorio (Táchira) que históricamente ha sido del control en exclusividad de la Guardia Nacional en drogas, contrabando, licores, trata de blancas y brillantes.

Esto es una verdadera guerra de cárteles militares venezolanos, El Cartel de Los Soles (Ejército) versus El Cartel de La Goajira (Guardia Nacional). Como cuando se enfrentaban en la década de los 80 en Colombia, el Cartel de Medellín contra el Cartel de Cali.

Miles de deportaciones

Varias fuentes coinciden en afirmar que este atentado es el resultado de «una guerra entre oficiales del Ejércitio y cárteles del narcotráfico donde están involucrados oficiales de la Guardia Nacional», como asegura José Antonio Colina, presidente de la ONG Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior. Otras señalan que Maduro ha utilizado el ataque como excusa para multiplicar las deportaciones de colombianos, que ya se venían produciendo tras la puesta en marcha de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), cuyo objetivo es acabar con los grupos paramilitares, que Maduro asegura están siendo apoyados por la extrema derecha venezolana y colombiana.

«Eso ya había empezado en el mes de febrero, pero ahora lo están haciendo abiertamente y están utilizando el atentado a los dos oficiales», dijo a «El Nuevo Herald» el general Marco Ferreira Torres. «Desde febrero, han detenido aproximadamente a unos 12.600 colombianos en lo que ellos denominan operaciones de liberación del pueblo», añadió.

En los últimos días un millar de colombianos, entre ellos 241 menores, han sido expulsados de sus casas. Los deportados han denunciado que los soldados bolivarianos los han humillado y saqueado sus bienes y destruyendo sus viviendas y marcandolas con las letras «R» de revisión y «D» para demoler. «Están marcando [las casas] de los colombianos, como hacían los nazis con los judíos», asegura Arria.

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