México, D.F.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, afirmó que ningún grupo o interés particular frenarán las reformas que ha impulsado el presidente de México, Enrique Peña Nieto en los últimos tres años.

“No existirá grupo o interés particular alguno, que impida que estos cambios de fondo sigan su curso, y de parte del Presidente, se compromete su Gabinete, su Gobierno, a que así suceda durante los próximos tres años que le quedan de Gobierno” mencionó el funcionario federal en reunión sostenida con los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Y es también ir más allá de cualquier discurso que pretenda desacreditar con soluciones fáciles, lo mucho que con diálogo hemos construido juntos, casi tres años” señaló Osorio Chong, contra los detractores de las reformas promovidas por el gobierno federal.

Según con el encargado de la política interna del país, el objetivo de la actual administración es obtener resultados concretos contra cualquier resistencia.

De acuerdo al ex gobernador de Hidalgo, las reformas impulsadas por Peña Nieto le dieron al país vida democrática y por medio del marco del Estado de Derecho han contrarrestado a los opositores.

Osorio Chong, convocó a los senadores del PRI y del PVEM a prepararse para debatir con seriedad y argumentos sólidos, aunque aceptó que habrá momentos complicados para los legisladores.

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, por su parte, demandó al gobierno federal más acercamiento con el Tricolor para impulsar un mayor compromiso con los legisladores federales.

México, D.F.

Un total de 28.7 millones de personas no generan ahorro para su pensión, esto de acuerdo a datos de Principal Financial Group (PFG).

Esta proporción es la tasa de informalidad con relación a la población ocupada en el País, la cual es de 57.6 por ciento, según el Inegi.

El director corporativo de planeación estratégica de esta empresa especializada en pensiones, Leopoldo Somohano, expresó que esta proporción es resultado de la baja tasa de formalidad en México, ya que los trabajadores no perciben muchos beneficios para formalizar su empresa o inscribirse a la seguridad social.

Este número de trabajadores que no está generando derechos pensionarios o carecen de una cuenta individual en alguna Administradora de Fondos de Retiro (Afore), puede generar una crisis, así lo mencionó Leopoldo Somohano.

«El tema de las pensiones se puede volver una bomba del tiempo, debemos tomar cartas en el asunto y fortalecer el sistema de pensiones en general en México», señaló.

Para ello, planteó el especialista, primero se necesita fortalecer los esquemas actuales -como el de cuentas individuales- y después, incluir a este sistema a la población que se emplea en el sector informal.

«Pero primero hay que fortalecer el sistema actual para garantizar su permanencia y viabilidad en el tiempo», expresó.

Al integrar a los trabajadores informales, se genera un sistema regido por una misma entidad que se encarga de velar y revisar que los sistemas estén operando bajo las mismas reglas, a pesar de los beneficios para el trabajador no sean homogéneos.

El analista recalcó que financiar las pensiones de los trabajadores de la economía informal representa una carga adicional a la que ya tienen las finanzas públicas con el pago de pensiones a personas que sí cuentan con Afore o que se jubilarán con la Ley de 1973.

Para ofrecerles una renta mensual equivalente al 54 por ciento de su último salario entre 2035, que es el año en que se pensionará el último trabajador que cotizó con la Ley de 1973, y 2050, año en que se triplicará la población mayor de 65 años, el Gobierno tendría que desembolsar el equivalente a 32 por ciento del PIB.

Este nivel daría un golpe para las finanzas públicas de aproximadamente 2 por ciento del PIB al año.

Para la OCDE, una pensión mensual adecuada debe ser equivalente al 70 u 80 por ciento del último sueldo del trabajador.

La OCDE, Pero bajo las condiciones actuales, estima que el promedio en México es de 28.6 por ciento para mujeres y 29.5 por ciento para hombres, considerando que la aportación a las cuentas individuales de pensión es de 6.5 por ciento del salario base del trabajador.

México, D.F.

¿Son migrantes, refugiados o clandestinos? ¿Puede hablarse de crisis migratoria ante la llegada a Europa de miles de hombres, mujeres y niños que huyen de las guerras, las persecuciones o la miseria en Oriente Medio o África? La elección de las palabras no es neutra.

Este fenómeno de desplazamiento ocupa la primera plana de los medios de información, y a los debates sobre las tragedias que acarrea se añade una polémica sobre la manera de nombrar a esas personas.

David Cameron, primer ministro británico, utilizó el mes pasado la palabra «enjambre» para hablar de los migrantes que tratan de llegar a Gran Bretaña a través del canal de la Mancha. La Oposición se lo reprochó ásperamente recalcando que «no son insectos».

La palabra «migrantes» se ha impuesto en el vocabulario de políticos y medios de prensa.

En Italia, Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga del Norte, suele hablar de «clandestinos». La agencia de prensa polaca PAP opta por «migrantes ilegales», calificativo que evitan muchos medios de información, que optan por «migrantes sin papeles» o «irregulares» para no darles una connotación peyorativa o delictiva.

El debate fue avivado la semana pasada por un periodista del canal catarí Al Jazeera, que instó en un artículo en línea a no emplear la palabra «migrantes» sino la de «refugiados».

«El término genérico de ‘migrantes’ no es pertinente para describir los horrores que ocurren en el Mediterráneo», apuntó Barry Malone.

También, la palabra migrantes distancia y deshumaniza, afirmó.

En teoría, un migrante es una persona que se fue de su país para instalarse en otro, lo que puede incluir a un refugiado (según los criterios de la Convención de Ginebra) o a un solicitante de asilo.

«Pero la palabra ‘migrante’ transmite la idea de elección, y presenta el problema desde el ángulo de la gestión de flujos que deben controlarse», estima Eve Shahshahani, de la ONG Acat (Cristianos por la Abolición de la Tortura).

Ella prefiere la palabra «exiliado», porque ésta significa que no se ha tenido elección, sea por motivos económicos o políticos.