MÉXICO.-El juez de control penal en Pachuca, Hidalgo, Jesús Anim Ope Islas, vinculó a proceso a Arturo Williams “T”, su esposa Bertha Eva “M”, así como a la diputada de Morena en Hidalgo, Alhely «M», por los cargos de abuso sexual y violación equiparada en contra de dos de sus sobrinas menores de edad, un hecho ocurrido en 2022 en Zimapán, Hidalgo.

El juez dictó prisión preventiva justificada para Arturo Williams y su esposa, mientras que para la diputada morenista la firma periódica mensual ante el juzgado, además de la prohibición para salir del país, informó en un comunicado la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.

Las tres personas mencionadas cuentan con un amparo federal que los protege de ser detenidos por el momento; la prisión preventiva justificada no podrá surtir efecto en su contra hasta que un colegiado resuelva el amparo de fondo.

De acuerdo con asistentes a la audiencia inicial, que comenzó a las 9:00 de la mañana de ayer miércoles y concluyó esta madrugada, la diputada Alhely «M», Arturo Williams “T”, su esposa Bertha Eva “M”, comparecieron de manera virtual, y negaron haber abusado de dos de sus sobrinas.

Alhely «M» acusó que la quieren derrumbar y “ensuciar” su nombre como diputada. Y respecto a por qué solicitó licencia indefinida al Congreso de Hidalgo, argumentó que por así convenir a su derecho y sus intereses. Al conocer su vinculación a proceso, las tres personas imputadas soltaron en llanto.

La vinculación a proceso sentó un precedente, ya que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la FGR tiene además abierta una carpeta de investigación (por los delitos de pornografía infantil y trata de personas) en contra esas tres personas, y también en contra de Ixtshelle “T” y su esposo Eduardo “B”, a quienes las dos menores también identifican como sus agresores sexuales.

Actualmente, Ixtshelle “T” y su esposo se encuentran prófugos y cuentan con una orden de aprehensión y Ficha Roja de Interpol.
Durante la maratónica audiencia, el abogado de las tres personas vinculadas a proceso argumentó que del 18 al 28 de abril del 2022, cuando habrían ocurrido una serie de abusos contra las dos menores, sus clientes (Arturo Williams, Eva “M” y Alhely «M») no tenían a su cargo a las dos menores que actualmente se encuentran en un refugio de víctimas, junto con su madre. El abogado argumentó que quienes sí tenían a su cargo a las dos niñas eran Ixtshelle y Eduardo.

Lo anterior, debido a que Jaqueline, la madre de las menores, fue intervenida y estuvo en recuperación por un procedimiento de apéndice en el Centro Médico Pasteur de Ixmiquilpan del 18 al 20 de abril de 2022.

Jacqueline, madre de las dos menores afectadas, denunció en 2022 como autores de la violación equiparada en contra de sus dos hijas a su hermano Arturo Wiliams “T”, un empresario, pastor de una iglesia evangelista y político de Morena, así como a la diputada Alhely «M», además de los tíos de las niñas, Bertha Eva “M”, Eduardo “B.” e Itxshell T.

Tanto en las carpetas de investigación en la Fiscalía de Hidalgo como en Fevimtra, las dos menores identifican como sus agresores a las cinco personas mencionadas.

Para tratar de deslindarse del abuso, durante la audiencia, Arturo Williams “T” y su abogado argumentaron que no hubo rastro de violación hacia las dos menores, sino hasta que la Fevimtra hizo pruebas médicas. Sin embargo, la defensa de las dos menores presentó pruebas médicas que se le hicieron a las dos menores en 2022 en el Hospital del Niño DIF de Pachuca, incluida una biopsia.
También presentaron un estudio donde se muestra el borramiento anal y destrucción de esfínter.

en los cuerpos de las dos menores, así como una prueba positiva al Virus del Papiloma Humano en una de ellas. La defensa de los tres implicados argumentó que la menor pudo haberse contagiado del VPH por el uso de toallas de baño.

El juez Jesús Anim Ope Islas cuestionó al abogado por tratar de realizar una coartada a través de desestimar las evidencias de abuso presentadas. Dijo que los testimonios de las dos niñas son tan evidentes que hasta son capaces de describir las sensaciones que sentían cuando sufrían la violación.

Durante la audiencia estuvo presente el padre de las dos menores, quien al final de la misma soltó en llanto. El juez determinó tres meses para la investigación complementaria de este caso.

Mediante un comunicado, Ramses Almaraz, abogado de Williams “T” y Bertha Eva “M”, aseguró que “se han utilizado a dos menores de edad para tratar de ejecutar una venganza” contra sus clientes, y señaló un caso prefabricado, aunque no dio evidencia de ello.

Aseguró que “no existe un sólo elemento probatorio que permita atribuir responsabilidad penal en contra de Williams y Eva”, y destacó que su vinculación a proceso no implica su culpabilidad, por ahora.

En referencia a Saúl “C”, apodado “El Chino», quien fue mencionado en la audiencia, el abogado afirmó que hay una persona más implicada en el delito contra las menores que deberá comparecer ante la autoridad “y que eso desde luego abre la posibilidad de desentrañar toda la verdad en este caso”.

‪https://whatsapp.com/channel/0029VaBNLZD96H4IpWaXm11P
👆Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe toda la información ¡Es gratis!

MÉXICO.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este jueves una reforma constitucional al Congreso mexicano para combatir el delito de extorsión, que se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en el país, con el objetivo de homologar las penas y sanciones en todo la nación.

Las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto, cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno”, admite Sheinbaum en su exposición de motivos.

La propuesta, que modifica el artículo 73 de la Constitución mexicana, permitiría al Congreso mexicano expedir una ley general en materia de extorsión, con el fin de establecer una base común que evite disparidades entre los códigos penales estatales.

Actualmente, la extorsión se sanciona de manera distinta en cada estado del país, lo que, según el Ejecutivo, ha dificultado su persecución y propiciado la impunidad.

Hasta ahora, las penas por incurrir en la extorsión van de cuatro y hasta treinta años de prisión en distintos estados mexicanos, mientras que el rango de las multas pueden ir desde los 36 mil pesos (unos mil 800 dólares) y hasta los 340 mil (casi 17 mil dólares).

De acuerdo con el documento enviado al Poder Legislativo, la falta de uniformidad normativa genera una dispersión en las tipificaciones y sanciones que se traduce en deficiencias procesales, escasa colaboración entre autoridades y, en consecuencia, en un bajo índice de judicialización del delito de extorsión.

Una problemática que se presenta para el combate eficaz de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las penas (…) Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de dos a ocho años, en Oaxaca las penas van de uno a tres años, y en Chihuahua oscilan entre cinco y 30 años. Esta disparidad debe de ser corregida”, reza el documento.

La reforma busca que la Federación tenga competencia para definir las modalidades de la extorsión —como la telefónica, digital, presencial o mediante amenazas— y establecer penas mínimas y máximas comunes, así como protocolos de actuación para las fiscalías y policías en todo el país.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se acumularon 10 mil 804 víctimas de extorsión, en tanto que el promedio diario de incidencia promedió las 29.77 víctimas diarias en enero de 2025, lo que significó un alza del 57,62 por ciento en los últimos seis años.

El pasado domingo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión y apuntó que en la actual administración ocho estados de México acumulan el 66 por ciento de las extorsiones a nivel país.

Precisó que los estados son el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, y dentro del plan se establecerá el número 089 para atender denuncias de extorsión, con énfasis en la importancia de la protección de la identidad de la víctima, con operadores especializados.

La Estrategia «se implementará a nivel país y será reforzada con la participación de otras instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-SHCP), la cual será la encargada del congelamiento de cuentas bancarias identificadas como depositarias de cobros de extorsiones», indicó García Harfuch.

https://whatsapp.com/channel/0029VaBNLZD96H4IpWaXm11P
👆Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe toda la información ¡Es gratis!

EU.-La jueza Sharon Johnson Coleman recibió formalmente el acuerdo de culpabilidad firmado por Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, requerido por el tribunal con al menos tres días de antelación a la audiencia reprogramada para este viernes a las 11:00 de la mañana (hora local de Chicago), con el fin de revisarlo previamente y plantear posibles observaciones.

De acuerdo con los últimos reportes, el hijo menor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, aceptará de manera voluntaria su responsabilidad en varios delitos, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso ilegal de armas de fuego. La aceptación incluye que el procesado firme una carta en la que reconoce su culpabilidad sin que medie amenaza o presión alguna.

A cambio, la fiscalía se compromete a recomendar una pena inferior a la máxima posible, que en el caso de Guzmán podría alcanzar varias cadenas perpetuas.

Según el periodista Arturo Ángel, quien tuvo acceso al documento, se exige la cooperación de Guzmán en distintos ámbitos, como requisito fundamental para mantener los beneficios pactados, aunque el tribunal no está obligado a seguir la recomendación de los fiscales.

En la orden judicial, los fiscales deberán remitir el documento completo, acompañado de la carta de aceptación de cargos rubricada por el acusado, en la que reconoce que “acepta ser culpable porque de hecho lo es”, subrayando que lo hace “de forma voluntaria, sin amenazas ni presiones”.

Asimismo, se anexó la declaración de su defensor legal, quien ratificó que todo el proceso se realizó conforme al procedimiento judicial, sin irregularidades que pudieran poner en duda su validez.

Esta fase de preparación también incluyó el reingreso de Guzmán López a la cárcel metropolitana de Chicago, luego de haber estado bajo resguardo en una ubicación confidencial, como parte de un esquema de seguridad reservado a posibles testigos cooperantes.

El acuerdo entregado a la jueza contiene de 12 a 15 cláusulas, entre ellas los cargos específicos por los que el hijo de El Chapo Guzmán asume su responsabilidad penal, así como las penas de prisión que podrían derivarse, calculadas mediante un sistema de “puntos penales” que pondera la conducta criminal y sus agravantes.

También se precisan las reducciones que el Ministerio Público está dispuesto a recomendar si el acusado mantiene su cooperación. Se trata de “guías de sentencia” que el tribunal considerará, pero que no lo obligan a dictar una condena exacta.

El documento estipula que la colaboración de Guzmán López con las autoridades será condición fundamental para que los compromisos del acuerdo se mantengan vigentes. Se incluye además la posible incautación de bienes, pagos compensatorios o multas.

Otro punto importante es que el acusado renuncia expresamente a varios derechos constitucionales: “la garantía de ser tratado como inocente a menos que se le pruebe en juicio por jurado lo contrario”, escribió Arturo ngel ; el derecho de apelar la condena o cualquier decomiso, entre otros.

Sin embargo, el acuerdo no incluye detalles específicos sobre la forma en que el imputado colaborará con los fiscales. Es decir, no se menciona si brindará nombres, descripciones de hechos delictivos o testimonios futuros, hasta ahora esa parte del proceso se mantiene bajo reserva como parte de investigaciones confidenciales.

‪https://whatsapp.com/channel/0029VaBNLZD96H4IpWaXm11P
👆Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe toda la información ¡Es gratis!

JALISCO.-Una tragedia estremeció al municipio de San Cristóbal de la Barranca, al sur de Zapopan donde una familia fue víctima de un ataque armado dentro de su vivienda, cuatro personas perdieron la vida; un hombre de 35 años, una mujer de 34, así como una niña de 13 años y un niño de apenas dos, asimismo un menor de 9 años, sobrevivió al ataque, aunque presentaba heridas menores.

De acuerdo con los primeros reportes a la casa ubicada en la colonia Rural llegaron sujetos armados y abrieron fuego contra los habitantes de la misma, sin embargo; por ahora no se cuenta con información sobre los responsables del crimen ni sobre los posibles motivos del ataque.

Según información extraoficial, el niño que sobrevivió logró salir de la vivienda y recorrer un tramo hasta llegar al coto Nubes, cercano a la carretera Colotlán, a la altura de una planta tratadora de residuos. Ahí, pidió auxilio a un civil a quien le dijo que su familia había sido lastimada. Esta persona llamó al 911 para solicitar apoyo y después se retiró del sitio, dejando al menor esperando la llegada de las autoridades.

Poco después, personal de emergencia y policías municipales acudieron al lugar donde encontraron al menor visiblemente alterado y al realizar un recorrido por la zona señalada, los oficiales confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de los padres y hermanos del menor, todos con impactos de arma de fuego.

La Fiscalía del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron al sitio para iniciar con las diligencias correspondientes. En tanto, el menor sobreviviente fue canalizado a las instalaciones de Ciudad Niñez, donde recibe atención especializada.

‪https://whatsapp.com/channel/0029VaBNLZD96H4IpWaXm11P
👆Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe toda la información ¡Es gratis!