Animalpolitico.- La ayudantía de la presidenta Claudia Sheinbaum prácticamente es la misma que cuidó y auxilió al expresidente Andrés Manuel López Obrador en la parte final de su mandato, sin embargo, los tres nuevos integrantes del equipo son excolaboradores del exministro Arturo Zaldívar, actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, área a la que está subordinada la ayudantía presidencial.

Animal Político revisó los perfiles y declaraciones patrimoniales y de intereses de quienes protegen y acompañan permanentemente a la presidenta, y confirmó que los licenciados en derecho Carlos Javier Castaños Villaseñor, Miguel Oscar Casillas Sandoval y Manuel Alejandro Téllez Espinosa trabajaron con Zaldívar mientras ocupó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y más tarde, en su ponencia en donde desempeñaron distintas actividades como la de secretarios de estudio y cuenta.

Actualmente forman parte del equipo de seguridad de la presidenta y perciben sueldos que van de los 45 mil a los 65 mil pesos netos mensuales. Casillas Sandoval y Téllez Espinosa reciben 45 mil pesos, mientras que Castaños Villaseñor es uno de los cuatro integrantes de la ayudantía con remuneraciones más altas; en su caso, 65 mil pesos, según datos de la plataforma Nómina Transparente.

La ayudantía de la presidenta Claudia Sheinbaum está conformada por 13 personas: seis mujeres y siete hombres.

Juan José Ramírez Mendoza, hermano del exdirigente de Morena en la CDMX, Sebastián Ramírez, hoy subsecretario de turismo del gobierno de México, es el titular de esta dirección, la cual estuvo a cargo de Daniel Asaf, actual diputado federal, durante el gobierno de López Obrador.

De acuerdo con su hoja de vida, Ramírez Mendoza entró a trabajar a la administración pública hasta septiembre de 2021 y lo hizo como parte de la ayudantía de López Obrador.

Previamente se había desempeñado como coordinador de marketing deportivo en radio y televisión.

Hoy es una de las personas más cercanas a Sheinbaum: la acompaña en eventos y reuniones privadas en Palacio Nacional, así como en giras por el país y viajes al extranjero.

Como titular de la Dirección General de ayudantía, Ramírez Mendoza recibe un sueldo neto de 127 mil pesos mensuales, seis mil pesos menos que la presidenta Sheinbaum.

Cada mes, el pago a los 13 miembros de la ayudantía presidencial asciende a unos 750 mil pesos con sueldos que van de los 45 mil a los 127 mil pesos.

En 2018, tras ganar la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador anunció que el Estado Mayor Presidencial (EMP), encargado de la protección del titular del Ejecutivo Federal, sería incorporado al Ejército.

Con ello, daría paso a la ayudantía presidencial, un grupo de hombres y mujeres -no necesariamente profesionistas en el campo de la seguridad- para que lo acompañaran, cuidaran y auxiliaran en todo momento.

“Me van a cuidar estos ayudantes, mujeres y hombres, y me van a cuidar todos los mexicanos (…) nada más que ya no va a haber este cuerpo especial (el EMP). Lo que vamos a procurar es que haya más orden, que no apachurren”, anunció en agosto de 2018, luego de reunirse con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto.

A poco más de nueve meses del inicio del gobierno de Sheinbaum, no se ha publicado el reglamento de la Oficina de la Presidencia, por lo que continúa vigente el emitido durante la administración de López Obrador, fechado el 9 de diciembre de 2019.

En dicho documento se especifica que la Coordinación General de Política y Gobierno, hoy a cargo de Arturo Zaldívar, contará con 3 unidades administrativas: Dirección General de Atención Ciudadana; Dirección General de Logística; y Dirección General de Ayudantía.

Entre las atribuciones de la ayudantía se encuentra el proporcionar el apoyo personal e inmediato para el desarrollo de las actividades públicas y privadas de la presidenta, participar en el acondicionamiento de escenarios para el desarrollo de eventos públicos en los que participe Sheinbaum y determinar las acciones necesarias para resguardar su integridad.

Además de diseñar e implementar protocolos de apoyo logístico para las actividades de la presidenta.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las personas de su ayudantía no requerían tener una profesionalización en materia de seguridad, sino que solo fueran hombres y mujeres con al menos la licenciatura. A lo largo de su gobierno varios de ellos fueron ocupando puestos dentro de otras dependencias aunque no contaban con la experiencia requerida en sus cargos.

Se trata de 28 exmiembros de la ayudantía, algunos de los cuales, incluso, tuvieron señalamientos en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades en sus encargos.

Hasta diciembre de 2024, ya con el cambio de administración, 18 de ellos ocupaban cargos en donde percibían sueldos superiores a los 100 mil pesos mensuales.

Otros exmiembros de la Ayudantía de AMLO que asumieron cargos públicos, pero en los gobiernos estatales, son Alejandro Antonio Calderón Alipi y Ángel Carrizales López quienes fueron nombrados secretario de salud en Tabasco y procurador del Medio Ambiente de Veracruz, respectivamente, luego de que Javier May y Rocío Nahle rindieron protesta como gobernadores.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó sin estímulos fiscales a las gasolinas y diésel por tercer mes consecutivo, pese a la volatilidad en el precio internacional del petróleo.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los consumidores pagarán el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) completo por estos combustibles de la semana del 12 al 18 de julio.

Así, se pagará un impuesto de 6.4555 pesos por litro de gasolina Magna y uno de 5.4513 pesos por cada litro de Premium, mientras que por litro de Diésel será de 7.0946 pesos.

Este viernes, el precio del Brent abrió con una ganancia de 1.79 por ciento respecto al día previo para venderse en 69.84 dólares por barril, mientras que el WTI subía 1.98 por ciento en 67.91 dólares por barril.

El jueves, la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) cotizó en 63.25 dólares por barril, lo que representó una caída de 2.36 por ciento frente a la cotización del pasado miércoles.

De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se prevé que en 2025 la demanda de crudo a nivel mundial aumentará en solo 700 mil barriles diarios, mientras que para 2026 se proyecta un crecimiento de sólo 720 mil barriles diarios.

En su informe mensual sobre el mercado petrolero, la AIE resaltó que si bien es prematuro atribuir estos ligeros avances a los aranceles impuestos por Estados Unidos, las mayores contracciones en la demanda de crudo se han visto en países como China, Corea del Sur y Japón.

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La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que avance la demanda colectiva promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en busca de reparar el daño económico causado por prácticas anticompetitivas en el sector farmacéutico.

El máximo tribunal del país resolvió que el juzgado federal dé trámite a la acción colectiva, aún cuando estén pendientes amparos relacionados con las multas impuestas por Cofece. La decisión obliga al Primer Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica a admitir la demanda presentada por el regulador, que busca la reparación de un daño estimado en mil 900 millones de pesos por colusión entre distribuidoras de medicamentos.

Una vez que el Primer Juzgado de Distrito especializado admita la demanda y dé trámite, ese capital será destinado al IMSS-Bienestar, considerando que fue el sector salud donde se generó el daño.

Y con esa resolución, la Corte sienta un precedente clave: abre la puerta para que la nueva autoridad de competencia pueda ejercer la acción colectiva en beneficio de los consumidores afectados.

Cabe recordar que fue el pasado 16 de agosto de 2021 cuando Cofece multó a cinco empresas farmacéuticas por restringir el abasto de medicamentos, fijar, manipular e incrementar el precio de los fármacos en el mercado mexicano, a los cuales también les impuso multas que sumaron en su conjunto más de 903.4 millones de pesos.

Entre las empresas involucradas están Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales (Fanasa), Nadro y Almacén de Drogas; así como 21 personas físicas que participaron en representación de éstas.

Según Cofece, estas empresas y sus representantes se coludieron puntualmente para no distribuir medicamentos durante ciertos días del año, limitar la cantidad de medicamentos surtidos a farmacias, manipular los precios de venta y limitar los descuentos a las farmacias.

La comisión dijo en su momento que estas conductas redujeron la disponibilidad y aumentaron los precios de medicinas en el país, generando un daño superior a 2.4 mil millones de pesos.

En mayo de 2016, la comisión inició una investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos en el territorio nacional.

La Autoridad Investigadora de Cofece identificó variaciones atípicas en el comportamiento de los precios de diversos medicamentos que no responden a las condiciones de competencia en el mercado, así como la existencia de canales de comunicación en la industria que facilitaban el intercambio de información entre empresas.

La industria de medicamentos en México está conformada por diversas empresas que se agrupan en tres eslabones de la cadena.

El primer eslabón es el de la producción, en el que participan laboratorios nacionales y extranjeros que producen medicamentos. Estas empresas se dedican a la investigación, desarrollo y fabricación de medicamentos para la prevención y tratamiento de enfermedades.

El siguiente eslabón en la industria es la distribución. La mayoría de los laboratorios no distribuyen ni comercializan sus productos directamente al sector minorista, sino que lo hacen a través de distribuidores mayoristas.

El tercer eslabón de la industria es la venta de medicamentos al público. Entonces, las farmacias solo tienen acceso al abasto de medicamentos bajo las condiciones comerciales que establecen los distribuidores de los laboratorios.

El modelo de farmacias de cadena ha incrementado el poder de compra de estas empresas, lo que les permite comprar medicamentos directamente a los laboratorios.

En este contexto, se acreditó la realización de tres conductas anticompetitivas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos, particularmente en el eslabón que corresponde a la distribución de medicamentos.

“Como resultado se identificó que distribuidores, como Marzam, Casa Saba, Fanasa, Nadro y Almacén de Drogas, establecieron condiciones comerciales para las farmacias basadas en acuerdos colusorios que implementaron desde 2006 y que tenían el fin de restringir el abasto y fijar, manipular e incrementar el precio de los medicamentos distribuidos”, dijo en Cofece en su reporte llamado “La colusión en el mercado privado de medicamentos”.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, la industria farmacéutica está conformada por 837 unidades económicas en Fabricación de Productos Farmacéuticos, destacando Ciudad de México (con 236), Jalisco (141) y Estado de México (86). La producción bruta total fue tiene un valor de 189 mil 260 millones de pesos.

Los estados con mayor producción bruta total fueron Ciudad de México (67 mil 759 millones de pesos) y Estado de México (38 mil 314 millones).

Las exportaciones del sector nacional suman un valor superior a los mil 760 millones de dólares, siendo Estados Unidos el principal destino con 43.5 por ciento de los pedidos, seguido por Panamá con 6.9 por ciento y Brasil con 6 por ciento.

En cambio, las importaciones suman un valor mayor a 5 mil 800 millones de dólares, de los cuales 20.2 por ciento son de Estados Unidos, 15.8 por ciento de Alemania y 8.9 por ciento de Francia.

En el último reporte de la industria realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2019 a 2022, 33 empresas realizaron proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (IDT). En total, hubo 631 proyectos en el periodo.

Del total de proyectos, 16.9 por ciento correspondió al área terapéutica de endocrinología y metabolismo, 12.6 por ciento se destinó a analgesia y 8.5 por ciento se relaciona con cardiología.

Cabe mencionar que para 2022, las ventas para la especialidad de medicamentos de uso veterinario fueron de 41 mil 525 millones de pesos, otro segmento de gran interés para la industria.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las gasolineras que operan en el país, sin importar si son franquicia de Pemex o comercializan combustibles de origen distinto, deberán cumplir plenamente con la ley y operar en orden.

“Las gasolineras tienen que cumplir y estar en orden”, señaló la mandataria en conferencia, al asegurar que actualmente se mantienen mesas de trabajo con empresarios del sector para brindar asesorías y facilitar procesos, sin que ello signifique que se relajarán las exigencias.

A pesar de que existen esfuerzos por simplificar trámites y ofrecer acompañamiento técnico, garantizó que no hay margen para la corrupción ni para incumplimientos en materia de seguridad o legalidad de gasolineras.

“Claro que hay asesoría en todo lo que se requiera para apoyarlos, pero tienen que estar en orden”, reiteró.

De acuerdo con Sheinbaum, todas las instituciones competentes —incluida la Secretaría de Energía— estarán participando en las revisiones a estaciones de servicio a través de mesas conjuntas. Aclaró que no se trata de frenar el negocio, sino de garantizar que opere dentro del marco del estado de derecho.

“No hay desincentivación del negocio”, dijo. “Pero tiene que estar en orden, como cualquier negocio en nuestro país, y más tratándose de una instalación de este tipo”.

También recordó que el cumplimiento de la norma incluye aspectos técnicos del combustible, medidas de seguridad, normativas ambientales y protección civil. “No puede hacerse trampa en la bomba para vender litros que no son litros”, advirtió.

La presidenta hizo énfasis en que el funcionamiento de las gasolineras debe darse bajo esquemas de honestidad y sin privilegios. “Es sencillamente sin corrupción, sin abusos, de manera honesta y transparente. Pero tienen que cumplir”, sentenció.

Agregó que, en este proceso, tanto las autoridades como los empresarios tienen una responsabilidad compartida: “Cada quien hace su parte, la autoridad hace su parte, y el empresario o la empresaria hace la suya”.

Por ello, la titular del Poder Ejecutivo anunció que ya hay una mesa de trabajo destinada a disminuir esa carga burocrática, siempre y cuando no se comprometan las condiciones de seguridad.

La mandataria recordó que, incluso, cuando se propuso el acuerdo voluntario para mantener el precio del litro de gasolina por debajo de los 24 pesos, el gobierno actuó de forma coordinada con el sector, pero sin permitir que ello se traduzca en relajamiento del marco legal.

Es importante que las gasolineras en México operen en orden porque se trata de instalaciones de alto riesgo que deben cumplir con normas estrictas en materia de seguridad, medio ambiente y protección civil.

El cumplimiento garantiza que se despache el combustible con medidas justas —sin alteraciones en el volumen ni en la calidad— y protege tanto a los consumidores como al entorno.

Además, operar conforme a la ley fortalece el estado de derecho, evita la corrupción y genera confianza en un sector clave para la movilidad y la economía nacional.

Las gasolineras en México están sujetas a una serie de normas oficiales y regulatorias que abarcan desde la calidad del combustible hasta la seguridad de sus instalaciones.

Entre las principales se encuentran las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) relacionadas con las características físico-químicas de la gasolina y el diésel, las medidas de seguridad para el almacenamiento y despacho, así como las disposiciones ambientales y de protección civil.

Las gasolineras también deben cumplir con regulaciones emitidas por la Secretaría de Energía (Sener), la CRE, Profeco, ASEA y otras autoridades que supervisan aspectos técnicos, comerciales y de seguridad operativa.

Estas normas buscan garantizar que el servicio sea seguro, justo y sin riesgos para la población ni para el medio ambiente.

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informó que 355 migrantes mexicanos han sido detenidos en distintas redadas en los Estados Unidos.

Son 355 personas detenidas mexicanas, vinculadas directamente a las redadas”, informó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Precisó que, tan solo el jueves 10 de julio, tras la redada ocurrida en unos cultivos de California, el consulado mexicano recibió 25 llamadas por parte de familiares que solicitaron ayuda para los detenidos, pero aún se está revisando la cifra total de detenidos.

La reacción de Sheinbaum Pardo ocurre luego de que el jueves se reportara que trabajadores mexicanos fueron detenidos en redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en cultivos en California, específicamente en el condado de Santa Barbara, en la zona de Carpinteria.

Debido a la actuación de los agentes se dieron manifestaciones en contra de las detenciones que fueron disueltas cuando los agentes lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes en medio de los campos de cultivo.

Ante ello, el Gobierno mexicano, a través de su cancillería, activó su protocolo de atención para atender a los connacionales detenidos.

La gobernante mexicana aprovechó para condenar este tipo de acciones que calificó como “muy injustas” porque, señaló, “van a dañar mucho la economía de Estados Unidos”.

Como en otras ocasiones, recordó que los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades, especialmente los latinos, son quienes “fortalecen la economía de Estados Unidos, la han levantado”, y enfatizó que sin esa mano de obra los campos de California “y otros estados no van a producir”.

Sheinbaum informó además que el mismo jueves tomó la decisión de ampliar los recursos para los consulados de México y expresó su “total apoyo” a todos los migrantes mexicanos.

“Estamos ampliando los recursos, el presupuesto de los consulados, sobre todo para el apoyo jurídico, el apoyo legal que requieren todos nuestros hermanos y hermanas”, dijo.

Más de 67 mexicanos repatriados

La presidenta mexicana precisó también que desde el pasado 20 de enero, cuando Donald Trump asumió su segundo mandato, un total de 73 mil 533 personas han sido repatriadas, de las cuales 67 mil 8 son mexicanos y seis mil 525 extranjeros

En tanto, desde el 1 de octubre, cuando ella inició su gestión, se han deportado a 138 mil personas, de las cuales 126 mil son mexicanos y 11 mil extranjeros.

Trump busca acelerar las deportaciones y detenciones para cumplir con su promesa de campaña de expulsar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.

En junio pasado, las redadas migratorias en Los Ángeles (California), la ciudad con la mayor comunidad de mexicanos fuera del país, provocaron manifestaciones contras las autoridades y una ola de protestas en todo Estados Unidos, a las que la Casa Blanca respondió con el envío de miembros de la Guardia Nacional.

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