Destruye la Marina laboratorio y 600 kilogramos de metanfetamina en Sinaloa

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Autoridades federales localizaron y destruyeron un narcolaboratorio dedicado a la producción de metanfetamina en el municipio de Mocorito, Sinaloa.
El hallazgo fue realizado por personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), cuando llevaban a cabo patrullajes de vigilancia aérea y terrestre en el poblado de Las Juntas, donde se identificó un complejo clandestino con infraestructura especializada para la elaboración de droga sintética.
En el lugar, las fuerzas federales destruyeron aproximadamente 600 kilogramos de metanfetamina, además de diversos precursores químicos utilizados en su fabricación.
Entre las sustancias aseguradas se encontraban
• 200 litros de alcohol bencílico
• 500 kilogramos de tolueno
• 75 kilogramos de sosa cáustica
Además, de insumos clave en los procesos de síntesis de estupefacientes.
La magnitud del aseguramiento evidencia la capacidad operativa del laboratorio, que contaba con amplias áreas de producción.
También fueron localizados múltiples artefactos utilizados en la elaboración de droga sintética, incluyendo tinas de gran capacidad, una bomba sumergible, quemadores industriales, cilindros de gas y utensilios de procesamiento.
Según estimaciones, el aseguramiento podría representar una afectación económica cercana a los 157 millones de pesos para la delincuencia organizada, al impedir la distribución de más de 15 mil dosis de droga.
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Problema de México es autoinfligido, no es culpa de Donald Trump: The Economist

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El semanario británico The Economist, aseguró en un artículo que la economía en nuestro país continúa avanzando con dificultad.
En un artículo publicado por The Economist, analizó que la inversión se está desplomando, no por culpa del presidente de Estados Unidos Donald Trump, sino que el problema de México es autoinfligido.
“Desde que asumió el poder en 2018, Morena, el partido gobernante, ha impulsado reformas constitucionales que socavan activamente la economía”, dice el semanario británico en su artículo.
Del mismo modo, The Economist detalló que la elección al Poder Judicial, podría aumentar la inseguridad jurídica.
“Ahora los jueces deben ser elegidos , lo que aumenta la inseguridad jurídica. Los organismos reguladores independientes han sido debilitados o directamente abolidos», menciona.
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Muere otro mexicano bajo custodia de ICE

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó y exigió una investigación a tras el fallecimiento, la noche del 25 de marzo, de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Adelanto, California.
Detalló en un comunicado, que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado del deceso por las autoridades migratorias, por lo que “agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso”.
Según la dependencia, el connacional fue “trasladado a un hospital en Victorville, California, donde falleció”, aunque aclaró que “hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente”.
Y explicó que el consulado nacional en San Bernardino activó el protocolo consular designado, estableciendo contacto con la familia del connacional para brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente.
Además precisó que se “mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos”.
Tras la muerte del mexicano, la SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que “estos lamentables casos no continúen”, por lo que también demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto “por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”.
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Despliegan más de 300 elementos para rescate de mineros en Sinaloa

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A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que fueron desplegados más de 300 elementos, para intentar rescatar a los 4 mineros, que quedaron atrapados en El Rosario, Sinaloa.
En el mismo boletín, las autoridades detallaron que además de los más de 300 elementos, 42 unidades trabajan las 24 horas del día.
A continuación el comunicado:
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que, en seguimiento al colapso ocurrido el pasado miércoles 25 de marzo en la mina Santa Fe, en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa, se mantienen labores ininterrumpidas de rescate para localizar a cuatro mineros atrapados, al tiempo que el puesto de mando unificado implementa un plan de reforzamiento estructural orientado a garantizar la seguridad de los rescatistas y avanzar de manera controlada hacia la zona donde se estima su ubicación.
Desde el puesto de mando se coordina el esfuerzo de más de 300 elementos y 42 unidades que trabajan las 24 horas del día, organizados en periodos operativos de relevo, con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida de los rescatistas. A estas labores ininterrumpidas se sumaron esta mañana especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes apoyarán en la definición de estrategias técnicas, así como el escuadrón de rescatistas del Grupo Frisco proveniente de Chihuahua.
En esta fuerza de tarea conjunta se articulan las capacidades operativas de la CNPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa y diversas brigadas expertas, entre las que también participan el Grupo Minero IMSSA, el Grupo Lobos de Guanaceví y el Grupo Actus.
Las maniobras se desarrollan a 300 metros de profundidad, enfrentando la presencia de material lodoso que dificulta el avance, aunque las brigadas operan bajo condiciones de ventilación óptima y una temperatura aproximada de 25 grados Celsius. El objetivo central de estas jornadas es avanzar 1.5 kilómetros sobre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda donde se estima la ubicación de los mineros.
Para garantizar la seguridad de los rescatistas en este trayecto, se implementa un proyecto de estabilización de posibles caídos estructurales mediante una mezcla térmica con cemento, acción que se reforzará con el uso de resina expansiva programada para arribar el día lunes al estado.
El periodo operacional de las células de rescate se ha optimizado para extenderse y permitir un trabajo profundo al interior de las instalaciones, mientras el departamento de Geología de la empresa Industrial Minera Sinaloa, supervisa rigurosamente cada fase de excavación.
Como medida de protección vital, se mantiene activo un sistema de alarma durante todas las maniobras subterráneas para emitir avisos oportunos ante cualquier riesgo y ejecutar evacuaciones inmediatas si el entorno lo exige. A la par, continúan las labores ininterrumpidas de bombeo en la presa para disminuir los niveles de agua y mitigar riesgos adicionales.
El acompañamiento sensible y permanente a las familias es un pilar de este operativo. Al concluir cada ingreso de las células de rescate, se les brinda un informe detallado sobre los avances, además de garantizarles atención psicológica integral, cobertura de necesidades de alimentación, facilidades para el aseo personal y espacios dignos para el descanso.
Se reitera el exhorto a la población para permitir el libre paso de los vehículos de emergencia y seguir la evolución de este incidente exclusivamente mediante los canales institucionales.
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“Me encantaría ser jefe de Gobierno”: Sergio Mayer busca postularse para gobernar la Ciudad de México

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El diputado federal de Morena, Sergio Mayer, dio a conocer que una de sus metas políticas es llegar a gobernar la capital del país.
En una entrevista con José Luis Guerra, el legislador afirmó que le “encantaría ser jefe de Gobierno”, aunque aclaró que su intención sería buscar el cargo dentro de aproximadamente 12 años, tiempo que prevé dedicar a consolidar su trayectoria en la política.
Aspiración a la Jefatura de Gobierno de la CDMX
Durante la conversación, Mayer respondió a preguntas sobre su futuro político y reconoció que su mayor aspiración en el ámbito local es encabezar la administración de la Ciudad de México.
El legislador explicó que su objetivo no es inmediato y que prefiere avanzar gradualmente en su carrera pública.
“Me encantaría ser jefe de Gobierno”, dijo al señalar que busca mantener continuidad en su actividad política antes de plantear una candidatura.
Plan político a mediano plazo: dos sexenios de preparación
El diputado detalló que su proyección incluye al menos dos sexenios más de preparación antes de competir por el cargo.
En ese periodo, sostuvo, buscará fortalecer su experiencia y presencia dentro del escenario político.
“Tiene que ser por lo menos en unos 12 años, tengo la edad perfecta para seguirme preparando en dos periodos más”, señaló durante la entrevista, al considerar que el objetivo es posible si continúa trabajando en el ámbito público.
Polémica por licencia y participación en reality show
Las declaraciones de Mayer se dan en medio de cuestionamientos por decisiones recientes relacionadas con su actividad legislativa.
En pleno periodo en la Cámara de Diputados, solicitó licencia para participar en el programa televisivo La Casa de los Famosos, situación que generó críticas dentro de Morena.
A raíz de ese episodio, la Comisión de Honestidad y Justicia del partido inició un proceso interno y determinó suspender temporalmente algunos de sus derechos partidarios, entre ellos participar en actividades del partido o competir en procesos internos.
Acusaciones de campaña interna en Morena
Durante la entrevista, el diputado también aseguró que enfrenta críticas desde un sector del partido que ha cuestionado su incorporación a Morena.
Afirmó que parte de las versiones difundidas sobre su trayectoria responden a diferencias políticas internas.
“Me hace ver que estamos haciendo las cosas bien, que le genero incomodidad a ciertas personas y que me ven no como un enemigo, pero sí como un oponente”, declaró.
Un episodio que refleja tensiones internas en el partido
El caso del legislador también se ha vinculado con discusiones sobre la asignación de candidaturas plurinominales dentro de Morena.
En ese contexto, el suplente Luis Morales Flores ha cuestionado cambios en el proceso que terminaron por colocar a Mayer como titular de una curul.
En medio de este escenario, el propio diputado ha defendido su actuación y ha explicado su decisión de solicitar licencia durante el periodo legislativo.
Según dijo, ese recurso es utilizado con frecuencia por integrantes del Congreso para distintos motivos.
Cómo justificó Sergio Mayer la solicitud de licencia en el Congreso
El legislador explicó que el mecanismo de licencia es común entre parlamentarios y que se utiliza en diferentes situaciones. Entre los ejemplos que mencionó se encuentran:
• Legisladores que solicitan licencia para atender asuntos personales o familiares.
• Casos en los que se ausentan temporalmente para actividades profesionales fuera del Congreso.
• Diputados o senadores que se separan del cargo por compromisos políticos o sindicales.Permisos temporales para atender proyectos personales o empresariales.
• En ese contexto, Mayer sostuvo que su decisión de solicitar licencia siguió el mismo procedimiento que el resto de los legisladores, aunque reconoció que, políticamente, pudo interpretarse como un error.
Mientras tanto, el diputado continúa en su curul y mantiene abierta la posibilidad de construir una trayectoria que, según afirmó, podría llevarlo a competir por la Jefatura de Gobierno en el futuro.
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Desaparecidos ponen en evidencia la negligencia de las fiscalías

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La nueva depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas ha abierto una crisis de credibilidad que expone fallas estructurales en el Estado mexicano, particularmente en las fiscalías.
Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, la reducción de cifras oficiales –de más de 130 mil casos acumulados a poco más de 43 mil considerados “confirmados”– ha sido interpretada por colectivos y especialistas como un intento de minimizar una tragedia humanitaria que, lejos de resolverse, evidencia años de negligencia institucional.
De acuerdo con El País, el propio Gobierno reconoce que existen más de 80 mil registros con inconsistencias, derivadas en gran medida de errores, omisiones o contradicciones generadas por autoridades encargadas de documentar e investigar los casos, lo que ha alimentado la desconfianza social.
Uno de los datos más contundentes revela la dimensión del problema: de más de 43 mil desapariciones consideradas plenamente registradas, apenas 3 mil 869 cuentan con una carpeta de investigación abierta. Esto implica que en cerca de 40 mil casos las fiscalías –principalmente estatales– no iniciaron indagatorias formales.
Esta omisión confirma una denuncia reiterada por años por familiares de víctimas: la falta de acción, interés o capacidad de las autoridades para investigar desapariciones. La negligencia no solo limita el acceso a la justicia, sino que condena a miles de familias a emprender búsquedas por cuenta propia en un contexto de alto riesgo.
El nuevo desglose presentado por el Gobierno también exhibe graves deficiencias en la construcción de la base de datos. Más de 46 mil registros carecen de información básica para la búsqueda –como nombre completo, edad o sexo–, lo que para colectivos no es un problema de origen ciudadano, sino institucional.
Familiares y activistas cuestionan que estas omisiones sean utilizadas como argumento para depurar cifras, en lugar de corregir los errores. Además, señalan inconsistencias en la clasificación de más de 40 mil personas que, pese a aparecer como desaparecidas, registraron alguna actividad posterior, lo que podría explicarse por suplantación de identidad o fallas en los sistemas.
El fenómeno de las desapariciones en México se ha desarrollado en paralelo al crecimiento del crimen organizado y a la participación de agentes del Estado en algunos casos. En este contexto, la falta de investigaciones sólidas ha perpetuado la impunidad.
Durante años, el país careció incluso de un registro confiable, y aunque en 2019 se avanzó con la creación de una base nacional, los problemas de fondo persistieron. Intentos previos de depuración, como el realizado en 2023, ya habían generado polémica al reducir cifras de manera cuestionada.
Mientras el Gobierno presenta ajustes estadísticos, en el terreno la realidad es otra. Colectivos de búsqueda continúan localizando restos humanos en fosas clandestinas y denunciando que las cifras oficiales no reflejan la magnitud del problema.
Las buscadoras acusan que el enfoque gubernamental se ha centrado en “limpiar” números más que en diseñar estrategias efectivas de búsqueda. Para ellas, reducir la cifra a 43 mil desaparecidos no solo es inexacto, sino una forma de invisibilizar a miles de víctimas.
La indignación crece ante lo que consideran un “fracaso institucionalizado”, donde las fiscalías no investigan, los registros fallan y las familias quedan solas frente a una de las crisis más profundas del país.
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Bitácora Política Veracruz: la disciplina del poder y el silencio que incomoda

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Por Miguel Ángel Cristiani G.
En política, la unidad no siempre es virtud; a veces es síntoma. ¿De qué? De disciplina férrea, de cálculo anticipado o, peor aún, de la cancelación del disenso. Lo que hoy ocurre en Veracruz con la cerrada alineación de Ricardo Ahued, José Manuel Pozos y Esteban Bautista en torno a Rocío Nahle no es un gesto menor ni espontáneo: es un mensaje político de alto calibre que merece leerse entre líneas.
Primero, pongamos el contexto. Veracruz ha sido históricamente un laboratorio de poder donde la lealtad política suele cotizar más alto que la capacidad crítica. Desde los tiempos del viejo régimen priista —cuando la disciplina era sinónimo de obediencia vertical— hasta la alternancia que prometía pluralidad, el péndulo ha oscilado más en las formas que en el fondo. Hoy, la escena parece repetirse, aunque con nuevos actores y nuevas siglas.
La presencia coordinada del secretario de Gobierno, el subsecretario y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso no es casual. Es la estructura formal del poder estatal —Ejecutivo y Legislativo— enviando una señal inequívoca de respaldo a una figura que, más allá de su trayectoria, concentra hoy una apuesta política de gran envergadura. No se trata solo de acompañamiento institucional: es alineamiento político.
Y aquí es donde conviene detenerse. En democracia, la unidad no debe ser uniformidad. El respaldo político es legítimo, sí, pero cuando se convierte en unanimidad acrítica, deja de ser virtud para convertirse en riesgo. Porque el poder sin contrapesos —aunque se disfrace de cohesión— tiende inevitablemente a la opacidad.
No olvidemos que el Congreso, encabezado por Esteban Bautista, tiene una función constitucional clara: ser contrapeso del Ejecutivo, no su extensión. Cuando el Poder Legislativo se pliega sin matices, pierde su razón de ser. Y cuando el Ejecutivo concentra decisiones sin debate público, la ciudadanía queda relegada a simple espectadora.
En este escenario, la figura de Ricardo Ahued adquiere un peso particular. Político experimentado, con una imagen construida en torno a la cercanía ciudadana y la moderación, su respaldo no es irrelevante. Representa, en teoría, una voz de equilibrio dentro del gobierno. Por eso mismo, su adhesión sin reservas plantea una interrogante incómoda: ¿se trata de convicción o de disciplina?
Lo mismo ocurre con José Manuel Pozos, operador político de larga trayectoria, conocedor de las entrañas del sistema. Su papel no es menor: es quien articula, negocia y sostiene acuerdos en el terreno. Su alineación refuerza la idea de que lo que estamos viendo no es una coincidencia, sino una estrategia.
Ahora bien, ¿qué implica esta unidad para Veracruz? En el corto plazo, estabilidad política. Un gobierno sin fisuras aparentes puede avanzar con mayor rapidez en sus decisiones. Pero en el mediano y largo plazo, el costo puede ser alto: la ausencia de debate, la falta de autocrítica y el debilitamiento de las instituciones.
Porque la política no es solo gobernar; es rendir cuentas, debatir, contrastar ideas. Y eso requiere voces distintas, incluso incómodas.
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Colectivos buscadores de personas rechazan cifras de Sheinbaum y denuncian falta de participación de familias

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Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles rechazaron las cifras presentadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo sobre personas desaparecidas en México y acusaron una falta de participación de las familias en la construcción del diagnóstico oficial.
El posicionamiento se dio tras la presentación del informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, difundido el viernes 27 de marzo, en el que se reconoció la existencia de más de 133 mil personas desaparecidas en el país.
No obstante, las autoridades señalaron que solo 43 mil 128 casos se mantienen bajo ese estatus, debido a registros con datos incompletos, personas localizadas o con actividad en instituciones públicas.
Ante ello, organizaciones como Centro Prodh, Cepad y el colectivo Luz de Esperanza, en Jalisco, calificaron la estrategia gubernamental como una decisión política que invisibiliza a las víctimas y reduce la crisis a una gestión administrativa de expedientes ministeriales.
Las agrupaciones advirtieron que, en un contexto donde el 93% de los delitos no se denuncian, condicionar el reconocimiento de una desaparición a la existencia de una carpeta de investigación distorsiona la magnitud real del problema y fomenta prácticas como la omisión, la corrupción y la ineficiencia en las fiscalías.
Asimismo, rechazaron el intento de reducir la cifra de personas desaparecidas, al recordar que el registro histórico supera los 130 mil casos, resultado —señalaron— de años de búsqueda impulsada por las propias familias.
Otro de los puntos que generó preocupación fue la falta de acciones anunciadas para los más de 46 mil registros catalogados como “datos insuficientes”, lo que, afirmaron, vuelve a dejar la responsabilidad de la búsqueda en manos de los familiares.
En su posicionamiento, firmado por al menos diez organizaciones, también cuestionaron la afirmación oficial de que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, al considerar que no existe claridad metodológica sobre cómo se obtuvieron esos datos.
Además, rechazaron el discurso gubernamental que sostiene que las desapariciones forzadas ya no existen y que el fenómeno se limita al crimen organizado, al advertir que esta postura elimina la responsabilidad del Estado, ya sea por acción, omisión o aquiescencia, en un contexto de impunidad que —aseguran— alcanza el 99.9%.
En entrevista, Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza, expresó su desacuerdo con la forma en que las autoridades han abordado la crisis. “No estamos de acuerdo. La manera ideológica de abordar el tema demuestra un gran desconocimiento (…) se nos hace incorrecto”, afirmó.
El activista también subrayó que las cifras oficiales no reflejan la dimensión real del problema, ya que muchas desapariciones no cuentan con denuncia formal, aunque sí han sido reportadas ante comisiones de búsqueda. “Basan la crisis solo en cifras, en números, en carpetas, y se nos hace muy inapropiado y no demuestra la realidad del país”, concluyó.
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Colectivos buscadores de personas rechazan cifras de Sheinbaum y denuncian falta de participación de familias

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Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles rechazaron las cifras presentadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo sobre personas desaparecidas en México y acusaron una falta de participación de las familias en la construcción del diagnóstico oficial.
El posicionamiento se dio tras la presentación del informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, difundido el viernes 27 de marzo, en el que se reconoció la existencia de más de 133 mil personas desaparecidas en el país.
No obstante, las autoridades señalaron que solo 43 mil 128 casos se mantienen bajo ese estatus, debido a registros con datos incompletos, personas localizadas o con actividad en instituciones públicas.
Ante ello, organizaciones como Centro Prodh, Cepad y el colectivo Luz de Esperanza, en Jalisco, calificaron la estrategia gubernamental como una decisión política que invisibiliza a las víctimas y reduce la crisis a una gestión administrativa de expedientes ministeriales.
Las agrupaciones advirtieron que, en un contexto donde el 93% de los delitos no se denuncian, condicionar el reconocimiento de una desaparición a la existencia de una carpeta de investigación distorsiona la magnitud real del problema y fomenta prácticas como la omisión, la corrupción y la ineficiencia en las fiscalías.
Asimismo, rechazaron el intento de reducir la cifra de personas desaparecidas, al recordar que el registro histórico supera los 130 mil casos, resultado —señalaron— de años de búsqueda impulsada por las propias familias.
Otro de los puntos que generó preocupación fue la falta de acciones anunciadas para los más de 46 mil registros catalogados como “datos insuficientes”, lo que, afirmaron, vuelve a dejar la responsabilidad de la búsqueda en manos de los familiares.
En su posicionamiento, firmado por al menos diez organizaciones, también cuestionaron la afirmación oficial de que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, al considerar que no existe claridad metodológica sobre cómo se obtuvieron esos datos.
Además, rechazaron el discurso gubernamental que sostiene que las desapariciones forzadas ya no existen y que el fenómeno se limita al crimen organizado, al advertir que esta postura elimina la responsabilidad del Estado, ya sea por acción, omisión o aquiescencia, en un contexto de impunidad que —aseguran— alcanza el 99.9%.
En entrevista, Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza, expresó su desacuerdo con la forma en que las autoridades han abordado la crisis. “No estamos de acuerdo. La manera ideológica de abordar el tema demuestra un gran desconocimiento (…) se nos hace incorrecto”, afirmó.
El activista también subrayó que las cifras oficiales no reflejan la dimensión real del problema, ya que muchas desapariciones no cuentan con denuncia formal, aunque sí han sido reportadas ante comisiones de búsqueda. “Basan la crisis solo en cifras, en números, en carpetas, y se nos hace muy inapropiado y no demuestra la realidad del país”, concluyó.
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SAT endurece reglas para facturar gasolina en 2026: nuevo requisito obligatorio para deducir

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará a partir del 24 de abril de 2026 un nuevo requisito para la facturación de gasolina y diésel en México. Se trata del “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, el cual deberá integrarse en cada Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
Este elemento será obligatorio en todas las operaciones de venta de combustible y añadirá información adicional para comprobar el origen legal del producto, dificultando la simulación de operaciones o el uso de facturas falsas.
Más controles y validación en tiempo real
La medida no solo implica cambios en la factura, sino también un sistema de verificación más riguroso. Las estaciones de servicio deberán contar con permisos vigentes ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para emitir comprobantes válidos.
Además, el SAT realizará cruces diarios de información como el RFC del emisor, permisos y claves de producto. Si los datos no coinciden, el CFDI no será certificado, lo que lo vuelve inválido para deducción fiscal.
¿Por qué se endurecen las reglas?
El ajuste responde a casos recientes de evasión fiscal y comercialización ilegal de combustibles, conocidos como “huachicol fiscal”. Con este nuevo esquema, las autoridades buscan cerrar espacios a estas prácticas y garantizar que cada litro facturado tenga respaldo legal.
Esta estrategia forma parte de un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Energía para combatir el contrabando y fortalecer la trazabilidad en el sector energético.
Requisitos para deducir gasolina en 2026
A pesar del nuevo complemento, se mantienen las reglas actuales para deducir gasolina. El combustible debe usarse exclusivamente en actividades empresariales o profesionales, y el pago no puede realizarse en efectivo, sino mediante tarjeta, transferencia, cheque o monederos autorizados.
También será indispensable contar con el CFDI correctamente emitido con el nuevo complemento. Este beneficio aplica principalmente a personas físicas con actividad empresarial, profesionistas y empresas, mientras que quienes tributan por sueldos y salarios no pueden deducir este gasto.
Otros gastos del vehículo también deducibles
Además del combustible, los contribuyentes pueden deducir gastos relacionados con el vehículo, como mantenimiento, refacciones, lubricantes y peajes, siempre que estén vinculados a su actividad económica y cuenten con factura válida.
Es fundamental revisar cuidadosamente cada factura y asegurarse de que la gasolinera cumpla con los nuevos lineamientos, ya que un error podría impedir la deducción del gasto.
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