El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que ya se tiene identificado al presunto asesino de la activista Angelita León, presidenta del colectivo de búsqueda Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate, Baja California.
Durante su conferencia de prensa, el mandatario mexicano señaló:
“Las autoridades locales se hicieron cargo, tenemos todo y ya se tiene identificado al presunto responsable y es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía de buscar a una hermana desaparecida en 2018″.
Cabe recordar que Angelita León fue asesinada el 8 de febrero mientras se encontraba laborando en un salón de belleza en la colonia Loma Alta.
Señalan que los sujetos armados arribaron al local abriendo fuego en repetidas ocasiones en contra de la activista que busca desde hace varios años a su hermana.
Angelita León había solicitado en tres ocasiones a la Fiscalía General del Estado de Baja California que se le brindara protección luego de haber sido víctima de amenazas de muerte, a causa de su labor de búsqueda.
El presidente López Obrador señaló que Angelita León contaba con protección de las autoridades locales y solicitó al gobierno federal, la cual fue concedida pero no continuó con el trámite

En el periodo que comprende del 4 de junio de 2023 al 7 de febrero de este año se han registrado 50 casos de violencia electoral, de los cuales 33 corresponden a personas asesinadas, entre las que se encuentran aspirantes a un cargo de elección popular, encuestadores, colaboradores de partidos, funcionarios públicos y familiares.
De acuerdo con el reporte preliminar “Violencia electoral proceso 2023-2024” elaborado por el think tank Laboratorio Electoral”, en este periodo también se han registrado 11 atentados, dos casos de amenazas y cuatro casos de secuestro y/o desaparición.
En este marco, Arturo Espinosa, director del Laboratorio, estimó que el proceso electoral de este año será el más violento de la historia.
“Les adelanto que 2024 va para ser el proceso más violento en la historia; creemos que la violencia va a ir creciendo en la medida en que empiecen las campañas y en los periodos de definición de las candidaturas. El crimen organizado busca temer injerencia, creemos que es una lucha por el poder y por la injerencia que se pueda tener en los gobiernos y en las representaciones”.
Al respecto, detalló que al término de las precampañas del proceso electoral del 2018 se registraron 65 asesinatos, mientras que en el del 2021 se contabilizaron 32 víctimas y en lo que va del actual proceso suman 26 homicidios.
Por su parte, Eduardo Contreras, integrante de Laboratorio Electoral, mencionó que 28 de las 33 personas asesinadas estaban afiliadas a un partido político, principalmente a Morena.
“28 de las 33 víctimas mortales que se han presentado al momento, tenían alguna filiación partidista; 11 pertenecían a Morena, 4 al PRI, 4 al PAN, 4 al PRD, 3 a Movimiento Ciudadano y 2 al Partido Verde. De las 28 personas que fueron víctimas mortales, 16 se identificaban como aspirantes o como precandidaturas a un cargo de elección popular para las elecciones de este año; 5 personas pertenecían a Morena, 4 al PAN, 3 al MC, 2 al PRD, uno al PRI y uno al Partido Verde”.
El 81.2 por ciento de asesinatos de aspirantes a un cargo de elección se cometieron en entidades gobernadas por Morena, siendo Guerrero el que concentra la mayor incidencia al contabilizar ocho víctimas, seguido por Veracruz y Michoacán con cinco casos por cada estado.
Según el reporte de Laboratorio Electoral, a la fecha no hay registros de aspirantes de precandidaturas y/o candidaturas independientes que hayan sido privados de la vida.

Ciudad de México.- La senadora Imelda Castro Castro presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Voluntad Anticipada, ordenamiento que busca garantizar la atención médica a los enfermos en situación terminal.
La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena dijo que es necesario proteger el derecho a negarse a someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria la vida.
Además de proteger en todo momento la dignidad de la persona, cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural.
La propuesta reconoce el derecho de toda persona a la Ortotanasia, y no se permiten, ni facultan, en ninguna circunstancia, la realización de conductas que tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida.
Las personas que se encuentren enfermas en situación terminal tienen derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte, establece el texto, por lo que deben recibir los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad y a la compañía de sus familiares, así como a recibir, cuando lo requieran, asistencia espiritual.
Para ello, Imelda Castro consideró que el diagnóstico del estado terminal de una enfermedad incurable e irreversible tiene que ser certificado por el médico tratante y ratificado por un segundo médico en la historia clínica del paciente.
“El principio rector de la Ley es el respeto a la autonomía de la voluntad y dignidad de la persona como fundamento de orden público, y expresa el derecho de las personas a la Voluntad Anticipada, prohibiendo conductas que tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida”, puntualizó.
Además, con el proyecto toda persona mayor de edad, con plena capacidad de ejercicio, podrá manifestar, unilateralmente su voluntad anticipada de manera expresa, libre e informada para decidir o no sobre la aplicación de tratamientos médicos en caso de padecer una enfermedad derivada de una patología terminal, incurable e irreversible y estar en situación terminal.
Y las instituciones públicas y privadas de prestación de servicios de salud no podrán condicionar la aceptación del usuario ni lo discriminarán basándose en si éstos han documentado o no su voluntad anticipada.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud, de Desarrollo y Bienestar Social, y de Estudios Legislativos Segunda.

Los problemas administrativos al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) impactarán en una de las partes fundamentales del proceso electoral: buscar a quienes integrarán las mesas de casilla.
Los miles de capacitadores y supervisores electorales que este viernes inician su labor en campo no tendrán uniformes completos que les permiten identificarse hasta en las zonas más inseguras del país.
Tampoco tendrán teléfonos celulares para cargar la información de los insaculados, situación que dobleteará en tiempo su trabajo y los funcionarios de las Juntas Distritales.
Y si aún no fuera suficiente, también se enfrentarán a las bandas del crimen organizado, que en anteriores procesos los han ‘obligado’ a mediar para que no les impidan trabajar.
Sobre las compras de chamarras, gorras, mochilas, el consejero Martín Faz explicó que si bien el retraso es real, se han tomado diversas medidas como redistribución de prendas y un nuevo contrato para la adquisición de móviles, acciones que implican un gasto no previsto.
«Se están teniendo que asumir algunos costos que no estaban previstos no dobleteando porque no es el costo similar, digamos, es decir el mandar a hacer esas playeras no es un costo equivalente al de las chamarras, pero efectivamente se va a tener que hacer uso de recursos que no se tenían contemplados».
La falta de equipos y datos móviles para los más de 50 mil supervisores y capacitadores sí implica una carga laboral, explicó.
«Va a significar una carga de trabajo extra que va a recaer directamente en nuestras juntas distritales y en supervisores, muy particularmente en supervisores, y esperemos que lo menos posible CAES, porque pues ellos son los que andan en el campo».
Para llegar este punto el INE, a través de sus direcciones retrasó la adquisición de estos productos, por ejemplo las 25 mil chamarras, 27 mil gorras y 27 mil mochilas se licitaron hasta el 29 de diciembre de 2023 y permitiéndoles a las empresas entregar hasta 60 días después. Esta compra fue por 36.5 millones de pesos.
Respeto a los teléfonos celulares, el INE también adjudicó en la misma fecha a Element Telecom para dotar de teléfonos y servicios móviles por un máximo de 171 millones de pesos.
La empresa, a pesar de conocerse que solo tiene una cobertura nacional del 76 por ciento, admitió la semana pasada su incapacidad para proveer sus servicios al INE.
En todo el territorio nacional se desplegarán a 42 mil capacitadores-asistentes electorales y 7 mil 118 supervisores electorales para apoyar a los funcionarios de escrutinio y cómputo del voto.