La presencia de las organizaciones criminales en territorio veracruzano es latente y aunque el estado insiste en que se combate a las bandas y han sido detenidos al menos 29 líderes y más de 80 integrantes de las células delictivas, lo cierto es que las operaciones delictivas continúan.
Oficialmente, la Secretaría de Seguridad Pública reconoce que hay una presencia “de cinco a siete” cárteles de la delincuencia organizada y sus escisiones.
La información oficial contrasta significativamente con los reportes de organizaciones civiles y académicos, que han contabilizado hasta 14 grupos en guerra.
Los grupos identificados, de acuerdo con un informe del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) son Sangre Nueva Zeta, Mando Sur Gente Nueva, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la banda del Bukanas y Zetas Vieja Escuela.
También están Los Piña, el Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Los Zetas, Grupo Sombra y Los Ántrax; así como el Cártel del Siglo y Cárteles Unidos. A estos grupos habría que sumar la presencia detectada de personas del Cártel de Sinaloa.
Territorio narco
En Pánuco, el Grupo Sombra le ha declarado la guerra a las células del Cártel de Jalisco y los Zetas, que mantenían un dominio criminal en esa región y controlaban el trasiego de droga, el cobro de piso en antros y centros de diversión, así como el tráfico de migrantes.
En el norte, en los municipios de Tuxpan, Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Cazones y Papantla, las pugnas han dejado ejecuciones, personas desaparecidas y fosas clandestinas.
El uso de personas muy jóvenes para cometer actos con sevicia agrava la situación.
La muestra son las masacres que se han registrado, como las del municipio de Tuxpan, con al menos 15 víctimas en total, en dos diferentes eventos ocurridos entre enero y febrero de este 2024. En el último caso, ocurrido el 18 de marzo en Cazones, los sicarios se mostraron impunemente en pleno día.
¿Qué pelean?
Lo que se disputan en esa región son el huachicol, cobro de piso, las extorsiones, venta de droga y tráfico de migrantes, de acuerdo con lo señalado por colectivos y observatorios.
La estela de violencia ha dejado al menos 13 fosas clandestinas, 12 en el municipio de Tihuatlán y una en Poza Rica, ante una guerra implacable entre los integrantes.
Presuntamente, los delincuentes crearon una alianza entre al menos tres grupos delictivos; es decir, se unieron para sacar de la región norte a la célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que lidera un sujeto apodado El Coco, a quien le atribuyen las matanzas tanto de Poza Rica como de Tuxpan.
Los aliados son el Grupo Sombra y Los Tercios, cuyas actividades delictivas están empatadas con una tercera organización que se había separado y se hacen llamar Fuerzas Especiales Grupo Sombra.
Bandas como Los Pelones, Cártel de Sinaloa, Zetas Vieja Escuela, Cártel del Noreste y Células Independientes, se suman a los ya mencionados que ahora se aliaron para “sacar” al grupo del Coco, sin éxito aparentemente.
Otra región en la que también hay disputas es en la de Martínez de la Torre-Tlapacoyan, en donde las células del Cártel de Jalisco mantienen aterrorizados a los citricultores y ganaderos a quienes les cobran “protección” para no ser secuestrados. Los cobros de piso en los antros y la venta de droga al menudeo en estos lugares son parte de la estrategia de las bandas, en las que también operan otros grupos, pero con reservas, aseguró una fuente de la policía.
El negocio de las grúas
Más al centro, en la región Córdoba-Orizaba-Acultzingo, además de los asaltos carreteros liderados hasta 2021 por el grupo Sangre Nueva Zeta comandada por un sujeto alias Mamer, pero tras su caída llegó un nuevo líder alias El Choco, que se confabuló con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Este grupo mantiene el trasiego de combustible sustraído de los ductos, el tráfico de armas y equipo táctico y el traslado de droga.
Otras células delictivas de los Zetas pelean la plaza y se han hecho del control del cobro de piso y las extorsiones. Los criminales han encontrado un “nicho” de oportunidad en el negocio de las grúas con las que en complicidad con más servidores públicos de Tránsito, intimidan y agreden a los automovilistas, arrastran vehículos, los llevan a los encierros y realizan altos cobros de dinero, que ha provocado desapariciones y ejecuciones.
En este ilícito también han estado involucrados funcionarios de las Fiscalías regionales, que no liberan los vehículos y los retienen el mayor tiempo posible.
No conforme con lo que podrían obtener de este negocio, los vehículos son desmantelados sin que los particulares puedan obtener una indemnización, pues son amenazados para no presentar denuncias.
Otro sector que también ha reclamado el amago de la delincuencia es el campo, pues hay líderes campesinos que lo han externado y los tentáculos del narco llegan hasta las zonas serranas en donde incluso han ofertado el cambio de siembra para el cultivo de enervantes, sin que especifiquen la zona exacta o los municipios.
Los alcaldes también pagan piso
La entrada de los grupos delincuenciales a la administración pública ha comenzado en Veracruz por la región sur del estado o al menos eso es lo que han denunciado dos presidentas municipales.
Lorena Sánchez, del municipio de Sayula de Alemán, quien acusó que un grupo delincuencial la presionaba para mantener en el ayuntamiento a una estructura con gente impuesta para manejar los recursos del ayuntamiento.
El caso se repetiría un año después en el municipio de Acayucan, con Rosalba Rodríguez, quien a nivel nacional señaló que recibía presiones de una organización delictiva para que entregara el control financiero y administrativo del ayuntamiento. Su revelación generó una dura respuesta del gobernador Cuitláhuac García, quien le advirtió que si no podía con el cargo que renunciara.
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