México.-El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) ha resuelto los juicios de nulidad en contra del candidato de Morena, Erick Silva, revocando su constancia de mayoría y otorgándosela a la candidata del PAN, Leticia Rubio. Esta decisión tiene implicaciones significativas para la composición del Congreso local.

El secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro Pérez, lamentó la resolución del TEEQ a través de sus redes sociales, afirmando que este fallo busca «eliminar la mayoría de Morena en el Congreso local». Pérez destacó que el partido buscará defender la voluntad popular en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con esta resolución, Morena perdería su mayoría en la LXI Legislatura de Querétaro. Los afectados por el fallo aún tienen la opción de acudir a la siguiente instancia, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se espera que se busque la revocación de la sentencia del TEEQ.

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México.-La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los resultados de la elección presidencial del 2 de junio, ratificó la validez de todos los sufragios registrados por el Instituto Nacional Electoral (INE) en favor de Claudia Sheinbaum Pardo y señaló que quienes se inconformaron no aportaron pruebas de sus dichos.

La candidata ganadora, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y Verde, obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos (59.75 por ciento del total); Xóchitl Gálvez, de la opositora Fuerza y Corazón por México, 16 millones 502 mil 697 (27.45 por ciento), y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), 6 millones 204 mil 710 sufragios (10.3 por ciento).

La votación fue dividida, como suele ocurrir en esta sala superior desde diciembre pasado, esta vez por cuatro votos contra dos. De esa forma el tribunal dejó intactos los cómputos del INE.

La oposición presentó 240 juicios de inconformidad contra esta elección, que fueron clasificados en 233 expedientes, pero sólo 155 fueron analizados. Los 78 restantes, interpuestos por MC, PRD, uno del PAN y otro de un ciudadano, fueron desechados, ya sea porque ingresaron al tribunal a destiempo, no llevaban firma autógrafa o, como en el caso del partido naranja, debido a que no fueron tramitados por el representante local correspondiente.

Para su revisión, los juicios fueron divididos entre las cinco magistraturas actuales. La sexta, de Claudia Valle, presidenta de la sala regional Monterrey, fue llamada para incorporarse hace unos días, como alternativa destinada a alcanzar el quorum legal para calificar la elección presidencial.

Y cuando se pensaba que sería una sesión de trámite, cuatro de los seis, Mónica Soto (presidenta), Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, así como Valle, se opusieron a anular la votación de 71 casillas, como lo proponían los proyectos de Reyes Rodríguez y Janine Otálora.

Por más que ambos dijeron que quitar votos (algo más de 30 mil) no afectaría en nada el resultado general y, sobre todo, que debían resolver “con sentido común”, sus colegas rechazaron la propuesta.

La mayoría expuso que el PRD alegó irregularidades en miles de casillas, pero no las probó. Ejemplificaron con el argumento de que la votación fue recibida por personas distintas a las autorizadas por el INE, pero en la impugnación no había nombres de los ciudadanos suplantados ni de los que operaron.

Rodríguez –quien proponía modificar 15 de los 32 cómputos, lo que significaba 11 mil 248 sufragios anulados– mostró su molestia por la negativa de la mayoría: “¿necesito decir el nombre de la magistrada Claudia Valle para identificar a la persona que intervino antes y difirió de mi posición? ¿Del magistrado Fuentes? Si yo digo: ‘voy a votar a favor de los proyectos de la magistrada Otálora, de los míos y en contra de los magistrados y la magistrada presidenta’, ¿requieren escuchar sus nombres para poder identificarlos? No, ¿verdad?”

Otálora añadió –en entrevista posterior– que con su proyecto buscaba exhaustividad y certeza, es decir, “que los que perdieron supieran que perdieron a la buena”.

De la Mata subrayó que acusar sin probar es una práctica inoperante, al grado de que en el argot de los juzgadores ese recurso es conocido como “escopetazo”, es decir, cuando el inconforme pretende que sean los magistrados quienes hagan la tarea de investigación.

En términos similares se manifestaron Fuentes, Valle y la presidenta Soto, quien en su intervención afirmó que para anular la votación de una casilla no basta que el inconforme –en estos casos el PRD– haga mención de la presunta irregularidad, pues debieron presentar nombre completo de quienes no tendrían que recibir la votación, así que “no coincido en que se trate de resolver con sentido común, sino con un sentido legal”.

Por ello, apuntó la magistrada, “lo procedente es confirmar en sus términos la totalidad de los cómputos con los que se ha dado cuenta, ante la ineficacia de los planteamientos hechos valer en los juicios de inconformidad”.

En la culminación del debate, Soto dictó la sentencia: “Único. Se confirman los resultados contenidos en las actas de cómputo distritales de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos”.

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