miércoles, enero 14, 2026

Por presupuestos 2026 inflados, municipios de Veracruz en la mira

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AGENCIAIMAGENDELGOLFO/Por Luis Ferrer.-Entre 30 y 40 municipios de Veracruz han presentado presupuestos inflados para 2026, desatando alertas en el Congreso local. La consecuencia inmediata: no podrán aumentar impuestos ni sueldos.

La Comisión de Hacienda municipal de la legislatura veracruzana detectó estos «focos rojos» durante la revisión de los proyectos de egresos que las administraciones salientes deben remitir, pero que no estarán en funciones para ejecutar.
Los ayuntamientos incurrieron en esta práctica y, al no atender las observaciones de los diputados, se les autorizará únicamente la Ley de Ingresos actual, sin incrementos.

¿QUÉ PASA CON LAS CUENTAS PÚBLICAS DE AÑOS ANTERIORES?
El problema no se limita a futuro. Paul Martínez Marie, diputado local integrante de la comisión, estimó que aproximadamente el 40% de los 212 ayuntamientos mantienen cuentas públicas pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
Ya se está depurando, afirmó.
¿QUÉ TAREAS URGENTES TIENE EL ÓRGANO FISCALIZADOR?
El Congreso encomendó al Orfis limpiar esa lista antes de que su directora concluya su periodo en septiembre de 2025.

Una de las tareas que tiene por parte del Congreso es precisamente depurar todas esas cuentas que están sin resolver, ya sea que se lleguen a acuerdos de conclusión o se proceda a las denuncias correspondientes, puntualizó el legislador.

Para la Cuenta Pública 2024, los alcaldes en funciones aún tienen plazo para responder a las observaciones.

¿QUÉ RIESGOS ENFRENTAN LOS FUNCIONARIOS?
Martínez Marie advirtió consecuencias legales. Recomendó a las autoridades municipales devolver los recursos si no pueden comprobar su destino final. De lo contrario, el Orfis podría presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción o el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz.

Quien no pueda acreditar el destino final de los recursos tendría que enfrentar la justicia, añadió.

La responsabilidad recae en los funcionarios públicos, no en el ayuntamiento como institución.

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