Xalapa.-El Gobierno de Veracruz envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado, con la finalidad de que de darse el caso de que los recursos del Instituto de Pensiones del Estado no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por la ley, que el déficit será cubierto directamente a los beneficiarios por los patrones.

Mientras que el Gobierno del Estado será responsable subsidiario del cumplimiento de esta obligación.

En la exposición de motivos, se señala que el esquema que se propone reformar dispone, que en caso de que el Instituto de Pensiones del Estado no tenga la capacidad económica para cumplir con las obligaciones a su cargo, el déficit será cubierto por los patrones, en la proporción que a cada uno correspondiere, previo acuerdo celebrado entre los mencionados patrones con dicho instituto.

Que en virtud de lo anterior, y con el propósito de salvaguardar y fortalecer los derechos que tienen reconocidos los pensionistas en la ley, la presente reforma propone eliminar la condicionante que obliga la existencia un acuerdo entre el patrón y el Instituto, para que el primero se sustituya en las obligaciones del segundo, cuando los recursos de éste último resulten insuficientes. De esta manera, se refrendan las garantías del pensionado.

Para la elaboración de la iniciativa de reforma se tomaron en cuenta los casos de cinco pensionistas vs. Perú, y el de Acevedo Buendía vs. Perú resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los años 2003 y 2009, respectivamente.

Así como la interpretación que realizó dicho Tribunal Internacional al analizar el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde establece que la suspensión de las pensiones es violatoria de un derecho adquirido y que la falta de pago de las mismas puede generar un daño inmaterial a las víctimas.

También señaló que según el Censo de Población y Vivienda 2010, 25.6% de la población en el Estado eran jóvenes entre los 15 y 29 años. Esto significa que la mayoría de los veracruzanos tiene actualmente entre 18 y 65 años de edad; es decir, es una población considerada como económicamente activa.
Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 establece que la evolución de las finanzas públicas estatales se ve afectada, entre otros, por los pasivos laborales contingentes, pues las aportaciones de los trabajadores activos resultan insuficientes para cubrir el valor esperado de las pensiones de los trabajadores retirados.

En el caso del Instituto de Pensiones del Estado, el pago de prestaciones aumentó más de 120% real en la última década, y se anticipa un crecimiento más acelerado en los años siguientes. Que la figura de la pensión debe ser cada día vigilada y velada con mayor rigor para que no existan acciones que atenten contra el correcto y necesario pago de pensiones a los derechohabientes a cargo del Instituto de Pensiones del Estado (El Instituto).

Que es menester de todos los veracruzanos ser parte del correcto uso de los recursos públicos utilizados en el pago de pensiones en el Estado, para que, en este tenor, todos los derechohabientes que cumplan con lo establecido en la Ley de la materia, disfruten de su derecho a percibir una pensión.

Orizaba, Ver.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) condena a la pobreza a más mexicanos de clase media popular, los reajustes al presupuesto de este año van a complicar las condiciones de supervivencia de las familias en condiciones de pobreza y en algunos casos cancelará la ampliación del padrón de programas asistenciales, «el problema de precariedad cada vez es más insostenible».

En este sentido el dirigente del Frente Unificador de Trabajadores Urbanos y Rurales de Orizaba (Futuro), Jorge González Rojas, advierte que la nueva reducción del gasto del gobierno federal va a complicar aún más la supervivencia de la población en condición de pobreza, «eso es innegable. No podemos decir que el Gobierno Federal y el de los estados son los que van a resentir los ajustes, no, va a ser la misma población».

Por ejemplo, los programas sociales, aunque se diga que no se van a reducir, sí lo van hacer porque al reajustar parte de toda la estructura de gobierno, es norma, lógico y obligatorio que el resto del cuerpo igual debe ajustarse a las nuevas condiciones», indica González Rojas.

Quizá no haya reducción en las inversiones que se hacen para programas de asistencia social, «pero es un hecho que el padrón de esos programas, ya no va a crecer, mientras que la tasa de pobreza cada vez crece más. Esa es una realidad muy palpable».

En la zona centro del estado, señala, «tenemos muchos ejemplos de las condiciones de pobreza y también del fracaso de los programas de asistencia social. En Zongólica hace cuatro años se puso en marcha el programa Adelante, se entraron viveros de jitomate, herramientas para la producción del campo, pero la falta de planeación así como de acompañamiento y de interés hizo que ese programa de plano fracasara. Ahora todos los viveros están abandonados sin producir y las herramientas en muchos de los casos ya fueron vendidas para subsistir».

Con el recorte económico que anuncia el Gobierno Federal, se van a complicar las condiciones de vida, «no habrá nuevas oportunidades de empleo. Los inversionistas no tienen la garantía de un mercado estable, hay una creciente devaluación del peso, no hay nada que garantice que lo que se invierta va a ser negocio para los empresarios.

«Todo es una cascada que afecta a los de hasta abajo, a los que estamos al final de la pirámide. El Gobierno cierra la llave y en cascada se vienen las afectaciones porque no hay empleos, hay desempleo, crece la inseguridad, crece la migración, aumenta la pobreza y eso abona al aumento de la crisis económica».

En realidad, el recorte anunciado por el Gobierno Federal es algo que ya se esperaba, añade, pero todo se debe a que no hay una política fiscal que aliente al crecimiento de los empresarios, porque si ellos crecen se generan fuentes de empleo, se reducen las tasas de delincuencia, se genera estabilidad pero aquí todo se hace al revés. Al inicio de este gobierno le apostaron al precio internacional del barril de petróleo y ahora se ven las consecuencias. Son hechos muy lamentables que afectarán al desarrollo humano del grueso de la población mexicana.

Xalapa, Ver.-El representante del PAN ante el OPLE, Lauro López Zumaya acudió ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, para ratificar la denuncia en contra del secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Víctor Hugo Moctezuma Lobato, ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, por el probable delito de omisión.

Este día el panista detalló que Moctezuma Lobato como representante del OPLE y encargado de la administración de los recursos, debió ejercer acciones desde el año 2013 para que el gobierno de Veracruz entregará los recursos, asegurando que este incurrió en una «omisión» permitiendo que se acumulará una deuda de 40 millones de pesos, que ahora el gobierno del estado incumple en pagarla al OPLE.