Ciudad de México.-De acuerdo a cifras de la Secretaría de Gobernación, la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal podría representar la salida de entre 20 y 30 mil internos de los centros de reclusión, lo que equivale a alrededor del 10 por ciento de la población penitenciaria nacional.

Sin embargo, el número exacto de personas que podrían quedar en libertad dependerá de los procesos penales a los que estén sujetos, indicó Alberto Begné, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SG.

A su vez señalo se trabajará para atender a infractores jóvenes a fin de evitar su reincidencia; lo anterior dentro de un esquema de prevención, por lo que se deberá articular los esfuerzos de las distintas instituciones para recibir a estas personas.

Por otra parte; la doctora en antropología social y especialista en criminalidad e instituciones carcelarias, Elena Azaola, señaló que casi un 60 por ciento de los recursos del sistema penal se destinan a investigar, procesar y sancionar delitos menores, siendo estos la gran mayoría.

Para los “beneficiarios” del nuevo sistema de justicia, identificado como Juicios Orales, se alista un plan especial que incluirá la definición de perfiles y alternativas para la reinserción social, particularmente para atender su situación familiar, problemas de adicciones y desempleo. A su vez se plantea una evaluación y diagnóstico de las zonas en las que se aplica; fortalecer la coordinación entre dependencias públicas y, sobre todo, solicitar apoyo a las universidades e iniciativa privada.

Acciones que corresponderán, en parte,  a la SG, en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), cuyo objetivo es dar una respuesta a este problema con alternativas más allá del uso de la fuerza.

Ciudad de México.-Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa negaron exista comunicación con el Gobierno Federal; al respecto de la instalación de alguna mesa de diálogo que aborde el tema de “la reparación del daño’’, lo anterior contrario a lo declarado por Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), el miércoles pasado.

El vocero de los padres, Felipe de la Cruz,  negó que en días recientes hayan tenido comunicación; ‘‘Nosotros seguimos con la búsqueda pues sabemos que nuestros hijos están vivos; ojalá Osorio Chong tenga la honestidad de cumplir con su palabra y hacer que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se queden para la próxima etapa. ’’

Sostuvo que no es la primera vez que se menciona la propuesta de “reparación del daño”; ‘‘Desde hace mucho autoridades federales y estatales han llegado incluso a casas de los padres para ofrecer cierta cantidad de dinero por ese concepto, pero se ha rechazado. Han venido a ofrecer dinero, pero se les olvida que a los padres de familia de los 43 desaparecidos lo que menos nos interesa es eso. No vamos a vender a nuestros hijos y la postura por parte del movimiento sigue siendo la misma. ’’

A su vez, De la cruz hizo un llamado a participar en las actividades que se llevarán a cabo el próximo día 26 en la Ciudad de México, y 27 en Iguala, al cumplirse los 18 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, y de los tres alumnos asesinados.

Por otra parte, en un comunicado, el Gobierno Federal dijo que, por mandato de ley, el Estado tiene la obligación de garantizar la atención, asistencia, ayuda, protección y reparación integral de las víctimas directas e indirectas. La reparación prevista en la ley, añadió, debe ser integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a los derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron.

‘‘La reparación integral del daño es mucho más que el pago de una compensación; debe incluir medidas concretas de restitución, rehabilitación, satisfacción y especialmente, medidas de no repetición’’ Por tanto; ‘‘no se ha acordado ninguna medida de reparación con las víctimas y sus representantes, porque éstas se determinarán a partir del diagnóstico antes mencionado. Tampoco se ha hablado del pago de ninguna indemnización a las víctimas directas e indirectas de los hechos’’.

Ciudad de México.-Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, advirtió que México atraviesa una ‘‘coyuntura crítica’’ en materia de derechos humanos.

En reunión privada con el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Choi Kyonglim, González Pérez aseguró que la atención a las víctimas es uno de los ejes del trabajo diario de la CNDH. Asevero que la tarea de prevención de violaciones es básica, por lo cual la promoción y divulgación de los derechos fundamentales es tarea cotidiana, además, informó sobre los avances en la implementación de la Declaración de Mérida, aprobada en octubre y cuyo contenido está vinculado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.

Dicho encuentro, se dio en el contexto de la participación del ombudsman nacional en la 29 Asamblea General del Comité Internacional de Coordinación (CIC), de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de la ONU.

En esta asamblea, González Pérez dio cuenta del trabajo que desarrolla la CNDH en colaboración con los órganos responsables de los tratados de las Naciones Unidas y los mecanismos especiales del consejo, como son los relatores especiales y grupos de trabajo, según se informó en un comunicado, en tanto, el embajador Kyonglim reconoció que la CNDH haya organizado la 12 Conferencia Internacional del CIC, en octubre pasado, para implementar y dar seguimiento precisamente a la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sustentable.

Por otra parte, la CNDH recordó que el pasado 24 de marzo se celebró el Día Internacional del Derecho a la Verdad, fecha propuesta por Naciones Unidas para promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y a la justicia, así como rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos fundamentales.

A través de un comunicado, el organismo nacional consideró que mediante el derecho a la verdad se busca la reconstrucción y reivindicación de la memoria de las miles de personas que han desaparecido, así como restaurar su dignidad con el fin de lograr que las heridas producto de la violencia y el conflicto social vivido puedan cerrarse.

Consideró que la impunidad impide saber lo que efectivamente sucedió a una u otra persona, a un conjunto de ellas o un colectivo, o incluso a una sociedad. ‘‘Conocer la verdad de los acontecimientos se explica por el deseo de informarse de lo que en realidad ocurrió en una determinada sociedad, en la cual se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos’’.