Las fuerzas iraquíes que se abren paso en Fallujah repelieron este martes un ataque de cuatro horas del grupo ISIS en el sur de la ciudad, un día después de el ejército entrara por el extremo sur al feudo extremista con ayuda de los bombardeos aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos.

También este martes, un destacado grupo de ayuda humanitaria dio la voz de alarma sobre la «catástrofe humanitaria» en Fallujah, donde se cree que siguen atrapadas unas 50.000 personas, y coincidiendo con una escalada en los combates, volvió a pedir a las partes enfrentadas que abran un pasillo de seguridad para que los civiles puedan ir.

El ataque comenzó al amanecer en la zona de Nuaimiya, donde las tropas iraquíes capturaron el 85% del terreno el día anterior, según dijeron dos miembros de las fuerzas especiales a The Associated Press.

Los milicianos del ISIS utilizaron túneles, desplegaron francotiradores y enviaron seis automóviles cargados de explosivos contra las tropas, pero fueron destruidos antes de que alcanzaran sus objetivos, indicaron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar una campaña en curso.

El Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, exigió hoy la destitución de diez ministros del Gobierno interino de Michel Temer, a los que acusó de violar tanto la ética política como la propia Constitución.

La demanda fue presentada por el diputado Afonso Florence, jefe del grupo del PT en la Cámara baja, ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, un día después de que el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, renunció a su cargo en medio de un escándalo asociado a las corruptelas en la estatal Petrobras.

Según el PT, hasta su nombramiento, ocho de los ministros de Temer ocupaban sendos escaños en la Cámara baja y los otros tres en el Senado, y todos votaron a favor de instaurar el proceso que separó de sus funciones temporalmente a Rousseff, por lo que queda claro que «negociaron sus cargos antes de las votaciones».

La demanda afecta al canciller José Serra y a los titulares de Agricultura, Blairo Maggi; Ciudades, Bruno Araújo; Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra; Transportes, Mauricio Quintella; Educación, José Mendonça Filho; Salud, Ricardo Barros; Medio Ambiente, José Sarney Filho; Minas y Energía, Fernando Coelho Filho; y Trabajo, Ronaldo Nogueira.

También incluye a Romero Jucá, quien renunció a la cartera de Planificación la semana pasada después de que se filtraron a la prensa unas grabaciones en las que afirma que es preciso «delimitar» la investigación sobre las corruptelas en Petrobras.

«La votación del proceso de ‘impeachment’, que debía ser jurídica y hecha con base en el interés público, fue motivada por intereses personales y políticos, como denota el hecho de que los denunciados hayan sido nombrados ministros inmediatamente después de que votaron por la suspensión de la presidenta Rousseff», argumenta el PT.

En el caso del canciller Serra, se anexa una demanda particular, en la cual se le acusa de «conferirle un tono nítidamente ideológico a su gestión y obligar a sus subordinados a adherir a su visión específica de los hechos políticos ocurridos en el país».

El PT sostiene que eso se «comprueba» con «instrucciones dadas» a las embajadas brasileñas en el exterior, en las que Serra habría «ordenado» que «el cuerpo diplomático brasileño combata la tesis de que hubo un golpe en el país», como afirma Rousseff.

Los documentos presentados por el PT a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República incluyen también numerosos reportajes de diarios nacionales, en los que se reflejan las negociaciones que Temer mantuvo con su base política antes de las votaciones en que las cámaras legislativas se decantaron por procesar a Rousseff.

Según el PT, todos los denunciados violaron el artículo 37 de la Constitución nacional, que se refiere a la «moralidad» y la «ética» en la política, y otras leyes específicas de la administración pública, que establecen la «plena separación de intereses públicos y privados».

El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Henry Ramos Allup, celebró hoy el informe de la OEA con el que el secretario del organismo, el uruguayo Luis Almagro, invocó la activación de la Carta Democrática Interamericana.

Almagro, «acogiendo las exigencia y los planteamientos que hemos venido haciendo ante la competente autoridad, para que en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) se plantee crudamente la situación de Venezuela, procedió hoy en ejercicio de sus funciones», indicó el jefe parlamentario opositor en rueda de prensa.

El parlamentario sostiene que la situación del país caribeño «no se puede ocultar más ni con gestiones de carácter burocrático ni con gestiones de carácter diplomático».

La declaración del líder opositor se produjo poco después de que la OEA publicara un informe de Almagro en el que llamaba a la activación de la Carta Democrática a Venezuela por considerar que hay una «alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático».

Ramos Allup insistió en la crisis humanitaria que, dijo, viven los venezolanos y en que «el único que se empeña en negarla es el Gobierno» que preside el chavista Nicolás Maduro.

«Presos político, todos los órganos del Poder Público puestos al servicio de una causa injusta, que es la que representa el Gobierno, presos y exiliados sin juicio, derechos humanos violados, no existe auténtica libertad de expresión, se persigue y criminaliza la disidencia», enumeró el diputado para referirse a los elementos que se suman a esa crisis.

Explicó que el paso dado por Almagro «no quiere decir que se comienza, quiere decir que se va activar la Carta para que se debata el caso de Venezuela en el seno de la OEA».

Los opositores han pedido formalmente al organismo que se les permita exponer ante el Consejo Permanente «cuál es la situación de Venezuela», informó hoy Ramos Allup.

«Ahí no vamos con conjeturas, ahí vamos con pruebas, con documentos públicos, con hechos concretos, y por supuesto, desearíamos fervorosamente, vehementemente que cuando expresemos allí lo que tenemos a bien expresar, esté presente la representación del Gobierno del presidente Maduro», dijo.

Los opositores, señaló el presidente del Legislativo venezolano, entienden «lo complicado que son los mecanismos diplomáticos», por lo que son «consientes que, en un organismo como la OEA, la representación es de los distintos Gobiernos que suele proceder muy cautelosamente en caso de que se presente un tema que pueda afectar a uno de los Gobiernos que hace grupo».

«Pero tampoco la comunidad internacional, incluso la misma OEA, puede voltear la cara, taparse los ojos, ante la grave crisis humanitaria por la que estamos atravesando, que no es solo de alimentos y medicamentos, que es por violación de los derechos humanos, que es por la inexistencia de democracia», dijo.

Advirtió que «un estallido» en el país caribeño «afectaría a toda el área, y todas esos países entes relacionados o no con Venezuela desde el punto de vista diplomático y económico van a verse afectados en su propia economía y su propia estabilidad».