Javier Duarte polifacético: el rostro del narco en Veracruz
Por: José Luis Ortega Vidal
(1)
Un enfoque poco o nulamente abordado en torno al caso Javier Duarte de Ochoa es el relativo a los nexos de su fallida gestión gubernamental con el narcotráfico.
Pruebas hay -y muchas- de que áreas del gobierno estatal duartista se vincularon con uno u otro cártel de los tres principales que operan en suelo veracruzano: el del Golfo, Los Zetas y Jalisco Nueva Generación, más los grupos menores que surgen de sus escisiones.
Durante la visita de Miguel Angel Osorio Chong a Coatzacoalcos el pasado lunes 17 de octubre un discreto Roberto Campa Ciprián se deslizó por los pasillos del hotel Terranova.
Su jefe -el Secretario de Gobernación- encabezaba sendas reuniones con empresarios locales y cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales.
Con alcaldes del sur y el gobernador interino Flavino Ríos como testigos el titular de Gobernación anunció que la Secretaría de Marina se haría cargo de la seguridad en la entidad veracruzana a partir de ayer: lunes 24 de octubre.
Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, el ex priísta Campa Ciprián ha atendido directamente casos como el de los jóvenes “levantados y entregados” por la policía estatal emplazada en Tierra Blanca al Cártel de Jalisco Nueva Generación el 11 de enero y el hallazgo de unas 105 fosas clandestinas en la ciudad y puerto de Veracruz, entre otros.
Respecto a la desaparición de 5 jóvenes en Tierra Blanca y de acuerdo a testimonios de policías involucrados y detenidos, sicarios del CJNG habrían asesinado a todos en el rancho “El limón” ubicado en Tlalixcoyan, municipio cercano a donde fueron levantados.
A la fecha sólo hay pruebas de ADN que comprueban la presencia en el rancho “El limón” de dos de los cinco jóvenes del caso Tierra Blanca.
No obstante las versiones de varios involucrados inclinan la investigación a la dramática hipótesis de que los cinco muchachos nativos de Playa Vicente que estaban de paso en Tierra Blanca tras un viaje de paseo a Veracruz murieron en “El limón” donde también se hallaron cientos de restos humanos sin identificar.
De esta historia se desprenden datos clave que describen parte del rostro del narcotráfico en la gestión de Javier Duarte y que nos hablan de la impunidad con que se mueve el aparato del corrupto poder político-electoral de Veracruz y de México.
Los policías que “levantaron” a los muchachos de Tierra Blanca estaban al mando de la SSP, cuyo titular era Arturo Bermúdez Zurita.
Podrida la SSP, socavada hasta las entrañas por el narcotráfico, cómplices sus delegados en varios puntos clave de la geografía Veracruzana -Tierra Blanca y Cardel son dos casos evidenciados por ejecuciones y señalamientos directos contra mandos de alto nivel- Bermúdez fue responsable de una seguridad inexistente para los veracruzanos con la venia de Javier Duarte de Ochoa.
“Primero me voy yo que él”, declaró Duarte de Ochoa cuando ciudadanos, organizaciones sociales, gremios empresariales, periodistas, mostraban pruebas sobre cientos de muertes inocentes derivadas del asalto a la dependencia estatal de seguridad.
Vivíamos y vivimos los veracruzanos una guerra con muchos frentes.
Uno de ellos es entre cárteles pero atraviesa organismos oficiales cómplices como la SSP y cobra muertes inocentes.
Finalmente Arturo Bermúdez Zurita tuvo una salida a modo, una renuncia oportuna para partir de Veracruz sin ser denunciado, investigado, ni siquiera citado por la Fiscalía de su amigo y protector Luis Angel Bravo.
No se requieren denuncias al respecto. Los asesinatos se investigan de oficio y entre ellos hay ejecuciones de mandos policiacos y existen videos donde éstos son torturados y dan detalles de presuntos vínculos de sus jefes con el crimen organizado,así como de los propios.
Determinar si esto es cierto o falso es obligación de la Fiscalía, lo mismo que buscar y detener a los asesinos.
El 4 de agosto Bermúdez Zurita renunció a la SSP luego de que medios de comunicación como Aristegui Noticias y Reforma dieran a conocer que junto con su familia posee 5 residencias en Texas, Estados Unidos, así como otras 9 en la Ciudad de México, 5 en Xalapa, 1 en el puerto de Veracruz y 2 en Quintana Roo.
A lo anterior se suma la sociedad que el ex titular de la SSP mantiene en 24 empresas de diversos giros.
Una de ellas ligada al rubro alimenticio que se agenció contratos con la propia SSP. Es decir Bermúdez Zurita era proveedor de la dependencia a su cargo, protagonizaba un conflicto de interés, actuaba corruptamente mientras su jefe el gobernador declaraba: “primero me voy yo que él”.
De hecho una lista de adeudos del gobierno con proveedores ubicó a empresas de Bermúdez Zurita como acreedores de 70 millones de pesos.
Ahora bien el caso de SSP/Tierra Blanca/5 jóvenes levantados por policías y entregados al CJNG/Arturo Bermúdez Zurita protegido por Javier Duarte/la renuncia oportuna del corrupto Secretario de Seguridad señalado por subalternos ejecutados por la mafia como vínculo del gobierno con el crimen organizado es sólo uno.
Hay más.
“El limón”, rancho donde se encontraron huellas de 2 de los 5 jóvenes de Tierra Blanca, así como restos de cientos de seres humanos ejecutados bestialmente, es propiedad de Francisco Navarrete Serna (a) “El Ingeniero”.
Preso por el caso de los jóvenes de Tierra Blanca, Navarrete Serna cuenta con un historial de operador político y se le señala como presunto jefe de plaza del CJNG en el violento Tierra Blanca.
Una fotografía suya junto al hoy diputado federal Antonio Tarek Abdala lo ubica como presunto financiador y operador de su campaña política en el 2015, aunque el legislador niega la especie.
Tarek Abdala fue tesorero en la Secretaría de Finanzas de Veracruz y representa en la Cámara de Diputados a la zona de la Cuenca del Papaloapan, incluyendo al municipio terrablanquense.
Por otra parte el cuenqueño es uno de los cuatro diputados federales veracruzanos vinculados al fraude de las empresas fantasma que ha dado pie a las órdenes de aprehensión contra su ex jefe Javier Duarte de Ochoa.
Los otros tres diputados fantasmagóricos son Adolfo Mota, Edgar Spinoso y Nohemí Lagunes.
(2)
En el hotel Terranova de Coatzacoalcos Roberto Campa Ciprián acercó a los padres de los 5 muchachos “levantados” por policías-narcos en Tierra Blanca a Miguel Angel Osorio Chong y dialogaron sobre un tema substancial ligado a su tragedia: la aplicación de justicia.
Los padres de los 5 muchachos de caso Tierra Blanca son José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arróniz, Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez y Susana Tapia Garibo quienes el 13 de octubre presentaron una denuncia contra Arturo Bermúdez Zurita, el ex titular de la SSP de triste memoria.
Las pruebas de videos y testimonios son irrefutables: fueron policías estatales en la nómina del narcotráfico quienes “levantaron” a los muchachos “por sospechosos” y los entregaron al CJNG por órdenes de Marcos Conde Hernández, subalterno de Arturo Bermúdez Zurita.
“Según lo revelado por las investigaciones los policías entregaron los jóvenes a la Delincuencia Organizada que opera en esa zona, posteriormente fueron detenidos los policías implicados, y a decir del octavo detenido en la investigación a cargo de la Policía Federal (PF) y la Fiscalía veracruzana, el policía Rubén Pérez Andrade, todas las víctimas fueron golpeadas, asesinadas y sus cuerpos destruidos o triturados.
Cuatro de los policías responsables no habían pasado las pruebas de confiabilidad, incluyendo a su propio jefe, el comandante Marco Conde Hernández, (hoy detenido), asignado a la coordinación de la policía estatal en la zona de Tierra Blanca.
El articulo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fracción cuarta, señala que se sancionará con prisión a quien asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley.
Por lo cual se interpreta que las autoridades encargadas en su momento de realizar dicha certificación incurrieron en un delito federal, es por ello que el abogado de las cinco familias, Celestino Espinosa Rivera, comentó que fue puesta una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Arturo Bermúdez Zurita que en ese entonces fungía como Secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz, y según lo estipulado por la misma SSP es el secretario el único responsable de las certificaciones.
El abogado detalló que la denuncia fue puesta el jueves 13 de octubre en la PGR en la Unidad Especializada en los Delitos por Servidores Públicos, en la Ciudad de México.” *
Junto a las interpretaciones jurídicas y el destino de la denuncia contra Arturo Bermúdez Zurita los muertos de Veracruz hablan y el polifacético rostro de Javier Duarte de Ochoa aparece una vez más, en esta ocasión relacionado directa o indirectamente al crimen organizado.
Por acción u omisión el gobernador con licencia y prófugo también debe enfrentar la Ley por casos de asesinato y narcotráfico.
