Xalapa, Ver.

Con el fin de garantizar el reconocimiento de derechos a las personas migrantes, la diputada independiente Miriam Judith González Sheridan presentó la iniciativa con proyecto de Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de Veracruz, que entre sus objetivos está la creación del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes, como organismo público descentralizado de la administración pública estatal.

Este organismo estaría sectorizado a la oficina del titular de la Secretaría de Gobierno, como principal operador y coordinador de  la política estatal de atención a migrantes, mismo que sustituiría a la actual Dirección General de Atención a Migrantes.

Al informar sobre el contenido de la iniciativa, la diputada González Sheridan subrayó que se crearía el Registro Estatal de Personas Migrantes a cargo del Instituto, el cual se ha diseñado como herramienta fundamental para mejorar la atención que se presta a estos grupos humanos y como instrumento para obtener información que permita un mejor diseño de las políticas públicas en la materia.

También se instituyen las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de atención a migrantes y se propone la creación de los respectivos padrones municipales de migrantes como apoyo para el Registro Estatal del Instituto, y referente cuantitativo para la elaboración e instrumentación de la política municipal de atención a migrantes.

En esta ley se establece que el reconocimiento que la atención a personas migrantes es una tarea integral, con implicaciones en diversos aspectos de la vida social, se reconocen como autoridades auxiliares en materia de atención a migrantes al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Seguridad Pública, a así como a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Atención a Migrantes, al Instituto Veracruzano de las Mujeres, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La propuesta legislativa contempla la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil participen de manera solidaria en las actividades de atención, asistencia y ayuda humanitaria a favor de los migrantes.

De esta forma, sociedad y Estado, seguirán sumando esfuerzos en favor de las personas migrantes, expuso la diputada.

Ciudad de México.

En sesión solemne del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Secretario de Salud, José Narro, con la representación presidencial, tomó la protesta de ley a Tuffic Miguel como Director General del Seguro Social, luego del nombramiento hecho el pasado 7 de diciembre por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El secretario Narro confió en que Tuffic Miguel dará continuidad al trabajo de fortalecimiento financiero, digitalización de trámites y mejora en la calidad de los servicios, para cumplir el compromiso con más de 19 millones de asegurados y sus familias, pues es un personaje de casa que tiene experiencia previa en las áreas hacendarias y financieras de nuestro país.

Enfatizó que no es posible imaginar a México sin la existencia del Seguro Social, que es, desde hace casi 75 años, la institución fundamental en el sistema de seguridad social de México.

En su oportunidad, el Director General del IMSS destacó que recibe una institución robusta y con finanzas saludables, cuya viabilidad está garantizada hasta 2020 y que habrá de mantenerse una rigurosa disciplina para que tenga más años de vida, a través de la fórmula de comprar más y a mejor precio.

Por su parte, el ex titular del Seguro Social, Mikel Arriola, quien fue ampliamente reconocido por los representantes del Consejo Técnico por su labor al frente del Instituto, dijo que en su gestión hay varios logros que deben enorgullecer a los mexicanos y que permiten preservar en lo financiero a la institución, al tiempo de haber generado beneficios directos y sólidos para la derechohabiencia.

Los representantes de los sectores obrero y patronal, en voz de los consejeros José Luis Carazo Preciado y Manuel Herrera Vega, expresaron su respaldo a la gestión del nuevo titular del IMSS, quien se desempeñó cinco años como Director de Incorporación y Recaudación del Instituto, periodo en el que se incrementaron las cuotas obrero-patronales en 26 por ciento y que en 2016, acumuló un monto superior a los 260 mil millones de pesos.

NOMBRAMIENTOS EN EL IMSS

En sesión ordinaria, el Consejo Técnico del IMSS aprobó por unanimidad los nueve cambios en la estructura organizacional propuestos por el Director General.

Ocho de los nuevos titulares tienen trayectoria y conocimiento de la institución, ya que ocuparon cargos dentro del IMSS, lo que garantiza la continuidad en los principales ejes de esta gestión y se incorpora uno que proviene del Sistema de Administración Tributaria.

En la Dirección de Administración asume Norma Gabriela López Castañeda. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una trayectoria de 17 años en la administración pública federal. Desde 2014 se desempeñó como Jefa de la Unidad de Incorporación del Seguro Social.

La Dirección de Planeación Estratégica e Institucional quedó a cargo de Joanna Cristo Aguirre. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con nueve años de trayectoria en el gobierno y desde septiembre de 2016 tuvo a su cargo la Coordinación de Seguimiento Interinstitucional e Internacional.

José Arturo Lozano Enríquez fue nombrado Director de Incorporación y Recaudación. Es contador público y auditor por la Universidad Autónoma de Tamaulipas; tiene más de 25 años laborando en la administración pública federal y se desempeñaba, desde 2014, como titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del propio Instituto.

Como Director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones asume el cargo Pablo Corral Sánchez. Es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte; ha laborado 17 años en el gobierno y desde enero de 2013 fungió como Coordinador de Seguimiento a la Operación de Nivel Desconcentrado del IMSS.

Los representantes del Consejo Técnico también avalaron los siguientes nombramientos: Luis Gerardo Magaña Zaga, titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza, y de Jaime Valadez Aldana, titular de la Unidad de Servicios Estratégicos, ambos incorporados a la Dirección de Incorporación y Recaudación, así como de Eleazar Franco Gaona como titular de la Unidad de Comunicación Social.

Todos estos nombramientos entran en vigor a partir del 14 de diciembre del año en curso.

En los casos de Miguel Ángel Aquino Martínez, jefe de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, y José David Méndez Santa Cruz, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, sus nombramientos entrarán en vigor el 15 de enero de 2018.

Tras los nombramientos, el Director General del IMSS, Tuffic Miguel, exhortó a los servidores públicos designados a poner todo su empeño en las funciones encomendadas, para continuar con los esfuerzos de disciplina financiera, digitalización de trámites y mejora en la calidad de los servicios, que beneficien a los más de 74 millones de derechohabientes.

Xalapa, Ver.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Estado aprobaron la nueva Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa cuyo objeto es determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal, el cual contará con personalidad jurídica  y patrimonio propios; que además será la máxima autoridad en la materia, con la jurisdicción y competencia que determinen la Constitución del Estado, esta Ley y demás legislación aplicable.

La ley establece que el Tribunal será un órgano jurisdiccional con autonomía e independencia para dictar sus fallos, dotado de plena jurisdicción; formando parte del Sistema Estatal Anticorrupción y actuando de forma coordinada con el Sistema Nacional Anticorrupción, conforme a las bases establecidas en la Carta Magna federal.

Este Tribunal impartirá justicia de manera dinámica, funcionando con cuatro Salas Unitarias y una Sala Superior que conocerán en primera como en segunda instancia, respectivamente. El Magistrado de la Sala Unitaria que conozca en primera instancia no conocerá del asunto en segunda instancia, garantizando imparcialidad en sus resoluciones, conforme a la reforma constitucional de combate a la corrupción.

El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Tribunal, se ejercerá con autonomía, conforme al Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a las disposiciones legales aplicables.

El Tribunal es competente para dirimir las controversias entre la administración pública  estatal o municipal y los particulares, así como entre los Organismos Autónomos y los particulares; imponer las sanciones a los servidores  públicos estatales o municipales por las responsabilidades administrativas que la Ley General determine como graves y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas de la misma naturaleza.

El Tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por los Órganos Internos de Control de los entes públicos estatales, municipales, los organismos autónomos, o por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para la imposición de sanciones, en términos de lo dispuesto por la Ley General y la Ley Estatal de Responsabilidades.

El Tribunal puede fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal, Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales, municipales y a los particulares afectados por los hechos o actos de servidores públicos.

Los Magistrados están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las siguientes causas: tener parentesco en línea directa sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores o tener amistad íntima, enemistad manifiesta o relación laboral con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior, en su calidad de parte en los procedimientos de los que conozca, entre otros.

El Tribunal se compondrá por cuatro magistrados, cuyo periodo de encargo será de diez años  y sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por la Constitución del Estado y la Ley.

El Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la presente Ley, aprobará la propuesta de presupuesto del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para el ejercicio fiscal correspondiente, al efecto la Secretaría de Finanzas y Planeación remitirá, dentro de los diez hábiles siguientes, la propuesta respectiva.

El Tribunal deberá expedir el Estatuto de la Carrera Profesional de Justicia Administrativa, dentro de los ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente.

Una vez entrada en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos del Tribunal presentarán sus declaraciones en los formatos que, a la entrada en vigor de la referida Ley, se utilicen en el ámbito federal.

A nombre del grupo legislativo de MORENA, la diputada Águeda Salgado Castro indicó que el Dictamen tiene algunas precisiones que les impiden votarlo a favor y reseñó algunos relativos a la designación de los magistrados y las funciones que estos desempeñarían, entre otros.

Esta ley fue aprobada con 26 votos a favor y se registraron 7 votos en contra.

-Desaparece Tribunal de lo Contencioso Administrativo-

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar las referencias al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que con la creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa el primero tiende a desaparecer.

Este dictamen fue aprobado con 35 votos a favor. No se registraron votos en contra o abstenciones.

Xalapa, Ver.

La diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) Cinthya Lobato Calderón presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado que tiene como fin crear el Centro de Estudios e Investigaciones Legislativas, mismo que contaría con los recursos y el personal calificado para lograr un trabajo permanente de profesionalización y actualización, que contribuya además a la instauración de un auténtico servicio público de carrera para la administración parlamentaria estatal.

En su iniciativa, la legisladora propone elevar la denominación, atribuciones y alcances de la actual Coordinación de Investigaciones Legislativas para que sea transformada en el Centro de Estudios e Investigaciones Legislativas.

El Centro de Estudios e Investigaciones Legislativas se sujetará, para su integración y funcionamiento, a los acuerdos conducentes de la Junta de Trabajos Legislativos; a la cual le reportará, por conducto de la Secretaría General, el cumplimiento de los mismos, su plan de trabajo, las propuestas de convenios o acuerdos de coordinación e intercambio académico con instituciones de educación superior, nacionales o internacionales, públicas o privadas.

A la vez que someterá a su consideración las propuestas de cursos, talleres, diplomados,  estudios de posgrado y publicaciones en la materia de su competencia.

La iniciativa prevé que la Junta de Trabajos Legislativos tenga la atribución de designar al titular de la Coordinación del Centro de Estudios e Investigaciones Legislativas; así como a los investigadores que lo integren, los cuales deberán contar con título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho con una antigüedad de cinco años al momento de su designación, así como de posgrado en materias afines, y contar con experiencia profesional en el ámbito legislativo o parlamentario.

La diputada Cinthya Lobato recalcó que la importancia de este Centro es para que el Congreso cuente con un área especializada responsable de informar y dotar a las comisiones legislativas y diputados, del conocimiento ordenado y metódico sobre las variantes más sólidas existentes en el campo del derecho legislativo y del parlamentarismo en general.

-Retiro de la Caseta de peaje del puente Coatzacoalcos-

En la misma sesión, la diputada Lobato Calderón presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Veracruz para que retire de manera inmediata la caseta de peaje, denominada Puente Coatzacoalcos I, ubicada en el kilómetro 2+100 de la carretera federal 180, Matamoros-Puerto Juárez, en el Municipio de Coatzacoalcos.

La legisladora indicó que esa Caseta de Cobro es administrada por el Gobierno del Estado desde el 2006, año en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se lo diera en Comodato para que los recursos del peaje fueran destinados a un Fideicomiso para la construcción del Túnel Sumergido.

Refirió que no hay razón de existir de la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos I, toda vez que el Túnel Sumergido ya está funcionando y su caseta de cobro ya fue concesionada a una de las compañías del empresario Carlos Slim.