México.-Senadores aprobaron en comisiones con 23 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones la reforma a la Ley Antilavado. En el análisis, la oposición acusó que es parte de la estrategia de Morena para vigilar a toda la población, teniendo acceso indiscriminado a los datos personales sensibles de todas las personas a través de la Guardia Nacional y dejándolos expuestos al crimen organizado.

Con esta Ley la Secretaría de Hacienda podrá solicitar información a dependencias y organismos, sin una orden judicial, sobre todo tipo de datos económicos que se requieran.

La oposición en el Senado advirtió que las nuevas disposiciones en materia de lavado de dinero violan derechos humanos y el debido proceso y acusa que permitir el monitoreo de cuentas bancarias sin orden judicial pone en riesgo la protección de datos personales.

La senadora del PRI Carolina Viggiano advirtió sobre los riesgos de la reforma a la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y señaló que es parte de un bloque de iniciativas que buscan establecer un sistema de vigilancia sobre la población.

Y es que según Viggiano, Morena está construyendo un andamiaje legal para concentrar datos personales y financieros de la ciudadanía.

Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló que la reforma tiene como propósito fundamental garantizar la estabilidad de nuestro sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional.

La reforma, añadió, amplía el alcance de la ley para incluir expresamente la prevención del financiamiento al terrorismo y refuerza la obligación de identificar al beneficiario controlador, asegurando transparencia sobre quien realmente controla o se beneficia de las operaciones, además de establecer un enfoque basado en riesgo, diferenciando cargas regulatorias según el nivel real de riesgo.

Corral Jurado dijo que las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal actualizan definiciones de importancia como relación de negocios, amplían la lista de actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, y precisa obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración antilavado.

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Guerrero .-En una transmisión conjunta con el titular de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, confirmó que el estado se encuentra en semáforo rojo, lo que indica una fase de máximo riesgo, ante la llegada inminente del huracán Erick, que se espera impacte entre los límites de Guerrero y Oaxaca.
El fenómeno meteorológico se ha intensificado rápidamente y ha alcanzado la categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 200 km/h (125 mph), y se prevé un posible desbordamiento hacia categoría 4 poco antes del impacto . Las autoridades del Centro Nacional de Huracanes estiman que entrará por la costa entre Acapulco y Puerto Ángel, dejando acumulaciones de lluvia entre 40 y 50 cm, provocando alto riesgo de inundaciones y deslaves en zonas montañosas .
Desde primeras horas, se activaron 582 refugios en Guerrero, que tendrán capacidad para decenas de miles de personas . También se suspendieron clases en todo el estado, así como operaciones portuarias y vuelos en Acapulco . Se desplegaron más de 18.000 efectivos de la Marina, Guardia Nacional y autoridades estatales, en coordinación con el Plan DNIIIE, para resguardar a la población vulnerables .
Durante el anuncio, la gobernadora Salgado instó a permanecer en casa y seguir todas las medidas preventivas difundidas, insistiendo en evitar desplazamientos y mantenerse informados a través de canales oficiales. También se reforzaron acciones de limpieza de canales, supervisión de zonas de alto riesgo y monitoreo constante del fenómeno
Las autoridades alertaron sobre un potente oleaje, posibles derrumbes y fuertes ráfagas asociadas a la marejada ciclónica y las lluvias, por lo que exhortan a no exponerse a los márgenes de ríos ni zonas costeras.

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NUEVO LEÓN.-Al menos 1.2 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita fueron asegurados durante un allanamiento a un predio del municipio de Allende, en el estado mexicano de Nuevo León, como parte de una operación conjunta entre fuerzas federales y estatales.
El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fuerza Civil del estado.
La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia El Maguey, en la calle Progreso, precisaron las autoridades mexicanas en un comunicado.
De acuerdo con la información, el predio operaba sin medidas de seguridad y almacenaba hidrocarburo de procedencia ilícita, lo que representaba un riesgo para la población.
La orden de cateo fue autorizada por un juez de control, luego de obtener pruebas suficientes mediante labores de inteligencia, vigilancia fija y móvil.
Durante la operación fueron asegurados 10 contenedores móviles, un tractocamión, 10 pipas, seis tanques cilíndricos, dos bidones de 1.000 litros y un tambo con capacidad de 200 litros.
El lugar fue sellado y quedó bajo resguardo policial, mientras el Ministerio Público continúa con la actualización de la carpeta de investigación.
“En seguimiento a las acciones para inhibir el robo de combustible en el país, elementos del Gabinete de Seguridad (…) aseguraron 1.200.000 litros de hidrocarburo, así como pipas y contenedores”, informó en redes sociales el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.
Este operativo se suma al cateo realizado en Coatzacoalcos, Veracruz, donde autoridades federales desmantelaron una planta clandestina para el procesamiento ilegal de hidrocarburos.
En este segundo allanamiento se recuperaron más de 500.000 litros de crudo, avaluados en unos 25 millones de pesos (casi 1,25 millones de dólares) y se aseguró infraestructura utilizada para producir diésel artesanal y otros derivados.
Ambos casos forman parte de una estrategia integral del Gobierno de México para frenar el mercado ilícito de combustibles.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso para actuar de manera coordinada y permanente en pro de combatir este actividad ilegal que representa riesgos económicos, sociales y ambientales.

FOTOS: X @OHarfuch

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México.-La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este miércoles que apeló la resolución de una jueza que rechazó en 2014 abrir una investigación contra la exoficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) , Judith Aracely Gómez, por la compra del software ‘Pegasus’ para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.

Además, la FGR anunció que abrirá una carpeta de investigación contra la jueza federal Alejandra Domínguez Santos.

En un comunicado, la entidad explicó que solicitó a la jueza federal de control la vinculación a proceso de la exfuncionaria por la adquisición ilegal en 2014 de equipos de espionaje (Pegasus) por la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR).

En el reporte se relata que después de dos años y medio de «retraso ilegal», la jueza concedió la audiencia para determinar «la no vinculación de la persona señalada», a la que se le imputaron los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades al incumplir la obligación de supervisar la contratación en cuestión.

Además, en la lista de delitos se incluyó el de peculado por participar en el «desvío ilegal de recursos, sin que existiera el riesgo, la urgencia o la confidencialidad necesarios para estas compras».

Igualmente, en el listado acusatorio se incluye el ilícito de «fraude equiparado», al incumplir sus obligaciones y participar en una operación que claramente afectó «gravemente» el patrimonio de la Institución, en beneficio del proveedor; y el delito de «asociación delictuosa», al participar en las faltas anteriormente señaladas en conjunto con otros servidores públicos de la institución.

En resumen, la FGR señala que a la imputada se le acusa por «haber permitido la adquisición ilegal de esos equipos de espionaje, sin que se demostrara que había necesidad de ello, pagando 460 millones de pesos (unos 24,17 millones de dólares), que significaron un grave daño irreparable al patrimonio público».

La Fiscalía mexicana apuntó que «a pesar de todas esas pruebas ofrecidas por la Fiscalía, la jueza de control, decidió no vincularla (a Judith Aracely Gómez) al proceso».

El texto precisa que la FGR inició el recurso de apelación correspondiente y también la apertura de una investigación a la jueza de control, Alejandra Domínguez Santos, por delitos en contra de la administración de justicia.

En julio de 2021, una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50.000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15.000 casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y luego presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), además de algunos de sus colaboradores, así como de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en el caso Ayotzinapa.

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