Ciudad de México.- El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez coincidieron con organizaciones civiles y activistas en rechazar las pretensiones de legisladores y del gobierno de Enrique Peña Nieto de perpetuar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, a través de iniciativas como la Ley de Seguridad Interior.
Durante el foro “Seguridad y derechos humanos”, los participantes reconocieron la labor que soldados y marinos han desempeñado en los últimos diez años de “guerra contra el crimen organizado” y aclararon que no piden el retorno inmediato a los cuarteles, pero resaltaron que la naturaleza de su preparación no corresponde a las labores de seguridad pública.
En el acto también estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y los académicos e integrantes del colectivo “Seguridad sin Guerra”, Maité Azuela y Ernesto López Portillo, en tanto que el exrelator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, transmitió un mensaje videograbado.
En concordancia con la CNDH y las organizaciones civiles, Jan Jarab consideró que “se necesita una discusión mucho más amplia, profunda e inclusiva sobre el modelo de la seguridad que México necesita”, así como analizar las experiencias propias durante los últimos diez años y lo que ha ocurrido en otros países.
También advirtió que tratar de “fortalecer el paradigma militar y el uso de la fuerza”, a través de la ley de seguridad interior, “va a contribuir a petrificar este paradigma, va a ser un retroceso”.
Para el funcionario de la ONU, el diseño de un modelo de seguridad para el país debería ir acompañado de “un diagnóstico integral”, en tanto que deben fortalecerse las corporaciones policiales, “porque no se puede aceptar que existan para defender algunos intereses y reciban un cheque en blanco de la impunidad”, así como las medidas preventivas.
Al señalar que sin discusiones amplias “va a ser muy peligroso adoptar una ley que deje la actuación de las fuerzas armadas” en tareas de seguridad, “aun con salvaguardas”, Jarab señaló que si a pesar de todo el Estado mexicano insiste en promover una legislación “para respaldar las fuerzas armadas”, propuso como “Plan B (…) por lo menos fortalecer las salvaguardas, eso es algo que nos parece se puede evitar, si se puede impulsar una discusión más amplia sobre el modelo de seguridad”.
Mientras se siguen postergando discusiones como las leyes generales contra la desaparición y la tortura, el representante de la ONU recordó que en el plano internacional el modelo de seguridad interior ha sido considerado por órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “un concepto propio de regímenes autoritarios”.