CANCÚN, 9 de noviembre.- Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) por Quintana Roo, acusó al nuevo Poder Judicial de la Federación de avalar la destrucción de la selva ocasionada por el Tren Maya, luego de dos jueces federales rechazaron atener una demanda de amparo contra la construcción de la Terminal Multimodal de Carga de Cancún.
El amparo fue presentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) desde septiembre pasado, con el fin de que el Ejército Mexicano, responsable de la obra, cumpla con medidas de protección ambiental o, bien, suspenda los trabajos que, según esta organización, se realizan sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
La obra, que es una de las cuatro iniciadas por la Federación para habilitar el servicio de carga del tren, implica la deforestación de 259 hectáreas de selva para su construcción.
“Una vez más vemos como la justicia se apega a los intereses de Morena, y no a los de la ciudadanía ni a los del medio ambiente”, aseveró el legislador.
Aseguró que el Tren Maya amenaza los ecosistemas y la calidad de vida, por lo que exigió que se reponga el daño ambiental que ha provocado en Quintana Roo.
Precisó que Acción Nacional busca que Quintana Roo no sea una “entidad secuestrada por Morena” y donde “el medio ambiente ha quedado en segundo plano”.
“La gobernadora Mara Lezama tendrá mucho que explicar ahora que salga del cargo, la justicia de Morena destruye y no hay condiciones para un clima de orden; el Tren Maya es un proyecto que afecta al medio ambiente”, manifestó.
El diputado además hizo un llamado a las organizaciones ambientalistas a acudir a más “entes de justicia” para detener las obras alrededor del Tren Maya.
El amparo fue rechazado por la jueza federal de Mérida, Yucatán, Tania Gabriela González Rosas, a quien se enviaban todos los asuntos relacionados con el proyecto, con el argumento de que la terminal multimodal de carga de Cancún ya no forma parte del proyecto original del Tren Maya.
El fallo de esta jueza ha desatado polémica, además, porque Tania Gabriela González Rosas se desempeñaba hasta febrero pasado como directora del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en la administración de Joaquín Díaz Mena, gobernador morenista de ese estado.
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