La estrategia legal del Distrito Sur de Nueva York contra altos funcionarios de Sinaloa no solo busca penas de prisión, sino el desmantelamiento total de su estructura financiera. Según el documento judicial de la acusación formal del Departamento de Justicia, el gobierno de los Estados Unidos ha emitido notificaciones de decomiso que afectan directamente al gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya y a otros nueve altos funcionarios y exfuncionarios.
El rastreo de las “ganancias del fentanilo”
El eje central de la ofensiva financiera se detalla en el apartado de “Notificaciones de Decomiso” del expediente. El Gran Jurado determinó que, tras cometer los delitos de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, los acusados deberán ceder a favor de los Estados Unidos todos los bienes que constituyan o se deriven de cualquier ganancia obtenida directa o indirectamente de estas actividades.
Esta medida alcanza no solo al gobernador Rocha Moya, sino también a figuras de alto nivel como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el actual Vicefiscal General, Dámaso Castro Zaavedra. El documento subraya que el decomiso incluye cualquier propiedad utilizada, o que se haya intentado utilizar, para facilitar el tráfico de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.
Persecución de bienes sustitutos: Sin lugar donde esconder la fortuna
Uno de los puntos más agresivos de la acusación es la “Disposición sobre bienes sustitutos”. El gobierno de EE. UU. advierte que, si los bienes sujetos a decomiso no pueden ser localizados tras un ejercicio de debida diligencia, han sido transferidos a terceros, vendidos, o han disminuido sustancialmente de valor, la justicia estadounidense buscará el decomiso de cualquier otro bien de los acusados hasta cubrir el valor total de la deuda criminal.
Esta cláusula impide que los señalados puedan proteger su patrimonio mediante la transferencia de activos a familiares o prestanombres, permitiendo al tribunal neoyorquino perseguir propiedades legalmente registradas que originalmente no estuvieran vinculadas al delito.
Incautación de armamento y activos específicos
El decomiso no se limita a dinero en efectivo o cuentas bancarias. Por los cargos relacionados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, el tribunal exige que los acusados entreguen todas las armas de fuego y municiones involucradas en la comisión de los delitos. El expediente menciona el uso constante de camiones blindados, lanzagranadas, bazucas y fusiles AK-47 y AR-15 para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa.
En el caso particular de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, la orden de decomiso es aún más específica. Debido a los cargos de secuestro con resultado de muerte, Millán deberá ceder todo bien mueble e inmueble derivado de las ganancias de dichos delitos, incluyendo sumas de dinero en moneda estadounidense que representen el importe total de las ganancias atribuibles a estos actos de violencia.
El costo de la impunidad operativa
La magnitud del decomiso se sustenta en la evidencia de sobornos sistemáticos que el cártel pagaba a los funcionarios. El documento revela que jefes policiales y fiscales recibían pagos mensuales que oscilaban entre los 5 mil 450 y los 16 mil 670 dólares a cambio de protección y filtración de información sensible. Ahora, la justicia de los Estados Unidos busca recuperar cada dólar de esa red de corrupción que permitió la expansión de la facción de “Los Chapitos” en Sinaloa y el resto del mundo.
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