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MCCI.-Un notificador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) acudió a mediados de febrero de 2025 al fraccionamiento Rincón de las Lomas, en Cuajimalpa, para entregar seis mandamientos de ejecución de embargo a nombre de Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Los documentos reclamaban el pago de 1,117 millones de pesos, correspondientes a cinco pliegos de responsabilidades administrativas emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por presuntos desvíos ocurridos hace más de una década en el esquema de corrupción conocido como La Estafa Maestra.
Pese a los años transcurridos, el SAT no ha logrado hacer efectivo el cobro. El caso de Zebadúa se suma a decenas de procedimientos similares iniciados por la autoridad fiscal en los principales casos de corrupción del país, donde la reparación del daño sigue pendiente.
De acuerdo con expedientes internos del SAT y resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Gobierno federal reclama actualmente más de 8 mil millones de pesos a empresas y exfuncionarios involucrados en tres de los mayores casos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: La Estafa Maestra, Odebrecht y las empresas fantasma de Javier Duarte.
Por La Estafa Maestra, los créditos fiscales determinados por la ASF y ejecutados por el SAT suman los 5 mil 586 millones, entre universidades, intermediarias y exfuncionarios. En el caso Odebrecht, el adeudo actualizado a 2025 alcanza los 740 millones. Y en el caso Duarte, entre los pliegos de responsabilidad contra Antonio Tarek Abdalá, los adeudos reclamados a empresas fantasma y a Moisés Mansur Cysneiros, el SAT tiene pendientes de cobro más de 3 mil 222 millones de pesos.
En total, el fisco mexicano busca recuperar 9 mil 381 millones de pesos, que equivale a más de tres veces el presupuesto anual de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) o casi el doble de lo asignado en 2025 al Instituto Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, las diligencias se han topado con empresas inexistentes, domicilios falsos, cuentas vacías y funcionarios que se amparan o negocian su libertad.
Más de una década después de los desvíos ocurridos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la corrupción sigue impune. La promesa de castigar a los responsables -reiterada por Andrés Manuel López Obrador y sostenida por Claudia Sheinbaum- no se cumplió
La Estafa Maestra: el dinero que nunca volvió
En septiembre de 2017, Animal Político y MCCI revelaron que durante el gobierno de Peña Nieto habían sido desvíados 7 mil 760 millones de pesos de 11 dependencias federales a 128 empresas, la mayoría “fantasmas”. Ese esquema de corrupción fue conocido como “La Estafa Maestra”.
Uno de los funcionarios señalados en ese esquema fue Emilio Zebadúa, a quien ahora el SAT le reclama adeudos derivados de observaciones realizadas por la ASF por irregularidades en su paso por la Sedesol y la Sedatu.
El adeudo original que el SAT determinó a Emilio Zebadúa ascendía a poco más de 868 millones de pesos, pero ante el incumplimiento de pago se le aplicaron multas, recargos y actualizaciones hasta superar los mil cien millones.
De acuerdo con la documentación del SAT, el adeudo de Zebadúa se derivó de cinco pliegos de responsabilidades administrativas emitidos por la ASF por observaciones hechas a los convenios y subcontrataciones irregulares realizadas por la Sedesol y la Sedatu.
Ante el SAT, el ex funcionario federal reportó su domicilio fiscal en una residencia en el exclusivo fraccionamiento de Rincón de las Lomas, ubicado sobre la carretera México-Toluca, a la altura de Santa Fe, en donde el precio de las viviendas ronda los 20 millones de pesos, equivalente a más de un millón de dólares. Fue en ese domicilio al que han acudido a cobrarle.
Otro caso ligado a La Estafa Maestra es el de Wistano Luis Orozco García, excoordinador de proyectos especiales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), quien recibió mandamientos de ejecución de embargo por cuatro créditos fiscales derivados de observaciones de auditorías practicadas por la ASF entre 2019 y 2024. En conjunto, los adeudos suman 1,462 millones de pesos, integrados por recargos y actualizaciones.
El SAT ha intentado cobrarle desde hace años, pero los oficios se acumulan sin respuesta, al no localizarlo en la casa en Coyoacán que reportó como su domicilio fiscal.
Los cobros a Orozco están vinculados a irregularidades detectadas en contratos suscritos con empresas fantasma como Grupo Comercializador Cónclave, Prodasa, S.A. de C.V. y Evyena Servicios, S.A. de C.V., compañías que recibieron recursos públicos de la UAEM y de otras dependencias federales bajo el esquema de triangulación conocido como La Estafa Maestra.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://contralacorrupcion.mx/de-la-estafa-maestra-a-odebrecht-una-decada-de-impunidad/
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