Lamenta ONU-DH permanencia de prisión oficiosa en México

232

Tras seguir el debate que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de prisión preventiva oficiosa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó el esfuerzo de quienes han procurado acotar la aplicación de esta medida privativa de la libertad, considerada claramente arbitraria conforme a las normas y estándares internacionales.

“Para la ONU-DH es importante subrayar el hecho de que 9 de los 11 ministros/as hayan reconocido el daño que representa para los derechos de las personas la aplicación de la PPO y que la mayoría señaló su incompatibilidad con los estándares internacionales en materia de libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia”, expuso.

Guillermo Fernández Maldonado, representante de la ONU-DH, pidió tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de la libertad, incluso por más de una década.

“Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que de manera arbitraria se han encontrado en reclusión en México bajo esta figura”, manifestó.

Agregó que diversos mecanismos internacionales han coincidido en señalar la incompatibilidad de la PPO con los tratados internacionales de los que México es parte. En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque saludó la disposición constructiva y colaborativa de los ministros particularmente de quienes redactaron los proyectos sometidos a discusión, y el valor de la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes secundarias que indebidamente extendieron el marco de aplicabilidad de la PPO, advirtió que se perdió la oportunidad para compatibilizar la normativa constitucional con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Por ello, la ONU-DH reiteró las recomendaciones que indican la necesidad de derogar esta figura del texto constitucional y alienta a asegurar un espíritu de apertura frente los órganos internacionales que tienen competencia para evaluarla a la luz de los compromisos internacionales del Estado mexicano.