03 de Enero de 2020
Por Ramón Aguirre Díaz
Hemos venido abordando el fallido modelo de gestión bajo el cual funcionan los organismos operadores que tienen a su cargo el monopolio de los servicios de agua potable y saneamiento. Un modelo que, de no modificarse, irremediablemente llevará a la mayoría de las ciudades mexicanas a una crisis en los servicios hídricos, cuyos efectos habría que entrever y tomar consecuentemente las medidas necesarias de manera oportuna. Decir de manera oportuna significa desde ya: estamos atrasados por décadas y a ello habría que sumar que se están agotando las soluciones indoloras y cómodas. Con el rezago que tenemos, el deterioro de la infraestructura existente y el crecimiento de la población, cada día las medidas sustentables son más onerosas y lo que antes resolvíamos a costos marginales ahora requiere de mayor complejidad técnica y financiera.
El caso de México no es el único del que se puede hacer referencia, otros países latinoamericanos han padecido la misma problemática de servicios deficientes y de organismos descapitalizados y altamente politizados, con la diferencia que desde hace muchos años adoptaron las medidas necesarias para corregir la situación. ¿Cuál es el camino que tomaron países como Colombia o Brasil? La respuesta está en la Regulación, la creación de organismos reguladores que tienen la responsabilidad de evaluar la calidad de los servicios que se proporcionan a los usuarios, con facultades para asegurase que los organismos estén implementando las medidas necesarias para corregir las deficiencias. La despolitización de las decisiones es elemento clave para resolver los problemas.
Un organismo regulador debe basar su supervisión en el análisis de indicadores de gestión y el comparativo con las mejores prácticas nacionales e internacionales. Indicadores como: el número de trabajadores por cada mil usuarios, la continuidad, las presiones de servicio, el tiempo de respuesta para reparar fugas, el número de quejas y reclamos, el costo promedio del agua producida, la eficiencia en la cobranza, etc., donde además es necesario asegurar que se cuente con tarifas que permitan cubrir los costos del servicio. Un organismo regulador puede aplicar auditorías que permitan comprobar que los recursos recaudados se utilicen eficientemente y que no existan desvíos.
Sin duda el modelo ideal es contar con un organismo regulador federal que se coordine y apoye a organismos reguladores estatales altamente especializados en el tema del agua, cuya función sería garantizar decisiones y acciones con el mayor soporte técnico, organismos reguladores que sean promotores y vigilantes de procesos de transición adecuados entre la situación actual y la situación objetivo. El problema es que requeriría de una gran reforma constitucional.
Siendo realistas, la situación política y económica, junto con el criterio actual de reducir y compactar las estructuras de gobierno hace poco factible llegar a un esquema como el descrito en los párrafos anteriores, por lo que lo razonable es encontrar otro modelo que, sin crear mayor burocracia, funcione lo más parecido a los organismos reguladores. El que parece ser evidente y a la mano, es el de fortalecer a los organismos operadores descentralizados de los municipios, que tengan real independencia, con personalidad jurídica y patrimonio propios, bajo la dirección y supervisión de Consejos de Administración o Juntas de Gobierno adecuadamente integradas y que lleven a cabo un seguimiento permanente de indicadores de gestión ya aquí descritos. Consejos donde participe la autoridad municipal, la autoridad estatal y la propia sociedad.
Se trataría de organizar, fortalecer y dar el mayor sustento legal a figuras que ya se tienen pero que no funcionan adecuadamente en la mayoría de los casos, donde los organismos estatales de agua serían clave para poner sobre la mesa soluciones con el mayor sustento técnico. Es fundamental contar con un plan hidráulico con visión a largo plazo que sea la base de las acciones y las decisiones.
El modelo con el que operamos en Veracruz hace 25 años ya demostró que funciona adecuadamente, aunque le faltó mayor solidez legal para evitar la desintegración que con el cambio de gobierno se generó. Los Consejos de Administración se conformaban de manera tripartita: 2 representantes del municipio, 2 representantes del gobierno estatal, 2 representantes de los sectores económicos más importantes de la zona y 2 representantes de los usuarios, personas con reconocimiento local nombrados por el municipio, lo que permite que ni gobierno ni sociedad tengan mayoría. La selección de perfiles adecuados para los puestos directivos y la continuidad en su trabajo, que no sean objeto de cambios cada tres años, es parte de los que debemos cambiar si queremos mejorar. Bajo este modelo, las auditorías por parte de las Contralorías estatales son el complemento a una estrecha vigilancia de los consejeros sobre el buen uso de los recursos recaudados.
Pensar que en México podemos seguir bajo la ruta que llevamos hasta ahora y que de alguna forma se van a resolver los problemas y los retos es una verdadera falacia. La reforma del sector agua con la Ley General de Aguas pendiente desde 2012 representa una única oportunidad para corregir el rumbo. No podemos permitirnos fallar en la estructuración de la legislación hídrica que requiere el país.