Por medio de un informe las corporaciones de Seguridad Pública o Ministerial, reportaron el robo o extravío de 792 armas de fuego de enero a octubre de este año, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esa cantidad supera en un 32 por ciento las armas desaparecidas en las corporaciones de seguridad del año pasado, que sumaron alrededor de 533.
Del mes de enero hasta octubre los uniformados reportaron el extravío de 600 pistolas y 192 armas largas, cifra que abatió el récord del 2015 cuando se perdieron mil 199 armas.
El caso más grave según un reporte, militar es el de estado de México, ya que se desconoce el paradero de 206 armas.
La Ciudad de México le sigue con 69 armas robadas, Veracruz con 52, Puebla con 49, Guerrero con 48 y Chihuahua con 39.ç
Por otra parte la Fiscalía General de la República (FGR) notificó la desaparición de 37, mientras que la Policía Federal (PF) 45.
En el caso del Estado de México, El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) advirtió que las irregularidades se centran en el Cuerpo de Seguridad Auxiliar (Cusaem), el cual ofrecen servicios de seguridad privada y cuenta con una licencia colectiva de armas, a pesar de no tener la preparación necesaria.
Raúl Sapién, presidente del consejo dijo: “Estos cuerpos de policía (dicen) que son parte de la seguridad pública, pero cuando se les audita dicen que son seguridad privada.”
“Trabajan en un limbo jurídico y sin ninguna regulación, porque no son cuerpos de seguridad pública, y tampoco tienen la capacitación, ni cumplen con los reglamentos que a las empresas de seguridad privada se les exige, de acuerdo a los reglamentos que hay en el país”, remarcó Raúl Sapién.
El Diligente solicitó investigar quién vigila y proporciona estas armas a esta institución de seguridad.
Algunas fuentes de la FGR afirmaron que existe una conexión entre las armas aseguradas a la delincuencia y las que perdieron o fueron robadas a las corporaciones policiacas.
El año anterior la Fiscalía General publicó en el Diario Oficial de la Federación dictó que en caso de robo, pérdida, destrucción o extravío del armamento por descuido o negligencia se tendrían consecuencias penales y se deberán cubrir los costos de reposición.
Mientras tanto agentes de la PF afirmaron que mandos de esa corporación cometieron negligencias al reportar pérdidas de arsenal y acusar a elementos de sus tropas por el extravío, lo que llevó a múltiples elementos a enfrentar sanciones penales administrativas.