Por orden judicial, el Gobierno Federal deberá frenar temporalmente las obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que entregué los dictámenes y permisos de impacto ambiental.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en el Estado de México concedió una suspensión provisional a fin de garantizar que la construcción de la terminal aérea no ocasionará daños ecológicos de imposible reparación.

La medida cautelar fue otorgada a Juan Ramón Morera Mitre, director de una empresa textilera, quien promovió un amparo solicitando la cancelación del aeropuerto.

«Por consiguiente, la eventual construcción del nuevo aeropuerto razonablemente impactaría en la biodiversidad del lugar, pues la superficie natural existente cambiaría morfológica y físicamente –se alteraría el suelo y se modificarían sus propiedades–, las especies endémicas podrían resultar afectadas, además de una transformación del ordenamiento territorial, así como en la densidad poblacional y vial, lo que generaría repercusiones directas en la biósfera, lo que inminentemente podría repercutir en la salud y bienestar de las personas», señaló Ramón Morera.

Los magistrados del tribunal concedieron la suspensión provisional para el efecto de que se detenga la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientales conducentes, a fin de garantizar que no afectará el medio ambiente.

«Finalmente, es de vital importancia precisar que la suspensión provisional, así concedida, no hace más que proteger el medio ambiente, conforme a los principios de precaución, indubio pro natura, no regresividad, razonabilidad y flexibilidad, anteriormente desarrollados en la presente ejecutoria; de forma que no se prohíbe la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, sino que única y exclusivamente se concede la medida cautelar para que su construcción se paralice hasta en tanto se verifique que cuenta con los dictámenes y permisos ambientales conforme a las leyes y reglamentos  correspondientes (pues justamente la parte agraviada se duele de que las autoridades responsables pretenden llevar a cabo esa obra de infraestructura, sin contar con los dictámenes, licencias, permisos o autorizaciones en materia de impacto ambiental que permitan su consecución)» advirtió la resolución.