El presidente de Brasil, Michel Temer, calificó de “ficción policial” las investigaciones que le vinculan supuestamente con la aceptación de sobornos para beneficiar a empresas del sector portuario, en momentos en que su popularidad va a la baja.

Debilitado por el hundimiento de su popularidad en las encuestas (cerca del 4.0 por ciento) y por la crisis provocada por la huelga de camioneros que paralizó el país durante 10 días, la presión sobre Temer aumentó después de que la prensa revelara recientemente parte de las investigaciones policiales en su contra.

El portal de noticias G1, uno de los más populares del país, aseguró este miércoles que la policía federal que investiga a Temer y a varios de sus estrechos colaboradores sospecha que el mandatario recibió mensualidades de 100 mil dólares a finales de la década de 1990, cuando era diputado por el estado de Sao Paulo.

Empresas del sector portuario como Rodrimar, sospechosa de haberse beneficiado de un decreto de Temer firmado en 2017 para extender las concesiones en puertos sin licitación, son señaladas como las que habrían entregado los sobornos, según G1.

La víspera, el diario Folha de Sao Paulo publicó que la policía también encontró evidencias de que el excoronel de la policía militar Joao Baptista Lima, detenido en marzo pero ahora en libertad, habría sido el intermediario de Temer en la recepción de supuestos sobornos por parte de estas empresas.

En un comunicado divulgado la tarde de este miércoles, Temer calificó de “ficción policial” las acusaciones y dijo que “sin hechos o pruebas nuevos, la policía intenta reabrir una investigación ya archivada dos veces por la justicia por falta de pruebas”.

Desde que asumió el cargo en mayo de 2016, Temer ya fue dos veces acusado por la Fiscalía por corrupción y asociación ilícita, respectivamente, y se convirtió en el primer jefe de Estado brasileño en ser denunciado penalmente durante el ejercicio del cargo.

Sin embargo, el mandatario logró evitar la imputación porque el Congreso votó en contra de que eso sucediera, ya que en Brasil los presidentes solo pueden ser procesados si lo autoriza el Legislativo.

Al culminar su mandato, en diciembre próximo, Temer podría ser imputado por esas causas, mientras una de sus hijas ya fue interrogada en mayo pasado para esclarecer de dónde procedió el dinero para renovar una lujosa casa en Sao Paulo.

Una investigación está actualmente en curso en el Supremo Tribunal Federal (STF) para esclarecer si la empresa Rodrimar, que opera en el puerto de Santos, el mayor de América Latina, fue beneficiada por el decreto que Temer firmó en mayo de 2017 y que amplió de 25 a 35 años los plazos de los contratos de arrendamiento vigentes para las empresas que funcionan en los puertos.