Una fiscalía especializada en delincuencia organizada ingresó el martes a la sede matriz del cuestionado bufete de abogados Mossack Fonseca en busca de documentos que muestren un posible lavado de dinero y otras irregularidades tras la divulgación de los llamados «Papeles de Panamá».
La diligencia la realizó una fiscalía creada ese mismo día para investigar delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, luego de la publicación de los documentos extraídos al despacho experto en la creación de cuentas en paraísos fiscales, informó la Procuraduría General.
Indicó que la finalidad es «obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los artículos noticiosos que establecen la posible utilización de la firma forense en actividades ilícitas».
Media docena de miembros de la policía se apostaron frente al edificio mientras se cumplía la diligencia judicial, que según la procuraduría también incluyó inspecciones en otras filiales de la firma en el país y en el Data Center Internacional de la empresa telefónica que brinda soporte informático al bufete.
Mossack Fonseca señaló en su cuenta de Twitter que «seguimos cooperando con las autoridades en las investigaciones que se están realizando en nuestra casa matriz».
«En este caso, el único crimen cometido ha sido en contra de nosotros. Nuestro sistema fue infringido ilegalmente por personal externo a la empresa», señaló la firma en un comunicado divulgado por la prensa local.
La sede principal de la compañía fue inspeccionada el lunes por una fiscalía especializada en delitos contra la propiedad intelectual como parte de las pesquisas que se desarrollan por la denuncia que presentó la firma por ataque informático poco antes de que estallara el escándalo.
La Procuraduría General anunció que realizaría una investigación tras la divulgación masiva de los documentos el 3 de abril, en tanto que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela prometió que el país colaboraría con investigaciones en el extranjero que se desprendan de dicha difusión, la cual reveló la existencia de cuentas de personalidades adineradas y famosas, incluidos algunos jefes de Estado, en jurisdicciones con ventajas fiscales.
Los documentos apuntan a la posibilidad de que Mossack Fonseca haya participado presuntamente en iniciativas para esconder cuentas de personalidades cuestionables en ultramar, valiéndose de las llamadas empresas «offshore».
Desde la publicación de los documentos filtrados de su firma, Fonseca ha reiterado que no han cometido delito alguno, que su trabajo se circunscribe a la creación legal de las sociedades fachada ultramarinas y que no tienen que ver con sus actividades. Este argumento, sin embargo, no es totalmente compartido en Panamá, y algunos sectores críticos al gobierno de Varela exigieron que el bufete fuese investigado.
Simultáneamente a la diligencia judicial, Varela se reunió con los gremios de los bancos, abogados y empresarios, tras lo cual exhortó a Francia para que reconsidere la decisión que tomó la semana pasada de reingresar a Panamá a una lista de naciones que no cooperan en materia de intercambio de información fiscal mientras el país centroamericano negocia sobre ese tema con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
«De no ser así entonces Panamá se verá en la necesidad de tomar medidas diplomáticas en respuesta a esa acción unilateral por parte del gobierno de Francia», advirtió Varela. El gobierno panameño se resiste a compartir información fiscal automática de manera multilateral y aboga por la vía de tratados bilaterales para esos asuntos.
El gobierno de Varela considera injusto culpar únicamente a Panamá de las malas prácticas en el negocio de las sociedades fachada en plazas con ventajas fiscales y ha prometido defender a la plataforma de servicios financieros del país, aunque no descarta impulsar medidas que ayuden a mejorar la transparencia.
Para ello, el mandatario panameño anunció la semana pasada la formación de un comité de expertos nacionales y extranjeros para que en un periodo de menos de un año revisen las normas que rigen la actividad y propongan iniciativas destinadas a contrarrestar las malas prácticas. Dos expertos extranjeros confirmaron su presencia en el comité: el profesor estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía 2001, y Mark Pieth, del Instituto Basilea de Gobernanza, informó el presidente.