•Golpes de pecho
•Cuándo se jodió Veracruz
•Atropellos a derechos humanos
Por: Luis Velázquez
PASAMANOS: Los cinco jóvenes de Playa Vicente levantados por elementos policiacos de Arturo Bermúdez en Tierra Blanca fueron asesinados, quemados, molidos en un viejo molino de caña y tirados sus restos, sus cenizas, a un brazo del río Blanco, según el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa.
Y si en Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre Rivero fue renunciado por el caso Ayotzinapa y en Michoacán Fausto Trejo fue depuesto por las ligas de su hijo y el secretario de Gobierno con el cartel de “La tuta”, significa que la autoridad estatal en Veracruz también es co/rresponsable de la tragedia de Tierra Blanca.
Y al mismo tiempo significa el más grande atropello, abuso y exceso de poder contra los derechos humanos.
En contra de las garantías constitucionales establecidas en la Carta Magna.
En contra de la libertad humana.
En contra de la dignidad, el más alto valor del espíritu, pero también, de la inteligencia y de la sociedad común.
Nadie, pues, y a riesgo de su vida, puede transitar de norte a sur y de este a oeste de Veracruz, porque está expuesto a que unos policías estatales se le atraviesen y los detengan y los secuestren y los asesinen.
He ahí la forma de operar del llamado Estado de Derecho en la tierra jarocha.
Fueron policías asegura el politólogo Carlos Ronzón Verónica.
Fueron policías aliados con malandros dice el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa.
Los policías, cierto, advierte el Fiscal de Veracruz, los detuvieron y entregaron a los malosos, y por eso mismo están consignados por desaparición forzada.
Pero, oh paradoja, los asesinos de los 5 chicos fueron malandros, dice el Fiscal, en tanto Javier Duarte, JD, asegura que fue el jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación.
BALAUSTRADAS: Grave que el duartismo sea el cliente preferido de la Auditoría Superior de la Federación.
Grave que Veracruz haya mudado en uno de los primeros lugares nacionales en feminicidios, desaparecidos y fosas clandestinas.
Grave que Veracruz revelara como una entidad federativa productora de migrantes a Estados Unidos.
Grave el desorden administrativo, el caos financiero y la corrupción política como ha dicho el senador Pepe Yunes Zorrilla.
Pero más grave el atropello a los derechos humanos.
Y peor si se consideran los golpes de pecho que JD se da rodeado de su gabinete legal y de su familia, su esposa y tres hijos.
Y es que luego de la tragedia de Tierra Blanca de Ayotzinapa nadie puede transitar en las carreteras y caminos de Veracruz porque de pronto, de entre los matorrales, atrás de un árbol, de una casa, puede aparecer una patrulla con policías y toparse con el infierno tan temido.
Antes, el miedo, la incertidumbre y la zozobra eran en las calles y avenidas en las ciudades.
Ahora, se ha extendido a los caminos y carreteras, en que los malandros son los dueños de la vida y el destino común.
Zavalita, el reportero estrella de la novela “Conversaciones en la catedral” de Mario Vargas Llosa, se pregunta ¿en qué momento se jodió Perú?
Habríamos, entonces, de preguntar en qué momento se jodió Veracruz.
Y, lo peor, a partir de qué circunstancia Veracruz sigue jodiéndose, y más allá de lo peor, ante el silencio de Los Pinos, que ha tenido entereza para asestar un manotazo en Guerrero y Michoacán, y en Oaxaca y Tamaulipas, y aquí, hasta Manlio Fabio Beltrones, presidente del CEN del PRI, fue obligado a recular luego de sus 8 columnas en Tabasco.
Y más porque se ha llegado a los más canijos y despiadados atropellos a los derechos humanos.
Así fue la República Dominicana con Rafael Leónides Trujillo, y el Chile de Augusto Pinochet y la España de Francisco Franco y la Uganda de Idi Amin.
ESCALERAS: Sara González Rodríguez forma parte del Colectivo por la Paz de Xalapa. Y ella, igual que sus compañeras activistas, asegura que en el 70 por ciento de las desapariciones forzadas en Veracruz han participado policías de la secretaría de Seguridad Pública, soldados, marinos, e incluso, la Gendarmería nacional. (Notiver, domingo 28 de febrero)
Es decir, de cada diez desaparecidos, en 7 estarían involucradas las autoridades que según el Estado de Derecho han de garantizar la seguridad en la vida y en los bienes.
Ellas, que siguen buscando a sus familiares secuestrados, dice que aun cuando han tenido varias reuniones con el Fiscal, a ningún lado han llegado.
“Hay avances, pero no vemos resultados, porque no hemos encontrado ni siquiera uno de ningún colectivo”.
Así, una vez queda confirmado el atropello a los derechos humanos proveniente del mismo aparato gubernamental, por un lado, la seguridad a cargo de la SSP, y por el otro, la administración de la justicia conocida ahora como impunidad, y lo peor, impunidad absoluta.
Por eso, el Colectivo por la Paz filial Xalapa se ha unido a la movilización de familiares de las víctimas de norte a sur y de este a oeste de Veracruz, porque continuar luchando y luchando todos juntos por la misma causa común significa la única posibilidad (presionar y seguir presionando) de “la verdad histórica”.
Los derechos humanos nunca han estado en la agenda pública de Javier Duarte.