- ORFIS y el Congreso…
- Culpables del desorden
- Administrativo en la SEFIPLAN
Luis Velázquez
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La Constitución Política establece que hay tres poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en la práctica, el mundo político y la percepción ciudadana es que sólo uno existe: el poder del jefe máximo. Los otros, son un mero apéndice.
Es más, y como afirmaba el historiador Daniel Cosío Villegas, el contagio del poder Ejecutivo sobre el Legislativo y Judicial es tanto que ni siquiera un dermatólogo puede curar el virus.
Por eso se explica que en Veracruz llegamos al “desorden administrativo y al colapso financiero” del que habla el senador Pepe Yunes Zorrilla; aunque, también, al desaseo en las participaciones federales, que ya están comprometidas para los próximos 20 años, y todavía así.
Si la Secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, por ejemplo, arrastra una deuda pública insólita y un vendaval de pendientes de pagos a todo mundo, se debe, entre otras, por la ineficacia y complacencia con que ha actuado la Comisión de Vigilancia y del Congreso, a cargo, por cierto, de un ex convicto del penal de Topo Chico, de Nuevo León, Francisco Garrido, privado de su libertad por un fraude.
Y, a la par, la complicidad del ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, que para tener vida sexenal, sus titulares se arrodillan ante el jefe máximo del priismo para acatar la menor insinuación al pie de la letra.
En tales circunstancias, las auditorías internas y externas, y el trabajo fiscalizador de los directores de Administración de cada dependencia, y hasta de la Contraloría, resultan una vacilada, una leyenda negra, un dejar hacer y dejar pasar, y si se puede, una copia para todos ellos.
Hay desorden, pues, desde que la LXIII Legislatura y el ORFIS se han vuelto sordas y ciegas, y cómplices.
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Y, de paso, humillan a la población, haciendo creer que aplican la ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, en el 98 por ciento a los funcionarios públicos menores, por ejemplo, presidentes municipales charalitos, en tanto los tiburones de mar son intocables.
El lector podría revisar la hemeroteca para confirmar que desde la creación del ORFIS, con Miguel Alemán gobernador y René Mariani Ochoa como el primer titular sexenal, incluso transexenal, los ediles de pueblos indígenas y rurales son los únicos que han caído tras las rejas, y/o en todo caso, llamados a cuenta para reintegrar el dinero sustraído.
El hecho, no obstante, tiene un mar de fondo.
Los alcaldes de Ayuntamientos pudientes contratan a un experto en finanzas y en química contable para asear las finanzas antes de terminar el mandato, y por tanto, limpian a la perfección el lodazal.
La fama pública, por ejemplo, registra que el ex titular del ORFIS, excontralor y ex secretario de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo, fue el químico contable tanto de Alberto Silva Ramos como alcalde de Tuxpan como de Marcelo Montiel Montiel en sus dos periodos en Coatzacoalcos.
Y, bueno, aunque el asesor cuesta, su monto social nunca se evaluaría con mirar a uno y/o al otro tras las rejas.
Por eso, cuando las cuentas han llegado a la Comisión de Vigilancia del Congreso y al ORFIS resulta que los presidentes municipales pudientes mudan en almas de la pureza.
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El mismo caso si vamos a los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, donde en ningún momento el ORFIS ni el Congreso han dudado de la integridad ni de la honestidad de los secretarios del gabinete legal y ampliado, a pesar, incluso, de la fama colectiva de que varios duartistas, los últimos, se fueron al monte.
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Ahora mismo el Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras, alardea de que irá por un alcalde y síndico más corruptos, como el caso de Abundio Morales Rosas y José Guadalpue Flores Peña, de Ayahualulco, acusados de abuso de poder.
Y oh paradoja, tales excesos giran alrededor de lo siguiente:
Uno, redadas del alcalde en contra de los opositores al PRI.
Dos, multas de mil pesos para dejarlos en libertad.
Tres, presentarse en estado de ebriedad en el palacio.
Y cuatro, por hacer disparos al aire y/o apuntando con su pistola a los pobladores.
Por eso mismo, el Fiscal ha solicitado su desafuero, porque es tan peligroso como un jefe capo.
En contraparte, el Fiscal solicitó al Congreso el desafuero del panista Omar Cruz, alcalde de Medellín, acusado de homicida intelectual del reportero Moisés Sánchez Cerezo, y lo dejó ir con las presiones del PAN.
Y también dejó ir cuando logró el desafuero del alcalde de Coatepec, el Juanelo, acusado del asesinato intelectual de su tesorero municipal.
Por tanto, si el Fiscal deja ir a uno y a otro alcalde se presta a complicidad.
Y, por tanto, se emponzoña con el pobrecito alcalde de Ayahualulco, a quien le da por echarse unos tragos y en el viaje etílico echar unos tiritos al aire.
En fin, lo decía Benito Juárez, que juarista será Bravo Contreras: para los amigos, justicia y gracia; para los amigos, justicia a secas.
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La coyuntura va más allá porque el Poder Ejecutivo está hecho un cochinero con tanto desaseo en el manejo de las arcas (hay dinero para unas cosas, hay jineteo bursátil de las participaciones federales, hay la llamada “Operación Licuadora”, etcétera) y, por tanto, resulta impresionante el silencio del ORFIS y de la Comisión de Vigilancia del Congreso, integrada por 15 diputados, a saber:
Francisco Garrido, Juan René Chiunti, David Velasco, Raúl Zarrabal junior, María del Carmen Pontón, Carlos Fuentes, Juan Robles, Juan Manuel Velázquez, Carlos Hernández, Gustavo Gudiño, Ana María Condado, Julen Rementería, Marco Antonio del Ángel, Domingo Bahena y Gabriela Arango Gibb.
Todos ellos, de entrada, son sospechosos por los pecados de omisión a la Ley de Responsabilidades Públicas, y luego enseguida, presuntos aliados, socios y cómplices.