Zacatecas .-La minera Camino Rojo, ubicada en Zacatecas, utilizó al crimen organizado para amenazar a sus trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, y violar sus derechos laborales, además de buscar que desertaran de este gremio, advierte de forma inédita la investigación del panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC, que determinó que la compañía es “responsable directa de injerencia patronal” en actividades sindicales.

De acuerdo con la resolución preliminar, los expertos panelistas documentaron evidencias sobre los actos de violencia y amenazas de muerte, en asambleas sindicales y en sus domicilios, contra los trabajadores de la organización sindical que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, titular del contrato colectivo, para obligarlos a afiliarse a un gremio de “protección” patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.

“Las actuaciones del panel corroboraron que la mina contrató a un narcotraficante para interrumpir las reuniones sindicales con personas armadas, proferir amenazas de muerte y obligar a los trabajadores a aceptar el sindicato preferido de la empresa”, señala el Departamento de Trabajo estadunidense sobre el fallo.
Silencio y tolerancia de la matriz canadiense

Frente a esta situación, el panel apunta que la compañía canadiense Orla Mining, propietaria de la mina de oro y plata localizada en el muncipio de Mazapil, “mantuvo silencio y mostró tolerancia”; tampoco actuó ante las denuncias de violaciones a la libertad sindical ni las investigó.

Por lo anterior, el panel concluyó que las intimidaciones no sólo provinieron de un contratista, sino también de personal de la empresa.

Dependencias mexicanas rechazan el fallo
En su defensa, México rechazó la determinación del panel, ya que –a su juicio– el mecanismo excedió sus alcances, al argumentar que pretendió analizar conductas de naturaleza penal y que los actos de “coerción” no pueden atribuirse a la compañía minera.

Por conducto de las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía, también recabó evidencia y testimonios de trabajadores sobre las amenazas de las que fueron víctimas; pero las dependencias consideraron que no eran suficientes para vincular a la empresa con dichas conductas.

“México exige que debe existir un vínculo entre el autor material del hecho y del que queda responsable y que el daño se haya producido en ejercicio del desempeño de obligaciones o servicios”, indica el documento.

En sus alegatos, el gobierno mexicano buscó fijar un “muy alto umbral” para determinar que una violación fuera considerada denegación de derechos, debido a la “gravedad de una imputación que condena el sistema… de un Estado”.

No obstante, el panel aclaró que no se trata de “un caso en que se imputen cargos a un Estado”, sino a la compañía bajo el MRR.

El documento refiere que el capítulo 31-A.2 define la “denegación” como una restricción o impedimento de ejercer el derecho a la libertad sindical. Sin embargo, las dependencias consideraron que “no basta un simple acto violatorio a la LFT (Ley Federal del Trabajo), sino que dicha violación tiene que ser de tal grado que a los trabajadores se les impida en su totalidad, en lo absoluto, dichos derechos”.

Influirá en arbitrajes similares: Nahir Velasco
Nahir Velasco, coordinador jurídico del Sindicato Minero, subrayó que este caso sienta un precedente dentro del MRR, al analizar aspectos de fondo, como evidenciar que los hechos de violencia sí impactan en la denegación de derechos a la libertad sindical y negociación colectiva.

En entrevista, señaló que el caso podría influir en otros arbitrajes similares y será tomado en cuenta en la revisión del T-MEC.

“Evidentemente, hubo un tema que trascendió lo sindical y cuando no tienes derechos humanos y a la seguridad, cómo puedes desempeñar tu ejercicio sindical. Este caso sienta un precedente muy fuerte en contra de Orla Mining”, recalcó.

El objetivo principal del panel laboral es reparar la violación a los derechos laborales de los trabajadores. Este mecanismo de solución de controversias planteó la reinstalación de quienes fueron despedidos, el pago de indemnizaciones y garantizar el ingreso a la unidad de los mineros de la sección 335.

No obstante, las partes deberán trabajar en un plan de remediación; en caso de reincidencia, la compañía canadiense sería sujeta a la aplicación de aranceles.

El caso de Camino Rojo motivó una queja laboral en agosto de 2024; posteriormente, debido a que las medidas de reparación fueron insuficientes, la situación escaló a un panel, que es el tercero que se resuelve al amparo del T-MEC.

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XALAPA, VER.- «No es una enfermedad grave, terrible», valoró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre los casos de gusano barrenador en humanos en Veracruz. En la conferencia «mañanera» de este martes 9 de abril la mandataria fue cuestionada sobre acciones de contención de la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax.

El Gobierno federal actualizó a 10 los casos de personas con gusano barrenador en Veracruz, de acuerdo con el más reciente Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, correspondiente a la semana 12, publicado el 7 de abril de 2026.

El dato fue expuesto por una reportera a la presidenta Sheinbaum Pardo, así como las afectaciones económicas derivadas del cierre comercial de Estados Unidos al ganado mexicano, derivado de la palga del gusano desde finales del 2025. Le fue cuestionado sobre medidas adicionales a las que ya se han aplicado.

«es atendible (…)con sanar la herida, resolver el problema se puede atender y saben cómo atenderlo los médicos de los centros de salud, entonces hay que ir a atenderse con un médico», dijo la presidenta.

Sobre las medidas que se toman dijo que ya se importan moscas estériles para controlar y aseguró que está por terminanrse una planta de Chiapas.

Los municipios de Veracruz donde se han presentado los casos son:
• Coatzacoalcos
• Zaragoza
• Veracruz
• Tierra Blanca
• Coatepec
• San Andrés Tuxtla
• Tecolutla
• Huatusco

En el más reciente informe federal sobre los casos registrados en el país, se detalla que con corte a este 9 de abril hay seis casos activos de personas con el gusano, es decir, se han atendido casos anteriores, pues en el acumulado suman 204.

En el caso de Veracruz se han acumulado 24 casos de esta larva en personas, mientras que actualmente hay uno activo, en el municipio de Córdoba.

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Mèxico.-La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el Plan B de Reforma Electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dicho plan reforma los artículos constitucionales 115, 116 y 134, para hacer ajustes en la integración y funcionamiento de Ayuntamientos y congresos locales, además de establecer límites presupuestarios a las remuneraciones de funcionarios electorales.
Fue avalado en lo particular, en términos del dictamen y con la mayoría calificada de 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención.

El Plan B de Reforma Electoral se remitió a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales.

Prevé disposiciones transitorias para la implementación progresiva de dichas medidas, así como la reasignación de los recursos públicos generados por los ahorros hacia fines de interés social.

Su objetivo es fortalecer los principios de austeridad republicana, reducir privilegios en el ejercicio del poder público y reforzar mecanismos de control democrático.

En el artículo 115 se precisa que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.

Mientras que en el artículo 116 señala que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. Asimismo, garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.

En tanto que en el artículo 134 subraya que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de esta Constitución.

Al respecto, no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron diversas reservas, las cuales fueron retiradas, se pidió publicar en el Diario de los Debates, o bien no se admitieron a discusión y, por lo tanto, se desecharon

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