El juicio de destitución de la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, quedó a sólo dos pasos de concluir, tras la aprobación de un informe que pide avanzar en el proceso que puede despojarla de su mandato a fines de este mismo mes.
El informe que acusa a Rousseff de haber «atentado contra la Constitución» fue aprobado por 14 votos a favor y 5 en contra en la última sesión de una comisión de senadores que fue responsable de la instrucción de un proceso que ahora pasará al pleno del Senado, que tendrá la última palabra.
El presidente de la comisión, Raimundo Lira, se abstuvo de votar, pese a que manifestó su opinión favorable al informe del instructor, Antonio Anastasia, quien consideró a Rousseff culpable de diversos delitos relacionados con la gestión de los presupuestos.
La votación supuso también la conclusión de los trabajos de ese colegiado, que durante casi tres meses escuchó a 39 testigos de la defensa y apenas cuatro de la parte acusadora y cuyo informe final será remitido al pleno del Senado, que se reunirá para una primera votación el próximo martes.
Si el informe aprobado por la comisión fuera respaldado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 posibles, el pleno del Senado será convocado para una última y definitiva sesión por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandoski.
Según los plazos legales del proceso, esa última sesión deberá realizarse a fines de este mes y se calcula que pudiera durar entre tres y cinco días, debido a que habrá espacio para debates y para la presentación de testigos de la acusación y la parte acusadora.
En esa definitiva instancia, Rousseff será despojada del cargo en caso de que así lo decida una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios de la Cámara alta.
Rousseff está suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando se instauró el juicio político en el que se la acusa de irregularidades en el manejo de los presupuestos, la contratación de créditos para el Gobierno con la banca pública y la emisión de decretos que alteraron los gastos sin autorización del Congreso.
Desde esa fecha, su cargo lo ocupa en forma interina su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer, a quien la mandataria acusa de haber orquestado «un golpe» y que completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de su destitución.
Rousseff, según fuentes de su entorno dijeron a Efe, asistió por televisión a la votación de hoy con unos pocos miembros del equipo que continúa con ella en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia que aún ocupa.
En los últimos días, la mandataria no ha sido vista en público y tampoco se ha reunido con miembros del Partido de los Trabajadores (PT), que la llevó al poder y del que parece haberse distanciado.
En el PT, según fuentes políticas, fueron muy mal recibidas unas declaraciones de Rousseff, quien afirmó que el partido debería hacer un «reconocimiento público de sus errores», en alusión a los varios asuntos de corrupción en que están implicados muchos de sus líderes.
Un indicio de ese distanciamiento se vio hoy en una reunión que la dirección nacional del PT celebró en su sede de Sao Paulo, en la que la situación de Rousseff ni siquiera figuró en la agenda.
La discusión se centró en las elecciones municipales de octubre, en las que el PT intentará salvar algo de los platos rotos con el juicio político contra la presidenta y los recurrentes escándalos de corrupción que lo salpicaron en los últimos años.
Rousseff aún conserva el apoyo de menguados movimientos sociales, que han convocado a protestas sobre todo en Río de Janeiro para este viernes, cuando en esa ciudad serán inaugurados los Juegos Olímpicosen un acto al que asistirá Temer, quien declarará abierto el evento.
La mandataria suspendida aludió a esas protestas en un vídeo que divulgó este jueves, en el cual afirmó que «sería muy importante la movilización de todos, pues entre todos podemos revertir este juego», en referencia al proceso que le puede costar el mandato.
