El Congreso de Veracruz se apresuró a votar las reformas constitucionales antes de que se echaran a andar las leyes nacionales en la materia y haber precipitado el Sistema Estatal Anticorrupción trajo un alto costo político para Veracruz.

Lo anterior derivó en una acción de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el recurso fue resuelto y se determinó, por unanimidad de los ministros, echar abajo el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz y Chihuahua.

Manlio Casarín, abogado constitucionalista, dijo para un medio de información que se deben conocer los alcances del expediente, para determinar si es necesario volver a legislar en la materia, para entonces armonizar las leyes con el Sistema Nacional Anticorrupción.

El fallo de inconstitucionalidad de la SCJN se debe a que se consideró que el Congreso local no tiene facultades para aprobar esas normas mientras no entren en vigor las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Informó Casarín, no emitieron explícitamente los efectos de revertir los nombramientos y fiscalías formadas a partir de las leyes que fueron impugnadas, ya que en lo subsecuente se espera sea la próxima legislatura sea la que armonice las leyes generales con las locales.

Por ello, advirtió, no se descarta la posibilidad de que lo ya promulgado pueda seguir su curso siempre y cuando se garantice la igualdad dentro del paquete promulgado en siete leyes.

Destacó que el asunto no ha quedado resuelto, pues hace falta retomar las discusiones, los debates y las modificaciones del documento que fue remitido a los ministro, y por ello se esperará la sentencia de acción de inconstitucionalidad para tener fechas de cómo y cuándo quedará resuelto.

Xalapa.-El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó han sido detectadas 33 «empresas fantasma» y una persona física en el estado de Veracruz, de las cuales solo han localizado a tres contribuyentes. Es decir, si bien es cierto existe el domicilio, no hay una empresa ahí constituida, no hay evidencia material de que hayan comercializado, que estén almacenando, que manejen inventarios, que tengan personal, no tienen activos con qué responder.

A partir de esa situación se deriva una serie de acciones por parte del SAT que son desde auditorías a las empresas, identificación de los representantes legales, notarios que en su momento las constituyeron y detección de 11 dependencias que participaron en contratos. Esto se trata de compañías que «solo existen en el papel» y no tienen evidencia material de tener la capacidad de producción, de venta o de enajenación de mercancías.

Aunque todavía están en una etapa de presunción, las «empresas fantasma» habrían prestado servicios al Gobierno del Estado de Veracruz por un monto de 3 mil 300 millones de pesos y no tienen evidencia material de poder haber satisfecho entregas materiales.

Por otra parte el SAT recibió seis recomendaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las que se ha detectado el no cumplimiento de los enteros de las retenciones de los sueldos y salarios en materia del ISR que se hace por parte de las dependencias del gobierno de Veracruz a los empleados y que tienen que entregar al SAT.

Por retención de impuestos que el gobierno le ha hecho a los trabajadores y que no ha entregado al SAT son montos de: 2 mil 239 millones de pesos en el 2013; 2 mil 379 millones de pesos del 2014, correspondiente a una sola dependencia. Esto es algo que sí efectivamente trascendió en la normalidad en el comportamiento de un gobierno, respecto a la historia y la experiencia que tiene el SAT.