Xalapa, Ver.-La Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 2016 del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), presenta irregularidades que pueden constituir un presunto daño patrimonial y que podrían derivar en denuncias penales, reconoció Hilario Barcelata Chávez, director de ese organismo.

Dijo que ya han comparecido ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por las dos denuncias penales presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), derivadas de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015 por un daño patrimonial de 2 mil 993 millones 930 mil 306.03 pesos.

El funcionario estatal dijo que las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2016, son por el manejo de los recursos del Instituto.

 La Cuenta Pública del 2016 del IPE, la última de la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, ya es auditada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

“Ahí hay algunas irregularidades que nosotros hemos detectado; no podemos comentar públicamente de qué se trata, pero muy posiblemente deriven también en denuncias por el manejo de los recursos”.

 Respecto a las dos denuncias presentadas por el ORFIS, derivadas de la Cuenta Pública 2015, una por 2 mil 709 millones 60 mil 306.03 pesos y otra por 284 millones 870 mil pesos, señaló que ya han comparecido ante la FGE para aportar información adicional.

 Recordó que el ORFIS presentó la denuncia el 6 de enero de este año por el daño patrimonial de 2 mil 709 millones 60 mil 306.06 pesos en la Cuenta Pública 2015 del IPE.

 Dijo que durante la fiscalización de la referida cuenta se detectó en los estados financieros, registros en cuentas de orden y en cuentas de ingresos, recursos pendientes de transferir al Fideicomiso Fondo de la Reserva Técnica F/745357, por los siguientes conceptos:

Préstamos a corto plazo aplicados por transferir, amortización de préstamos a corto plazo por depositar, amortización de comisiones mercantiles, intereses ganados de préstamos a corto plazo y domiciliados, intereses ganados por préstamos a mediano plazo domiciliados e intereses de inversiones en valores.

Todo en su conjunto, representa el monto del probable daño patrimonial determinado, sin que durante la Fase de Comprobación del Procedimiento de Fiscalización Superior se haya presentado documentación idónea para justificar el ejercicio del gasto, ni mucho menos autorización del Consejo Directivo del IPE para disponer de los recursos del referido Fideicomiso.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Sexta de la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Fiscalía General del Estado, bajo el número de Carpeta de Investigación C.I. FESP/004/2017/VI-1.

Mientras que el 21 de diciembre del año pasado, el ente fiscalizador presentó una denuncia penal por un daño patrimonial de 248 millones 870 mil pesos en la Cuenta Pública 2015, en contra del IPE.

El daño patrimonial que no se pudo solventar en la segunda fase de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se derivó de la falta de pago de intereses moratorios por concepto de una inversión financiera a favor del IPE.

En la denuncia se detalló que el 24 de agosto de 2015, el Gobierno del estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), celebró un contrato de Comisión Mercantil con el Instituto de Pensiones del Estado, en el cual, en su carácter de comisionista, se obligaba a realizar a favor del IPE los servicios de inversión financiera por 180 millones de pesos, a un plazo de vencimiento al 31 de enero de 2016.

Para ello, se comprometió a conseguir el pago del rendimiento mensual con una tasa de interés neto garantizado del 5% anual.

En dicho contrato se estableció que en caso de que el Gobierno del Estado, a través de la SEFIPLAN no pagara en los términos señalados en la cláusula respectiva, la citada Secretaría pagaría por concepto de intereses moratorios la tasa normal pactada más 1% adicional sobre saldos insolutos, a partir de la fecha de falta de pago.

Los intereses moratorios, al momento de la emisión del Informe del Resultado de la Cuenta Pública del ejercicio 2015 sumaban 4 millones de pesos, por concepto de intereses ordinarios pactados (tasa 5%) y 870 mil pesos por concepto de Interés moratorio al 29 de febrero de 2016 (tasa del 6%), desprendiéndose de dicho contrato un importe por la cantidad de 184 millones 700 mil pesos de pesos sin que hasta el momento de la presentación de la denuncia que nos ocupa se haya realizado pago alguno.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Primera de la citada Coordinación de Fiscales Especializados, bajo el número de Carpeta de Investigación C.I. FESP/595/2016/I-12.

Veracruz, Ver.-El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, expuso que un juez de distrito pidió al Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, que informara si era verdad que no se había enterado al diputado federal priista Tarek Abdalá Saad de los señalamientos en su contra y respondió que sí; por lo tanto, concedió una suspensión definitiva al ex tesorero de Duarte, misma que no fue impugnada por el Fiscal y ello lo inmovilizó totalmente para poder ejercitar la acción penal.

En entrevista, afirmó que no estaban dadas las condiciones por las circunstancias del proceso de desafuero para poder emitir un dictamen en sentido alguno.

“El Fiscal de Veracruz al solicitar la declaración de procedencia, lo hace el 26 de enero del presente año, le hace la imputación de los delitos que estima él que tiene responsabilidad el diputado, se inicia el procedimiento y nosotros como Sección Instructora le damos vista a la solicitud, porque así lo marca el procedimiento, al diputado y a su defensa”, explicó.

El Legislador federal destacó que Tarek Abdalá aportó una documental que llamó la atención, entre otras importantes y que fueron analizadas, pero particularmente, aportó un amparo que solicitó el priista desde el mes de diciembre y que precisamente el 27 de diciembre el juez quinto en materia penal de amparo le concedió una suspensión definitiva en contra del fiscal Winckler.

Añadió que dicha suspensión definitiva que inmoviliza al Fiscal General del Estado para efecto de poder ejercitar acción penal hasta en tanto reciba la notificación de la ejecutoria que recaiga a ese amparo, luego entonces si el procedimiento de desafuero tiene como único objeto y efecto, quitar el obstáculo que representa el fuero para que el ministerio público pueda acudir ante un juez para poder proceder penalmente en contra del Diputado y no lo puede hacer porque está inmovilizado, “obviamente que los fines del desafuero en este momento no se surten”.

Expuso que no se necesita quitarle el fuero al diputado para investigarlo, eso sería inconstitucional y eso lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en reiterados criterios.

“Esa situación fue ocultada por el Fiscal, no nos dijo que estaba impedido para el ejercicio de la acción penal. Le dimos el curso al procedimiento, esperamos que durante el procedimiento se resolviera el amparo, situación que no aconteció. Yo esperé hasta la última fecha que se señaló para poderse resolver este amparo que fue apenas este martes pasado y sin embargo, se volvió a aplazar la fecha de la audiencia constitucional, no se pudo resolver el amparo y en este momento no están dadas las condiciones para que se pueda resolver”, reiteró.

El congresista abundó que simplemente se aplazó la emisión del dictamen hasta en tanto el juez de distrito informe el resultado final del amparo y que la Fiscalía General del Estado informe de forme fidedigna que no tiene ningún impedimento para ejercitar la acción penal.

Ramírez Nieto refirió que en el desafuero de la diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, hubo un periodo extraordinario y por lo tanto “no hay ningún impedimento para llamar a periodo extraordinario (para votar el desafuero de Tarek)”.

Aseguró que el PRI no defenderá a nadie, al contrario refrenda su posición a favor de la legalidad, lo único que están haciendo es observar el debido proceso.

Comentó que su homólogo señalado manifestó que se enteró por los medios de comunicación que está señalado en carpetas de investigación, por lo tanto acudió a la Fiscalía General del Estado y la respuesta fue que no había nada en su contra.

Más aún presentó a la Fiscalía escritos para que se le permitiera defenderse, pero tampoco se le permitió.

“El juez de distrito le pide el informe al Fiscal de Veracruz y le expuso: el quejoso se duele de esta circunstancia y el Fiscal dice: efectivamente es cierto todo lo que dice el quejoso y a consecuencia de eso es que le concede la suspensión definitiva, la cual no fue impugnada por el fiscal de Veracruz y lo inmoviliza totalmente para poder ejercitar la acción penal”, definió.

Cuestionado sobre qué pasaría si se le otorga el amparo de plano al diputado Tarek, Ricardo Ramírez respondió que tienen la obligación de solicitar al juez de distrito el resultado final del amparo y al Fiscal de Veracruz diga de forma fidedigna si está en condiciones de ejercitar la acción penal.