Xalapa, Ver.- El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz recibió la protesta de ley de Agueda Salgado Castro como diputada del distrito XXX, Coatzacoalcos II, en sustitución de Eva Felícitas Cadena Sandoval, ello durante la novena sesión ordinaria, celebrada este 4 de Julio del presente año.

En la sesión, los diputados (as) autorizaron al Ayuntamiento de Veracruz la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, para capacitar y evaluar a 4 mil 167 elementos policiacos.

Al finalizar el curso será el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entregará las constancias, fichas de verificación y validación de cursos.

El Pleno autorizó al titular del Poder Judicial del  Estado de Veracruz enajenar a título oneroso, mediante subasta restringida, un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán, modelo 1997, color blanco, número de serie 3VWZZZ113VM525787, con valor de 11 mil 322 pesos, que debido a las malas condiciones físicas y mecánicas es incosteable su rehabilitación y reparación.

Los legisladores (as) avalaron los dictámenes de Acuerdo por el que se autorizó a 14 trabajadores del sector salud desempeñar dos empleos públicos, cuyos horarios y jornadas son compatibles.

En la correspondencia, el Pleno se dio por enterado del oficio de la diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón quien solicitó permiso sin goce de sueldo, para ausentarse de sus funciones legislativas como diputada de la LXIV legislatura del Congreso del Estado, únicamente por el día miércoles 28 de junio del año en curso.

También del oficio de la diputada Judith Pineda Andrade, quien informó sobre la licencia que le concedió el Cabildo de Tantoyuca para separarse del cargo como regidora segunda, a partir del 17 de Junio al 13 de Agosto de 2017.

A petición del diputado Juan Nicolás Callejas Roldán, el Pleno de la LXIV Legislatura aprobó instruir la publicación en la Gaceta Oficial del Estado los decretos por el que se autoriza a los ayuntamientos de Altotonga, Camerino Z. Mendoza, Castillo de Teayo, Chalma, Citlaltépetl, Chiconquiaco, Espinal, Gutiérrez Zamora y Tuxpan, a celebrar contrato de Asociación Público Privada, en la modalidad de concesión, para la modernización del parque de alumbrado público, aprobados por la LXIV Legislatura en sesión ordinaria del día 9 de mayo del presente año.

Xalapa, Ver.- Para regular la contratación de asociaciones público-privadas y adecuarla a lo dispuesto en la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en relación al cargo total o parcial de recursos federales, la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Asociaciones Público-Privadas y al Código Financiero, ambos del Estado de Veracruz.

Con esta modificación se asume una mayor responsabilidad hacendaria por parte de los entes de la administración pública estatal, los Organismos Constitucionales Autónomos, los Poderes Legislativo y Judicial que permitirá finanzas públicas sanas, crecimiento económico y una contribución eficaz a la estabilidad del sistema financiero nacional.

Se establece el plazo para que los entes públicos inscriban en el Registro Público Único los contratos de Asociación Público-Privadas y se les proporcione publicidad mediante su página de internet con la finalidad de transparentar el recurso público, que cuenten con un registro de los financiamientos y obligaciones que contraigan estos entes.

De esta manera se contempla a los Poderes Judicial y Legislativo, así como los Organismos Constitucionales Autónomos para que desarrollen proyectos en la materia, por lo que tendrán acceso a mecanismos financieros que faciliten su funcionamiento y brinden opciones novedosas siempre y cuando informen con toda transparencia las obligaciones de pago que contraigan, el beneficio social que obtendrá y demostrar las ventajas financieras del esquema de Asociaciones Público Privadas frente a otras formas de financiamiento.

El Dictamen refiere que únicamente con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado se podrán autorizar los montos máximos para la contratación de obligaciones derivadas de los proyectos de Asociaciones Público–Privadas como parte de los contrapesos institucionales que la Ley de Disciplina Financiera contempla.

La Legislatura local deberá analizar la capacidad de pago del ente público, el destino del financiamiento u obligación y el otorgamiento de recursos como fuente de pago o garantía de pago.

Para la autorización del contrato se tiene que especificar el monto autorizado de las obligaciones a incurrir, el plazo máximo autorizado para el pago, el destino de los recursos, la fuente de pago o garantía –que podrá ser otorgada por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación- y establecer la vigencia de autorización para que no exceda el ejercicio fiscal siguiente.

Todos los proyectos contratados deberán presentar las mejores condiciones de mercado, no podrán celebrarse contratos de asociaciones público-privadas con gobiernos de otras naciones o con sociedades o particulares extranjeros, ni pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Al Código Financiero del Estado de Veracruz se agregó la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Veracruz como órgano regulador y protector para la firma del contrato con cualquier empresa público-privada.

Este Dictamen fue aprobado con 24 votos a favor, 17 contra y 3 abstenciones.

Al anunciar su voto en contra, la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, del Grupo Legislativo de MORENA consideró que el dictamen presenta diversas inconsistencias como la temporalidad de alguna obra en específico, además de facilitar la transferencia de recursos y sólo beneficiar a unos cuantos con lo que afectaría los recursos del Estado.

Xalapa, Ver.- El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que tiene como propósito homologar los procesos y procedimientos del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la entidad.

Esta reforma fue aprobada por el Congreso del Estado con 42 votos a favor de diputados del PAN, MORENA, PRI, PRD, Nueva Alianza, PVEM y de Juntos por Veracruz. No se registraron abstenciones o votos en contra.

De esta manera se establece que los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información pública, de conformidad con los lineamientos que para el caso expida el Sistema Nacional, al inicio de cada año o dentro de los siguientes diez días naturales a que surja alguna modificación, de acuerdo con sus atribuciones y a disposición de cualquier interesado.

La información desclasificada, la cual deberá de permanecer cinco años posteriores a partir de que perdió su clasificación.

Se considera como información reservada y por lo tanto no podrá difundirse, excepto dentro de los plazos y condiciones de ley, la que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial, cuando por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación.

Con esta reforma, el Secretario Ejecutivo tendrá entre  sus atribuciones realizar y ejecutar, los trámites de renovación, reservas de derechos y licencias de  uso de derechos exclusivos y demás, ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública, respecto de las actividades y bienes del instituto que lo requieran, con el auxilio de cada una de las áreas administrativas responsables de la actividades o bienes.

Se establece que la solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.

Los recursos de revisión presentados por correo electrónico o plataforma nacional en día inhábil, se tendrán por presentados el día hábil siguiente.

El recurrente podrá desistirse del recurso en cualquier momento, hasta antes de dictarse resolución.

Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada; el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato.

Esta reforma es resultado de la iniciativa que presentó el 7 de febrero el diputado Marco Antonio Núñez López a nombre del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en la que –señaló- que el derecho de acceso a la información pública gubernamental y la transparencia son pilares esenciales para el funcionamiento de la democracia del país, dada su contribución al fortalecimiento de las instituciones participantes y vigilantes de los procesos democráticos internos y externos.

En la etapa de posicionamientos, por el Grupo Legislativo de MORENA, la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos subrayó que con esta reforma se avanza en el proceso de armonización con la Ley General de Transparencia, lo que permitirá fortalecer la vida democrática e irá transparentando los procesos en las acciones de Gobierno. Esto tendrá como resultado crear un ambiente de mayor confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, añadió.

Por el Partido Acción Nacional (PAN) la diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón explicó que esta reforma es el resultado de múltiples reuniones de trabajo con colectivos y reconocidos juristas en la que se privilegió el derecho de los ciudadanos, “con los ciudadanos estamos transformando las leyes de Veracruz”, abundó.

Vamos a hacer leyes más justas, que transformen y que permitan el desarrollo social, que respeten los derechos humanos y que sean incluyentes, aseguró la diputada.

Al anunciar su voto a favor, el diputado Marco Antonio Núñez López expresó que esta modificación refuerza las acciones para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

Xalapa, Ver.- La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matsumoto Benítez, aseguró que “el acceso a la salud, a la educación y a la autodeterminación son los derechos más vulnerados de comunidades indígenas”.

Entrevistada, dijo que esta situación puede afectar las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios.

“Usualmente la transmisión, las costumbres y tradiciones en los pueblos indígenas es la oralidad y en los pueblos solo sobrevive una persona, y esta última habla el idioma y eso es bastante preocupante”.

Por ello, indicó que el primer informe temático en la historia de la CEDH, toca estos puntos acerca de pueblos y comunidades indígenas.

“Este informe visualiza el goce y ejercicio de los derechos humanos en las poblaciones indígenas y establece recomendaciones específicas para distintas autoridades y se deben traducir, por supuesto, en la atención a los derechos de la población”.

Agregó que se incluyen temas de salud, acceso a la justicia, no discriminación, educación y perspectiva de género.

“Es un informe muy completo con un estudio de campo, los visitadores se trasladaron a las comunidades, con una servidora, con los integrantes de las comunidades indígenas y las autoridades, es un informe que refleja la situación real de los derechos humanos”.

Xalapa, Ver.- Los diputados (as) integrantes de la LXIV Legislatura aprobaron con 43 votos a favor –sin votos en contra o abstenciones- el Dictamen de reforma a la Ley para el Otorgamiento de Beneficios a Deudos de Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado Caídos en Cumplimiento del Deber con el que cambia la referencia de salario mínimo por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA) así como amplía las causales de fallecimiento para que el deudo acceda a la pensión.

De esta manera se establece que el Gobierno del Estado otorgará trimestralmente una pensión equivalente a 420 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la ciudad de Xalapa-Enríquez, a los deudos de cualquier integrante de las instituciones de seguridad pública en el Estado, que fallezca con motivo de su actividad profesional desarrollada con objeto de brindar protección a los habitantes del Estado.

Se adicionaron como causales cuando el fallecimiento ocurra con motivo de su actividad profesional desarrollada con objeto de brindar protección a los habitantes del Estado, cuando por necesidades del servicio, se trasladen a cualquier otro Estado de la República Mexicana, siempre y cuando los ampare el correspondiente oficio de comisión.

Si estando franco es víctima de alguna agresión, levantón o secuestro por parte de algún grupo delictivo, y posteriormente sea localizado sin vida e identificado por alguno de sus deudos.

Cuando estando fuera de su servicio, se suscite un hecho delictivo grave, en la que por su condición de servidor público, intervenga para evitar la pérdida de vida de civiles, y cómo resultado de esa intervención, se origine la pérdida de su propia vida, justificando esta causal con las declaraciones de las personas víctimas de este hecho.

Esta modificación es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 8 de Junio la diputada Patricia Rodríguez Cueto, en la que refirió que con la finalidad de no dejar desprotegidos a los familiares de los elementos que diariamente salvaguardan la integridad de la sociedad veracruzana, es necesario actualizar la reforma constitucional relativa a la desindexación del salario mínimo que equivale a 420 veces el salario mínimo, propuesta por el Senado de la República y publicada en el Diario Oficial.

Xalapa, Ver.- Las y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron con 42 votos a favor, -sin votos en contra o abstenciones- el Dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre por el que se crearán en los ayuntamientos las Direcciones de Fomento Agropecuario que se encargarán de fomentar, promover, incentivar y proponer las medidas que fortalezcan las actividades agropecuarias en cada municipio.

Durante la novena sesión ordinaria, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura se aprobó esta modificación para establecer que dicha Dirección de Fomento Agropecuario se crearía en los municipios que tengan vocación agropecuaria y donde haya la suficiencia presupuestal para su operación.

La modificación establece que todo ayuntamiento que cuente con actividades agropecuarias podrá contar con una Dirección de Fomento Agropecuario y el cargo de Director deberá ser ocupado por la persona que cuente con título profesional o experiencia comprobable en el ramo.

Entre las atribuciones que tendrá esta Dirección se encuentran observar y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones en materia de tierra, bosques y agua.

Fomentar y asesorar el desarrollo de actividades agrícolas, forestales, ganaderas y acuícolas, promoviendo el adecuado aprovechamiento de los recursos renovables y la utilización de avances tecnológicos, promueva la organización de los productores para la capacitación, transformación, producción y comercialización de los productos.

Proponer esquemas de comercialización y financiamiento para los productores del municipio, hacer eventos de promoción, organización, difusión y ejecución de esquemas de distribución tales como tianguis y ferias agropecuarias.

Así como el diseño de proyectos agroindustriales que permitan la mejora de las condiciones de comercialización y celebrar acuerdos o convenios en materia forestal con la Federación y el Estado en el tema de deforestación y tala clandestina de bosques.

Gestionar ante los Gobiernos Federal y del Estado la asignación de recursos al municipio para actividades agropecuarias y coadyuvar en el ámbito de su competencia a implementar las medidas administrativas y de control a que deba sujetarse la actividad agropecuaria.

Este dictamen es resultado de la iniciativa presentada el 10 de noviembre de 2016 por el diputado del PRI, Emiliano López Cruz.