Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el gobierno federal no es eficiente en su estrategia de lograr la reinserción social de los reos que purgan sentencia o están a la espera de ser sentenciados dentro de las cárceles federales.
En su primer informe de revisión a la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior revisó las operaciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Oadprs), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Refirió que ese organismo aplicó los tratamientos de reinserción social a la población penitenciaria federal sentenciada, “pero persistió el problema público relacionado con que la población penitenciaria sentenciada presenta poca evolución a los tratamientos, ya que en ese año, de los 22,747 internos recluidos (en las cárceles federales), 52.3% (11,892) habían presentado reincidencia criminológica”.
Refirió que de los 17,324 internos que recibieron el tratamiento, sólo 1.6% (273) recibió el beneficio de libertad anticipada.
La Auditoría constató que el Oadprs registró que de las 20,623 personas que gozaron de un beneficio de liberad anticipada en el periodo 2010-2016, 5,365 presentaron una constancia para acreditar que contaban con un trabajo, y que 172 volvieron a cometer un delito, por lo que les fue revocado dicho beneficio, ingresando de nuevo a un Centro Penitenciario Federal.
“Las 172 personas que cometieron un delito fueron internos que sí recibieron un tratamiento de reinserción social y, a pesar de ello, reincidieron en un delito, lo cual implicó que los tratamientos tuvieron una limitada efectividad en dichas personas”, precisó.
El informe de la Auditoría Superior menciona que el año pasado, en materia de apoyo pospenal, el organismo proporcionó asistencia a 554 personas liberadas, de las cuales 268 desearon residir en otra entidad federativa y a 284 se les inició un expediente para darles seguimiento.
