Xalapa, Ver.- La representación legal de los familiares de las víctimas del caso Narvarte exigieron a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México que investigue a las empresas de seguridad propiedad del ex secretario de Seguridad Pública en el estado, Arturo Bermúdez Zurita.
En conferencia de prensa, el oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, señaló que se pudo comprobar que una de estas empresas de seguridad tenía oficinas a seis minutos de donde ocurrió el homicidio del fotoperoperiodista Rubén Espinosa, Nadia Vera, Mile Virginia Martin, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro y Olivia Alejandra Negrete Avilés.
“Hay antecedentes de agresiones por parte de policías vestidos de civil, que acudían a las marchas; además del clima en Veracruz, y nada de eso ha decantado en investigar. Se tiene pendiente de investigar las empresas de seguridad privada de Bermúdez zurita que se encontraban a seis minutos del lugar de donde ocurrió el multihomicidio”.
Dijo que se dio a conocer la propiedad de empresas privadas de seguridad que eran de Arturo Bermúdez Zurita y allegaron esa información a la Procuraduría, pero hasta ahora no se ha agotado la investigación.
No obstante, lamentó que hasta el momento la Procuraduría capitalina no haya agotado las líneas de investigación derivadas de la labor de periodismo de Rubén Espinosa y el activismo de Nadia Vera, durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
“Desde hace cuatro meses la investigación y averiguación previa se ha convertido en mero trámite porque se ha acumulado evidencia, están en el expediente, pero con ellas no se detona nada más”.
Acusó que tampoco ha habido un agotamiento en las entrevistas que se le hicieron al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa y a Bermúdez Zurita, pues dijo que las que se les hicieron fueron preguntas de mero trámite y que es necesario hacer nuevas entrevistas.
Leopoldo Maldonado señaló que si bien la recomendación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en este caso es “una bocanada de aire fresco”, ahora la exigencia es que la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia acepten la recomendación y con ello se comprometan a cumplir con esta.
Abundó que es necesario que en este proceso la CDHDF realice una supervisión exhaustiva y pormenorizada de que la autoridad judicial cumpla con las recomendaciones, como establecer un plan de investigación, ya que hasta ahora es inexistente, actualizar los protocolos de investigación bajo las líneas de feminicidio, contra la libertad de expresión y contra defensores de derechos humanos.
Para el activista en este caso se violó el derecho a la verdad, al a debida diligencia, a la memoria, honra y dignidad de las víctimas, y en cambio, se les criminalizó por parte de la Procuraduría que intentó justificar el crimen y desviar las líneas de investigación más razonables que implicaban que dos personas venían huyendo de Veracruz por ataques en su contra.
Aseguró que hay fallas estructurales en el sistema de procuración y administración de justicia de la Ciudad de México, y que el sistema de atención a víctimas sólo ha sido revictimizante y usado como un medio de control de reclamos.
“Con esta recomendación se cae el mito de que la Ciudad de México es un refugio para periodistas y defensores de derechos humanos. El sistema de justicia penal manda un mensaje muy claro de que se puede ejercer violencia contra ellos sin que pase nada”.
Leopoldo Maldonado acusó a la Procuraduría de querer dar por cerrado el caso, pues aunque permanezca abierto el expediente, las líneas de investigación no se han agotado y los pocos avances se hicieron no por oficio, sino a petición de las familias de víctimas.
“Llega tarde, pero es una base a partir de la cual tenemos que trabajar para agotar las líneas de investigación. Son espeluznantes los hechos que narra la recomendación del caso Narvarte sobre el trato a las familias de las víctimas».
Por ello, hizo un llamado a los gobernadores de todos los estados, que dijo se toman fotos y prometen combatir los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos, pero que violentan estos derechos, a fin de que frenen estas prácticas.
Y exigió al presidente del a Conago y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que cumpla su compromiso de darle cauce a los casos en contra de periodistas.
Al preguntarle sobre si es deseable que en este caso se involucren la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), dijo que ambos son órganos de control político para amortiguar los golpes a los procuradores.
Y criticó que hasta ahora la FEADLE se ha negado a atraer casos del fuero común, por lo que aseguró que es una fiscalía desecha y que no tiene capacidades de investigación porque no sabe investigar delitos contra la libertad de expresión.
“Lejos de garantizar el acceso a la justicia, ha garantizado impunidad en el 99.75 por ciento de los casos. La apuesta es que todos los órganos de procuración de justicia tengan esta perspectiva de género, defensa de derechos humanos y que investiguen así porque si esperamos que la FEADLE atraiga el caso, tendremos que esperar otros dos años. Hemos tenido que litigar para lograr que atraiga el caso de Moisés Sánchez”.
